Lo canta....
Open de Australia - "He jugado el mejor tenis de mi vida"
Eurosport - lun 01 feb 08:48:00 2010
La temporada no puede comenzar mejor para Roger Federer. El suizo ha confesado que, en los malos momentos, llegó a dudar de su físico y se planteó si volvería a ser el mismo tenista que en 2007. Ahora, tres años más tarde, vuelve por sus fueros.
..El espectacular Abierto de Australia jugado por el tenista suizo ha permitido que se volviera a ver la mejor versión de Roger Federer. Apenas unas horas después de su triunfo confesó que este nuevo triunfo le da seguridad.
Federer reconoció la dificultad de lo conseguido: "Es duro hacer esto una y otra vez, pero este triunfo me da seguridad. He jugado algo del mejor tenis de mi vida en estas dos semanas. Ahora se trata de mantener el nivel. Me siento cansado, pero no exhausto".
El suizo analizó la temporada que no ha hecho más que comenzar y dijo que iba a intentar "defender Roland Garros y Wimbledon, como debe ser". También se refirió a su última derrota: "En el US Open estuve cerca, fue una derrota dura. Ahora han cambiado muchas cosas, pero el éxito se mantiene. y todavía tengo cosas dentro"
Dudó de su físico
Federer no obstante admitió que hubo una época en la que él mismo notó sensaciones extrañas: "Empecé a dudar de mi cuerpo, de mi situación, de si podría ser igual de exitoso. Al final de 2007 estaba jugando el tenis de mi vida y me puse malo. Pero no se supone que una carrera deba ser fácil. Incluso en los mejores momentos, me pregunto cosas".
El suizo confesó lo que pasó por su cabeza en aquellos momentos: "Había perdido un poco de movilidad y la he recuperado, como mi derecha. Sabía que no quería jugar defensivo y por eso, quizás, buscaba demasiadas cosas con mi derecha. Eso tuvo que ver con mi confianza. En 2007 estaba impresionado por mi nivel por mis recuperaciones, por las bolas que enviaba a las líneas con el revés. Entonces enfermé y fue decepcionante. La gente decía que ya no era el mismo".
lunes, 1 de febrero de 2010
Se debe generalizar.
Los promotores ,tienen que bajar de la burra y adecuar precios a demanda!
Simultáneo en Madrid, Valencia, Valladolid y Sevilla
Roan organiza un rastrillo para vender viviendas de bancos y cajas rebajadas hasta un 40%
La consultora inmobiliaria Roan ha organizado un rastrillo simultáneo en Madrid, Valencia, Valladolid y Sevilla en el que ofrece 600 viviendas propiedad de bancos y cajas con descuentos en su precio de hasta un 40%, informó hoy la firma.
El rastrillo se celebrará de forma simultánea en las cuatro ciudades durante el próximo fin de semana, los días 5, 6 y 7 de febrero, en las oficinas que Roan tiene en estas localidades.
Con esta iniciativa, la firma busca presentar a sus clientes una selección de viviendas con "condiciones y precios especiales". Estos oscilarán entre los 63.000 y los 200.000 euros dependiendo de la ciudad de que se trate. La consultora apunta además que se proporcionará a los clientes distintas posibilidades y facilidades de financiación.
Simultáneo en Madrid, Valencia, Valladolid y Sevilla
Roan organiza un rastrillo para vender viviendas de bancos y cajas rebajadas hasta un 40%
La consultora inmobiliaria Roan ha organizado un rastrillo simultáneo en Madrid, Valencia, Valladolid y Sevilla en el que ofrece 600 viviendas propiedad de bancos y cajas con descuentos en su precio de hasta un 40%, informó hoy la firma.
El rastrillo se celebrará de forma simultánea en las cuatro ciudades durante el próximo fin de semana, los días 5, 6 y 7 de febrero, en las oficinas que Roan tiene en estas localidades.
Con esta iniciativa, la firma busca presentar a sus clientes una selección de viviendas con "condiciones y precios especiales". Estos oscilarán entre los 63.000 y los 200.000 euros dependiendo de la ciudad de que se trate. La consultora apunta además que se proporcionará a los clientes distintas posibilidades y facilidades de financiación.
Desmesurada ?
Depués de la escabechína financiera perpetrada!
Los ex consejeros de la CCM consideran "desmesurada" la sanciónHa propuesto una sanción de cinco años de inhabilitación para cargo público para el ex presidente de CCM
01/00/2010 - 05:11 -
Los ex consejeros de Caja Castilla La Mancha (CCM) presentarán las alegaciones correspondientes a la propuesta del Banco de España de sancionarlos con una multa de entre 5.000 y 100.000 euros por considerarla "desmesurada, desorbitada e injusta".
Según explicaron varios ex consejeros en declaraciones a Europa Press, ahora tienen un plazo de 20 días para hacer sus pertinentes alegaciones y después el Banco de España estimará o desestimará las mismas y hará una propuesta de resolución definitiva "que irá al Ministerio de Economía y Hacienda o no".
En este sentido, detallaron que el hecho de que vaya o no al ministerio la propuesta de resolución definitiva depende de si el banco de España admite las alegaciones y rebaja la consideración de la gravedad de las faltas, caso en el cual la Comisión Ejecutiva del Banco de España es competente para imponer directamente las sanciones y no tiene que ir al Ministerio.
"Depende de la gravedad y de la consideración den función de las alegaciones, por lo que será la Comisión Ejecutiva del Banco de España o el Ministerio los que impongan la sanción en función de que el Banco de España admita o no admita rebajar la gravedad de las infracciones que señala, aunque este trámite tardará unos meses", argumentaron.
El Banco de España ha propuesto una sanción de cinco años de inhabilitación para cargo público para el ex presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la caja, Ildefonso Ortega. Asimismo, propone multa de 150.000 euros para Hernández
Los ex consejeros de la CCM consideran "desmesurada" la sanciónHa propuesto una sanción de cinco años de inhabilitación para cargo público para el ex presidente de CCM
01/00/2010 - 05:11 -
Los ex consejeros de Caja Castilla La Mancha (CCM) presentarán las alegaciones correspondientes a la propuesta del Banco de España de sancionarlos con una multa de entre 5.000 y 100.000 euros por considerarla "desmesurada, desorbitada e injusta".
Según explicaron varios ex consejeros en declaraciones a Europa Press, ahora tienen un plazo de 20 días para hacer sus pertinentes alegaciones y después el Banco de España estimará o desestimará las mismas y hará una propuesta de resolución definitiva "que irá al Ministerio de Economía y Hacienda o no".
En este sentido, detallaron que el hecho de que vaya o no al ministerio la propuesta de resolución definitiva depende de si el banco de España admite las alegaciones y rebaja la consideración de la gravedad de las faltas, caso en el cual la Comisión Ejecutiva del Banco de España es competente para imponer directamente las sanciones y no tiene que ir al Ministerio.
"Depende de la gravedad y de la consideración den función de las alegaciones, por lo que será la Comisión Ejecutiva del Banco de España o el Ministerio los que impongan la sanción en función de que el Banco de España admita o no admita rebajar la gravedad de las infracciones que señala, aunque este trámite tardará unos meses", argumentaron.
El Banco de España ha propuesto una sanción de cinco años de inhabilitación para cargo público para el ex presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la caja, Ildefonso Ortega. Asimismo, propone multa de 150.000 euros para Hernández
McCoy se apunta al debate.
Por otra parte, indispensable.
¿Jubilarse a los 67 años? Pronto me pareceSeguridad Social, pensiones, jubilación
@S. McCoy - 01/02/2010
No hay debate. Por más que algunos quieran hacer de lo imprescindible objeto de discusión, no queda otra. El alargamiento de la edad de jubilación es una medida impopular pero inevitable. No sólo eso, ceteris paribus, es decir: todos los demás elementos de la ecuación de las pensiones como hasta ahora, devendrá insuficiente para mantener el sistema actualmente el vigor. Se podrá apelar a la mayor o menor improvisación en su alumbramiento, a si el parto debía haber sido sometido a la cesárea de un consenso previo o no, o a si era susceptible de incorporar un componente de voluntariedad que permitiera acogerse a tal medida a quien realmente así lo quiera, sin establecer un corte obligatorio en función de la cifra que figura en la partida de nacimiento. Pero lo que no admite objeción alguna es su necesidad, su imperatividad, su urgencia. Desgraciadamente hemos llegado a un punto en que es así. De hecho, si no se acometen una serie de medidas complementarias, los 67 años serán una broma: la falta de fondos para prestaciones provocará que haya que trabajar hasta el mismo momento de decir, con más sentido que nunca, adiós mundo cruel.
Es de todos sabido que la estructura de la Seguridad Social en nuestro país no deja de ser un ingente fraude piramidal, resultado de la implantación de un sistema de reparto y no de capitalización, según el cual, el dinero ingresado por las contribuciones de los que están en activo se destina a hacer frente a las prestaciones de los que necesitan el auxilio del Estado en forma de cobertura por desempleo, incapacidad o retiro, clases pasivas. La subsistencia de tal esquema se basa en la confianza. En la creencia de los que hoy aportan de que el fruto de sus sacrificios encontrará adecuada satisfacción cuando les llegue la hora. No hay cuentas individuales sino colectivas, basadas en un régimen de solidaridad cuya perpetuación requiere entradas constantes de dinero de forma paralela a sus salidas de las arcas públicas, única manera en la que la ilusión de estado del bienestar puede subsistir. El dilema se produce cuando, como consecuencia de la crisis y de la pirámide poblacional, no sólo se reduce el flujo de fondos entrante sino que se dispara el saliente, que es lo que ocurre en la actualidad. Con la propuesta de esta semana se pone un parche menor en un problema que pone en tela de juicio el entramado social actualmente en vigor y que requiere de algo más que iniciativas puntuales para su solución. Toc, toc, Moncloa, un Pacto de Estado llama a su puerta.
Uno, que es bastante melón para muchas cosas, trata siempre de aplicar el sentido común a su discurso. La experiencia me ha demostrado que con sólo introducir este criterio en el razonamiento, la probabilidad de error se reduce drásticamente. Desde ese punto de vista queda claro que podemos actuar, bien sobre las aportaciones, bien en las prestaciones, o sobre ambas a la vez. En relación con las primeras, puede ser que los mismos ciudadanos aporten más (un encarecimiento de costes que dificultaría a las empresas la salida de la crisis; una hipótesis sobre la que volveremos en el último párrafo) o que se incorporen más trabajadores al sistema contributivo. Esto, a su vez, puede darse de modo coyuntural, mediante una mejora del empleo que no permitiría per se, dado el fenómeno demográfico, solventar estructuralmente la cuestión. Para lograr permanencia hay que invertir el declive de fuerza laboral en España lo que requiere, en primer lugar, una política ordenada y sistemática de fomento de la natalidad, la gran olvidada de este debate. Algo que se encuentra en las Antípodas del, como casi siempre, incoherente predicamento socialista. Naciones mucho más progresistas que las nuestras han tomado el toro por los cuernos y han logrado aumentar sus tasas de nacimientos, logrando frenar la sangría reciente.
La alternativa a un discurso que algunos no dudan en llamar ultraconservador, y no van desencaminados ya que permite conservar lo que entre todos hemos logrado hasta ahora, se encuentra en la entrada de importantes flujos de población extranjera que ayuden a paliar el déficit ocupacional nacional. Un chorro inmigratorio que, si nos atenemos a las últimas estadísticas sobre reposición de puestos de trabajo en España en número suficiente como para mantener las prestaciones a una sociedad cada vez más envejecida y con mayor esperanza de vida, no debería ser inferior a 500.000 personas al año, suponiendo que hubiera empleo para todos ellos, cosa que en la actualidad, como bien es sabido, no deja de ser una quimera. En un escenario milagroso de vuelta al pleno empleo, eso sería lo que nos esperaría a la vuelta de la esquina: una sociedad multicultural de un tamaño tal en la que, o se sientan bien las premisas imprescindibles para su integración en la idiosincracia patria, o se encontrará en breve bajo la amenaza de su propia desintegración. No se obnubilen por la severidad de este discurso. Reflexionen sobre la veracidad de su contenido. Es que es eso lo que nos estamos jugando.
Hay que actuar por el lado de las entradas a la caja pero no hay que obviar que de poco sirve el esfuerzo en un lado de la ecuación si el importe al otro lado del igual crece exponencialmente. La actuación sobre las salidas de dinero requiere de la conjunción de tres elementos, en mi opinión, esenciales. Por una parte la lucha contra el fraude, como requisito previo para ahondar en actuaciones de mayor calado. Se requiere efectividad y severidad a partes iguales. Los delitos sociales han de sufrir condena social proporcional al perjuicio causado. En segundo término, adecuación a la nueva realidad. La mejora en la esperanza de vida de los ciudadanos va acompañada de una mayor calidad de la misma, facultando que muchos jubilados actuales sean plenamente aptos para el desarrollo de tareas productivas. Es ahí donde entra la medida del gobierno, con las salvedades que hemos realizado en el primer párrafo de este artículo. (Inciso. Me sorprende que mentes pleclaras afirmen que eso quitará empleo a los jóvenes. Menuda confianza tienen en la capacidad de este país en crear puesto de trabajo. ¿O es que ya hemos tocado el techo laboral? Otro debate interesante). Por último, fomento de los complementos privados, sanitarios o de pensiones. Se trata de adecuar lo que es una realidad a la norma. Resulta completamente irracional la actuación de este gobierno contra los planes privados de pensiones, imponiendo un sistema de percepción a través de rentas y no en un solo pago. Una medida a revertir de modo inmediato dentro de un programa global.
Propone Jordi Sevilla en su blog, en un artículo que reproduce hoy El Confidencial, sustituir las cotizaciones a la seguridad social por impuestos, en un movimiento fiscalmente neutro para ciudadanos y empresas pero que permitiría adecuar el esquema de aportaciones y prestaciones a la realidad presupuestaria del país, a la riqueza generada en el momento en el que se pagan. Una idea que se fundamenta en una previa, cuando menos, discutible y es que en el futuro seremos más ricos como nación y, por tanto, no habrá problema en financiar el estado del bienestar. ¿Qué le hace pensar que va a ser así? No me vale la premisa ni, por tanto, la conclusión. Sin embargo, son útiles tanto el esquema impositivo como la apelación a la riqueza. Desde mi punto de vista no queda más remedio que externalizar estado del bienestar a quienes puedan pagarlo, obligándoles a su vez a contribuir al bien colectivo de los que no pueden hacerlo. Fomentar el seguro obligatorio para determinadas contingencias que son carga social colectiva; capitalizar aquella parte del seguro médico privado no utilizado a futuro, de modo tal que, descontado el margen de las compañías, sea disponible en el momento de la jubilación o bajo determinadas circunstancias; hacer de los complementos privados de pensiones una alternativa a los públicos, de modo tal que permitan reducir hasta un mínimo las aportaciones individuales a la seguridad social y las prestaciones futuras. Y así sucesivamente. La solidaridad es una palabra fuerza, sobre la que a nadie nos es permitido pasar por encima. Sin embargo, no puede quedar invalidada cuando nos toca el bolsillo. Es hora de sacrificios, no de beneficios. inversión para el futuro. Buena semana a todos.
¿Jubilarse a los 67 años? Pronto me pareceSeguridad Social, pensiones, jubilación
@S. McCoy - 01/02/2010
No hay debate. Por más que algunos quieran hacer de lo imprescindible objeto de discusión, no queda otra. El alargamiento de la edad de jubilación es una medida impopular pero inevitable. No sólo eso, ceteris paribus, es decir: todos los demás elementos de la ecuación de las pensiones como hasta ahora, devendrá insuficiente para mantener el sistema actualmente el vigor. Se podrá apelar a la mayor o menor improvisación en su alumbramiento, a si el parto debía haber sido sometido a la cesárea de un consenso previo o no, o a si era susceptible de incorporar un componente de voluntariedad que permitiera acogerse a tal medida a quien realmente así lo quiera, sin establecer un corte obligatorio en función de la cifra que figura en la partida de nacimiento. Pero lo que no admite objeción alguna es su necesidad, su imperatividad, su urgencia. Desgraciadamente hemos llegado a un punto en que es así. De hecho, si no se acometen una serie de medidas complementarias, los 67 años serán una broma: la falta de fondos para prestaciones provocará que haya que trabajar hasta el mismo momento de decir, con más sentido que nunca, adiós mundo cruel.
Es de todos sabido que la estructura de la Seguridad Social en nuestro país no deja de ser un ingente fraude piramidal, resultado de la implantación de un sistema de reparto y no de capitalización, según el cual, el dinero ingresado por las contribuciones de los que están en activo se destina a hacer frente a las prestaciones de los que necesitan el auxilio del Estado en forma de cobertura por desempleo, incapacidad o retiro, clases pasivas. La subsistencia de tal esquema se basa en la confianza. En la creencia de los que hoy aportan de que el fruto de sus sacrificios encontrará adecuada satisfacción cuando les llegue la hora. No hay cuentas individuales sino colectivas, basadas en un régimen de solidaridad cuya perpetuación requiere entradas constantes de dinero de forma paralela a sus salidas de las arcas públicas, única manera en la que la ilusión de estado del bienestar puede subsistir. El dilema se produce cuando, como consecuencia de la crisis y de la pirámide poblacional, no sólo se reduce el flujo de fondos entrante sino que se dispara el saliente, que es lo que ocurre en la actualidad. Con la propuesta de esta semana se pone un parche menor en un problema que pone en tela de juicio el entramado social actualmente en vigor y que requiere de algo más que iniciativas puntuales para su solución. Toc, toc, Moncloa, un Pacto de Estado llama a su puerta.
Uno, que es bastante melón para muchas cosas, trata siempre de aplicar el sentido común a su discurso. La experiencia me ha demostrado que con sólo introducir este criterio en el razonamiento, la probabilidad de error se reduce drásticamente. Desde ese punto de vista queda claro que podemos actuar, bien sobre las aportaciones, bien en las prestaciones, o sobre ambas a la vez. En relación con las primeras, puede ser que los mismos ciudadanos aporten más (un encarecimiento de costes que dificultaría a las empresas la salida de la crisis; una hipótesis sobre la que volveremos en el último párrafo) o que se incorporen más trabajadores al sistema contributivo. Esto, a su vez, puede darse de modo coyuntural, mediante una mejora del empleo que no permitiría per se, dado el fenómeno demográfico, solventar estructuralmente la cuestión. Para lograr permanencia hay que invertir el declive de fuerza laboral en España lo que requiere, en primer lugar, una política ordenada y sistemática de fomento de la natalidad, la gran olvidada de este debate. Algo que se encuentra en las Antípodas del, como casi siempre, incoherente predicamento socialista. Naciones mucho más progresistas que las nuestras han tomado el toro por los cuernos y han logrado aumentar sus tasas de nacimientos, logrando frenar la sangría reciente.
La alternativa a un discurso que algunos no dudan en llamar ultraconservador, y no van desencaminados ya que permite conservar lo que entre todos hemos logrado hasta ahora, se encuentra en la entrada de importantes flujos de población extranjera que ayuden a paliar el déficit ocupacional nacional. Un chorro inmigratorio que, si nos atenemos a las últimas estadísticas sobre reposición de puestos de trabajo en España en número suficiente como para mantener las prestaciones a una sociedad cada vez más envejecida y con mayor esperanza de vida, no debería ser inferior a 500.000 personas al año, suponiendo que hubiera empleo para todos ellos, cosa que en la actualidad, como bien es sabido, no deja de ser una quimera. En un escenario milagroso de vuelta al pleno empleo, eso sería lo que nos esperaría a la vuelta de la esquina: una sociedad multicultural de un tamaño tal en la que, o se sientan bien las premisas imprescindibles para su integración en la idiosincracia patria, o se encontrará en breve bajo la amenaza de su propia desintegración. No se obnubilen por la severidad de este discurso. Reflexionen sobre la veracidad de su contenido. Es que es eso lo que nos estamos jugando.
Hay que actuar por el lado de las entradas a la caja pero no hay que obviar que de poco sirve el esfuerzo en un lado de la ecuación si el importe al otro lado del igual crece exponencialmente. La actuación sobre las salidas de dinero requiere de la conjunción de tres elementos, en mi opinión, esenciales. Por una parte la lucha contra el fraude, como requisito previo para ahondar en actuaciones de mayor calado. Se requiere efectividad y severidad a partes iguales. Los delitos sociales han de sufrir condena social proporcional al perjuicio causado. En segundo término, adecuación a la nueva realidad. La mejora en la esperanza de vida de los ciudadanos va acompañada de una mayor calidad de la misma, facultando que muchos jubilados actuales sean plenamente aptos para el desarrollo de tareas productivas. Es ahí donde entra la medida del gobierno, con las salvedades que hemos realizado en el primer párrafo de este artículo. (Inciso. Me sorprende que mentes pleclaras afirmen que eso quitará empleo a los jóvenes. Menuda confianza tienen en la capacidad de este país en crear puesto de trabajo. ¿O es que ya hemos tocado el techo laboral? Otro debate interesante). Por último, fomento de los complementos privados, sanitarios o de pensiones. Se trata de adecuar lo que es una realidad a la norma. Resulta completamente irracional la actuación de este gobierno contra los planes privados de pensiones, imponiendo un sistema de percepción a través de rentas y no en un solo pago. Una medida a revertir de modo inmediato dentro de un programa global.
Propone Jordi Sevilla en su blog, en un artículo que reproduce hoy El Confidencial, sustituir las cotizaciones a la seguridad social por impuestos, en un movimiento fiscalmente neutro para ciudadanos y empresas pero que permitiría adecuar el esquema de aportaciones y prestaciones a la realidad presupuestaria del país, a la riqueza generada en el momento en el que se pagan. Una idea que se fundamenta en una previa, cuando menos, discutible y es que en el futuro seremos más ricos como nación y, por tanto, no habrá problema en financiar el estado del bienestar. ¿Qué le hace pensar que va a ser así? No me vale la premisa ni, por tanto, la conclusión. Sin embargo, son útiles tanto el esquema impositivo como la apelación a la riqueza. Desde mi punto de vista no queda más remedio que externalizar estado del bienestar a quienes puedan pagarlo, obligándoles a su vez a contribuir al bien colectivo de los que no pueden hacerlo. Fomentar el seguro obligatorio para determinadas contingencias que son carga social colectiva; capitalizar aquella parte del seguro médico privado no utilizado a futuro, de modo tal que, descontado el margen de las compañías, sea disponible en el momento de la jubilación o bajo determinadas circunstancias; hacer de los complementos privados de pensiones una alternativa a los públicos, de modo tal que permitan reducir hasta un mínimo las aportaciones individuales a la seguridad social y las prestaciones futuras. Y así sucesivamente. La solidaridad es una palabra fuerza, sobre la que a nadie nos es permitido pasar por encima. Sin embargo, no puede quedar invalidada cuando nos toca el bolsillo. Es hora de sacrificios, no de beneficios. inversión para el futuro. Buena semana a todos.
Seguimos dando pelotazos.
Y además Valencía, fenicio-fenicio el tío y el sobrino.-SUÑER-CAMPOS.
ElConfidencial.com
@José Félix Díaz.- 01/02/2010
España ha dejado de tener equipo en Fórmula 1. El equipo Campos Meta da por terminada su historia en la máxima categoría del automovilismo sin haber llegado a debutar. Los propietarios de Campos Meta han vendido el accionariado del equipo al sudáfricano Tony Texeira. El acuerdo se hará público durante la jornada de hoy. Según ha podido saber El Confidencial, el nuevo propietario del equipo no tiene pensado continuar con Adrián Campos como director técnico de la escudería.
Ahora y con los cambios sufridos por la escudería, la FOTA, la asociación de equipos, y a la FIA deben dar el 'ok' al nuevo equipo tanto a nivel deportivo como económico. La presencia de Texeira, dueño de la AGP1, debería ser suficiente, pero los intereses de Ecclestone en algunos de los equipos que no superaron el corte en el pasado mes de mayo, fecha en la que Campos Meta se llevó una de las licencias, podría llevar al equipo a no tener sitio en la parrilla de Fórmula Uno. Otra de las incógnitas es si con el nuevo dueño, la base operativa del equipo dejará Murcia o continuará en suelo español.
ElConfidencial.com
@José Félix Díaz.- 01/02/2010
España ha dejado de tener equipo en Fórmula 1. El equipo Campos Meta da por terminada su historia en la máxima categoría del automovilismo sin haber llegado a debutar. Los propietarios de Campos Meta han vendido el accionariado del equipo al sudáfricano Tony Texeira. El acuerdo se hará público durante la jornada de hoy. Según ha podido saber El Confidencial, el nuevo propietario del equipo no tiene pensado continuar con Adrián Campos como director técnico de la escudería.
Ahora y con los cambios sufridos por la escudería, la FOTA, la asociación de equipos, y a la FIA deben dar el 'ok' al nuevo equipo tanto a nivel deportivo como económico. La presencia de Texeira, dueño de la AGP1, debería ser suficiente, pero los intereses de Ecclestone en algunos de los equipos que no superaron el corte en el pasado mes de mayo, fecha en la que Campos Meta se llevó una de las licencias, podría llevar al equipo a no tener sitio en la parrilla de Fórmula Uno. Otra de las incógnitas es si con el nuevo dueño, la base operativa del equipo dejará Murcia o continuará en suelo español.
Sevilla apunta a Pensionista.
Pensiones: cambiar la lógica del sistema
Jordi Sevilla - 01/02/2010
¿Cómo nos puede seguir valiendo en el siglo XXI un instrumento corporativo de política social concebido a finales del XIX? Antes, en España, la sanidad también era una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones. Es decir, sólo accedían los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones. Luego, se convirtió en un derecho financiado con impuestos. Creo que ha llegado la hora de hacer lo mismo con las pensiones: de ser un sistema de seguro público financiado con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado mediante impuestos generales. La demografía ayuda (seremos más viejos, pero más ricos) y el sentido común, también. Con ello, nos evitaríamos los actuales debates sobre recortes en las prestaciones.
Las proyecciones demográficas del INE ponen número a lo que ya todos sabemos: la población española será cada vez más vieja. A ello contribuyen dos factores: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. La inmigración estable y legal puede ayudar, como ha hecho en estos años, a cambiar este hecho. El envejecimiento de la población afecta a toda la economía y al conjunto de la sociedad. ¿Dónde quedarán las “planta joven” de algunos comercios? ¿Cómo serán los coches que conduzcamos de mayores con las limitaciones propias de la edad? ¿Podremos leer el tamaño de letra de los periódicos actuales? ¿Cabremos en los asientos de los aviones con nuestro reuma etc.?. Pero, sin duda, afecta al actual sistema de pensiones que se fundamenta en un principio: los activos pagan las pensiones de los trabajadores jubilados de acuerdo a unos baremos establecidos (edad legal de jubilación, años cotizados, cuantía de la misma, etc.).
Este sistema de seguros, creado por Bismarck a finales del siglo XIX y perfeccionado por Beveridge en 1942, plantea tres problemas: primero, deja sin cobertura de pensiones a todas aquellas personas que no han trabajado en el sistema productivo tradicional o no lo han hecho de manera convencional para cumplir los baremos; segundo, introduce limitaciones a la renta de sustitución (pensión máxima) que golpean a los trabajadores con sueldos elevados con alternativas en el mercado privado más rentables y tercero, hace depender todo el edificio sobre la cantidad de trabajadores convencionales que haya en cada momento.
Para evitar lo primero, se crearon las pensiones no contributivas, las de viudedad y las asistenciales. Para eludir lo segundo, se establecieron fuertes deducciones fiscales a los fondos privados de pensiones. Y, ahora, se nos plantea con fuerza la tercera restricción: si en el medio plazo habrá menos trabajadores cotizantes, habrá que alterar los baremos establecidos para que el sistema sea sostenible.
Yo planteo una ruptura con esa lógica propia de un estado corporativo (en realidad es un circuito cerrado de solidaridad solo entre trabajadores ya que la contribución empresarial es salario diferido) y de una economía industrial de “chimenea”. SEREMOS MAS VIEJOS, ES VERDAD, PERO TAMBIEN MAS RICOS COMO SOCIEDAD. Por tanto hay que romper la actual vinculación entre pensiones y salarios, pensionistas y trabajadores para VINCULAR PENSIONES CON RIQUEZA EN LUGAR DE CON TRABAJO. Es decir, hacer lo mismo que se hizo con la sanidad: convertir todas las pensiones en un derecho de ciudadanía que discrimina su cuantía en función de una serie de variables (necesidad, pero también, años trabajados) financiado no por los salarios de quienes trabajan (cotizaciones sociales) sino por la riqueza general del país.
Propongo una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un IMPUESTO GENERAL SOBRE EL GASTO vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad.
Mientras sigamos dentro de la lógica actual, estamos abocados a propuestas de recorte como las presentadas por el Gobierno. Pero si miramos a nuestro alrededor y vemos que ni la economía, ni la sociedad de hoy tienen nada que ver con la de Bismarck (carreras profesionales discontinuas, periodos sabáticos, economía del talento, modelos variados de familia y de trabajador etc.) quizá concluyamos que el instrumento para asegurar las pensiones a los nuevos ciudadanos y no solo a los trabajadores de fábrica, no puede seguir siendo nuestra actual Seguridad Social. Al menos, a veinte años vista. LAS PENSIONES NO PUEDEN DEPENDER DE CUANTOS TRABAJEN SINO DE CUAN RICOS SEAMOS COMO PAIS, dado que las mejoras en productividad y la redistribución de la renta, permiten desvincular ambos lados de esa ecuación.
Creo que ese es el debate que merece un país moderno como España que no quiere mirar al futuro con las gafas del pasado. Y reconozco que hay mucho detalle pendiente. Pero el cambio de lógica, creo que es lo fundamental. No sé, ¿qué os parece?
Jordi Sevilla - 01/02/2010
¿Cómo nos puede seguir valiendo en el siglo XXI un instrumento corporativo de política social concebido a finales del XIX? Antes, en España, la sanidad también era una prestación de la Seguridad Social, como ahora las pensiones. Es decir, sólo accedían los trabajadores y se financiaba mediante cotizaciones. Luego, se convirtió en un derecho financiado con impuestos. Creo que ha llegado la hora de hacer lo mismo con las pensiones: de ser un sistema de seguro público financiado con cotizaciones, debe pasar a ser un derecho de ciudadanía financiado mediante impuestos generales. La demografía ayuda (seremos más viejos, pero más ricos) y el sentido común, también. Con ello, nos evitaríamos los actuales debates sobre recortes en las prestaciones.
Las proyecciones demográficas del INE ponen número a lo que ya todos sabemos: la población española será cada vez más vieja. A ello contribuyen dos factores: vivimos más tiempo y tenemos menos hijos. La inmigración estable y legal puede ayudar, como ha hecho en estos años, a cambiar este hecho. El envejecimiento de la población afecta a toda la economía y al conjunto de la sociedad. ¿Dónde quedarán las “planta joven” de algunos comercios? ¿Cómo serán los coches que conduzcamos de mayores con las limitaciones propias de la edad? ¿Podremos leer el tamaño de letra de los periódicos actuales? ¿Cabremos en los asientos de los aviones con nuestro reuma etc.?. Pero, sin duda, afecta al actual sistema de pensiones que se fundamenta en un principio: los activos pagan las pensiones de los trabajadores jubilados de acuerdo a unos baremos establecidos (edad legal de jubilación, años cotizados, cuantía de la misma, etc.).
Este sistema de seguros, creado por Bismarck a finales del siglo XIX y perfeccionado por Beveridge en 1942, plantea tres problemas: primero, deja sin cobertura de pensiones a todas aquellas personas que no han trabajado en el sistema productivo tradicional o no lo han hecho de manera convencional para cumplir los baremos; segundo, introduce limitaciones a la renta de sustitución (pensión máxima) que golpean a los trabajadores con sueldos elevados con alternativas en el mercado privado más rentables y tercero, hace depender todo el edificio sobre la cantidad de trabajadores convencionales que haya en cada momento.
Para evitar lo primero, se crearon las pensiones no contributivas, las de viudedad y las asistenciales. Para eludir lo segundo, se establecieron fuertes deducciones fiscales a los fondos privados de pensiones. Y, ahora, se nos plantea con fuerza la tercera restricción: si en el medio plazo habrá menos trabajadores cotizantes, habrá que alterar los baremos establecidos para que el sistema sea sostenible.
Yo planteo una ruptura con esa lógica propia de un estado corporativo (en realidad es un circuito cerrado de solidaridad solo entre trabajadores ya que la contribución empresarial es salario diferido) y de una economía industrial de “chimenea”. SEREMOS MAS VIEJOS, ES VERDAD, PERO TAMBIEN MAS RICOS COMO SOCIEDAD. Por tanto hay que romper la actual vinculación entre pensiones y salarios, pensionistas y trabajadores para VINCULAR PENSIONES CON RIQUEZA EN LUGAR DE CON TRABAJO. Es decir, hacer lo mismo que se hizo con la sanidad: convertir todas las pensiones en un derecho de ciudadanía que discrimina su cuantía en función de una serie de variables (necesidad, pero también, años trabajados) financiado no por los salarios de quienes trabajan (cotizaciones sociales) sino por la riqueza general del país.
Propongo una transición a veinte años que vaya reduciendo las actuales cotizaciones sociales a la vez que se crea e implanta un IMPUESTO GENERAL SOBRE EL GASTO vinculado al IRPF y a Sociedades y cuya base impositiva sería la diferencia entre lo ingresado cada año y lo ahorrado. Es decir, un impuesto sobre el gasto. Por otro lado, todas las pensiones se irían unificando en una sola cuya cuantía sería diferente en función de un número de variables que pueden incluir años trabajados, salarios percibidos o estado de necesidad.
Mientras sigamos dentro de la lógica actual, estamos abocados a propuestas de recorte como las presentadas por el Gobierno. Pero si miramos a nuestro alrededor y vemos que ni la economía, ni la sociedad de hoy tienen nada que ver con la de Bismarck (carreras profesionales discontinuas, periodos sabáticos, economía del talento, modelos variados de familia y de trabajador etc.) quizá concluyamos que el instrumento para asegurar las pensiones a los nuevos ciudadanos y no solo a los trabajadores de fábrica, no puede seguir siendo nuestra actual Seguridad Social. Al menos, a veinte años vista. LAS PENSIONES NO PUEDEN DEPENDER DE CUANTOS TRABAJEN SINO DE CUAN RICOS SEAMOS COMO PAIS, dado que las mejoras en productividad y la redistribución de la renta, permiten desvincular ambos lados de esa ecuación.
Creo que ese es el debate que merece un país moderno como España que no quiere mirar al futuro con las gafas del pasado. Y reconozco que hay mucho detalle pendiente. Pero el cambio de lógica, creo que es lo fundamental. No sé, ¿qué os parece?
Diaz Ferrán vende....
Sin remedios, Avanza Ex-Arrojo, compra y se refuerza.
Díaz Ferrán vende parte de su empresa de autobuses para seguir pagando deudas
Gerardo Díaz Ferrán sigue vendiendo a trocitos su holding de empresas para poder afrontar las deudas acumuladas. Con el fin de salvar el negocio matriz, Grupo Marsans, el presidente de CEOE ha vendido ahora dos de las concesiones de Trapsa, la empresa de autobuses con la que cubría el servicio de transporte de viajeros entre Madrid y los municipios de Parla (110.000 habitantes) y Getafe (165.000 habitantes).
El comprador ha sido el grupo Avanza, empresa especializada en el transporte de viajeros por carretera propiedad del grupo de capital riesgo Doughty Hanson, que invertirá más de 30 millones de euros en la modernización de las dos concesiones. La inversión se destinará a la mejora de la flota de autocares y a la implantación del Sistema de Ayuda a la Explotación por Satélite (SAE).
Aunque no ha trascendido el importe de la operación, que ha estado asesorada por GBS Finanzas, el patrón Díaz Ferrán consigue aliviar en parte su delicada situación financiera, que ha llevado a la quiebra, por ejemplo, a la aerolínea Air Comet el pasado mes de diciembre, y que ha puesto en riesgo a su propio patrimonio personal, que figuraba como garantía de algunos créditos millonarios.
Precisamente, la semana pasada el presidente de CEOE consiguió salvar la solicitud de concurso de acreedores existente contra tres de sus empresas por impago de una deuda de 750.000 euros a una constructora mallorquina. Además, salvó también el posible embargo de su propia casa familiar en la isla, en el municipio de Calviá, en la que la constructora había realizado trabajos de reforma.
A pesar de salvar esta situación, Díaz Ferrán necesita 110 millones de euros para garantizar la viabilidad de Grupo Marsans, la matriz del emporio turístico que ha levantado durante los últimos 20 años junto a su socio Gonzalo Pascual. Los bancos acreedores, entre los que destacan Santander y Caja Madrid, entidad de la que ha sido consejero hasta hace unos días, ya han unificado criterios para actuar conjuntamente.
Por parte del comprador, Avanza asume la plantilla de 435 profesionales que trabajaban en las dos concesiones de Trapsa, además de una flota de 156 autobuses, con la que se da servicio a 17 millones de pasajeros anualmente. Jesús López Torralba, director general de Avanza, aseguró ayer que “este acuerdo forma parte de nuestro plan estratégico de consolidación y crecimiento”. Sonbre el precio, sin embargo, las dos partes han preferido guardar silencio.
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Díaz Ferrán vende parte de su empresa de autobuses para seguir pagando deudas
Gerardo Díaz Ferrán sigue vendiendo a trocitos su holding de empresas para poder afrontar las deudas acumuladas. Con el fin de salvar el negocio matriz, Grupo Marsans, el presidente de CEOE ha vendido ahora dos de las concesiones de Trapsa, la empresa de autobuses con la que cubría el servicio de transporte de viajeros entre Madrid y los municipios de Parla (110.000 habitantes) y Getafe (165.000 habitantes).
El comprador ha sido el grupo Avanza, empresa especializada en el transporte de viajeros por carretera propiedad del grupo de capital riesgo Doughty Hanson, que invertirá más de 30 millones de euros en la modernización de las dos concesiones. La inversión se destinará a la mejora de la flota de autocares y a la implantación del Sistema de Ayuda a la Explotación por Satélite (SAE).
Aunque no ha trascendido el importe de la operación, que ha estado asesorada por GBS Finanzas, el patrón Díaz Ferrán consigue aliviar en parte su delicada situación financiera, que ha llevado a la quiebra, por ejemplo, a la aerolínea Air Comet el pasado mes de diciembre, y que ha puesto en riesgo a su propio patrimonio personal, que figuraba como garantía de algunos créditos millonarios.
Precisamente, la semana pasada el presidente de CEOE consiguió salvar la solicitud de concurso de acreedores existente contra tres de sus empresas por impago de una deuda de 750.000 euros a una constructora mallorquina. Además, salvó también el posible embargo de su propia casa familiar en la isla, en el municipio de Calviá, en la que la constructora había realizado trabajos de reforma.
A pesar de salvar esta situación, Díaz Ferrán necesita 110 millones de euros para garantizar la viabilidad de Grupo Marsans, la matriz del emporio turístico que ha levantado durante los últimos 20 años junto a su socio Gonzalo Pascual. Los bancos acreedores, entre los que destacan Santander y Caja Madrid, entidad de la que ha sido consejero hasta hace unos días, ya han unificado criterios para actuar conjuntamente.
Por parte del comprador, Avanza asume la plantilla de 435 profesionales que trabajaban en las dos concesiones de Trapsa, además de una flota de 156 autobuses, con la que se da servicio a 17 millones de pasajeros anualmente. Jesús López Torralba, director general de Avanza, aseguró ayer que “este acuerdo forma parte de nuestro plan estratégico de consolidación y crecimiento”. Sonbre el precio, sin embargo, las dos partes han preferido guardar silencio.
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