Necesitan mano dura!

Hungría y Polonia se reafirman en el bloqueo a los fondos de recuperación Los dos mandatarios se reunieron este mismo jueves para escenificar su alianza Bolsamania 27 nov, 2020 08:01Actualizado: 08:11 Tiempo de lectura: 5min ep viktor orban primer ministro de hungriaViktor Orbán, primer ministro de Hungría. ZUCCHI/EUC / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo Los primeros ministros de Hungría y Polonia, Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki, respectivamente, escenificaron este jueves en una cumbre bilateral su determinación para vetar el próximo presupuesto de la Unión Europea y el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros si el resto de socios no ceden y retiran la condicionalidad de las ayudas al respeto al Estado de derecho. "Nuestro objetivo es evitar un mecanismo que no va a reforzar sino minar el Estado de derecho en la Unión Europea al rebajarlo a un instrumento político", dice la declaración conjunta publicada por estos dos países tras una cumbre bilateral y recogida por Europa Press. Noticia relacionada Leer más Hungría y Polonia ignoran las presiones del eurogrupo e insisten en su veto al fondo Los dos mandatarios se reunieron este mismo jueves para escenificar su alianza contra el acuerdo que sustentará el presupuesto europeo y que, aseguran, plantea problemas desde el punto de vista legal porque ignora otros instrumentos que ya existen en los Tratados de la UE para actuar en materia de Estado de derecho, como los artículos 2 y 7. A este argumento ya respondió la víspera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un debate ante el pleno del Parlamento europeo durante el que defendió el acuerdo que hay sobre la mesa porque fue avalado por los líderes de la UE el pasado julio y retó a Budapest y Varsovia a llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE en lugar de bloquearlo en su tramitación. La Eurocámara, por su parte, también se mantiene firme del lado de lo acordado y hace una semana que emplazó a los Veintisiete a completar la adopción del paquete económico para poder iniciar su ratificación "tan pronto como sea posible". "Los líderes del Parlamento europeo lamentan profundamente el retraso y recuerdan que el acuerdo alcanzado está cerrado y en ningún caso puede ser reabierto. No haremos más concesiones por nuestra parte", zanjaron con un comunicado los jefes de los grupos parlamentarios en la Conferencia de Presidentes del pasado jueves. Pese a ello, Orbán y Morawiecki sostienen que la situación de bloqueo no es su responsabilidad sino "de quienes establecen un vínculo" entre el presupuesto europeo para los próximos siete años y el respeto del Estado de derecho, porque, insisten, desde el inicio de las negociaciones avisaron de que no aceptarían tal condicionalidad. Además, argumentan que, tras las negociaciones entre los gobiernos europeos y la Eurocámara para cerrar el paquete con el marco financiero plurianual y el fondo de 750.000 millones de euros, "no está en conformidad" con lo que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea cerraron el pasado mes de julio. El paquete económico que cerraron en las negociaciones los 27 y la Eurocámara incluye el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2025, el pacto para establecer un mecanismo que vincule fondos europeos y Estado de derecho y la normativa que necesita la Comisión Europea para poder emitir la deuda con la que financiar el plan anticrisis. Hungría y Polonia rechazan del plano el sistema por el cual la UE podría suspender el pago de ayudas europeas a aquellos países que han violado los principios del Estado de derecho, pero no pueden bloquearla porque la adopción de esta norma depende de la mayoría cualificada. Sin embargo, conscientes de esta situación han optado por usar su poder de veto para poner en peligro los otros dos pilares, puesto que necesitan la unanimidad de todos los Estados miembros para salir adelante.

Biden y Latinoamérica...

Biden puede inspirar a Latinoamérica Una transformación de la agenda de Estados Unidos tendría un impacto importante en la región. Manifestantes en Caracas, Venezuela, salieron a las calles en enero de 2019.Credit...Reuters Jorge G. Castañeda Por Jorge G. Castañeda Es colaborador regular de The New York Times. 23 de noviembre de 2020 Read in English CIUDAD DE MÉXICO — La elección de Joe Biden impactará a Latinoamérica de varias maneras. Una de ellas será un cambio de tono. Otra será la política exterior per se, la cual, dada la asimetría entre Estados Unidos y el resto del hemisferio, siempre es significativa. Y mucho más hoy en día, en vista de la creciente necesidad de una estrategia multilateral para afrontar la pandemia de coronavirus. Pero quizá lo más importante será la inspiración, o la transmisión de ideas. Esto tiene precedentes históricos. A principio de los años treinta, después de la elección de Franklin Delano Roosevelt y el Nuevo Acuerdo, América Latina comenzó a tomar en cuenta los acontecimientos en Estados Unidos. Todo el mundo estaba sufriendo los efectos devastadores de la Gran Depresión: el desempleo galopante, el colapso de los precios de las materias primas y la crisis institucional. Golpes de Estado habían derribado gobiernos en Brasil y Argentina; después, cayeron regímenes autoritarios en Cuba y Chile. La región encontró inspiración en Washington. Políticos como Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Ramón Grau San Martín en Cuba, El Frente Popular y Pedro Aguirre Cerda en Chile, junto a otros, impulsaron estrategias similares al Nuevo Acuerdo, algunas más radicales que la propuesta de Franklin Delano Roosevelt y otras más moderadas. Ese “poder blando” estadounidense complementó la política del buen vecino. Pero en los años ochenta, la influencia de Estados Unidos se movió en la dirección contraria. En varios países de Latinoamérica, las crisis por la deuda externa y la elección de Ronald Reagan dieron paso a una “Reaganomía tropical”, o lo que vino a definirse como el Consenso de Washington o neoliberalismo. Carlos Salinas en México, Carlos Menem en Argentina, la dictadura de Pinochet en Chile; todos siguieron el ejemplo de Estados Unidos, la mayoría de las veces de manera más radical. Thanks for reading The Times. Subscribe to The Times Con Biden, una nueva respuesta a la pandemia y la subsecuente contracción económica, junto con un mayor impulso para reparar y ampliar la maltrecha red de seguridad social estadounidense, podrían provocar un cambio correspondiente en Latinoamérica. Editors’ Picks ‘I Was on My Sunset Walk When I Came Upon a Gorgeous Ballerina’ 12 Easy Recipes for a Thanksgiving Beginner The 10 Best Books Through Time ImageJoe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, este mes Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, este mesCredit...Ruth Fremson/The New York Times El acceso universal a la atención médica y el cuidado infantil, impuestos más altos a los ricos, aumentos del salario mínimo, las pensiones y las prestaciones por desempleo, educación superior pública y gratuita y reducir o mitigar el cambio climático son temas que ya se encuentran en la agenda latinoamericana. Las diferentes naciones seguirán cada una esta ruta a su manera: Chile con una nueva Constitución. Argentina mientras sale de otra crisis de deuda. Brasil con sus aumentos de las ayudas en efectivo, pero haciendo lo contrario en cuanto al cambio climático. México y Venezuela con respuestas todavía impredecibles. Pero si Biden logra implementar una transformación interna de Estados Unidos, esta tendrá un impacto enorme en América Latina. La falta de un mandato contundente de Biden y los probables resultados en el Senado estadounidense podrían frustrar la materialización de este escenario. Un sustituto mediocre sería el llamado “cambio de tono”. En vez de la “intimidación” de Trump, Biden restauraría una era de “respeto mutuo”, “responsabilidad compartida” y “voluntad de escuchar”. La región necesita inspiración y una política exterior de Washington, no lugares comunes ni eslóganes vacíos. Trump apaciguó a presidentes como Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, quienes lo consideraban un aliado. Biden debería —y seguramente lo hará— cambiar significativamente la política exterior estadounidense de cara a la región a pesar de lo que posiblemente será un Senado con mayoría republicana. Los temas más importantes para México, Centroamérica y el Caribe serán la inmigración y las políticas de asilo. El presidente de México aceptó cumplir de manera expedita las instrucciones de Trump de detener el flujo de migrantes provenientes de Centroamérica. Albergó a casi 80.000 solicitantes de asilo o inmigrantes de Centroamérica, Cuba, Haití y otras naciones en campamentos en condiciones miserables a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, su país sentirá un alivio cuando se elimine el Protocolo de Protección al Migrante o “Quédate en México”, como también se le conoce. Se espera que se deje de enviar a los menores no acompañados que cruzan la frontera a México o a sus países de origen sin antes tener una audiencia en Estados Unidos. Los solicitantes de asilo legítimos serán escuchados y sus casos serán procesados. Estados Unidos aceptará el creciente consenso internacional sobre la violencia criminal, la violencia interna en el país de origen y el cambio climático como motivos legítimos para solicitar asilo. Lo más importante es que Biden ha prometido enviar un proyecto de ley al Congreso con una “ruta hacia la ciudadanía” para los 11 millones de extranjeros indocumentados en Estados Unidos, gran parte de los cuales provienen de México, Centroamérica y el Caribe. También ha dicho que insistirá en la aprobación definitiva del proyecto de ley de los dreamers, impulsado por el gobierno de Barack Obama, que beneficiará a más de 700.000 jóvenes principalmente provenientes de México y Centroamérica con una ruta hacia la ciudadanía. Image Beneficiarios de DACA protestan frente a la Corte Suprema en Washington en noviembre de este año. Beneficiarios de DACA protestan frente a la Corte Suprema en Washington en noviembre de este año.Credit...Jim Watson/Agence France-Presse — Getty Images Si Biden cumple otra de sus promesas, una buena cantidad de recursos serán transferidos al Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por las naciones de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los 4000 millones de dólares que se destinarían a esos países superan los fondos que él mismo distribuyó durante el gobierno de Obama como director del plan Alianza para la Prosperidad. Estos recursos no detendrán la migración, mucho menos la violencia, pero la diferencia en el enfoque será evidente de manera inmediata. Del mismo modo, en la lucha antidrogas, incluso si Biden continúa la tradicional guerra contra el narcotráfico lejos de las fronteras de Estados Unidos, el anuncio de la legalización de la marihuana enviará un mensaje drásticamente distinto a todos los países productores o de tránsito de las drogas en América Latina. Un cambio tan radical a nivel federal en la política antidrogas estadounidense y en la actitud en torno al asunto generará inevitablemente discusiones y reformas en muchos lugares. La región continúa plagada de altos índices de violencia y corrupción relacionados directamente con la guerra que libra contra el narcotráfico a petición del gobierno estadounidense. En temas que también interesan a los países sudamericanos, y por supuesto al Caribe, todo parece indicar que Biden, si creemos en sus voceros de política exterior, buscará regresar a la normalización de las relaciones con Cuba del gobierno de Obama. Podría insistir un poco más que Obama en asuntos como los derechos humanos y la democracia, pero su principal objetivo será restaurar el turismo entre ambos países y los lazos políticos y financieros con La Habana. Sin embargo, también podría insistir en que Raúl Castro coopere con Washington y el resto de América Latina, particularmente con Colombia, para encontrar una solución a la dramática crisis en Venezuela. Esto último tal vez sea el asunto más delicado para Biden en Latinoamérica. Por un lado, todos los intentos de terminar con la dictadura de Nicolás Maduro han fallado. Por otro lado, la situación económica, social, política y humanitaria en Venezuela se deteriora día con día. Claramente, la única salida es la celebración de unas elecciones presidenciales libres, justas y supervisadas por el mundo entero, sin Maduro y con garantías para el chavismo y los cubanos beneficiados desde mucho tiempo atrás por la generosidad petrolera de Venezuela. Cada intento de sugerir esto en la mesa de negociaciones ha fracasado. Biden podría lograrlo. Tratar de incorporar a China, además de a Cuba, en las negociaciones y neutralizar el apoyo en declive por parte de Rusia, así como conseguir el apoyo de México y Argentina para una solución similar a la antes mencionada, podría funcionar. Una apuesta arriesgada, pero la única posible. Otra apuesta sería involucrar al presidente de Brasil, Bolsonaro, y convencerlo de modificar su postura respecto al cambio climático. Mientras que la Amazonía siga considerándose un asunto interno de Brasil y las compañías madereras y ganaderas sigan teniendo autorización para destruir la vegetación en la medida de sus necesidades, cualquier gestión estadounidense con una “mente conservacionista” estará enfrentada a Brasil. Esto requerirá de un gran esfuerzo diplomático. Biden probablemente termine con el amorío entre Trump y Bolsonaro, que no ha traído beneficio alguno a Brasil, a Estados Unidos ni a un mundo que necesita desesperadamente la protección de la Amazonía, su pulmón vegetal. Un tema igual de complejo que Biden tendrá que abordar, y con el que podría mejorar la calidad de vida de millones de latinoamericanos, es el de asegurar el cumplimiento de las disposiciones ambientales y laborales en los tratados de libre comercio con los países del hemisferio. El tratado con México es el más reciente y estricto, pero todos incluyen referencias a los derechos laborales y la protección del medioambiente. La cuestión siempre ha sido el cumplimiento. Biden tiene tanto el interés como la capacidad de seguir adelante con eso, en especial si los demócratas progresistas en el Congreso lo empujan en esa dirección. Biden inspira a América Latina porque defiende los valores que Estados Unidos debería representar: los derechos humanos, la democracia, la lucha contra la corrupción, la voluntad de mitigar el cambio climático. Además, porque es un presidente fundacional que pretende reconstruir un estado de bienestar estadounidense digno de ese nombre, otorgar a los millones de votantes de Biden y Trump socialmente marginados la red de seguridad social que se merecen. Y, finalmente, porque puede inspirar a los latinoamericanos que siempre han estado a favor del multilateralismo volviendo al multilateralismo, ya sea en las instituciones o en los valores. ¿Una transformación muy ambiciosa? Sí, pero América Latina no debería esperar menos. Jorge G. Castañeda es el autor de America Through Foreign Eyes. En sus columnas de opinión cubre la política y la cultura latinoamericanas y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

El Plan sin plan...

Urbanismo en Llanes: ¿cuál es el plan? El Gobierno que llegó enarbolando la bandera de un nuevo Plan General nos ha devuelto, cinco años después, al punto de inicio. PorDiego Ruiz de la Peña en 24 noviembre 2020 Foto: Turismo de Asturias. En el año 2015, una nueva corporación formada por cuatro partidos sin conexión ideológica y proyecto político compartido, asumió el Gobierno municipal con un único objetivo común: desalojar del poder al partido que había gobernado durante veintiocho años. Esta nueva corporación, sin un programa político homogéneo, sí tenía claro cuál sería su proyecto estrella a corto plazo: la elaboración de un nuevo Plan General. La necesidad de dar un giro al urbanismo llanisco, que detentaba la bochornosa distinción de contar con tres planeamientos anulados por la justicia, sí era (y es) un deseo compartido por muchos de nosotros, que defendemos un crecimiento sostenido, respetuoso con el medio, que proteja nuestros pueblos, que favorezca el acceso a la vivienda y que conserve nuestro patrimonio cultural, seña de identidad de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento ignore la legislación sectorial de patrimonio cultural (2001) y de urbanismo (2004)? Pero la noticia conocida, días atrás, del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que obliga al Ayuntamiento de Llanes a paralizar el proceso y dar marcha atrás en la tramitación del PGOU, ha supuesto un duro golpe para nuestro concejo por las implicaciones económicas, urbanísticas, medioambientales, sociales y culturales que tiene el planeamiento. En efecto, podemos decir que, junto con los presupuestos municipales, el planeamiento urbanístico es la norma más importante que puede promover un municipio. Por ello, resulta del todo incomprensible que esta corporación haya obviado, desde el primer momento, la elaboración de un documento fundamental para el planeamiento como es el Catálogo Urbanístico. Resulta incomprensible no solo porque así lo establece la ley sectorial, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (2004) que, en su artículo 93, establece la obligatoriedad de aprobar los catálogos urbanísticos “simultáneamente” con el planeamiento urbanístico durante su tramitación. Pero, para quien pueda no estar familiarizado con la normativa vigente (no debería ser este el caso de los técnicos de la Oficina Municipal ni de la concejala de Urbanismo), la necesidad de realizar un catálogo en paralelo se entiende fácilmente cuando sabemos que, dicho documento, establece una serie de determinaciones que, en caso de contradicción, prevalecen sobre el propio planeamiento. La idea es sencilla: en el territorio existen una serie de bienes inmuebles que, por su valor cultural, deben ser conservados e integrados en la ordenación y desarrollo urbanísticos. Dicho esto, ¿Cómo es posible que un ayuntamiento ignore la legislación sectorial de patrimonio cultural (2001) y de urbanismo (2004)?

Créese!!!

«Ahora mismo no hay un paraguas jurídico para una vacunación obligatoria» Miguel Ángel Presno Linera, profesor de Derecho Constitucional es uno de los once miembros de Comité Asesor de la Covid 19 en Asturias durante la segunda oleada de la pandemia Miguel Ángel Presno L. ORDÓÑEZ 26/11/2020 05:00 H Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno Linera es uno de los once miembros del Comité Asesor y de Seguimiento de la covid-19 en Asturias. En un contexto difícil de la segunda ola de la pandemia, las cuestiones jurídicas han llegado a cobrar casi tanto protagonismo como las sanitarias, en particular las que atañen a las restricciones a la movilidad de los ciudadanos y también al cese de varias actividades económicas. Presno Linera destaca que España tuvo que contener una pandemia del siglo XXI con normativas de la centuria anterior, cuando no se imaginaba una enfermedad como esta y también alerta de que desde la primavera se ha hecho poco trabajo desde el poder legislativo para actualizar la normativa. -Ya se han celebrado las primeras reuniones del comité ¿cómo han ido?-En principio, aunque no estaba predeterminado así, estamos haciendo una reunión semanal. La primera fue de presentación para conocernos un poco quiénes estábamos allí y como además hay bastante gente que es de fuera, Rafa Cofiño (el director general de Salud Pública) explicó la situación epidemiológica de Asturias y las medidas que se han ido adoptando desde el principio. En la segunda sesión ya empezamos a debatir temas más inmediatos y propuestas concretas que se podrían hacer a la Consejería. Lo interesante del grupo es que da una perspectiva diversa en distintas materias aunque predominan las sanitarias y, además de esa pluralidad de puntos de vista, hay una pluralidad geográfica y la gente conoce lo que se ha ido haciendo en otras comunidades autónomas. Ahora estamos en la fase de elaboración del primer informe en el que se plantearían propuestas concretas, en principio, a corto o medio plazo y si la situación mejora, otras medidas a largo plazo. Las más cercanas son, por ejemplo, la cuestión del pequeño comercio porque, aparentemente, no hay datos que hagan sospechar que un número reducido de personas en un espacio durante poco tiempo puedan ser un foco de contagio. Y, de hecho, ya hay pequeño comercio que está abierto. En el aspecto jurídico, yo he ido insistiendo en que la comunidad autónoma tiene un margen de actuación limitado, que es el que le ha puesto el propio Gobierno central y el Congreso con el estado de alarma. No podemos ni aumentar la limitación de la circulación nocturna, no se puede rebajar por debajo de las diez de la noche; tampoco se pueden hacer confinamientos diurnos y creo que tampoco, con carácter general, se puede hacer una prohibición absoluta de que las residencias sociosanitarias puedan llevar a cabo algún tipo de paseos o puedan restringir totalmente las visitas. Una cosa que sí se puede hacer y que ya se aprobó en otras comunidades es que la consejería apruebe una orden en función de la cual se cedan cierto tipo de datos a las fuerzas policiales en los que se indique qué personas están en confinamiento o en cuarentena a efectos de que puedan verificar que se cumple. En Asturias no se está haciendo porque no tiene un amparo normativo pero en otras comunidades sí se ha hecho. -La pandemia nos ha planteado muchos retos sanitarios, también jurídicos, visto en perspectiva desde la primavera, con muchas restricciones que algunas personas han considerado un «ataque a la libertad», ¿ha habido excesos, se han hecho las cosas dentro de la normativa? -Lo que nos ha demostrado esta situación es que existía un derecho pensado para las epidemias pero era un derecho totalmente desfasado; era un derecho del siglo XX no pensado para pandemias del XXI. Tenemos un estado de alarma del año 1981 y una ley de medidas excepcional de salud pública del año 86, todo parecido entre lo que aquellos momentos se entendía como una pandemia y lo que estamos teniendo ahora es pura coincidencia. Hay un desfase entre ese aparato teórico que tenemos (y en otros países no lo hay, Italia no tiene un estado de alarma) pero que al aplicarlo, al menos desde mi punto de vista, nos damos cuenta de que no es adecuado. No lo es, porque el estado de alarma es un mecanismo poco operativo cuando tienes que enfrentarte a epidemias que pueden tener escenarios diferentes en distintas partes del país y que puede ir mutando. El estado de alarma es muy rígido, sólo lo puede acordar el Gobierno, además necesita después la autorización del Congreso de los Diputados, y si lo vas a aplicar a todo el país puede estar bien, pero imagínate que lo necesitas sólo para Madrid, por ejemplo; ahí se vio que no era operativo el estado de alarma. Además la aplicación que se ha hecho del mismo, desde mi punto de vista, es cuando menos discutible. Porque, pensando sobre todo en marzo, lo que prevé la ley del estado de alarma es que sobre una regla de libertad de circulación se pueden establecer límites, por ejemplo, usted no puede circular durante ciertas horas o no puede ir a cierto sitio. Y, por ejemplo, el confinamiento nocturno que tenemos ahora sí se corresponde con esto, durante ciertas horas tú como regla no puedes salir de tu casa. Pero lo que pasó en marzo es que se invirtió y la regla era que tú no podías salir de tu casa nunca, las 24 horas del día y los siete días de la semana; había bastantes excepciones pero sólo si encajabas en algunas de ellas podías salir. Lo que era la excepción, prohibición de salir, se convirtió en la regla y me parece discutible que con un estado de alarma puedas hacer eso porque la ley no lo prevé, y es un ejemplo más de que la ley no estaba pensada para algo como lo que estamos padeciendo ahora. Hay un recurso que presentó Vox contra el decreto del estado de alarma de marzo y a ver qué es lo que dice el Constitucional. Se ha defendido aplicar la ley de medidas especiales en materia de salud pública, para no ir a un estado de alarma. Pero en principio sólo prevé medidas con las personas contagiadas o sospechosas de estarlo, si lo estamos se nos puede obligar a quedarnos en casa. Pero esa ley no te permite adoptar medidas más generales, que afecten indiscriminadamente a todo el mundo, en el 86 no se pensó en algo así. Esa ley que es la que defienden parte de los administrativistas para decir que no hace falta ir al estado de alarma, afirman que tenemos esta ley que permite a las autoridades sanitarias autonómicas adoptar una serie de medidas potentes. Yo creo que esa ley es insuficiente porque no concreta qué medidas puedes adoptar, con esa ley por ejemplo no creo que se pueda decir que toda la gente que vive en residencias sociosanitarias no puede salir. Y se plantería un asunto adicional que ha empezado a salir ahora, que es el de las vacunas. -¿En qué sentido?-En España no está prevista la vacunación obligatoria con carácter general. Pero esta ley del año 86 se ha aplicado en ocasiones concretas para vacunaciones obligatorias de un sector. Recuerdo un caso en Granada en 2010, en un colegio donde se detecta un brote de sarampión y la mayor parte de padres y madres están por la labor de que los críos se vacunen pero los hay que no. Lo que hace la Junta de Andalucía es pedir a la autoridad judicial, por razones proporcionadas y justificadas, que se vacune a esos niños en concreto. Y sí creo que ahí se utilizó con buen criterio la ley del 86. Ahora mismo no hay un paraguas jurídico para una vacunación obligatoria, tampoco tengo claro que fuera adecuado que existiese, porque ¿y qué pasa si yo no me vacuno? Es decir, que te puedan vacunar a la fuerza o que te puedan imponer una sanción o algo así. Ese es un tema que no se ha debatido; hemos vivido un poco ignorantes de los riesgos para la salud que podían llegarnos. Para mí de lo más preocupante es cómo influye la pandemia en los procesos electorales, la suspensión de las elecciones que se hizo en País Vasco y Galicia yo creo que no tenía amparo legal, se tragó. Y ahora tenemos elecciones en Cataluña. Es decir, en España no tenemos previsto qué pasa si hay que suspender unas elecciones, ya sea porque hay una pandemia, o porque hay un terremoto, por lo que sea, el derecho electoral no lo prevé y eso es una carencia también. Tienes que saber cuándo se pueden suspender unas elecciones, quién puede hacerlo, cómo se retoma el proceso. Y el problema no es sólo que no tuviéramos nada previsto, es que han pasado ocho meses y tampoco se ha hecho nada. Se echa en falta una reacción de los poderes legislativos, de las cámaras y del propio gobierno. Sólo se ha reformado la ley de la jurisdicción contencioso administrativa para que, en el caso de estas medidas que adoptan las comunidades, que antes se llevaban ante el juez que tocase, y unos decían una cosa y otros otra; ahora lo decidan los tribunales superiores de Justicia, pero también nos encontramos que uno dice una cosa y otro otra. -El PP de Asturias ya ha llevado al TSJA los cierres de actividad económica ¿cree que tiene recorrido?-En Asturias hay una ley de salud del año pasado, que además enlaza con una ley general de salud del año 2011 del Estado; las dos normas permiten a las autoridades sanitarias en casos justificados y de manera proporcional suspender ciertas actividades. Es una cuestión de pruebas, ante un eventual juicio, que se pueda demostrar con unos estudios que estas actividades en el caso de seguir funcionando pueden multiplicar los contagios. Me parece difícil que se pueda echar abajo; desde luego tiene amparo legal. Lo único que se podría discutir es si es proporcional la medida, si no habría otra menos lesiva, que garantizando la salud se permita el mantenimiento de la actividad. -Cuando Asturias aplicó estas restricciones también pidió un nuevo confinamiento domiciliario que no se aceptó. Las medidas de Asturias son de las más estrictas del Estado, ¿podría haber ido más allá, cuál es el límite? -La ley permite con carácter general que la autoridad sanitaria, en este caso la asturiana, suspenda una determinada actividad o por razones de salud pública, está expresamente previsto para eso. Lo que pasa es que es algo pensado para situaciones mucho más localizadas. Por ejemplo, imaginemos que en Noreña en una fábrica de embutidos hay un problema sanitario, pues se cierra sin ningún tipo de problema y no se puede abrir hasta que no esté corregido. Pero ahora, en la pandemia, más que con datos precisos se está operando con presunciones, pues presumimos que el ocio nocturno es un foco de contagio, pero es que hay un principio de precaución para la autoridad sanitaria, que no tiene que estar esperando a que algo ocurra, tiene la obligación de tratar de prevenir el mal. Ese principio de prevención le permite actuar aunque no haya constatado efectivamente que se está produciendo ese contagio en los sitios de copas, no tendrías que probar eso. Lo que sí tienes es que motivarlo, dar algún tipo de información en su caso ante los jueces, y también que dure lo estrictamente necesario. Siempre queda el recurso, no de que recurra el PP, que recurran los afectados. -¿Conoce el caso de Elena Cañizares, la estudiante de enfermería contagiada que tuvo problemas con sus compañeras de piso? La cuestión tiene muchos prismas jurídicos ¿podrían echarla? ¿incumplió ella la ley al difundir sus conversaciones? -Tú cuando haces un contrato de alquiler, con quien lo firmas es con el dueño de la casa, que es el que te puede echar, tus compañeros nos son más titulares del derecho al alquiler que tú mismo. Esto es interesante porque se ha planteado a otro nivel, es decir, ¿puede la Policía registrar la habitación de alguien en un piso compartido sólo con el consentimiento de las otras personas? No, la habitación de una persona que comparte piso es sólo suya, esa parte es inviolable y sólo ella puede consentir. El tema de la divulgación de la conversación es interesante, ahí podría haber varias cosas, secreto de comunicaciones, intimidad y divulgación de datos. Pero la intimidad sólo se vulnera si tu revelas cosas privadas; el secreto de las comunicaciones opera siempre respecto a otros, es decir, alguien que revele una conversación entre otros, pero si yo revelo lo que hemos estado hablando no es secreto de comunicaciones ni vulnero tu intimidad, salvo que yo cuente algo que tú me has dicho confidencialmente y que afecte a tu vida privada. El tema de la protección de datos me parece bastante discutible, habría que ver qué datos se revelan, pero vamos, me parece difícil encajar esa conducta en algo ilegal. -Otro caso llamativo y reciente es el del hombre de 94 años al que se obligó a ingresar en el HUCA. -Es verdad que es un caso llamativo pero recordarás otro que hubo aquí en el que se obligó a ingresar a una embarazada para que diese a luz en el HUCA. Ella quería hacerlo en casa y desde el HUCA se replicó que era un embarazo de riesgo y no se trata sólo de su vida, es la vida del bebé. El servicio jurídico pidió una autorización judicial y la ingresan y da luz en el HUCA. Ella recurre a los tribunales y por lo que yo sé ha perdido en las dos instancias. Aquí sería un poco parecido, este señor aparentemente tenía coronavirus, el confinamiento se lo puedes imponer con la ley que hablamos del año 86; porque permite confinar a contagiados y a sospechosos, le obliga a quedarse en casa, y si no tiene un sitio donde quedarse le puedo confinar en un hotel y si además necesita tratamiento sanitario le puedo llevar al HUCA. Hay una ley que es la de consentimiento informado que dice que en principio cualquier tratamiento médico debe de hacerse con tu consentimiento salvo, y lo importante aquí son las excepciones, que no tengas capacidad para consentir o que haya una cuestión de salud pública. Esto se hizo además con autorización judicial así que me parece que este caso tiene amparo legal.

Armonización fiscal....yá !

La gran batalla económica y territorial MANEL PÉREZ 26/11/2020 06:00 La política fiscal de los sucesivos gobiernos populares de la Comunidad Madrid, inaugurada por Esperanza Aguirre en el año 2003, es el primer problema territorial español. Consiste en combinar las elevadas rentas que genera de la capitalidad del Estado con un bajo nivel relativo de gasto social para atraer riqueza del resto de territorios. El Gobierno de la Comunidad utiliza el excedente que obtiene de su privilegiado estatus y su escaso gasto para compensar a sus residentes con alto poder adquisitivo por los impuestos que pagan al Estado. Lo que aumenta el atractivo para los patrimonios y elevados salarios de los que residen en otros territorios. Un creciente círculo vicioso que atrae con cada declaración de la renta a más contribu-yentes adinerados y empresas del resto de autonomías. Resultado: los más ricos de la comunidad más rica son los que menos pagan; todo al ritmo de un chotis con letra sobre la igualdad y referencias a que no pagan los territorios sino los contribuyentes. Va de suyo que, cuanto mayor es la potencia económica de una comunidad, más sufre la competencia desleal madrileña. Allí donde se generan rentas altas y hay empresas, más incentivos tienen para ir a Madrid. Este el caso de Catalunya, aunque no solo. Por eso, el reverso presupuestario del exceso madrileño es factura para los gobiernos del resto de las comunidades. Se les van los contribuyentes ricos y les crece el déficit. Apenas tienen alternativa más que seguir subiendo los impuestos a los que siguen siendo residentes, cada vez menos y, al mismo tiempo, recortar los servicios sociales a sus conciudadanos. Otro canto fallido a la igualdad desterritorializada. La conciencia de esa realidad ha ido cuajando en diversas comunidades. Ximo Puig, el presidente valenciano, había encabezado la marcha. Y, ahora, desde Catalunya, donde a cuenta del procés se había optado por desentenderse del asunto, pensando que en el futuro no iba a ser cosa suya, ha renacido el interés por proponer y participar en la definición de un nuevo modelo. Y es que, si no hay cambios, el futuro Govern de la Generalitat no tendrá salida: subir impuestos sin respiro y jibarizar prestaciones Un cambio, el de ERC, que es agua de mayo para María Jesús Montero, la responsable de Hacienda, antes consejera del ramo en la Junta de Andalucía. Se conoce el cuento de memoria y predica desde que llegó al ministerio para introducir algún criterio que acote la deslealtad. La aportación de ERC con su enmienda a la totalidad de la política fiscal madrileña no es económica, o no solo. Es, fundamentalmente, política: vuelve al ruedo, aparca el inconcreto pacto fiscal, encabeza con propuestas el debate sobre un nuevo modelo y apoya una reforma que, caso de ponerse en marcha, desatará una batalla política de tan alto voltaje como el procés . El PP ha cohesionado en Madrid un formidable bloque electoral e ideológico que fusiona amplias clases medias, sectores nacidos al calor del boom financiero de las últimas décadas y poderosos intereses económicos. Además, es el gran banderín propagandístico de los populares en el resto de España.

Todos a una porfa!

Plataformas y asociaciones se movilizan para salvar la Fábrica de Gas de la piqueta Cuesta rechaza frenar el plan de recuperación de los suelos y la oposición denuncia que busca achacar a Cultura los derribos Un hombre pasea por delante de las instalaciones de la Fábrica de Gas. / ALEX PIÑA G. D. -R. OVIEDO. Jueves, 26 noviembre 2020, 00:34 1 La Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo, la nueva plataforma Fábrica de Gas e Ideas. Patrimonio Popular y Ovetense y los grupos de la oposición hicieron ayer un llamamiento a movilizarse para salvar el conjunto de la Fábrica de Gas y evitar las demoliciones previstas en el proyecto de EdP, ya autorizado por la Concejalía de Urbanismo. La asociación vecinal Oviedo Redondo, impulsora de la nueva plataforma, inició una recogida de apoyos para que «Ayuntamiento, empresa y Principado lleguen a un pacto para recuperar este espacio histórico para el uso, disfrute y participación de la ciudadanía». Recordó que «Oviedo tiene la suerte de ser una de las pocas ciudades europeas que conserva su Fábrica de Gas, y ahora tiene la oportunidad de rehabilitarla y darle nuevos usos públicos, como ya han hecho Roma, Atenas o Glasgow». Sugiere que el recinto puede albergar oficinas municipales, talleres para artistas y creadores, una sala municipal de exposiciones en la nave de la Popular Ovetense y convertirse «en una gran plaza central» para la realización de ferias, mercados, actividades infantiles y espectáculos al aire libre. Muy crítica, la FAVO señaló que el equipo de gobierno parece «querer incorporarse a esa infausta piqueta incivil y arrasar una nueva parte de nuestro patrimonio industrial» que se sumaría a otros «atentados contra el patrimonio de nuestra ciudad» como los derribos de Los Pilares, la estación del Vasco o el palacete de Concha Heres,... «Los vecinos y vecinas de Oviedo no podemos tolerar que nuevamente intereses especulativos ligados, una vez más, al binomio ladrillo/cemento, acaben por imponerse», señaló la federación que recordó que en Oviedo hay 18.552 viviendas vacías, según el INE, «dato que muestra que más, no son necesarias». La movilización vecinal, las peticiones del Colegio de Arquitectos o de los expertos en patrimonio pueden haber llegado tarde ya. La comisión de Urbanismo debatió ayer larga y tensamente sobre el futuro del conjunto. El teniente de alcalde, Nacho Cuesta, insistió en que la autorización de los derribos compete a Patrimonio y que son una iniciativa de la empresa. Cuando desde la oposición le recordaron que con el plan vigente, aprobado en 2011 por el PP, Cultura no puede hacer otra cosa que dar el visto bueno a las demoliciones, el edil volvió a acusar al tripartito de no haber hecho nada para aumentar la protección durante su mandato. «Nosotros negociamos un acuerdo de compra, validado por los técnicos, para hacernos con el conjunto», recordó Nacho Fernández del Páramo, de Somos Oviedo, que denunció que Cuesta «va a pasar a la historia como el concejal que derribó la Fábrica de Gas». Los socialistas acusaron a Cuesta de «acelerar» el expediente para tratar de responsabilizar a Cultura, «cuando el plan especial es ley» y pidieron al equipo de gobierno que frene la tramitación y pacte con la eléctrica «una descontaminación de los suelos sin derribos»

Cuidadín,cuidadín!

La deuda pública en Asturias ya supera los 5.000 millones de euros El Principado se endeuda en 74 millones más entre críticas de la oposición por la «falta de rigor» en el gasto corriente y poca «claridad» La consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, ayer, durante su intervención en la Cámara asturiana. / P. LORENZANA ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 26 noviembre 2020, 01:00 37 La deuda pública asturiana sumó ayer 74 millones más y rebasó de esta manera la barrera de los 5.000 millones (5.050 millones). La Junta General dio luz verde al proyecto de Ley del Principado de autorización de endeudamiento que permite al Gobierno solicitar un crédito de 74 millones al Ejecutivo central a través del mecanismo que el Ministerio de Hacienda ha puesto a disposición de las autonomías para financiar los excesos de déficit permitido en 2019 con cargo al Fondo de Facilidad Financiera. Lo hizo con el voto favorable del PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y Foro, y la abstención de PP y Vox, pero con duras críticas por parte de prácticamente todos los grupos por su «falta de rigor» en el gasto corriente y «falta de claridad». De poco sirvió la explicación previa por parte de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, quien justificó este nuevo endeudamiento en la necesidad de garantizar el pago en tiempo y forma a los proveedores en un escenario de crisis como el actual, reconociendo las dificultades de tesorería como consecuencia de la negativa del Gobierno central a abonar los 86,5 millones de euros que, según el criterio del Principado, le adeuda por la liquidación del IVA de 2017; así como por la infrafinanciación que sufre la región como consecuencia del actual sistema de financiación autonómica. Pablo González, portavoz adjunto del PP, calificó de «error» acudir a la deuda para hacer frente a gastos corrientes y afeó la «escalada de deuda brutal» registrada por la Administración regional en la última década. Laura Pérez Macho, diputada de Ciudadanos, lamentó la falta de «claridad» por parte del Gobierno regional, a quien reprochó que únicamente explique las condiciones favorables para la devolución del 75% de la cuantía, pero oculte las condiciones del otro 25%; al tiempo que le instó a reconocer abiertamente que «pide este endeudamiento para pagar la deuda que nos genera el Gobierno de España por el impago de la liquidación del IVA de 2017». Daniel Ripa, cabeza visible de Podemos, defendió la necesidad de aprobar cualquier mecanismo que facilite que «fluya el dinero» hacia los sectores que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis, pero no dejó de apuntar a «gastos no apropiados» como, puso a modo de ejemplo, los invertidos en Sogepsa o la Zalia en los últimos años, aprovechando para pedir nuevamente una reforma fiscal. Ángela Vallina, portavoz de IU, no puso reparo alguno a la solicitud del Gobierno regional mientras que, desde Foro, su portavoz, Adrián Pumares, incidió en la «importancia del rigor en el gasto» y en reclamar al Gobierno central con «intensidad» tanto el pago del IVA como que «abra el melón de la financiación autonómica». Por su parte, Ignacio Blanco, líder de Vox, alertó de que una empresa privada que recurre a la deuda para hacer frente a sus gastos corrientes «es una empresa quebrada».