Pacto a seguir con atención.
El Pacto de Toledo se hace fuerte
Duro plan de ajuste ante el déficit y el desempleo disparados. En grandes titulares se anunciaban los nuevos planes elaborados por el Gobierno para hacer frente a la crisis, rápidamente calificados de volantazo o giro de 180 grados. Y con razón, pues anunciaban el fin de la elocuencia sostenida en la premisa de que aquí no hay crisis y, si la hay, vamos a salir de ella sin tocar ni un pelo a las políticas sociales. Las dos medidas estrellas del plan atacaban directamente al pulso de lo social: retraso de la edad de jubilación e incremento de años de cotización a la Seguridad Social para establecer la cuantía de las pensiones. Ambas posteriormente flanqueadas por el “donde dije digo, digo Diego”, damos marcha atrás, sopesamos otra vez la idea y dejamos actuar al órgano establecido a tal efecto: la Comisión del Pacto de Toledo que, con el calendario de movilizaciones sindicales sobre la mesa y la comparecencia del titular de Trabajo, Celestino Corbacho en el Congreso, ha empezado a analizar la propuesta del Ejecutivo, “para lograr el mayor consenso posible”, afirmaba durante la revuelta generada Elena Salgado mientras Mª Teresa Fernández de la Vega, repetía el mensaje: “queremos alcanzar un acuerdo cuanto antes”.
El Pacto se encarga desde 1995 de guardar la sostenibilidad del sistema y cada cinco años examina su funcionamiento. “La propuesta del Gobierno para alargar la vida laboral hasta los 67 años, la inquietud que la situación de la pirámide demográfica suscita y la crisis han sembrado sobre la viabilidad del sistema han vuelto a poner el foco sobre la Comisión, en la que hasta ahora ha capitaneado la unanimidad en la toma de decisiones”, explicaba en un reciente encuentro con los medios Tomás Burgos portavoz del PP en esta comisión parlamentaria.
Pero no falta quien sostiene que es una contradicción aumentar en dos años la edad de retiro cuando ni siquiera se cumple la edad legal de jubilación de 65 años actual, sino que, de media, los españoles dejamos nuestro puesto de trabajo a los 63 años pasados. Y esto ocurre por obra y gracia de las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones, herramientas utilizadas en extremo en las dos últimas décadas, por lo que el Gobierno ha planteado limitarlas en la propuesta sometida al Pacto de Toledo hace unos días y que también habrá de pasar por la mesa del diálogo social. Corbacho lo tiene claro: hacer fracasar lo que se ha convertido ya en costumbre, incluso en empresas con pingues beneficios. Se entenderá mejor si lo miramos desde la perspectiva del gasto. “No debemos olvidar que esta herramienta laboral, todavía sin regular, supone al más de 3.500 millones al INEM”, señala Burgos consciente de que en tiempos de crisis aumentan de ahí que se cuestione que sea el momento más eficaz para la reforma.
“Cabe recordar, no obstante”, señala el experto en demografía Juan Antonio Fernández Cordón, “que alargar la edad de jubilación es la línea perseguida en los últimos años por el Gobierno, con las bonificaciones implantadas para empresas y trabajadores que se retiren a partir de los 70 años (que no han dado los resultados esperados) y con medidas de retraso de la jubilación anticipada y la prejubilación, que han sido más eficaces, “y suponen la dirección en la que se quiere ir ahora”,
El texto planteado en un principio sufrirá muchos ajustes antes de que sea aprobado. Aun así, los datos que maneja el Ejecutivo son aplastantes: los casi 9 millones de pensionistas en 2009 pasarán a ser 15,3 millones en el año 2040, cifras en las que se contemplan además, viudas, huérfanos, incapacitados y demás beneficiarios de pensiones.
En este contexto, la mayoría de los españoles desconfía de la sostenibilidad del sistema de pensiones. “Y aunque parezca curioso no lo es porque, desde el principio se ha hecho público que el Pacto de Toledo ha tenido entre sus objetivos debatir y preparar las reformas que garanticen el futuro del sistema pese a los cambios demográficos que, también desde los últimos veinte años, se han percibido como irreversibles, es decir, lo que todos sabemos, que la población española envejece y cada vez habrá más pensionistas y de mayor edad”, dice Fernández Cordón. El debate sobre si se alarga o no la vida laboral tiene su origen en el mismo instante en que se pone en marcha el Pacto. Incluso cuando España vivía su mayor etapa de explosión económica, se hablaba ya entre sus miembros de la necesidad de revisar la edad de jubilación, bien incentivando la prolongación voluntaria de la vida laboral, bien aplazando la edad a la que podamos jubilarnos. Tanto el PP como el PSOE, de cuyas afiliaciones políticas han salido los últimos siete ministros de Trabajo, conocen sobradamente las estadísticas, las tendencias y las previsiones.
Todos ellos han tenido en su cabeza y también negro sobre blanco, en algún momento, las propuestas elaboradas por los expertos que apostaban por modificar el modelo.
Este es un debate con tablas, por tanto, las mismas que tiene ya en su haber la Comisión del Pacto de Toledo.
Ana Sáncez Arjona
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