martes, 2 de octubre de 2018

Al cocer...mengua!

España y Cataluña sobreviven al 'procés': "El daño en el PIB, limitado"

La causa independentista no ha calado en Europa por la apagada reacción al 1-O
 |  |  
Virginia Mora
Bolsamania | 02 oct, 2018  06:00
catalu aindependencia
Un año después del referéndum del 1-O, la crisis catalana sigue abierta y tiene pocos visos de cerrarse. Al menos en el corto plazo. Así lo creen los expertos, que apuntan no obstante que el 'procés' apenas ha afectado a la economía española, y tampoco a la catalana. "El daño económico ha sido muy limitado", por lo que el PIB debería registrar otro año de "fuerte crecimiento".
Así lo aseguran los analistas de Oxford Economics. "Hay pocas pruebas concluyentes de que se hayan producido daños significativos y duraderos", dicen en un informe que han elaborado para analizar lo que ha ocurrido en este último año, desde la votación que tuvo lugar en Cataluña. Según explican, las economías catalana y española "han conseguido resistir al aumento de las tensiones políticas con desaceleraciones muy graduales, y deberían disfrutar de otro año de fuerte crecimiento".
Las economías catalana y española "han conseguido resistir al aumento de las tensiones políticas y deberían disfrutar de otro año de fuerte crecimiento"
"Es difícil encontrar cicatrices obvias de la crisis política cuando se observan las cifras del PIB", pese a los mensajes de alerta que se habían lanzado (la economía catalana representa cerca del 20% del PIB de España), insiste esta firma, que reconoce que Cataluña sufrió a finales de 2017 y que la ralentización del crecimiento de la economía española sigue la tendencia de los últimos años y que no ha sido provocada por el 'procés'. Es una consecuencia, más bien, del "debilitamiento de la economía mundial", remarca Oxford Economics.
Además, sobre la marcha de las empresas de Cataluña por el órdago independentista, esta firma asegura que es un hecho, aunque también deja claro que "pasará algún tiempo antes de que podamos ver si ha habido algún daño duradero". Lo que sí parece claro, dicen estos analistas, es que "no parece que las empresas hayan abandonado Cataluña como destino de inversión".
CONFLICTO DE "BAJA INTENSIDAD"
Esta firma cree que el 'procés' acabará fracasando y asegura que se trata de un conflicto de "baja intensidad" que "continuará durante muchos años", aunque "no representa un riesgo sistémico" para la economía española. "Cataluña no va a convertirse en un Estado independiente en un futuro cercano", dice Oxford Economics, que señala que pese al cambio de Gobierno "el acuerdo no está más cerca que hace un año".
Ni siquiera la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa ha servido para mitigar la tensión, dado que ambas partes, Estado e independentistas, mantienen su postura y no se han movido un ápice de ella. Pese a ello, esta firma descarta el contagio porque la cuestión catalana se ha reducido a algo "puramente interno". "El hecho de que los mercados de bonos se encogieran de hombros ante una crisis política tan grave ha sido una de los más importantes indicadores del alza de la economía española", dice Oxford Economics, que dice que "esto eliminó la posibilidad de contagio a otras economías periféricas" de la Eurozona
"La crisis política catalana no tendría ningún efecto en la zona del euro en su conjunto y se reduciría a una cuestión puramente doméstica", insisten los analistas de esta casa, que creen que la única salida al conflicto catalán es "revisar la relación fiscal entre Cataluña y el Estado". "El modelo obvio sería el del País Vasco, que goza de un régimen fiscal especial que le confiere una autonomía fiscal casi total", pero ese camino está "plagado de obstáculos" tanto políticos como económicos".
En concreto, Oxford Economics se refiere al hecho de que los costes políticos para Sánchez "serían enormes" y además "no está claro que las finanzas españolas puedan soportar la carga de un acuerdo de este tipo", dado el tamaño de la economía catalana y el impacto que esto tendría en la financiación de otras regiones, que "seguramente se opondrían al acuerdo". A su juicio, hay "muy pocas probabilidades" de que se alcance un acuerdo que rebaje las tensiones.

lunes, 1 de octubre de 2018

Manualillos de Inversión ( 1 )

Valores de la Bolsa rezagados que pueden escalar más del 40%

Tres compañías de pequeña capitalización son de los más castigados en 2018, con caídas superiores al 28%. No obstante, tienen bazas para remontar el vuelo, según la mayoría de los analistas.
La Bolsa española está de capa caída este ejercicio. Penalizada por las tensiones internacionales, resta cerca del 6%. En este escenario, 15 valores del Índice General acumulan descensos superiores al 25%.
En el grupo de los más rezagados pueden encontrarse buenas oportunidades de inversión. Tres de estas empresas (Pharma Mar, Atresmedia y Prosegur Cash) cuentan con el apoyo de la mayoría de los analistas (al menos el 83% aconseja comprar o mantener sus acciones), que prevén que remonten el vuelo con subidas de hasta el 55%.
Pese a ello, los expertos recuerdan que la baja liquidez de estas compañías y su pequeña capitalización favorecen sus movimientos bruscos en Bolsa, tanto al alza como a la baja. Por ello, creen que solo son aptos para inversores con un perfil de riesgo elevado.
Varios motivos podrían permitir la recuperación de estas compañías:

Los avances de Pharma Mar en el exterior inyectan confianza

La farmacéutica es el décimo valor más castigado de la Bolsa española, al acumular un descenso del 37,5% en 2018. Su penalización se ha acentuado en las últimas semanas, ya que desde el 23 de agosto resta un 10%.
Estos números rojos anuales se unen al descenso del 8% que registró el ejercicio pasado. El anuncio de que ampliará capital para cotizar en Estados Unidos presionó su cotización a la baja, según los expertos, que opinan que su castigo ha sido excesivo.
Pese a este factor y a que su negocio no termina de remontar (ha registrado pérdidas los dos últimos años), los analistas confían en que los fármacos en los que está trabajando den alegrías en el medio plazo. Por ello, recomiendan estar en el valor pensando en un periodo de tiempo amplio. Así lo piensa el 83% de las firmas de inversión, que aconseja tener el valor en cartera.
"PharmaMar continúa con su proceso de expansión, adentrándose en nuevos nichos de mercado como es el caso de la apertura de una segunda vía de tratamientos para el cáncer de pulmón, lo cual hará mejorar los beneficios", asegura Antonio Sales, de XTB.
De media, el consenso consultado por Bloomberg otorga un precio objetivo al valor de 2,35 euros, lo que supone darle un potencial alcista del 55% a 12 meses.

Atresmedia, lastrado por el auge de las nuevas televisiones

Atresmedia ha sucumbido a las dudas que acompañan al sector sobre el futuro del mercado publicitario en las televisiones tradicionales debido al auge de las plataformas de Internet. Con ello, el valor pierde más del 28% en el ejercicio y cotiza en su nivel más bajo desde julio de 2013, en torno a los 5,3 euros.
Para Sabadell, "el principal problema a corto plazo es la volatilidad del mercado por la poca visibilidad y el comportamiento poco predictivo de los anunciantes". Pero en su opinión, los niveles actuales en los que cotiza la compañía presentan una oportunidad.
El banco le da un precio objetivo de 7,9 euros y mantiene su recomendación de comprar porque considera que está cotizando riesgos de largo plazo, y los inversores estánpasando por alto la capacidad de generación de caja del grupo.
Felipe López-Gálvez, analista de Self Bank, también cree que el valor está cotizando a precios de derribo. "El castigo ha sido excesivo y con un PER (relación precio/beneficio por acción) de menos de 10 veces puede ser un valor atractivo", comenta. El 89% de las firmas está de acuerdo con él y aconseja comprar o mantener sus títulos en cartera. De media, le dan un precio objetivo de 7,99 euros, una valoración un 50% superior a sus niveles actuales.

Prosegur Cash penalizado por su posición en Latinoamérica

La filial de gestión de efectivo del grupo Prosegur se ha visto muy penalizada en Bolsa por la depreciación de las divisas emergentes: "Argentina supone un 35% del total del EBIT del grupo y Brasil cuenta con peso similar en su cuenta de resultados, con la incertidumbre del resultado en las elecciones la semana que vienen", explica César Sánchez-Grande, de Ahorro Corporación.
En este contexto, el valor tocó mínimos históricos el pasado 12 de septiembre en 1,87 euros. Desde ese día, ha recuperado terreno y avanza un 8%. No obstante, acumula unretroceso del 33% en 2018.
Para López-Gálvez, "a poco que el efecto divisa acompañe, podríamos ver un rebote de una empresa que ha pasado a cotizar a un PER muy atractivo, de 12 veces".
Citi también confía en la buena marcha de Prosegur Cash, a la que da un precio objetivo de 2,25 euros. Es decir, piensa que podría subir casi un 20% desde los niveles actuales. Para el banco de inversión, el valor es una oportunidad por las ratios a las que cotiza y destaca la buena marcha de su negocio en Europa. En su opinión, su presencia en Francia impulsará la recuperación de volumen el próximo año y mira con buenos ojos el negocio en Alemania, que representa el 12% de las ventas.
Con todo, Prosegur Cash no tiene ninguna recomendación de venta por parte de los analistas. El 83% cree que hay que comprar los títulos y el 17%, mantenerlos en cartera. De media, esperan que suba hasta los 2,67 euros, un 45% por encima de su precio actual.

El Fango de Gabino y Caunedo....sigue!

El Ayuntamiento de Oviedo se enfrenta al pago de hasta 12 millones en cotizaciones a sus trabajadores

Una mujer en El Asturcón, cuya entrada estaba controlada por trabajadores de colaboración social. / M. R.
Una mujer en El Asturcón, cuya entrada estaba controlada por trabajadores de colaboración social. / M. R.

Empleados de colaboración social reclaman que el Consistorio cotice por todos los años contratados de forma fraudulenta

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.
El Ayuntamiento se enfrenta a una nueva ronda de pleitos de los antiguos trabajadores de colaboración social que podrían acabar causando un agujero de cerca de doce millones de euros a sumar a los cuatro que ha ido abonando a los setenta y ocho empleados a los que tuvo que asumir dentro de la plantilla municipal tras la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de enero de este año.
Hasta catorce de los antiguos trabajadores de colaboración social han presentado reclamaciones ante el Consistorio para que este les compense «las cuotas (a la Seguridad Social) dejadas de abonar» por el Ayuntamiento durante todos los años que estuvieron trabajando en 'fraude' para la casa, en algunos caso hasta dos décadas. Parte de las reclamaciones ya están en los juzgados y una decena continúa en la vía administrativa. Solo en uno de los pleitos, el trabajador reclama el abono de 157.130 euros por la diferencia de cotizaciones. Si los setenta y ocho demandan, más de doce millones de euros.
El problema, es cierto, viene de lejos. El Ayuntamiento llegó a sumar, en 2008, casi 280 trabajadores de colaboración social. Estos eran parados con subsidio a los que, según una ley del primer gobierno de Felipe González, la administración podía llamar a trabajar para fines de interés social a cambio de completarles los ingresos hasta su última base de cotización.
La cifra se fue reduciendo en los últimos gobiernos del PP. En especial, a partir de que el Supremo señalase la ilegalidad de usar esta fórmula para cubrir puestos estructurales en 2013. Se optó por no cubrir las jubilaciones o licitar un contrato de servicio para dotarse de ordenanzas. Aún así, cuando Wenceslao López tomó posesión como alcalde había 136 trabajadores en esta situación y, encima de la mesa, las primeras demandas impulsadas desde el sindicato CSI.
Las primeras sentencias, favorables a los trabajadores, aceleraron el proceso y animaron a muchos más. El fallo, en realidad, facilita su asimilación porque antes ya la pifió el Ayuntamiento. El equipo de gobierno actual renovó de un plumazo y por acuerdo de la junta de gobierno a todo el colectivo. Lo hizo con un informe de la entonces directora general de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, que sostenía que se había producido «una suerte de ilegalidad «sobrevenida», al modificarse la doctrina del Supremo» sobre estos contratos. Indicaba que «la no prórroga de sus contratos supondría un grave perjuicio» y «una paralización del funcionamiento de los servicios municipales», con lo que los reconocía como estructurales, y concluía «que el interés público prima», sobre «la ilegalidad en que se pueda incurrir». El argumento de que el interés del Ayuntamiento «prima» sobre la legalidad -no puede sorprender- no triunfó en los tribunales.
Más teniendo en cuenta que, como señalaba el TSJA, el Consistorio tampoco ha hecho los deberes: «No acredita tampoco por otro lado que haya iniciado realmente procedimiento alguno tendente a la provisión» de las plazas, tal y como proponía Ibaseta en su informe. Desde entonces se han ido produciendo nuevas sentencias y más trabajadores de colaboración social han entrado en la plantilla.
Los datos no son fáciles de recopilar. Algunos trabajadores han optado por no demandar por cuestiones personales y en algún caso han fallecido, pero 78 de ellos lo hicieron casi en bloque y, a partir de enero se fueron incorporando a la plantilla tras el fallo del TSJA. A todos les corresponde el abono de las diferencias salariales de un año entre lo que cobraban y lo que percibe un trabajador de plantilla con las mismas funciones, más los intereses legales. También, a ponerse al día con la Seguridad Social y satisfacer las cuotas correspondientes a los últimos cinco años.
Las nuevas demandas no se paran ahí. Las pensiones de este colectivo, sostienen, se han visto seriamente perjudicadas porque el Ayuntamiento apenas cotizaba por ellos -en algunos casos, apenas 38 euros al año- con lo que la prestación se ha resentido al alcanzar la edad de jubilación.

Un asunto espinoso

El asunto tiene miga, pero Abogacía no lo debe de ver muy claro. En julio, ordenó contratar a Domingo Villaamil Gómez de la Torre la defensa de los intereses municipales en los «tres primeros litigios que se plateen ante cada uno de los juzgados de lo Social de Oviedo y el ulterior recurso de súplica en caso de ser desfavorables», según reza el informe de la letrada municipal Lourdes Morate. Gómez de la Torre es buen fichaje, es uno de los mayores expertos en la materia de la región, pero el asunto es espinoso.
El abogado no solo tendrá que defender al Ayuntamiento, primero tendrá que hacer un informe en el que examine si el Consistorio «es responsable de la prestación reclamada» y si estas están bien calculadas. «En caso de que la respuesta fuera afirmativa», añade el informe, deberá «plantear argumentos para minorar dicha responsabilidad» y aquí entra «valorar la posible responsabilidad solidaria de otras administraciones o entes públicos -cita al INSS y al Servicio de Empleo, «que autorizó dichas contrataciones»- y si se puede minorar la cifra, teniendo en cuenta que el cambio de criterio del Supremo se produjo en 2013.