Los revolcones judiciales le han costado 2.200 millones a la banca
La dilatación de los procesos ha evitado que se eleve la factura por las cláusulas suelo, los gastos iniciales y ahora los impuestos
Cuando los bancos aún no habían acabado de quitarse de encima el estigma social y el peso económico que han tenido que soportar por el conflicto de las cláusulas suelo, el Tribunal Supremo ha abierto una nueva compuerta que puede supone un coste millonario si finalmente las entidades financieras tienen que asumir el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD); y, sobre todo, si se establece una retroactividad que el sector insiste en negar.
Aunque desde los bancos descartan esta situación extrema, el futuro es tan impredecible que no se puede descartar ninguna posibilidad. Ningún grupo financiero pudo prever que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableciera la retroactividad de las cláusulas suelo en 2016, y ya llevan casi dos años abonando muchos de esos importes; negociando con los clientes, en otros tantos; o pleiteando en los juzgados por una cuestión que no termina de cerrarse por completo.
La hipoteca, el producto por antonomasia del sistema financiero, se ha convertido en un problema de calado para el sector por la forma de comercializarlas en su momento -sobre todo en los años del 'boom' inmobiliario, cuando se llegaban a formalizar un millón de préstamos para vivienda al año-, cuando se dejó de prestar atención a determinadas actuaciones que ahora se han vuelto contra las entidades.
CIFRAS DEL CONFLICTO
- 97%
- de los casos que llegan a los tribunales especiales de cláusulas suelo son favorables al cliente.
- 25%
- de las demandas presentadas por gastos iniciales se han resuelto de las 250.000 iniciadas.
- 400.000
- familias han conseguido que su banco les devuelva las cláusulas suelo del millón que lo solicitaron.
La dispersión de casos de afectados es de tal magnitud que, hasta ahora, solo hay una cifra cierta del coste que le ha puesto al sector el conflicto en torno a las escrituras: 2.200 millones de euros. Esa es la cuantía que la banca ha reintegrado a los clientes afectados por las cláusulas suelos a través del mecanismo extrajudicial implantado por el Gobierno a principios del año pasado, y que todavía está en vigor.
Esa cifra supone haber devuelto lo cobrado de más por la limitación de intereses a unas 400.000 familias, del millón de clientes que llegaron a reclamar esas cantidades. De hecho, las estimaciones del Banco de España indicaban que el coste máximo para la banca por esta cuestión, si tuviera que devolver el dinero a todos los hipotecados, alcanzaría los 4.000 millones de euros.
Es solo una parte de la factura derivada de los palos judiciales que la banca lleva recibiendo durante toda la crisis y parte de la recuperación económica. El último susto -a la espera del criterio final que determine el alto tribunal el próximo día 5- se llama Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Una figura que las entidades nunca se plantearon que pudieran provocarle un problema. Algunas estimaciones apuntan que si tuvieran que abonar a los clientes lo que han pagado por las hipotecas que están en vigor a través de este impuesto, el coste ascendería a 12.000 millones de euros. Sin embargo, el presidente de la AEB, José María Roldán, cree que este tipo de cambios «no tiene efectos retroactivos, por tanto no tiene impacto sobre los bancos, sino que tendría impacto de cara al futuro sobre el mercado de las hipotecas y las condiciones en que se dan».
Un goteo que no cesa
El problema para el sector es que, a medida que pasa el tiempo, los tribunales van dando la razón a los clientes al considerar que existen cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios, donde la fuerza de la banca fue mucho mayor que la del cliente. Y a partir de ahí, se suceden los casos de reclamaciones. Para Manuel Pardos, presidente de Adicae, la cuestión del AJD «no es tributaria, sino que se trata de un problema contractual» de la escritura.
Pardos explica que la actuación de la banca con los suelos, los gastos, las multidivisas o con el impuesto, si así lo dicta el Supremo, pasa por «intentar convencer al cliente» para que no demande, en su caso, o que acepte la solución que le ofrece la entidad. «Se están quitando de encima el 50% de las quejas consiguiendo que los clientes se plieguen a ofertas como rebajar los tipos de interés», indica Pardo.
Los juzgados para resolver los casos de limitación de intereses, cuando el euríbor bajaba hasta mínimos del 0%, no para de crecer. La bolsa de asuntos pendientes supera los 178.800 casos, según la última estimación del Consejo General del Poder Judicial. Y un 97,6% de los fallos han sido siempre a favor del hipotecado. Por ahora, se encuentra prorrogado hasta final de año el plan de urgencia para hacer frente a las demandas por las cláusulas suelo.
Aún están pendientes de que asciendan jurídicamente otros conflictos, como el de los gastos hipotecarios, la matriz del problema por el AJD. Para este conflicto ya hay presentadas más de 250.000 demandas -muchas individuales y otras tantas colectivas a través de organizaciones-, de las que solo se han resuelto una cuarta parte, también casi siempre a favor del cliente.
Para evitar un nuevo colapso de los tribunales, el Gobierno estudia la posibilidad de establecer sanciones a la banca cuando recurra de mala fe a la Justicia para eternizar los conflictos. El sector se muestra sorprendido al considerar que son los menos beneficiados en alargar los procesos por las costas que conlleva. Pero los recursos se apuran, como lo haría cualquier parte implicada en un proceso judicial, hasta las últimas instancias.
Del Supremo depende ahora decidir quién pagará el AJD y, sobre todo, si se establece que esa responsabilidad fiscal también se extiende a los más de seis millones de hipotecas en vigor. Mientras tanto, las entidades siguen enfrentándose a una pila de demandas pendientes cuya resolución acumula nuevos supuestos que critican una actuación contraria a los intereses del consumidor hipotecado.
Más presión para que la ley defina cuál es el reparto de los gastos
A la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados también le ha pillado por sorpresa la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a pagar el impuesto de las hipotecas a la banca; y, sobre todo, su posterior «giro» jurisprudencial que ha dejado en entredicho esa postura para recapacitarla y determinar cuál es el criterio que va a definir el próximo día 5 de noviembre. Los diputados que la integran también están más que pendientes del criterio que establezca el alto tribunal. Porque el laberinto jurídico actual llega justo cuando estaban ultimando la redacción de la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario; una norma con la que España debe adaptar su legislación hipotecaria a los mandatos europeos, mucho más inclinados hacia la protección del consumidor de lo que venía estableciendo la normativa española hasta ahora.
Aunque las miradas de las organizaciones de consumidores, de la banca y de las esferas económicas se ciernen sobre el Pleno de la Sala Tercera del Supremo, al mismo tiempo miran a las Cortes donde se tramita la ley hipotecaria. Los diputados consultados por este diario tienen claro que de la redacción final de la norma tiene que salir un claro reparto de qué gasto debe asumir el banco y el cliente a la hora de escriturar un préstamo inmobiliario. Pero para definirlo esperarán a que el Supremo se pronuncie después del Puente de Todos los Santos. La presión se acentúa con el paso de los días porque los grupos parlamentarios no quieren aparecer como férreos defensores de los intereses de las entidades, pero tampoco quieren caer en la demagogia cuyos efectos económicos podrían ser perversos si afectan al funcionamiento del mercado hipotecario español
Evitar otra indefinición
Los grupos del PP, PSOE y Ciudadanos optan por que esos gastos iniciales (registro, notaría, impuestos, etc.) sean repartidos entre bancos y consumidores. Sin embargo, Podemos aspira a que sean las entidades las que asuman esas cuantías, tal y como dictaminan la mayor parte de los fallos de las demandas que llegan a los tribunales.
La voluntad del PSOE, el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, es la de «sumar a todos», tal y como apuntan desde el PSOE, a la hora de definir el texto que salga de la ponencia de la comisión. La actual redacción de la ley se limita a indicar que el reparto de los gastos debe reflejarse de forma transparente, pero no precisa qué partida se deriva a cada una de las partes en negociación. Esa indefinición es la que tantos problemas ha provocado en los últimos años, con la que el Congreso quiere acabar. La incertidumbre es tal que incluso no se descarta aclarar esta cuestión mediante el desarrollo reglamentario de la ley, y no incluirla en el articulado de la norma que finalmente se alumbre.
Desde Ciudadanos se considera que «es una cuestión básica para garantizar la seguridad jurídica y evitar situaciones futuras como la que estamos viviendo en este momento». Por su parte, desde Unidos Podemos alertan de otra cuestión que podría activar decenas de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria, actualmente paralizados a la espera de resolverse una consulta que el Supremo planteó en Estrasburgo sobre el vencimiento anticipado de las hipotecas (la posibilidad de ejecutarlas por impago).
El TJUE ha establecido criterios para considerar abusivas estas cláusulas y aclarar que su nulidad no depende de si el banco recurre a ella, sino por su mera existencia. Sin embargo, el proyecto de ley que se negocia es tan «confuso», indican en el grupo parlamentario, que podría dar lugar a la ejecución de esos contratos independientemente del criterio que aclare Europa.
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