lunes, 1 de febrero de 2010

McCoy se apunta al debate.

Por otra parte, indispensable.

¿Jubilarse a los 67 años? Pronto me pareceSeguridad Social, pensiones, jubilación

@S. McCoy - 01/02/2010

No hay debate. Por más que algunos quieran hacer de lo imprescindible objeto de discusión, no queda otra. El alargamiento de la edad de jubilación es una medida impopular pero inevitable. No sólo eso, ceteris paribus, es decir: todos los demás elementos de la ecuación de las pensiones como hasta ahora, devendrá insuficiente para mantener el sistema actualmente el vigor. Se podrá apelar a la mayor o menor improvisación en su alumbramiento, a si el parto debía haber sido sometido a la cesárea de un consenso previo o no, o a si era susceptible de incorporar un componente de voluntariedad que permitiera acogerse a tal medida a quien realmente así lo quiera, sin establecer un corte obligatorio en función de la cifra que figura en la partida de nacimiento. Pero lo que no admite objeción alguna es su necesidad, su imperatividad, su urgencia. Desgraciadamente hemos llegado a un punto en que es así. De hecho, si no se acometen una serie de medidas complementarias, los 67 años serán una broma: la falta de fondos para prestaciones provocará que haya que trabajar hasta el mismo momento de decir, con más sentido que nunca, adiós mundo cruel.
Es de todos sabido que la estructura de la Seguridad Social en nuestro país no deja de ser un ingente fraude piramidal, resultado de la implantación de un sistema de reparto y no de capitalización, según el cual, el dinero ingresado por las contribuciones de los que están en activo se destina a hacer frente a las prestaciones de los que necesitan el auxilio del Estado en forma de cobertura por desempleo, incapacidad o retiro, clases pasivas. La subsistencia de tal esquema se basa en la confianza. En la creencia de los que hoy aportan de que el fruto de sus sacrificios encontrará adecuada satisfacción cuando les llegue la hora. No hay cuentas individuales sino colectivas, basadas en un régimen de solidaridad cuya perpetuación requiere entradas constantes de dinero de forma paralela a sus salidas de las arcas públicas, única manera en la que la ilusión de estado del bienestar puede subsistir. El dilema se produce cuando, como consecuencia de la crisis y de la pirámide poblacional, no sólo se reduce el flujo de fondos entrante sino que se dispara el saliente, que es lo que ocurre en la actualidad. Con la propuesta de esta semana se pone un parche menor en un problema que pone en tela de juicio el entramado social actualmente en vigor y que requiere de algo más que iniciativas puntuales para su solución. Toc, toc, Moncloa, un Pacto de Estado llama a su puerta.
Uno, que es bastante melón para muchas cosas, trata siempre de aplicar el sentido común a su discurso. La experiencia me ha demostrado que con sólo introducir este criterio en el razonamiento, la probabilidad de error se reduce drásticamente. Desde ese punto de vista queda claro que podemos actuar, bien sobre las aportaciones, bien en las prestaciones, o sobre ambas a la vez. En relación con las primeras, puede ser que los mismos ciudadanos aporten más (un encarecimiento de costes que dificultaría a las empresas la salida de la crisis; una hipótesis sobre la que volveremos en el último párrafo) o que se incorporen más trabajadores al sistema contributivo. Esto, a su vez, puede darse de modo coyuntural, mediante una mejora del empleo que no permitiría per se, dado el fenómeno demográfico, solventar estructuralmente la cuestión. Para lograr permanencia hay que invertir el declive de fuerza laboral en España lo que requiere, en primer lugar, una política ordenada y sistemática de fomento de la natalidad, la gran olvidada de este debate. Algo que se encuentra en las Antípodas del, como casi siempre, incoherente predicamento socialista. Naciones mucho más progresistas que las nuestras han tomado el toro por los cuernos y han logrado aumentar sus tasas de nacimientos, logrando frenar la sangría reciente.
La alternativa a un discurso que algunos no dudan en llamar ultraconservador, y no van desencaminados ya que permite conservar lo que entre todos hemos logrado hasta ahora, se encuentra en la entrada de importantes flujos de población extranjera que ayuden a paliar el déficit ocupacional nacional. Un chorro inmigratorio que, si nos atenemos a las últimas estadísticas sobre reposición de puestos de trabajo en España en número suficiente como para mantener las prestaciones a una sociedad cada vez más envejecida y con mayor esperanza de vida, no debería ser inferior a 500.000 personas al año, suponiendo que hubiera empleo para todos ellos, cosa que en la actualidad, como bien es sabido, no deja de ser una quimera. En un escenario milagroso de vuelta al pleno empleo, eso sería lo que nos esperaría a la vuelta de la esquina: una sociedad multicultural de un tamaño tal en la que, o se sientan bien las premisas imprescindibles para su integración en la idiosincracia patria, o se encontrará en breve bajo la amenaza de su propia desintegración. No se obnubilen por la severidad de este discurso. Reflexionen sobre la veracidad de su contenido. Es que es eso lo que nos estamos jugando.
Hay que actuar por el lado de las entradas a la caja pero no hay que obviar que de poco sirve el esfuerzo en un lado de la ecuación si el importe al otro lado del igual crece exponencialmente. La actuación sobre las salidas de dinero requiere de la conjunción de tres elementos, en mi opinión, esenciales. Por una parte la lucha contra el fraude, como requisito previo para ahondar en actuaciones de mayor calado. Se requiere efectividad y severidad a partes iguales. Los delitos sociales han de sufrir condena social proporcional al perjuicio causado. En segundo término, adecuación a la nueva realidad. La mejora en la esperanza de vida de los ciudadanos va acompañada de una mayor calidad de la misma, facultando que muchos jubilados actuales sean plenamente aptos para el desarrollo de tareas productivas. Es ahí donde entra la medida del gobierno, con las salvedades que hemos realizado en el primer párrafo de este artículo. (Inciso. Me sorprende que mentes pleclaras afirmen que eso quitará empleo a los jóvenes. Menuda confianza tienen en la capacidad de este país en crear puesto de trabajo. ¿O es que ya hemos tocado el techo laboral? Otro debate interesante). Por último, fomento de los complementos privados, sanitarios o de pensiones. Se trata de adecuar lo que es una realidad a la norma. Resulta completamente irracional la actuación de este gobierno contra los planes privados de pensiones, imponiendo un sistema de percepción a través de rentas y no en un solo pago. Una medida a revertir de modo inmediato dentro de un programa global.
Propone Jordi Sevilla en su blog, en un artículo que reproduce hoy El Confidencial, sustituir las cotizaciones a la seguridad social por impuestos, en un movimiento fiscalmente neutro para ciudadanos y empresas pero que permitiría adecuar el esquema de aportaciones y prestaciones a la realidad presupuestaria del país, a la riqueza generada en el momento en el que se pagan. Una idea que se fundamenta en una previa, cuando menos, discutible y es que en el futuro seremos más ricos como nación y, por tanto, no habrá problema en financiar el estado del bienestar. ¿Qué le hace pensar que va a ser así? No me vale la premisa ni, por tanto, la conclusión. Sin embargo, son útiles tanto el esquema impositivo como la apelación a la riqueza. Desde mi punto de vista no queda más remedio que externalizar estado del bienestar a quienes puedan pagarlo, obligándoles a su vez a contribuir al bien colectivo de los que no pueden hacerlo. Fomentar el seguro obligatorio para determinadas contingencias que son carga social colectiva; capitalizar aquella parte del seguro médico privado no utilizado a futuro, de modo tal que, descontado el margen de las compañías, sea disponible en el momento de la jubilación o bajo determinadas circunstancias; hacer de los complementos privados de pensiones una alternativa a los públicos, de modo tal que permitan reducir hasta un mínimo las aportaciones individuales a la seguridad social y las prestaciones futuras. Y así sucesivamente. La solidaridad es una palabra fuerza, sobre la que a nadie nos es permitido pasar por encima. Sin embargo, no puede quedar invalidada cuando nos toca el bolsillo. Es hora de sacrificios, no de beneficios. inversión para el futuro. Buena semana a todos.

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