Lo pagaremos......

Y más de una Entidad caerá como bloque naipes...


Cajas, una reforma en vía muerta Opinión

Jesús Cacho - 21/02/2010

El debate sobre la crisis económica del pasado miércoles ha vuelto a poner de actualidad una de las reformas consideradas ab initio como esenciales para salir del atolladero, la financiera, que hoy, más de dos años después del estallido de la burbuja, sigue en vía muerta, convertida en museo de cera de la incapacidad del Gobierno de Rodríguez Zapatero para gestionar los planes que propone, seguramente porque no pasan de ser artificios publicitarios para ir trampeando en espera de que el invierno de la crisis dé paso como por arte de magia a un verano de bienestar. Fue Mariano Rajoy quien se refirió en las Cortes a un asunto que sigue siendo clave para devolver la vida –el crédito- al sistema productivo: “Necesitamos reestructurar el gasto público, acabar con el descontrol del déficit y de la deuda, acometer la reforma laboral. A ello hemos de añadir la reestructuración del sistema financiero y las reformas de sectores estratégicos (…) ¿Quién va ocuparse de que vuelva a circular el crédito y recupere su aliento la actividad económica? (…) Podemos hablar en serio de la reestructuración del sistema financiero. Es que el FROP al que usted se ha referido aquí fue aprobado en junio y estamos en febrero y no se ha hecho ninguna operación”.


Tres citas, al menos, para enfatizar la importancia de una reforma que, en pura lógica, debería haber sido la primera en atacarse como origen que es del problema. Por desgracia, un asunto que tendría que haber quedado encarrilado ya en 2008, primer año de crisis, sigue estancado por la falta de voluntad –cuando no la ausencia de instrumentos legales- del Gobierno central para poner firmes a los dirigentes autonómicos, la politización que aquí todo lo anega, la defensa a ultranza de los derechos adquiridos de unos cuantos, y la incompetencia de casi todos, rectores del Banco de España incluidos. La tardanza en acometer la reforma del sector financiero retrasará sin duda la salida de la crisis en España. Como muchos temían, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se ha convertido por derecho propio en testigo de ese fracaso. El resultado es que, aprobado en junio pasado y con final marcado por Bruselas a junio próximo, de los 99.000 millones previstos solo se ha dotado con 12.000, de los cuales no se ha utilizado un euro a día de hoy, porque no se ha hecho ninguna operación. Y ello cuando apenas le restan 4 meses de vida legal. Casi una pieza de museo prematuramente envejecida.



Una aplicación estricta de las condiciones impuestas por Bruselas a la utilización del FROB conllevaría la necesidad de liquidar una parte importante de nuestro elenco de cajas y bancos, fundamentalmente cajas. Una aplicación laxa, por el contrario, podría permitir a Gobierno y BdE la recapitalización masiva del sistema y el rediseño, desde la política, del mapa financiero español para los próximos 15 años. Sin embargo, el coste efectivo de las ayudas, un mínimo del 7,75%, parece tan elevado, que solo las entidades en situación crítica acudirán al mecanismo. El temor es que, con semejantes tipos, no puedan devolver las ayudas de no producirse un drástico cambio en el ciclo económico en los próximos 5 años que les permita recuperar las pérdidas que ocultan en sus balances, en cuyo caso las participaciones preferentes -instrumento a través del que se canalizarán las ayudas-, se convertirán en acciones (caso de los bancos) o cuotas con derecho de voto (cajas) en manos del FROB, es decir, la nacionalización de las mismas.







Como es lógico, la responsabilidad del Banco de España (BdE) en lo que está ocurriendo es particularmente relevante. Mientras el gobernador, Fernández Ordóñez, se dedica a explicar a Celestino Corbacho el problema del paro y las pensiones, el sistema de Cajas sigue con fiebre muy alta, con no pocas necesitadas de la extremaunción. El director del FROB, Julián Atienza, era hasta mediados de 2008 el máximo responsable de supervisión de las Cajas de Ahorro, y a él se imputan no pocas de las desdichas actuales. Con fama de tipo no muy trabajador, dejó que las Cajas crecieran sin tino y se metieran hasta las cachas en la burbuja inmobiliaria, sin establecer ningún control sobre la actuación de unos gestores que vivían en el mejor de los mundos. No tenían que responder ante unos accionistas que no tienen, ni ante un BdE que no cumplió con su obligación. Durante la etapa de Atienza, los inspectores que ejercían su labor con gran celo eran tachados de exagerados y acusados de desconocer “la nueva realidad del mercado”. En cambio, aquellos cuya actitud era más dócil lograban halagos a su “inteligencia financiera”, al tiempo que trepaban hacia destinos mejores.



El Banco de España desconoce la dimensión de la crisis



Lo descrito explica en parte la laxitud del gobernador Ordóñez a la hora de afrontar con determinación la reestructuración de las Cajas. En efecto, el relajamiento de la disciplina in vigilando, unido a la manga ancha utilizada a la hora de permitir a las instituciones de crédito trucos contables de todo tipo para disimular pérdidas, se ha traducido en algo que puede sonar muy fuerte pero que se acerca mucho a la realidad: el Banco de España desconoce la verdadera dimensión de la crisis que afecta a cajas y bancos, en particular a las primeras. El problema de relajar la función supervisora se traduce en que, al final, ni el propio supervisor sabe cuáles son los números correctos. En esa tesitura, lo mejor desde luego es echar balones fuera y teorizar sobre las causas del paro con el ministro Corbacho.



Renuente a afrontar un saneamiento drástico del sector, como sería su obligación, el BdE ha permitido, en cambio, la aparición de inventos como los Sistemas Institucionales de Protección (SIP), asunto que merece capítulo aparte. Estamos ante uno de los mayores fenómenos mediáticos de los últimos meses, al que ha contribuido activamente el miedo del regulador a los poderes autonómicos, empeñados en impedir las fusiones interregionales para no ceder poder y gabelas al tiempo. Lo que en principio constituye una mera entidad instrumental al servicio de un fin de carácter contable como es la consolidación de balances, ha pasado a presentarse como una “fusión fría o virtual” de entidades de crédito, preferentemente de Cajas de Ahorro y Rurales (Cooperativas de crédito). Nada más lejos de la verdadera naturaleza de una fusión.



De acuerdo con la circular 3/2008 del BdE, dos o más Cajas pueden consolidar sus balances mediante su participación en el capital de una sociedad constituida al efecto, a la que se dotará de un contenido mínimo que permita al supervisor considerarla una “unidad de decisión”. El necesario visto bueno del BdE ha fundamentado la opinión de que esa sociedad mercantil deba ser un Banco, dada, además, la imposibilidad legal de que sea una Caja, cosa no prevista en la LORCA. La disyuntiva, con todo, ha generado una notable polémica, movida entre otros por el propio presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, para quien la constitución de las SIP mediante un banco desnaturaliza las entidades y pone la primera piedra para la privatización de las Cajas, por lo que pide una reforma de la LORCA que posibilite estas integraciones a través de otra de carácter fundacional, opinión a la que se opone la mayoría de los capos de Cajas.



Maniobras para aplazar la solución del problema



Sorprendentemente, el verdadero quid de la cuestión -¿Cómo se logra que la entidad que sirve para unir las Cajas sea considerada una “unidad de decisión”?- no ha suscitado polémica alguna. Ser considerada como tal por el BdE exige cuando menos centralizar en la nueva sociedad las funciones nucleares de toda entidad de crédito, tal que la política de riesgos, comercial, liquidez/financiación y costes de explotación. Peros las Cajas hasta ahora involucradas en la creación de SIPs no pretenden centralizar nada, porque ni hay fusión efectiva, ni se obtiene reducción de la capacidad instalada, ni ahorro de costes, ni hay reestructuración que permita justificar la concesión de ayudas por el FROB. En definitiva, los SIP constituyen un artefacto ideado por los amos de las Cajas para facilitar el cumplimiento del coeficiente de solvencia por consolidación de sus balances, y garantizar con ello la pervivencia de su Caja en el mercado como ente diferenciado, al margen de los avatares políticos o financieros. Lo demás es un puro aderezo nominal.



Estamos, en suma, ante una maniobra para aplazar la verdadera solución del problema. Patada a seguir. En lugar de concentrar, se intenta mantener la fragmentación actual. Las “fusiones frías” no traerán otra cosa que luchas internas por el poder en cuanto desaparezcan las angustias actuales, luchas en las que tendrán papel destacado los políticos de las Comunidades involucradas en el proceso. Y todo eso ¿para qué? Para que esos políticos sigan teniendo su juguete, y un montón de mediocres continúen cobrando suntuosas dietas de los Consejos de Administración. ¿No es una broma hablar de “fusiones”, frías o calientes, entre entidades dispuestas a mantener intactos sus órganos de gobierno respectivos? Para colmo, esta semana se ha sabido que el Gobierno, con la anuencia del BdE, está dispuesto a cambiar la LORCA para permitir las “cajas de cajas” que reclama Quintás. A partir de ahora veremos florecer por todo el país CECAs varias. ¿Por qué conformarnos con una Caja si podemos tener una CECA…? La historia se repite: En España no se legisla para solucionar los problemas de los ciudadanos –la ausencia de crédito que sufren tantos empresarios-, sino para satisfacer la vanidad y el bolsillo de los políticos y los gestores de las entidades.