Vá a caer antes de.....

Bomberos insta a intervenir en la plaza de toros de Oviedo ante el «peligro de derrumbamiento» En ruina desde 2007, presenta un «alarmante estado estructural», explica el arquitecto Nacho Ruiz Allen, autor del estudio de viabilidad ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 27 julio 2021, 08:13 Tan solo 31 kilómetros separan a las plazas de toros de Oviedo y Gijón, pero su situación es bien diferente. Decenas de personas hicieron ayer cola en El Bibio para conseguir entradas para la Feria Taurina de Begoña que arrancará el día 13; mientras ninguna persona puede acercarse al coso taurino ovetense. Es peligroso. Desde el sábado, perm

Algodón y.....algo más!!!

ASTURIAS El presidente del Gobierno de España, Pedro SánchezEl presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez J.L.Cereijido | EFE 27 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h. Comentar · 3 Galicia ha conseguido al fin una rebaja de peajes sustancial. El Ejecutivo de Feijoo se ha apuntado un tanto y ha conseguido que el mismo Pedro Sánchez prometiese personalmente una bonificación con cifras sobre la mesa: 2.300 millones de euros pagará el Estado a Audasa, la concesionaria de la AP-9, de aquí al 2048, año en el que termina la concesión. Una millonada para una autopista que es troncal para toda Galicia y cuya rebaja de precios ratificó ayer la nueva ministra del ramo, Raquel Sánchez, en A Coruña. Una carretera también fundamental para Asturias es el peaje del Huerna, la vía que une la región con la Meseta. Pero el agravio de Asturias, como el del AVE, parece que no interesa a nadie en Madrid. Mientras en Galicia se encuentran soluciones, en Asturias no se avanza ni un kilómetro. Es cierto que el gran culpable es Francisco Álvarez-Cascos, que prorrogó la concesión medio siglo. Pero el Ejecutivo asturiano, que ha heredado el agravio, aún no ha conseguido avanzar ni un kilómetro. Suya es ahora la responsabilidad. ¿Cuánto podría costar eliminar el peaje del Huerna? La concesionaria arrima el ascua a su sardina y eleva el desembolso en cerca de 1.700 millones de euros. Una cifra elaborada por la propia empresa, eso sí, y presuntamente hinchada artificialmente. El dato más objetivo asciende a 437 millones, lo que le falta por recuperar de la inversión que ha hecho desde 1975. La cantidad desembolsada es de 654 millones y de esa cantidad solo ha recuperado un tercio, unos 217 millones. Por tanto, los conductores de la región deberían desembolsar otros 437 millones para que la inversión de la compañía fuese rentable. Pero la empresa lía la madeja y sigue sumando en su interés (como es lógico): otros activos como instalaciones, maquinarias y otros bienes, la deuda asumida y el lucro cesante, lo que la empresa dejaría de ganar en los próximos 29 años. El Gobierno de Areces calculó en su día que el coste podría superar los 1.000 millones y el diputado de Podemos Segundo González lo rebajó a 750 millones de indemnización en base a la Ley de Concesión de Obras Públicas. Es decir, que con la mitad de la inversión comprometida a Galicia se podría abordar el rescate, que beneficia no solo a Asturias, sino también a Castilla y León. En cualquier caso, el rescate total no está en la agenda y Pedro Sánchez debería dar explicaciones porque el peaje del Huerna es la prueba del algodón del verdadero compromiso de su Gobierno con Asturias. Ni se habla ni se comenta: solo el vicepresidente Juan Cofiño sostuvo hace meses que el rescate total era inasumible. Pero a la vista está: con la mitad de la inversión comprometida a Galicia se podría abordar el rescate, que beneficia no solo a Asturias, sino a Castilla y León. Llegará el día (llegará, no lo duden) en que la pandemia será pasado y habrá que abordar el futuro. Esperemos que los agravios de Asturias no se conviertan en otro virus silencioso.

La Salud y los dinerítos...

Los largos y extraños ADPIC: la sórdida historia de cómo las vacunas se convirtieron en propiedad intelectual Alexander Zaitchik 22/07/2021 Print PDF COMPARTIR:Facebook Twitter Telegram No hace mucho, los conocimientos médicos que salvan vidas se consideraban propiedad de todos. ¿Qué ha pasado para que esto haya cambiado? Incluso en el interior de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o ADPIC, es considerado una paradoja y un engendro: un templo del monopolio dentro de la “iglesia” del libre comercio. El pronunciamiento de la administración Biden el pasado 5 de mayo, que otorga su apoyo una exención de emergencia de las normas de propiedad intelectual por parte de la OMC, ha sido anunciado, con razón, como un acontecimiento importante. Aunque la declaración de la Casa Blanca era vaga en cuanto a los detalles, la noticia alivió un estancamiento de siete meses dentro de la OMC sobre cómo superar una crisis de suministro que ha hecho que sólo tres décimas del 1% de las vacunas vayan a parar a los países de bajos ingresos. El Parlamento Europeo podría ejercer aún más presión en junio, cuando vote una resolución en la que se pide a las capitales europeas que se unan a Washington en el bando de los más de 100 países que apoyan el levantamiento de las restricciones a la propiedad intelectual de los productos utilizados para tratar y contener el Covid-19. Algo que no ha cambiado es el tono de ridícula solemnidad en torno al régimen de propiedad intelectual en cuestión. Al escuchar a los defensores acérrimos de los ADPIC, es posible confundir la exención propuesta con un acelerador de partículas de potencia insondable y experimental. Para escuchar a las asociaciones comerciales y a sus aliados políticos, entrometerse en los ADPIC pone en peligro tu trabajo, tu seguridad y la economía mundial, tanto o más que el propio SARS-CoV-2, así como cualquier esperanza de innovación y progreso futuros. Al anunciar la decisión de la Casa Blanca, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, describió con gravedad la exención como una “medida extraordinaria”. En realidad, no hay nada extraordinario en suspender los ADPIC para abordar lo que el director general de la OMC señala como “la cuestión moral y económica de nuestro tiempo”. No puede haberlo, porque no hay nada extraordinario en el propio ADPIC. Su historia de fondo es casi imposiblemente superficial y miserable; sus documentos fundacionales son más jóvenes que Justin Bieber. El ADPIC no es la expresión de un consenso universal posterior a la Guerra Fría, del mismo modo que la Declaración de Derechos Humanos de la ONU no dio voz a las aspiraciones humanas tras la II Guerra Mundial. Nació como una expresión bruta y profundamente antidemocrática del poder corporativo concentrado, obra de “menos de 50 individuos”, según un funcionario de comercio estadounidense presente en su creación. Uno de los reacios homólogos indios de ese funcionario, Prabhat Patnaik, ha descrito el asunto de los ADPIC como “una parodia de la teoría conspirativa más salvaje”. Las negociaciones que condujeron a la creación de los ADPIC se celebraron menos sobre una mesa que sobre un potro de tortura. Era la única forma de hacer valer el peculiar y casi universalmente rechazado concepto de monopolio médico, una innovación estadounidense que iba en contra de siglos de tradición moral, económica y jurídica incluso en Occidente. En 1951, Jawaharlal Nehru, el primer presidente de la recién independizada India, decidió construir una fábrica de penicilina. Sin embargo, a ninguno de los grandes productores comerciales les gustó la idea de transferir la tecnología y los conocimientos necesarios a un gran país en desarrollo como la India. En su lugar, ofrecieron exportar el antibiótico a granel y embotellarlo en fábricas indias para su distribución y venta local. Sólo Merck aceptó construir una fábrica real. Sabiendo que era la única empresa que hacía esta oferta, impuso onerosas exigencias de cánones a largo plazo y puso límites al control indio de la tecnología. Nehru se inclinaba por aceptar la oferta de Merck cuando una delegación de la joven Organización Mundial de la Salud llegó a Nueva Delhi. Los funcionarios presentaron a Nehru otra opción: El UNICEF y la OMS proporcionarían subvenciones para cubrir el coste total de la construcción de una fábrica de penicilina, así como técnicos de las Naciones Unidas para supervisar la transferencia de tecnología y formar al personal nativo. Como parte del acuerdo, los representantes de la ONU ofrecieron crear un centro de investigación afiliado a la fábrica, con el objetivo de desarrollar la capacidad científica y técnica de la India para fabricar otros antibióticos y medicamentos esenciales. El acuerdo de la ONU sólo incluía dos condiciones: India debía prometer que mantendría la fábrica totalmente en el sector público y que compartiría las investigaciones o descubrimientos pertinentes con una red de proyectos similares que la ONU estaba estableciendo en todo el sur del mundo. Nehru aceptó. El resultado fue Hindustan Antibiotics, la piedra angular de la emergente industria india de genéricos. Puede ser difícil de imaginar hoy, pero durante gran parte de la Guerra Fría, las políticas exteriores y comerciales de Estados Unidos no coincidían con los intereses de la industria farmacéutica estadounidense. El Departamento de Estado de Truman apoyó el proyecto de penicilina de la ONU en la India por encima de Merck, y en general apoyó una agenda internacionalista de creación de capacidad de medicina nativa en los países descolonizadores de África, Asia y América Latina. Washington comprendió que los intentos de la industria farmacéutica de proteger sus conocimientos y mercados en el extranjero no sólo carecían de bases legales o morales, sino que también amenazaban con socavar la imagen de Estados Unidos y los objetivos de la Guerra Fría al convertir una potente forma de poder blando en un símbolo de la codicia y la inhumanidad capitalistas. El día después de que la vacuna contra la polio de Salk fuera declarada un éxito, Dwight Eisenhower se ofreció a compartir toda la información y los conocimientos técnicos con todos los países que lo solicitaran, incluida la Unión Soviética. Un mes antes del asesinato de John F. Kennedy, enfureció a las compañías farmacéuticas al publicar un memorando que restringía las demandas de monopolio privado sobre la ciencia gubernamental, especialmente la investigación federal en “campos que conciernen directamente a la salud pública”. El interés del país, escribió Kennedy, se “sirve compartiendo los beneficios de la investigación y el desarrollo financiados por el gobierno con países extranjeros en un grado consistente con nuestros programas internacionales y con los objetivos de la política exterior de EEUU”. Kennedy quería mantener los derechos mundiales de la ciencia pública bajo control público para que pudieran ser compartidos y licenciados ampliamente, en lugar de ser reclamados por un actor privado que acapare y se beneficie de las reclamaciones exclusivas sobre la propiedad intelectual. La propiedad intelectual no es como otras propiedades. Si usted posee una vaca y alguien la roba, ha perdido su vaca. Si descubre un proceso que hace que la leche de vaca sea más segura para beber, la posesión de ese conocimiento por parte de otros no reduce su reserva. En términos económicos, el conocimiento es un bien “no rival”. En la famosa formulación de Jefferson, “Quien recibe una idea mía, recibe él mismo la instrucción sin disminuir la mía; como quien enciende su candela en la mía, recibe la luz sin oscurecerme”. Por ello, el concepto de propiedad intelectual se resistió en Europa hasta el siglo XX. Todavía en 1912, Holanda rechazaba las patentes y mantenía lo que llamaba un “libre comercio de invenciones”. Esto era coherente con la doctrina liberal clásica establecida por Adam Smith y John Stuart Mill, quienes desconfiaban de las patentes. Los ataques más mordaces del siglo XIX contra la propiedad intelectual no se encontraron en las revistas de izquierdas, sino en las páginas de The Economist, que abogaba por la abolición del sistema de patentes inglés. “Antes de que [los inventores] establezcan un derecho de propiedad sobre sus inventos, deberían renunciar a todo el conocimiento y la ayuda que han obtenido del conocimiento y los inventos de otros”, sugería la revista en 1850. “Eso es imposible, y la imposibilidad demuestra que sus mentes y sus inventos son, de hecho, partes del gran conjunto mental de la sociedad, y que no tienen derecho de propiedad sobre sus inventos”. De acuerdo con la opinión predominante en Europa, The Economist entendía que los monopolios protegidos por el Estado eran vestigios de un privilegio real que eliminaba la competencia. El primer sistema de patentes surgió en la Inglaterra isabelina no para “impulsar la innovación”, sino para limitar los monopolios dispensados por la Corona. El odio a estos monopolios jugó un papel estelar en la Revolución Americana, cuyos líderes eran comprensiblemente poco entusiastas con las patentes. Thomas Jefferson y Ben Franklin los consideraban impedimentos para el progreso y burlas de lo que consideraban la naturaleza incremental y acumulativa de toda “invención”. La expresión “propiedad intelectual” se acuñó en la Francia posrevolucionaria para ocultar los orígenes reales del monopolio y desviar la atención del verdadero objeto de las reclamaciones de propiedad intelectual, que no es el conocimiento sino los mercados. Dado que los mercados no encajan fácilmente en las teorías modernas de los derechos y la propiedad, “quienes empezaron a utilizar la palabra propiedad en relación con las invenciones tenían un propósito muy definido en mente”, escribió el economista austriaco Fritz Machlup: Querían sustituir una palabra con una connotación respetable, “propiedad”, por una palabra que tenía un sonido desagradable, “privilegio”. Sabían que no había esperanza en salvar la institución de los privilegios de las patentes si no era bajo una teoría aceptable... y, en una deliberada falta de sinceridad, interpretaron la teoría artificial de los derechos de propiedad del inventor como una parte de los derechos del hombre. Cuando se añadieron los medicamentos a este debate, no hubo debate alguno. Sólo a principios y mediados del siglo XX, Estados Unidos abandonó un arraigado tabú mundial contra las reivindicaciones de propiedad exclusiva sobre los medicamentos. En Europa, este tabú duró medio siglo más. Suiza, una potencia farmacéutica, no emitió patentes de medicamentos hasta 1977. Como todos los países antes de la llegada de la OMC en 1995, tenía poco poder para hacer cumplir estas patentes fuera de sus propias fronteras. A nivel internacional, en la década de 1970 todavía reinaba algo parecido a un libre comercio de medicamentos al estilo holandés. Pero no por mucho tiempo. Al sentirse traicionadas por su propio gobierno, las empresas farmacéuticas observaron con alarma el auge de la industria de genéricos en la India y en otros lugares. Con la ayuda de la ONU, los países en vías de desarrollo empezaron a invertir durante los años 50 y 60 en su capacidad científica y de fabricación. El líder seguía siendo la India de Nehru, cuya economía alternativa de medicamentos era percibida por las empresas farmacéuticas estadounidenses como una amenaza, no sólo para sus beneficios en los países en desarrollo, sino para la incipiente legitimidad de la medicina monopolista, especialmente dentro de Estados Unidos, donde se amasaba el dinero realmente. Entre 1959 y 1962, un demócrata de Arkansas llamado Estes Kefauver supervisó una investigación sobre la industria farmacéutica de la posguerra. Las audiencias de alto nivel dirigidas por Kefauver, presidente del subcomité del Senado, sobre el monopolio, se centraron en el núcleo del modelo de negocio de la industria: las patentes, la cartelización y los precios de monopolio. Las audiencias desvelaron una industria farmacéutica que los estadounidenses y el resto del mundo veían claramente por primera vez: márgenes de beneficio de hasta el 7.000% en medicamentos patentados cuya creación implicaba procesos naturales descubiertos en laboratorios financiados con fondos públicos. Algunos de los detalles más escandalosos que surgieron de las audiencias tuvieron que ver con las prácticas globales de la industria. Cuando Kefauver reveló que muchos de los mayores márgenes de beneficio de Merck y Pfizer se dirigían a la pequeña clase media de la India, el gobierno de Nehru respondió con más inversiones en la floreciente industria de medicamentos genéricos del país. Para las empresas farmacéuticas, Nueva Delhi inició el proceso de redacción de una nueva ley de patentes que sustituyera al régimen colonial británico aún vigente. Las empresas farmacéuticas ejercieron una fuerte presión para detener una ley que temían que pudiera servir de faro en todo el sur del mundo. “Las corporaciones occidentales se alinearon con sectores conservadores del gobierno indio para oponerse amargamente y obstruir el sector público de los medicamentos y las reformas de las patentes”, dice Prabir Purkayastha, un veterano organizador del Movimiento por la Salud del Pueblo Indio. “La visión de Nehru representaba una amenaza especialmente temible: un país en desarrollo con sus propias instituciones científicas, capacidad de vanguardia, sin protección de patentes y con líneas de producción que podrían suministrar productos farmacéuticos a su propio e inmenso mercado interior y a otros países en desarrollo”. La Ley de Patentes de la India (1970) no fue tan radical como podría haber sido. Siguiendo el modelo de las leyes de patentes de Europa Occidental, prohibía las patentes de productos farmacéuticos, pero daba cabida a reivindicaciones exclusivas sobre métodos relacionados con su fabricación. El director general de Merck, John Connor, anunció la ley como “una victoria del comunismo global”. Pero como él y sus compañeros ejecutivos temían, la ley de patentes era sólo el principio. Durante los años 60 y 70, la industria farmacéutica india no sólo presentó un modelo de trabajo de autosuficiencia y cooperación sur-sur. También demostró el potencial de la transferencia de tecnología Norte-Sur, que el Sur global consideraba cada vez más no como una caridad que debía mendigar y agradecer, sino algo que merecía como una cuestión de justicia global básica. Fue en respuesta a esta creciente politización de la tecnología que la industria farmacéutica estadounidense tomó la iniciativa de formular el plan que culminó, un cuarto de siglo después, en la fundación de la OMC. En 1964, los 134 países más pobres del mundo formaron un bloque de negociación dentro de la ONU llamado G77. En su política y agenda, se solapaba con los países del Movimiento de los No Alineados, formado tres años antes para perseguir una agenda de desarrollo internacionalista libre de la interferencia de los bandos occidental y oriental de la Guerra Fría. El propósito del G77 era desafiar los fundamentos de un sistema mundial dominado por sus antiguos amos coloniales. El rechazo a los monopolios del conocimiento y a las patentes, en particular, fue un tema recurrente en estos esfuerzos. A raíz de la Ley de Patentes de India, los países del G77 comenzaron a adoptar leyes de patentes y planes de desarrollo similares, debilitando el poder de las compañías farmacéuticas extranjeras para imponer su voluntad (y sus listas de precios) en todo el mundo. En mayo de 1974, el grupo aprobó una declaración en la Asamblea General de la ONU en la que se pedía un “Nuevo Orden Económico Internacional” definido por una distribución más equitativa y democrática de los recursos financieros, naturales y de “conocimiento” mundiales relacionados con la salud humana. Esta visión incluía el rechazo de la propiedad intelectual como una herramienta ilegítima del fuerte contra el débil, un instrumento neocolonial diseñado para seguir desviando la riqueza del sur al norte. En la OMS, el G77 contaba con la mayoría de dos tercios necesaria para fijar la política. Su impulso a la transferencia de tecnología médica del Norte al Sur obtuvo un poderoso aliado en 1973 con el nombramiento del médico danés Halfden Mahler como director general de la OMS. Mahler había pasado una década dirigiendo el programa de tuberculosis de la India y apoyaba la agenda del G77. En una conferencia patrocinada por la OMS sobre atención primaria de salud celebrada en la ciudad soviética de Alma-Ata en septiembre de 1978, Mahler dio a conocer un programa de la agencia para ayudar a los países pobres a reducir su gasto en medicamentos mediante el desarrollo de sus industrias farmacéuticas nacionales*. La conferencia culminó con la adopción de un ambicioso plan, conocido como la “Declaración de Alma-Ata”, para proporcionar “salud para todos” en el año 2000. La declaración, al igual que el programa de medicamentos esenciales de la OMS, comprometía a la agencia a afirmar “la salud como un derecho humano basado en la equidad y la justicia social”. “El G77 estaba reclamando el derecho al tipo de capacidad institucional que lo haría autosuficiente en una pandemia”, dice David Legge, un australiano cofundador del Movimiento Internacional por la Salud de los Pueblos, una red mundial de activistas y académicos. “Los llamamientos a un Nuevo Orden Económico Internacional consistían en ampliar el modelo de los proyectos de penicilina de la ONU”. El potencial de la conferencia de Alma-Ata, sin embargo, quedaría sin cumplirse, gracias en parte al obsesivo afán de venganza del hombre nombrado director general de Pfizer en 1972, el año en que entró en vigor la Ley de Patentes de la India. Como secretario del Ejército en la administración Kennedy, Edmund T. Pratt Jr. aportó una visión estratégica al enfrentamiento militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como director general de Pfizer, adoptó un enfoque similar ante el surgimiento de una industria de genéricos en el sur y la creciente asertividad del G77. Estos acontecimientos amenazaron los ambiciosos planes de Pfizer de dominar los mercados mundiales de medicamentos y productos agrícolas, especialmente en Asia. Tras la conferencia de Alma-Ata, Pratt reunió a un grupo de ejecutivos de la industria farmacéutica para discutir un plan. Pfizer era el candidato natural para liderar un contraataque de la industria contra el G77. Sus abogados de patentes eran legendarios por lanzar demandas de infracción kamikazes en todo el mundo. En 1961, la empresa demandó al gobierno británico después de que el Servicio Nacional de Salud comprara una versión genérica italiana de un antibiótico patentado por Pfizer, la tetraciclina. En toda Europa, donde las patentes de medicamentos todavía estaban ampliamente prohibidas, el pleito sirvió de aleccionadora introducción a la moderna industria farmacéutica estadounidense “postiza”. Los editoriales recordaban a los lectores que Pfizer debía su poder a los contratos de guerra para producir penicilina, que había sido descubierta y desarrollada en Oxford y dejada en el dominio público. Pfizer perdió la demanda de 1961, y volvió a perder cuando demandó al NHS por otra supuesta infracción cuatro años después. La primera idea de Pratt fue tratar de desviar la conversación del propio terreno del G77. En aquel momento, el único foro diseñado para tratar las cuestiones legales relacionadas con la propiedad intelectual era la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU, o OMPI, la agencia que supervisaba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883). Este convenio sólo obligaba a los países a conceder a las empresas extranjeras los mismos derechos que concedían a las suyas dentro de las fronteras nacionales, pero era lo más parecido a un acuerdo vinculante en materia de propiedad intelectual. Cuando el G77 rechazó la propuesta de la industria farmacéutica, Pratt recurrió a una estrategia que el historiador Graham Dutfield denomina “gestión de foros”. Si la ONU era demasiado democrática, habría que encontrar un escenario menos democrático. Pratt y su grupo se decantaron por un objetivo poco probable: la próxima ronda de negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, en inglés), cuyo inicio estaba previsto para 1986 en Uruguay. A partir de 1947, las conversaciones decenales establecieron el marco jurídico del comercio mundial de posguerra. Las enmiendas del GATT eran acuerdos radicales, jurídicamente vinculantes, de todo o nada, con un formato que favorecía a los países más ricos. La estrategia de Pratt consistía en insertar la propiedad intelectual en el GATT, y luego disciplinar al sur rebelde sin piedad. “La experiencia con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fue la gota que colmó el vaso en nuestro intento de operar por medio de la persuasión”, diría más tarde Lou Clemente, consejero general de Pfizer, a los investigadores australianos Peter Drahos y John Braithwaite, autores del relato definitivo de este episodio, Information Feudalism (2007). A finales de la década de 1970, no existían todavía precedentes de la noción de propiedad intelectual en el comercio mundial. Cuando la empresa Levi Strauss presionó para que se aprobara un código contra la falsificación durante la Ronda de Tokio del GATT, a principios de los años 70, fue rápidamente rechazado. Si Washington no podía proteger los emblemáticos pantalones vaqueros del país, ¿cómo podía esperar alguien que se aplicaran las patentes sobre medicamentos que salvan vidas, un concepto apenas reconocido por los aliados más cercanos de Estados Unidos? Pratt encontró su oportunidad en otro detalle ocurrido durante la Ronda de Tokio. Las negociaciones en Japón habían introducido un nuevo concepto comercial: “vinculación”. Al argumentar que un tema era un “vínculo” con cuestiones comerciales legítimas, como los aranceles y las cuotas, los negociadores podían incluirlo en la agenda. Esta fue la estrategia utilizada para aprobar las enmiendas relacionadas con los procedimientos aduaneros y las subvenciones invisibles a la exportación. Los directores generales de las empresas farmacéuticas sólo tenían que convencer al representante comercial de Estados Unidos para que “vinculara” la propiedad intelectual al sistema de comercio mundial antes de Uruguay. Por eso el acrónimo ADPIC –“Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” – suena tan forzado y torpe. Desde el primer momento vio la luz con calzador. Incluso si funcionara, el grupo seguiría enfrentándose a un obstáculo mucho más desalentador. El GATT se basó en la promoción del libre comercio, y los monopolios de patentes son la encarnación de las restricciones al comercio: el proteccionismo estatal en su forma más pura. ¿Cómo iba a funcionar eso en algún momento? Afortunadamente para la industria farmacéutica, esta no era la única que se preocupaba por el rechazo del resto del mundo a la propiedad intelectual**. La visión competitiva del sur –compartida por algunos países desarrollados– suponía una amenaza para los poderosos intereses que impulsaban la emergente economía de la información de alta tecnología. Una serie de industrias –entretenimiento, software, biotecnología, agricultura, semiconductores– empezaron a ver el mundo a través de los ojos de la industria farmacéutica. En las llamadas de los grupos de presión de Washington y en los almuerzos de los clubes de Manhattan, los líderes de la industria empezaron a hablar de la necesidad de establecer un régimen de protección en torno a las tecnologías estadounidenses, desde la medicina hasta el software. En 1981, Pratt y el ejecutivo de IBM, John Opel, fueron nombrados copresidentes del Comité Asesor de Política y Negociación Comercial de la administración Reagan. Creado por el Congreso en 1974, este grupo asesor externo reunía a altos ejecutivos de primera línea para asesorar al representante comercial de Estados Unidos en materia de política y estrategia. Al tomar las riendas, Pratt y Opel crearon un grupo de trabajo sobre propiedad intelectual y lo llenaron de personas con experiencia en asociaciones de fabricación basadas en patentes, especialmente de medicamentos y productos químicos. En los cinco años que precedieron a Uruguay, este grupo de trabajo sirvió de sala de guerra para una política de doble vía destinada a endurecer a los aliados de Washington, al tiempo que ablandaba y dividía la esperada oposición. Tras conseguir el apoyo de la administración y la industria, el grupo de Pratt hizo público su proyecto. Le ayudó la creciente ansiedad por el declive económico de EE. UU. y, en consecuencia, hizo funcionar hábilmente los mandos de la propaganda y los diales del estado de ánimo del público. Pratt vio la desaceleración posterior a Vietnam y a la crisis del petróleo como una oportunidad para reiniciar lo que los conocedores de la industria llamaban “la historia de la droga”. Con la economía sufriendo un cuádruple golpe –déficits comerciales crecientes, una deuda externa que se dispara, la fuga de la fabricación y una competencia cada vez más dura de Europa y Japón– las empresas volvieron a presentar la patente como un símbolo atribulado del ingenio y la “competitividad” estadounidenses. Los países que se negaban a reconocer la autoridad de la Oficina de Patentes de EE. UU. eran naciones rebeldes, estados piratas, cuyo latrocinio intelectual amenazaba tanto los puestos de trabajo de las fábricas de Detroit como las industrias de alta tecnología en ascenso de Silicon Valley. Este fue el botón pulsado por Barry MacTaggart, presidente de Pfizer International, en un artículo de opinión que apareció en The New York Times el 9 de julio de 1982, bajo el título “Robar a la mente”. El artículo desvelaba el argumento que la industria y el equipo negociador de Estados Unidos machacarían durante los cuatro años siguientes hasta el inicio de las conversaciones en Uruguay. MacTaggart informaba a los lectores de que estaba en marcha una “tensa lucha mundial por la supremacía tecnológica”. Las invenciones de las industrias estadounidenses basadas en la investigación de alta tecnología, escribió MacTaggart, “han sido ‘legalmente’ tomadas en un país tras otro por la violación de los derechos de propiedad intelectual por parte de los gobiernos, especialmente las patentes”. Exhortó a todas las naciones amantes de la libertad a alinearse en favor de la “aplicación adecuada y el tratamiento honorable” de la propiedad intelectual, señalando “los ordenadores, los productos farmacéuticos [y] las telecomunicaciones” como áreas de conocimiento que están siendo “robadas por la negación de los derechos de patente”. Dentro de la ONU, advirtió, el G77 estaba “tratando de acaparar las invenciones de alta tecnología para los países subdesarrollados”, siendo este un ataque al “principio subyacente al sistema económico internacional”. El hecho de que no existiera tal principio no impidió que el grupo liderado por Pfizer ideara las líneas generales de un régimen para aplicarlo. La administración Reagan lo adoptó como propio, y el mundo fue avisado de que la propiedad intelectual estaba en el menú de Uruguay. Los países del G77, muchos de los cuales se tambalean bajo los efectos de la crisis de la deuda, anunciaron que no tenían intención de aceptarlo. Dos de los rechazos más contundentes vinieron de India y Brasil, las dos capitales de la industria de medicamentos genéricos del sur. Durante los cuatro años siguientes, Estados Unidos reunió a puerta cerrada a varios Estados contrarios a los ADPIC. El objetivo de estas reuniones era coaccionarles para que los firmaran. La herramienta principal era una parte de la legislación comercial estadounidense conocida como la Sección Especial 301, establecida por la Ley de Comercio de 1974. La Sección 301 creó un mecanismo para sancionar a los socios comerciales de Estados Unidos por políticas consideradas discriminatorias o gravosas. En 1984, la ley se modificó para que la aplicación laxa de las patentes y los derechos de autor fuera un trampolín para la investigación y las represalias de la Sección 301, un proceso conocido como Especial 301. Los países más pobres son los que más tienen que perder con estas represalias, ya que a muchos de ellos se les ha concedido recientemente un acceso libre de impuestos al mercado estadounidense en virtud de un programa establecido en 1976 llamado Sistema Generalizado de Preferencias. El enfoque de castigo-recompensa de Washington para ablandar la alianza anti- ADPIC experimentó un progreso vacilante. En 1985, Estados Unidos sacudió a la coalición anti- ADPIC, blandiendo la amenaza de una Especial 301 contra Corea del Sur y Brasil. Clayton Yeutter, el representante comercial de EE. UU. en aquel momento, informó a ambos países de que la Especial 301 era la “bomba atómica de la política comercial”. (su sucesor la calificaría, elogiosamente, como su “palanca”). Entre 1984 y la conclusión de la Ronda de Uruguay en 1994, Estados Unidos invocó la Especial 301 en una docena de enfrentamientos con los líderes del G77, incluidos uno con India y tres con Brasil, que dieron lugar a aranceles y a una reducción del acceso al mercado estadounidense. Sin embargo, un bloque central de 10 países, liderado por India y Brasil, siguió luchando. Cuando la Ronda de Uruguay comenzó en la ciudad costera de Punta del Este, en septiembre de 1986, los ADPIC seguían siendo un campo de batalla. El Grupo de los Diez seguía resistiendo en 1989, cuando dos acontecimientos rompieron finalmente el eje India-Brasil y acabaron con la última línea de resistencia a la globalización de los monopolios médicos occidentales. El colapso del comunismo en Europa del Este en 1989, así como la inminente disolución de la Unión Soviética que presagiaba, alteraron el orden político mundial. Estados Unidos entró en un periodo de dominio históricamente único, y Moscú desapareció como fuente de apoyo material e ideológico para los países de la oposición anti-ADPIC (la ciencia y la transferencia de tecnología soviéticas habían contribuido a sentar las bases de las industrias de medicamentos genéricos en todo el sur del mundo). Con el desmoronamiento del Muro de Berlín, la agenda de la industria, defendida por el representante comercial de Estados Unidos, se liberó de los últimos restos de la restricción de la Guerra Fría. Dentro del proceso del GATT, las naciones fueron arrastradas a salas laterales y amedrentadas por lo que los negociadores anti-ADPIC llamaron las “Consultas de la Sala Oscura”, según las entrevistas realizadas por Drahos y Braithwaite. Ese año fue cuando el representante comercial de Estados Unidos comenzó a aplicar el Especial 301 con toda su fuerza, abriendo investigaciones sobre cinco de los 10 países “duros” que se oponían a los ADPIC. India y Brasil, los líderes del grupo, se llevaron la peor parte. Brasil rompió primero, después de que EE. UU. impusiera unos aranceles paralizantes a sus importaciones. India aguantó un poco más, pero en 1990 también rompió. Según los términos del ADPIC, el país tenía 10 años para desmantelar y revisar la Ley de Patentes de 1970. Cuando la noticia llegó a la India, estallaron protestas callejeras contra el gobierno de Rajiv Gandhi en todo el país. Con los países en fila, se dejó a la recién llegada administración Clinton la tarea de supervisar los últimos detalles. Clinton era una figura extraña para este papel. Había hecho campaña contra la codicia “desmedida” de las industrias sanitarias y farmacéuticas, a las que había descrito como “persiguiendo beneficios a costa de nuestros hijos”. Identificó el alto precio de los medicamentos como “un ejemplo de por qué el sistema sanitario no funciona”. Ninguna de esas preocupaciones se mantuvo cuando brindó por la globalización de las patentes de medicamentos que la gran mayoría de los países siguen considerando desmedida e ilegal. Clinton parecía genuinamente feliz en la ceremonia celebrada en la ciudad marroquí de Marrakech el 15 de abril de 1994, cuando 124 Estados firmaron el Acta Final de la Ronda de Uruguay, que dio origen a la OMC. Según el texto del tratado, la OMC anunciaba “una nueva era de cooperación económica mundial, que refleja el deseo generalizado de operar en un sistema comercial multilateral más justo y abierto en beneficio y bienestar de sus pueblos”. A cambio de la aplicación de las patentes occidentales sobre medicamentos y otras tecnologías, se prometió a las naciones del G77 el acceso a los mercados ricos del Norte, y una condicional “ausencia de temor” a encontrarse en el extremo equivocado de un Especial 301. En el momento de la ceremonia de la firma, se informó ampliamente de que este intercambio era justo y consensuado. No era ninguna de las dos cosas, pero la parte consensuada parecía mantenerse. Una docena de años más tarde, un crítico tan sofisticado de los ADPIC como Joseph Stiglitz escribiría: “mientras firmaban los ADPIC, los ministros de comercio estaban tan satisfechos de haber alcanzado por fin un acuerdo que no se dieron cuenta de que estaban firmando una sentencia de muerte para miles de personas en los países más pobres del mundo”. Pero sí lo sabían. Es la razón por la que lucharon tanto tiempo y tan ferozmente como lo hicieron. Es la razón por la que los negociadores del Grupo de los Diez se llamaron entre sí llorando cuando Brasil se quebró, y por la que tantas reuniones ministeriales de la OMC han estado envueltas en gases lacrimógenos. Mucha gente entendió perfectamente en 1994 que los ADPIC eran una sentencia de muerte masiva. Ahora todo el mundo lo entiende también. * Sin embargo, fue la mayor industria en hacerlo. En 1980, la mitad de las 20 mayores multinacionales farmacéuticas del mundo tenían su sede en EE. UU. En respuesta a la oposición de la industria al programa de medicamentos esenciales de la OMS, Ronald Reagan recortó el apoyo de EE. UU. a la agencia en 1985. ** Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente el año de la conferencia patrocinada por la OMS. Alexander Zaitchik

Lo arregló con claveles y música...

El revolucionario encarcelado y amnistiado por la democracia que contribuyó a fundar Cerebro del 25 de Abril, admirador de Fidel Castro y candidato a la presidencia de la República, Saraiva de Carvalho siempre negó su responsabilidad en el terrorismo de extrema izquierda en los años 80. Por Diego Díaz Alonso 27 julio 2021 Diego Díaz Alonso Historiador y activista social. Escribió en La Nueva España, Les Noticies, Diagonal y Atlántica XXII. Colabora en El Salto y forma parte del consejo de redacción de Nortes. Nieto de un militar e hijo de un funcionario de correos, Otelo Saraiva de Carvalho nació en 1936 en la colonia portuguesa de Mozambique. Formado en la Academia Militar de Lisboa, combatió a los rebeldes angoleños en la larga guerra por conservar el imperio de ultramar, y paradojas de la vida, terminó convirtiéndose en uno de los artífices del proceso de descolonización. El llamado Vietnam portugués marcaría a su generación, y como otros jóvenes oficiales portugueses, a principios de los años 70 llegaría a la conclusión de que dictadura y guerra colonial lastraban el progreso de Portugal y evolucionaría consecuentemente hacia posiciones democráticas, progresistas y antiimperialistas. Con 37 años Otelo se convierte en el cerebro que planifica minuciosamente el 25 de abril de 1974. Un golpe militar que derroca sin derramamiento de sangre la dictadura más longeva de Europa. También piensa uno de los símbolo del alzamiento militar: la emisión de madrugada desde el estudio de Radio Renascença de una canción prohibida por la dictadura: Grandola Vila Morena. La composición del cantautor José Afonso servirá como señal para el inicio de la sublevación en los cuarteles contra el régimen de Marcelo Caetano, sucesor desde 1968 de Antonio Oliveira de Salazar. En unas horas Portugal dice adiós a 48 años de dictadura e inicia una revolución democrática y social que sorprenderá a todo el mundo. Será de hecho la última revolución hasta la fecha en un país de Europa occidental. “MFA, centinela del pueblo”. Cartel de Joao Abel Manta. Tras el triunfo del 25 de abril, Otelo se convierte en julio de 1974 en el máximo responsable del nuevo Comando de Operaciónes del Portugal Continental. La función del COPCON será vigilar y prevenir tentativas golpistas por parte de los sectores contrarrevolucionarios, derrotados, pero latentes en la sociedad portuguesa. Esta unidad de elite, erigida en guardiana de la revolución, no tarda en frenar varias operaciones para descarrilar las reformas políticas, económicas y sociales puestas en marcha por el gobierno del Portugal revolucionario. La revolución asusta a los sectores más conservadores del Movimiento de las Fuerzas Armadas que había sido fundado clandestinamente en 1973 para derrocar a la dictadura, y que contaba con una gran pluralidad ideológica en su seno. La independencia de las colonias, la reforma agraria o el papel del Estado en la economía portuguesa habían ido resquebrajando en poco tiempo la cohesión en el seno del MFA. En marzo de 1975 Otelo y sus hombres desarticulaban el intento de golpe de Estado de Antonio de Spínola, uno de los héroes del 25 de Abril. Presidente de la Junta de Salvación Nacional tras el derrocamiento de la dictadura, De Spínola era un militar conservador, coyunturalmente alineado con los sectores democráticos de la oficialidad portuguesa, pero que descontento con el rumbo izquierdista que estaba tomando el proceso trataría de regresar al poder del que los militares más progresistas le habían apartado en septiembre de 1974. Otelo con los hermanos Castro en julio de 1975. Tras abortar el golpe de Estado de Spínola, la popularidad de Otelo se dispararía entre los sectores populares más identificados con la revolución, sobre todo en su declinación más radical. El COPCON respalda las ocupaciones de tierras y de viviendas o las reivindicaciones obreras en determinados conflictos laborales, a veces muy enconados. Para Otelo el COPCON es la vanguardia armada del MFA. Para el primer ministro desde julio de 1974, el general Vasco Gonçalves, hombre muy cercano al Partido Comunista, y partidario de una revolución más ordenada, el COPCON se comportó como una fuerza armada al servicio de los movimientos izquierdistas, asustando “a grandes sectores de una población despolitizada” y “generando divisiones en el seno del movimiento popular y del MFA” mientras no impedía el violento hostigamiento que los comunistas sufrían por parte de la derecha y la Iglesia católica en el norte del país. “Tras abortar el golpe de Estado de Spínola la popularidad de Otelo se dispararía” En julio de 1975 el comandante Saraiva de Carvalho visitaba en viaje oficial la Cuba de Fidel Castro. Los cubanos se disponen a entrar en la guerra angoleña de la que Portugal se está retirando. En la isla, Otelo es recibido con honores de jefe de Estado. “Cuba, Portugal, unidos vencerán” sería una de las consignas de aquella cumbre entre dos líderes de revoluciones victoriosas de uno y otro lado del Atlántico. El temor a que Saraiva, al mando de la COPCON se convirtiera en el Fidel Castro portugés de la Cuba de Europa Occidental flotaba en las elites económicas portuguesas y en las principales cancillerías internacionales. Con bastante alarmismo el periódico conservador británico The Times llegaría a proclamar en la primavera de 1975 que “El capitalismo ha muerto en Portugal”. Decir que Portugal, estado miembro de la OTAN y parte del bloque occidental, iba camino del comunismo era a todas luces exagerado, pero es cierto que en el país ibérico se debatía entonces la posibilidad de ensayar un nuevo modelo de democracia, y lo que Otelo y otros sectores del MFA tenían en mente no era del agrado de la burguesía portuguesa ni de Gran Bretaña y los EEUU. Otelo durante la revolución portuguesa. Los comunistas hablaban de una democracia de nuevo tipo, antimonopolista, respetando el pluralismo político y la pequeña y mediana propiedad privada, pero con elementos socialistas en su Constitución. La izquierda radical, débil a nivel electoral, pero con fuerza social y en el seno del Ejército, defendía una democracia directa de asambleas populares y consejos revolucionarios, una suerte de soviets a la portuguesa. Otelo va a sintonizar mucho más con estos planteamientos. Al militar le gusta más el comunismo que los comunistas, sobre todo los del Partido Comunista Portugués. Su relación con el PCP será siempre compleja. Y viceversa. El PCP siempre le acusaría de haber hecho el juego a la derecha del MFA y del Gobierno contribuyendo a hacer caer en septiembre de 1975 al ejecutivo del general Vasco Gonçalves, el dirigente portugués más comprometido con la reforma agraria y la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Para Gonçalves Otelo era un frívolo que carecía de “la formación política, la lucidez, la firmeza revolucionaria y el sentido de las responsabilidades que la situación exigía” y que en los momentos críticos “no estuvo a la altura de las responsabilidades que había asumido delante de país”. Mural en homenaje a Otelo. Foto: Wilkipedia El final de Vasco Gonçalvés va a suponer un volantazo de la revolución hacia la derecha. Un giro conservador que llevará al PCP y a la izquierda radical a colaborar brevemente para tratar de fenarlo. “¿Deben regresar los militares a los cuarteles?” es la gran pregunta a la que se enfrenta Portugal en ese convulso periodo de 1975. Conscientes de que el Ejército está a la izquierda de la sociedad portuguesa, tal y como se ha puesto de relieve en las elecciones del 25 de abril de 1975, el Partido Comunista Portugués y los partidos maoístas e izquierdistas quieren de alguna forma institucionalizar el MFA para que así mantenga algún tipo de tutela sobre el proceso político para y blinde su carácter socializante, tadíamente reconocido en la Constitución de 1976. La socialdemocracia y la derecha, ganadoras de las elecciones, recelan en cambio de esta tutela del MFA, de la constitucionalización del socialismo, y aspiran a una rápida transición de Portugal hacia una democracia liberal sin homologable con la de los países de la entonces Comunidad Económica Europea. “Un problema difícil”. Viñeta de Joao Abel Manta dce 1975. Así están las cosas a finales de ese agitado 1975 en el que llega a sobrevolar seriamente la posibilidad de una guerra civil. El gobierno británico se prepara incluso para intervenir en caso de conflicto. El país se encuentra fuertemente dividido entre un norte derechista y un sur izquierdista. A punto de terminar un año marcado por las huelgas, las ocupaciones de tierras y empresas, las manifestaciones y contramanifestaciones, la intervención de la Iglesia católica, la CIA y la fuga de capitales, se produce el confuso y fallido golpe de Estado del 25 de noviembre. Los comunistas y los partidos de la izquierda radical se dividen ante este movimiento impulsado por un sector izquierdista y minoritario del Ejército. El PCP duda pero no lo secunda. La insurrección fracasa por la falta de apoyos políticos y militares, pero se convierte en la excusa perfecta del sector anticomunista del Ejército y el Gobierno para asestar un golpe a los partidarios de un Portugal socialista. El PCP es acusado de estar detrás de la asonada militar y de querer imponer una dictadura totalitaria, y el COPCON es disuelto y Otelo encarcelado por unos meses, acusado de complicidad con los golpistas. Cartel de la campaña de Otelo a las presidenciales El clima político ha cambiado, y las elecciones presidenciales de junio de 1976 se convertirán en un referéndum sobre si Portugal debe transitar hacia una democracia liberal o una democracia socialista. El centro izquierda y las derechas se unen para apoyar al general António Ramalho Eanes, líder del ala más liberal del MFA. El PCP y la izquierda radical están demasiado enfrentados como para consensuar un candidato común. Otelo, ya fuera de prisión, se convierte en el candidato de la izquierda maoísta y trotskista. Los comunistas por su parte presentan al único candidato no militar aquellas elecciones, Octavio Pato. Otelo logra un 16% de los votos, el doble que el candidato comunista, pero muy lejos del 62% de Ramalho Eanes. La Constitución de 1976 todavía definirá a Portugal como un país “en el camino hacia una sociedad socialista”, pero en la práctica esa opción ya está clausurada por el veredicto de las urnas. Otelo en la campaña electoral de 1980. En 1977 Otelo regresa a la cárcel. Cuando vuelve a presentarse a las presidenciales de 1980 por el Frente de Unidad Popular no llega al 2% de los votos. Como señala el historiador portugués Manuel Loff, el héroe de la revolución vería esfumarse en muy poco tiempo el capital político que había acumulado en años anteriores. En 1984 vuelve a ser detenido junto a otros 40 dirigentes del FUP acusados de estar detrás de las Fuerzas Populares 25 de Abril. Esta vez la cosa es más seria. Con una línea política similar a la del FUP, defensa de las conquistas revolucionarias recogidas en la Constitución de 1976, democracia directa y no alineamiento ni con los EEUU ni con la URSS, las Fuerzas fueron un grupo con escaso apoyo social pero gran actividad armada. Surgido en un momento de reflujo del impulso revolucionario de abril de 1974 y de inicio de las políticas de ajuste neoliberal previas al ingreso de Portugal en la CEE, las FP asesinaron a 17 personas, colocaron 66 bombas y cometierion 99 atracos a bancos, hasta su disolución en 1987. Condenado a 18 años de cárcel, Otelo solo estará en prisión hasta 1989, y finalmente en 1996 será amnistiado por el presidente de la República. Con frespecto al FP25 siempre negó su participación en este grupo armado, que tampoco pudo ser probada por la justicia, y acusó a sus viejos enemigos del PCP de haber organizado un montaje para desprestigiarlo y alejarlo de la vida política. Sin embargo él mismo reconoció la existencia de vasos comunicantes entre su partido y la organización armada, y parece más que probable que hubiera también vínculos orgánicos. El socialista Mario Soares optaría en todo caso por atender las peticiones de perdón a un mito fundacional de la democracia portuguesa como era Otelo. Comunicado de las Fuerzas Populares 25 de Abril. En la cárcel Otelo conoce a una funcionaría de prisiones, María Filomena Morais, con la que se unirá en una relación sentimental que mantuvo desde entonces sin romper nunca con su esposa María Dina Afonso. Una bigamia que progresivamente iría normalizando y haciendo pública. Alejado definitívamente de la política se dedicó a los negocios de importación y exportación con el África lusófona, siguió concendiendo frecuentes entrevistas a medios, se declaró simpatizante del Bloco de Esquerda, y como señala Manuel Loff, sorprendentemente llegó a reconciliarse con la mayoría de sus antiguos compañeros del MFA, con los que había roto en el turbulento periodo 1975 y 1976. En una entrevista concedida al medio portugués Visao con motivo del 30 aniversario de la revolución portuguesa afirmó que le gustaría ser recordado como “Un hombre con el gran orgullo de haber sido protagonista de una acción que liberó al país de 48 años de fascismo y que siguió luchando por lo que juzgó mejor para Portugal y su pueblo”. Este domingo falleció en Lisboa a los 84 años de edad.

Benjamín Prado sale al paso....acertadamente para mí.

Que el juez tire la piedra y ya esconderemos nosotros la mano Benjamín Pradocontacta@infolibre.es @pradobenjamin Publicada el 27/07/2021 a las 06:00FacebookTwitterWhatsappTelegramEnvíalo a un amigoImprimirComentarios “Nueve de cada diez veces, no decir ni sí ni no ya es decirlo todo”. En España hay quien sostiene que no todos debemos ser iguales ante la ley. El artículo 14 de la Constitución dice que sí, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que no en la Asamblea regional, para salir en defensa del mismo rey emérito al que los fiscales le acaban de encontrar otra cuenta oculta en el banco Credit Suisse de Ginebra y que ya ha aceptado, al menos en parte, sus delitos contra Hacienda y su país, al hacer alguna que otra regularización. Sin embargo, la lideresa y el PP en general lo defienden mientras ella se le iguala alardeando de que la oposición que le frena los pies al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos está formada por Felipe VI, por ella misma y por la justicia. Eso sí que es un tridente, como llama la prensa deportiva al que forman los atacantes de los equipos poderosos. Thank you for watching Queda la duda de saber si el actual monarca sabe que en la calle de Génova lo han fichado para volver a primera división, porque ellos creen que sí y por eso le animaron a no firmar los indultos de los independentistas catalanes: sería meterse un gol en propia meta. Por supuesto, lo que le pedían con eso era que se saltara el Estado de Derecho como quien brinca sobre la valla de una huerta para robar naranjas, pero debe de ser que en eso los amigos de sus amigos son sus amigos y, en consecuencia, se atienen a una de las consignas teóricas de la triple efe, la Fundación Francisco Franco, íntima de sus socios de Vox, según la cual "la patria es más importante que la democracia". Ni más ni menos. Con todo, que en un ambiente de polarización estratégica como el que vivimos se traten de manipular los juzgados desde la política nos escandaliza pero no nos sorprende, porque tenemos claro que son así y que esa es su idea de la lucha por el poder. "Vamos a manejar desde detrás la Sala segunda del Supremo", se jactaban por escrito en el Partido Popular, que si tiene bloqueado el CGPJ no es por otra cosa que para evitar que sigan cayéndoles sentencias condenatorias como la de la Gürtel. A ellos les gusta poner un uniforme bajo la toga, y lo demás son disculpas. Evitaron la renovación porque decían que con Pablo Iglesias y Unidas Podemos no tenían nada que negociar; luego dijeron que era por el procés, ese proceso que le hicieron los separatistas a ellos, con M. Rajoy de presidente, porque fue en todo caso a él y a los suyos a quienes les montaron un referéndum ilegal, les hicieron una declaración de independencia y se les escapó Puigdemont a Bélgica; un poco más adelante, la disculpa fue que no podían tolerar el trato que se le daba a Juan Carlos I; a continuación, vetaron a la jueza Victoria Rosell; por último, trataron de hacer lo mismo con el juez De Prada, de quien no se fían porque les condenó por la Gürtel, aquella trama que decía Rajoy que no era "del PP sino contra el PP…". Tiene razón Pedro Sánchez: no merece la pena hablar de esto con Casado, porque nunca van a desatascar lo que les viene bien que siga atascado. Y en cualquier caso, no es algo que no le hicieran ya a todos los ejecutivos de izquierda o alrededores: que se lo pregunten a Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero. Su idea de España es esa: que es suya o de nadie. Más preocupante, sin embargo, es que sea la propia magistratura la que se haga obstrucción a sí misma, aceptando como si fuese lo más normal del mundo que sus miembros sean considerados, por encima de cualquier otra cosa, progresistas o conservadores, lo cual es como aceptar que la venda que deben llevar en los ojos está hecha con tela de una bandera y que sus balanzas están trucadas. Algunos episodios recientes, como el protagonizado, una vez más, por el TSJM al fallar que no se le puede quitar una calle al general Millán Astray porque no está probado que fuera parte del levantamiento militar de 1936, no es que sea un ataque a la memoria histórica, es que es una burla hiriente. El PP y sus socios, desde luego, no dicen ni pío: cómo van a decirlo, cuando su jefe ni siquiera abre la boca tras escuchar a un antiguo cargo de la UCD que Franco no dio ningún golpe de Estado. Se olvidan de que a menudo no decir ni sí ni no ya es decirlo todo. Otras decisiones no muy lejanas, como la de exonerar de haber hecho trampa en sus estudios y sus títulos al cargo público que se benefició del engaño y lo puso en su currículo y condenar a la profesora que la sirvió de apoyo y firmó los papeles; o la que llegaba a la conclusión de que las falsificaciones que hizo la jefa en Madrid de Vox, Rocío Monasterio, eran tan ridículas que la culpa de que la sirvieran para llevar a cabo proyectos arquitectónicos para los que no tenía la cualificación adecuada fue de quien las dio por buenas, tampoco hay quien las entienda. Eso por no hablar de manadas y otros horrores. Hay demasiados cargos públicos que no sólo no respetan la justicia, sino que la quieren tomar al asalto para que no los persiga cuando salgan corriendo con el dinero en el maletín. Quieren que los jueces tiren la piedra y ellos esconder la mano. Y lo que buscan es siempre lo mismo: la impunidad, que es, a fin de cuentas, justo lo contrario de la democracia. Ellos sí que son los verdaderos antisistema. Publicamos este artículo en abierto gracias a los socios y socias de infoLibre. Sin su apoyo, nuestro proyecto no existiría. Hazte con tu suscripción o regala una haciendo click aquí. La información y el análisis que recibes dependen de ti.

Manualillos de Inversión ( 1 )

Recurso eterno... ¿Vuelve la fiebre del oro? Ojo a la última gran recomendación de Credit Suisse Desde la entidad suiza lo ven un refugio ante "un extremo desapalancamiento financiero" Sergio García Bolsamania Como si fuera un búnker pertrechado con decenas de latas de comida y libros de pasatiempos, el oroes y ha sido históricamente uno de los grandes activos refugio. Ahora, la fiebre por este metal precioso vuelve, con Credit Suisse aconsejando comprarlo como defensa ante lo que califican "un extremo desapalancamiento financiero". Noticia relacionada Leer más 'Vendo oro': estampida de inversores ante el divorcio entre demócratas y republicanos El informe de la entidad suiza viene firmado por Andrew Garthwaite, que ofrece una serie de motivos por los cuales merece la pena volver a invertir en oro para diversificar y asegurar nuestro dinero ante posibles tormentas. De primero, el analista de Credit Suisse cree que la actual valoración del metal precioso es "anormalmente barata" según todos los parámetros. De segundo, Garthwaite señala a varios títulos relacionados con el oro y a los que ve potencial de subidas: Newcrest Mining, Newmont, Endeavour Mining, Perseus, Regis Resources, St Barbara, Agnico Eagle Mines, Barrick Gold, Kinross Gold y Yamana Gold. Como metal precioso, desde el banco suizo subrayan que el oro está en el nivel más bajo de su emparejamiento a 10 años respecto a la plata y otras materias primas industriales. Además, cotiza un 20% por debajo de sus máximos de 2011 en términos reales. Según las proyecciones de Credit Suisse, el oro puede subir al menos un 7% desde sus niveles actuales. Por si estas cifras no fueran suficientes para convencer a los inversores, Garthwaite recuerda que el oro es la mejor protección contra ese citado "extremo desapalancamiento financiero", es decir, contra el hecho de que los bancos centrales pierdan el control de la situación y los mercados se vengan abajo. LA TENDENCIA DE FONDO SIGUE SIENDO ALCISTA Desde el análisis técnico, el analista de Bolsamanía, J.M. Rodríguez, recuerda que "desde los máximos históricos que el oro marcó en agosto del pasado ejercicio el precio se encuentra inmerso en un errático movimiento correctivo (fase de reacción) dentro de una clara tendencia alcista de fondo, o primaria". Dicho esto, "desde los máximos históricos que marcó en agosto tenemos máximos y mínimos decrecientes, de lo que se deduce que existe una importante zona de control (resistencia en este caso) en el último máximo decreciente (1.916,50 dólares)", apostilla. "Por encima de esta comenzaremos a mirar al otro con otros ojos, en el sentido de que daríamos por terminada la fase correctiva y por lo tanto es probable que el 'metal precioso' pusiera rumbo de nuevo a los máximos históricos (2.075)", concluye.

Cloacas PePeras....

El diario de Villarejo revela que la brigada política del PP atacó a Podemos desde su irrupción Las primeras anotaciones del comisario sobre Podemos se remontan a septiembre de 2014, apenas cuatro meses después de que la formación obtuviera cinco escaños en las europeas. En el mes de enero siguiente, el número dos de Interior contacta con Villarejo: "Venezuela-Podemos. Varias gestiones. Quedamos en hablar”. — Isabel Díaz Ayuso intentó registrar el dominio 'Podemos Madrid' en octubre de 2014 por orden de Ignacio González Las agendas de Villarejo y la guerra sucia contra Podemos Pedro Águeda 25 de julio de 2021 21:43h 71 @pedroagueda El grupo secreto de policías dedicado a combatir extrajudicialmente el proceso soberanista en Catalunya durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy percibió a Podemos como un nuevo enemigo a batir en cuanto la formación de Pablo Iglesias cosechó su primer éxito electoral, en mayo de 2014. Así lo atestigua el diario incautado a uno de sus miembros, el comisario José Manuel Villarejo, quien apenas cuatro meses después de aquellos comicios europeos mantiene ya encuentros con periodistas para facilitarles información del partido, a los nueve meses de su creación. No es una iniciativa particular. El 30 de octubre de 2014, Villarejo habla con el entonces número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, y apunta: "Reuniones Podemos". Villarejo anotó las maniobras con un juez decano de Madrid para salvar a Esperanza Aguirre del banquillo Villarejo anotó las maniobras con un juez decano de Madrid para salvar a Esperanza Aguirre del banquillo SABER MÁS El 17 de enero de 2014, Podemos se dio a conocer en un acto en el Teatro del Barrio, en el madrileño barrio de Lavapiés. Tan solo cuatro meses después, en mayo, se celebraron elecciones europeas y el nuevo partido obtuvo más de 1,2 millones de votos y cinco parlamentarios en Estrasburgo. El 29 de septiembre, dos periodistas de El Mundo proponen a Villarejo reunirse al día siguiente. "Tema Podemos", anota el comisario en unas agendas a las que que Asuntos Internos, la Fiscalía Anticorrupción y el juez del caso dan credibilidad cuando se cruzan con hechos públicos o acreditados ya por la investigación. Un mes después, el 31 de octubre de 2014, Villarejo anota una reunión con el secretario de Estado de Seguridad: "Chisco. Reunión hasta 14:30. Sobre riesgo de IB con PJ y reuniones Podemos y Verstrynge". Chisco es uno de los apelativos con los que Villarejo y su grupo se refieren al número dos de Interior. En otras anotaciones se desprende que Villarejo intenta obtener información del partido y que, por alguna razón, incluye en ese plan a Jorge Verstrynge. El entorno del que fuera profesor de Iglesias asegura que nunca ha visto a Villarejo. En aquel otoño de 2014 Podemos había agitado el tablero político tomando como bandera el 15M y respondiendo a los que retaban al movimiento ciudadano a que se constituyera en formación si quería ser un actor válido de sus reivindicaciones. A la fuerte contestación de algunos rivales políticos y medios de comunicación hay que sumar una vía subterránea de sabotaje a Podemos con episodios que todavía afloran siete años después, como el intento del PP de Madrid de cortar el crecimiento del partido morado en uno de sus campos más propicios, Internet y las redes sociales. La hoy presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, intentó registrar Podemos Madrid y Ganemos Madrid por orden de su antecesor en el cargo Ignacio González, según desveló esta misma semana elDiario.es. La vía de la brigada política contó, por su parte, con un protagonista que aflora con asiduidad en el lado más desconocido del Partido Popular. Se trata del abogado Javier Iglesias, El Largo, al que Villarejo y sus colaboradores tienen por uno de sus hilos de comunicación con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según se desprende de las grabaciones incorporadas al sumario y las anotaciones en la agenda. Javier Iglesias es el abogado que acudió a prisión a ofrecer un pacto a Luis Bárcenas en nombre del Gobierno y del PP para que no tirara de la manta de la financiación irregular del partido, según el extesorero. El 11 de noviembre de 2014, Villarejo anota: "Igles Jav. Quiere saber novedades sobre LB. Ya le dije los últimos datos y que nadie controla a Verstringe ni a Podemos". Ya entrado 2015, acusaciones contra Podemos que con el tiempo se convertirían en recurrentes comienzan a aflorar en el diario del comisario. El 10 de febrero de 2015, Villarejo apunta una conversación con el número dos de Interior: "Chisco. Venezuela-Podemos. Varias gestiones. Quedamos en hablar". Todavía queda un año para que trascienda la mayor evidencia de la guerra sucia contra Podemos por parte de aquel Ministerio del Interior, el informe P.I.S.A. (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que sin firma ni sello pretendía demostrar la financiación irregular del partido procedente de Venezuela e Irán y cuyo contenido despreciaron, primero la Audiencia Nacional, y después el Tribunal Supremo. Antes, su contenido había sido publicado por varios medios de comunicación coincidiendo con el arranque de las conversaciones entre Podemos y el PSOE para la formación de Gobierno en enero de 2016. En el mes de abril siguiente, otro de los miembros de la brigada política, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, se entrevista con un exministro de Hugo Chávez en Nueva York y le ofrece ayuda a él y su familia a cambio de supuestas pruebas sobre los vínculos de Podemos con Caracas. Fuentes Gago dice a Rafael Isea que acude con "un mandato" del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, según la grabación del encuentro publicada por moncloa.com. El informe policial que resulta de aquel encuentro nunca llegaría a un juzgado pero sería publicado por ABC. De la Operación Catalunya al informe PISA El Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz reeditó con Podemos las maniobras policiales que había mantenido los dos años anteriores contra el proceso soberanista en Catalunya. Según reveló elDiario.es en noviembre de 2014, un grupo secreto de policías se dedicaba a rastrear posibles corruptelas de políticos soberanistas de forma prospectiva y sin control judicial, probablemente financiados por los fondos reservados de Interior. El resultado de sus pesquisas eran informes apócrifos, sin atribución a una unidad policial, ni firmados por funcionarios, que acababan en las portadas de determinados medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. La investigación del caso Villarejo ha acreditado la participación del comisario en aquellas maniobras junto a otros miembros de ese grupo de mandos policiales. Según ha declarado el propio Villarejo, los mismos policías que se dedicaron, sin competencias, a contrarrestar el auge independentista en Catalunya intentaron socavar a Podemos después al margen de la justicia. Sin embargo, la única imputación judicial que pesa contra ellos se produce en el marco de un tercer vector de actuación: el espionaje ilegal a Luis Bárcenas. Al combate a la oposición democrática, ya fuera en Catalunya o a nivel estatal con Podemos, se unieron las maniobras para favorecer al partido en el Gobierno, el PP, intentando sabotear el más grave caso de corrupción que todavía hoy acucia al partido, el de su financiación irregular o caja B. Villarejo, Fuentes Gago o uno de los sospechosos de participar en la redacción del informe PISA contra Podemos, el hoy comisario de Villa de Vallecas, Andrés Gómez Gordo, al igual que el ministro del Interior Fernández o su número dos, Francisco Martínez, están imputados en la pieza 7 del caso Villarejo, también conocida como Kitchen. Pese a los indicios reunidos durante la instrucción del caso Villarejo, la Audiencia Nacional aún no investiga la guerra sucia de la Operación Catalunya o la que reprodujeron los mismos protagonistas después contra Podemos.