El Ayuntamiento de Oviedo se enfrenta al pago de hasta 12 millones en cotizaciones a sus trabajadores
Empleados de colaboración social reclaman que el Consistorio cotice por todos los años contratados de forma fraudulenta
El Ayuntamiento se enfrenta a una nueva ronda de pleitos de los antiguos trabajadores de colaboración social que podrían acabar causando un agujero de cerca de doce millones de euros a sumar a los cuatro que ha ido abonando a los setenta y ocho empleados a los que tuvo que asumir dentro de la plantilla municipal tras la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de enero de este año.
Hasta catorce de los antiguos trabajadores de colaboración social han presentado reclamaciones ante el Consistorio para que este les compense «las cuotas (a la Seguridad Social) dejadas de abonar» por el Ayuntamiento durante todos los años que estuvieron trabajando en 'fraude' para la casa, en algunos caso hasta dos décadas. Parte de las reclamaciones ya están en los juzgados y una decena continúa en la vía administrativa. Solo en uno de los pleitos, el trabajador reclama el abono de 157.130 euros por la diferencia de cotizaciones. Si los setenta y ocho demandan, más de doce millones de euros.
El problema, es cierto, viene de lejos. El Ayuntamiento llegó a sumar, en 2008, casi 280 trabajadores de colaboración social. Estos eran parados con subsidio a los que, según una ley del primer gobierno de Felipe González, la administración podía llamar a trabajar para fines de interés social a cambio de completarles los ingresos hasta su última base de cotización.
La cifra se fue reduciendo en los últimos gobiernos del PP. En especial, a partir de que el Supremo señalase la ilegalidad de usar esta fórmula para cubrir puestos estructurales en 2013. Se optó por no cubrir las jubilaciones o licitar un contrato de servicio para dotarse de ordenanzas. Aún así, cuando Wenceslao López tomó posesión como alcalde había 136 trabajadores en esta situación y, encima de la mesa, las primeras demandas impulsadas desde el sindicato CSI.
Las primeras sentencias, favorables a los trabajadores, aceleraron el proceso y animaron a muchos más. El fallo, en realidad, facilita su asimilación porque antes ya la pifió el Ayuntamiento. El equipo de gobierno actual renovó de un plumazo y por acuerdo de la junta de gobierno a todo el colectivo. Lo hizo con un informe de la entonces directora general de Asesoría Jurídica, Patricia Ibaseta, que sostenía que se había producido «una suerte de ilegalidad «sobrevenida», al modificarse la doctrina del Supremo» sobre estos contratos. Indicaba que «la no prórroga de sus contratos supondría un grave perjuicio» y «una paralización del funcionamiento de los servicios municipales», con lo que los reconocía como estructurales, y concluía «que el interés público prima», sobre «la ilegalidad en que se pueda incurrir». El argumento de que el interés del Ayuntamiento «prima» sobre la legalidad -no puede sorprender- no triunfó en los tribunales.
Más teniendo en cuenta que, como señalaba el TSJA, el Consistorio tampoco ha hecho los deberes: «No acredita tampoco por otro lado que haya iniciado realmente procedimiento alguno tendente a la provisión» de las plazas, tal y como proponía Ibaseta en su informe. Desde entonces se han ido produciendo nuevas sentencias y más trabajadores de colaboración social han entrado en la plantilla.
Los datos no son fáciles de recopilar. Algunos trabajadores han optado por no demandar por cuestiones personales y en algún caso han fallecido, pero 78 de ellos lo hicieron casi en bloque y, a partir de enero se fueron incorporando a la plantilla tras el fallo del TSJA. A todos les corresponde el abono de las diferencias salariales de un año entre lo que cobraban y lo que percibe un trabajador de plantilla con las mismas funciones, más los intereses legales. También, a ponerse al día con la Seguridad Social y satisfacer las cuotas correspondientes a los últimos cinco años.
Las nuevas demandas no se paran ahí. Las pensiones de este colectivo, sostienen, se han visto seriamente perjudicadas porque el Ayuntamiento apenas cotizaba por ellos -en algunos casos, apenas 38 euros al año- con lo que la prestación se ha resentido al alcanzar la edad de jubilación.
Un asunto espinoso
El asunto tiene miga, pero Abogacía no lo debe de ver muy claro. En julio, ordenó contratar a Domingo Villaamil Gómez de la Torre la defensa de los intereses municipales en los «tres primeros litigios que se plateen ante cada uno de los juzgados de lo Social de Oviedo y el ulterior recurso de súplica en caso de ser desfavorables», según reza el informe de la letrada municipal Lourdes Morate. Gómez de la Torre es buen fichaje, es uno de los mayores expertos en la materia de la región, pero el asunto es espinoso.
El abogado no solo tendrá que defender al Ayuntamiento, primero tendrá que hacer un informe en el que examine si el Consistorio «es responsable de la prestación reclamada» y si estas están bien calculadas. «En caso de que la respuesta fuera afirmativa», añade el informe, deberá «plantear argumentos para minorar dicha responsabilidad» y aquí entra «valorar la posible responsabilidad solidaria de otras administraciones o entes públicos -cita al INSS y al Servicio de Empleo, «que autorizó dichas contrataciones»- y si se puede minorar la cifra, teniendo en cuenta que el cambio de criterio del Supremo se produjo en 2013.
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