McCoy apunta muchas cosítas.

Por qué urge acabar con la asfixia financiera del Gobierno al sector privado

@S. McCoy - 25/02/2010

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Como cada miércoles, dediqué una parte de la mañana de ayer a escrutar el artículo que semanalmente publica Martin Wolf en el Financial Times. Encuadrado en la categoría de los agoreros, a los que el público imagina amante de los días de lluvia, el fado y las Pinturas Negras de Goya y en los que servidor sólo encuentra vitalidad desbordante, el autor se centra en las posibilidades de resolución no traumática de la crisis actual que, a su juicio, pasan, bien por un aumento de la inversión pública y privada en los países de alto déficit que permita generar a futuro recursos suficientes para el pago de su deuda, bien por un incremento de la demanda de las naciones llamadas emergentes que compense la contracción del consumo de las economías desarrolladas, resultado de su proceso de desapalancamiento.

Dado que de las dos alternativas, sólo la primera depende realmente de nosotros, centrémonos en ella y apliquémosla al caso español. Pues bien, no sé por qué extraña asociación de pensamientos –bueno, sí lo sé, luego se lo cuento- la mente se me ha ido automáticamente a lo denunciado el martes por Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme: la principal adversidad de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país es, por una parte, la falta de financiación y, por otra, la morosidad de las Administraciones Públicas en general y de los Ayuntamientos en particular. Unos pagos pendientes que cifra en, al menos, 35.000 millones de euros, un 3,2% del PIB español, cuya reclamación es complicada por el “riesgo a perder un cliente” (toma ya) y cuyo impago viola flagrantemente la nueva normativa que obliga a los agentes públicos a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 60 días.

De la suma de los dos párrafos anteriores, se extraen una serie de interesantes conclusiones. A lo César Vidal podemos extraer, sin ánimo de ser exhaustivos, las siguientes:

1.
La situación laboral, el exceso de crédito privado y la incertidumbre sobre el valor de las garantías que lo avalan están provocando un retraimiento en la demanda de los particulares españoles.
2.
El exceso de capacidad estructural en varios sectores de la economía, unido la falta de financiación de unos bancos cuya reforma apenas ha comenzado, están frenando la inversión corporativa.
3.
Sin embargo, la solución para romper esta situación pasa, según Martin Wolf, por estimular la segunda para fomentar la primera. Algo que corresponde, a su entender, a empresas y gobiernos.
4.
En una coyuntura como la actual el papel del gobierno es esencial, como motor de arranque y creador de estímulos para que se ponga en marcha la iniciativa de los agentes privados de la economía.
5.
Para ello es fundamental el establecimiento de un marco jurídico adecuado, fiscal, laboral y administrativo. Hasta ahora sólo la Ley de Economía Sostenible parece haber apuntado en tal dirección, agilizando los trámites para la constitución de firmas. Parece que la nueva Ley de Mediación y Arbitraje también va a incorporar medidas que permitan acabar con la inseguridad jurídica, plazos y pagos, que paradójicamente emana de la actuación habitual del tercero de los poderes.
6.
Pero, es esencial igualmente que la utilización de los escasos recursos de la Administración se destinen, como defendía ya Keynes, a acciones que tengan una finalidad productiva y no meramente asistencial. De ahí que los 400 euros o el Plan E puedan ser definidos, sin temor a equivocarnos, como flagrantes errores.
7.
Mientras, la actuación del Estado y adyacentes tiene que quedar sujeta a una serie de límites con objeto de evitar que se produzca el efecto distinto al que se persigue, esto es: la expulsión del sector privado por el público de la economía o crowding out, fenómeno que puede manifestarse en tres frentes distintos.
8.
Primero, dependencia de ciudadanos y sociedades de la acción del Gobierno (funcionarios, parados y jubilados). La economía se subsidia, la acción pública se vuelve cada vez más arbitraria y, de este modo, la iniciativa privada se ve progresivamente relegada, mientras se extiende aún más la economía sumergida. De ahí que sea importante una limitación de uso (que no consolide gastos corrientes), cuantitativa (que marcan los mercados) y temporal (para evitar que se consolide en el acervo colectivo) a su intervención combinada con una presión fiscal razonable.
9.
Segundo, competencia por los recursos ajenos o, lo que es lo mismo, lucha por la financiación. La participación masiva de la Administración en los mercados de capitales puede afectar a la capacidad de hacerlo de los particulares. Y tanto unos como otros, en especial los bancos tras el cierre del grifo del BCE, prevén emisiones masivas a corto plazo. En un entorno de contracción de ingresos, el gasto indiscriminado puede pasar esta factura de lucha fraticida.
10.
Tercero, y entramos aquí en la reclamación de Bárcenas, lo último que puede hacer una Administración es ser la responsable de la asfixia financiera del sector privado. Urge por tanto, y con base en adecuados mecanismos de control, el pago automático de todo lo pendiente, pudiendo hacer una emisión especial de deuda a tal fin pues su retorno sobre la economía sería inmediato (via actividad, puestos de trabajo e impuestos). Se instrumentaría a través de unas líneas de crédito especiales a las administraciones menores de modo tal que incorporen su repago a una partida específica de sus presupuestos, lo que limitaría posibles excesos futuros. Y sería justo, debiéndose su abono -corruptelas aparte- al pago de servicios prestados y no a la discrecionalidad del pagador.

Sé que los últimos artículos son muy enumerativos. Pero es que para andar lo único que hace falta es dar el primer paso. Lo demás viene solo. El acuerdo sobre el diagnóstico y las soluciones al problema de España son evidentes para todos menos para el Gobierno. O, al menos, eso parece. No está de más, por tanto, seguir dando la matraca a ver si se entera. Cuenten conmigo para ello.