La resolución que hace recaer en las entidades el abono de los impuestos derivados de la constitución de las hipotecas y que provocó a partir de este jueves el pánico de la banca, ha generado una situación sin precedentes en el Tribunal Supremo cuyo presidente de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez Picazo, se ha visto obligado a convocar, de forma urgente y fuera de lo habitual, un pleno de su Sala con el fin de desactivar las consecuencias de un cambio de criterio que pocos entienden en el alto tribunal y que deja a millones de clientes de los bancos con sus créditos en el aire y una enorme decepción.
La decisión cayó como una bomba en las entidades españolas y fue adoptada por cinco jueces de los 31 que forman la Sala, la misma que hasta este momento había determinado justo lo contrario con el aval posterior del Tribunal Constitucional. Sembró el desconcierto entre compañeros no solo de la Tercera, sino también de la Sala Civil que asistieron incrédulos al brusco cambio de rumbo sobre la que ya existía jurisprudencia asentada. También en el propio presidente que desconocía, según las fuentes consultadas, tanto el sentido de la sentencia como que iba a notificarse ayer.
El cabreo levantado ha sido tan monumental que forzó a Díez Picazo a emplear un recurso nunca antes utilizado que servirá, en definitiva, para apagar el incendio provocado, con fuertes caídas en la bolsa incluidas y una previsión de desembolso millonaria. Fuentes jurídicas consultadas dan por hecho que esa reunión rectificará la decisión adoptada por la Sección Segunda y fijará de forma definitiva el camino a seguir. La sentencia dictada no puede ya modificarse pero quedará, previsiblemente, como una simple discrepancia sin efectos reales para los hipotecados. El único beneficiado será el recurrente, es decir, la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid.
Las voces contra el 'volantazo' de la Sección Segunda comenzaron a arreciar a lo largo del jueves. No solo cuestionaban el sentido de la resolución, incomprensible para muchos. Numerosos magistrados no lograban entender por qué un asunto de tan evidente relevancia se dejó en manos de solo una Sección en lugar de elevarse directamente a pleno. El nuevo criterio no solo es contrario a pronunciamientos reiterados de la jurisdicción civil, sino también a los que han venido dictándose desde lo Contencioso-Administrativo que, en un debate permanente que ya viene de antiguo, siempre acabó resolviendo la cuestión dejando recaer la responsabilidad de asumir el impuesto al hipotecado.
La intervención tardía del presidente Díez Picazo evidenció que estas críticas tenían fundamento. Convocó de urgencia, ya con la tormenta encima, a los 31 magistrados que integran la Sala que tendrán ahora que pronunciarse sobre si apoyan el cambio o, más probablemente, hacen todo lo contrario. La propia nota del presidente deja poco espacio a la duda. Convoca esta deliberación masiva a la vista de un fallo que "supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado" y también menciona expresamente "la enorme repercusión económica y social" del tema. La decisión tiene, en todo caso, encaje legal ya que, como presidente de toda la Sala, Díez Picazo preside también cada una de las secciones.
¿Para cuándo?
Según las fuentes consultadas, y pese al carácter urgente de este pleno, no es probable que la deliberación se celebre hasta que transcurran al menos semanas, ya entrado el mes de noviembre. Esto se debe a la necesidad de dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación que estaban pendientes sobre esta misma cuestión, lo que requiere notificar a los recurrentes y aplazar actos ya previstos. Solo después de esto, el pleno podrá asumir el conocimiento para decidir "si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado".
Este hecho provocará, inevitablemente, un vacío absoluto en los próximos días y millones de clientes con sus créditos en duda. La falta de criterio tiene consecuencias imprevisibles para los bancos que tendrán que elegir si atienden la sentencia o siguen actuando como siempre han hecho confiando en que el pleno devuelva las aguas a su cauce. Es evidente que también cae como un jarro de agua fría sobre los usuarios de la banca que, hasta hace unas horas, daban por hecho que se libraban de abonar esta cantidad. Muchas firmas para la compra de viviendas quedarán congeladas hasta que se compruebe de qué lado cae la decisión final. Lo mismo sucederá con sentencias pendientes de dictarse en los tribunales contenciosos de toda España.
Además, la actuación de los jueces de la Sección responsable del fallo que descargaba a los clientes ha atraído el malestar de muchos, dicen las fuentes citadas, ya que han liderado una acción con evidente buena acogida social general. "¿A quien no le parece bien que te quiten gastos y poder recuperar los ya efectuados?", se pregunta una de las personas consultadas que pone de manifiesto que su resolución ha dado a entender que lo aplicado hasta el momento era, no solo impopular, si no también incorrecto.
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