Dénse cuenta, que con las abundantes ayuditas, ahora los que están apalancados son los Estados.
Riesgo en aumento: cuando los Estados también quiebran
ISABEL ACOSTA | 7:55 - 24/02/2009
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Almunia no descarta rescates
A la economía española le pasó en tiempos de Felipe II. En el vigente siglo tenemos ejemplos como el de Argentina. Y en los últimos meses, fue Islandia quien vivió una situación crítica. Un país, como una empresa, como una economía familiar, puede llegar a una situación en la que todos sus activos sean insuficientes para hacer frente a sus obligaciones de pago.
Una crisis de grandes dimensiones como la actual es un caldo de cultivo perfecto para que proliferen las posibilidades de que esto ocurra. Y si la crisis es de corte financiero y de escala internacional, como la actual, aún más.
En esas estamos. Y, tras el caso islandés, otras alarmas se vienen encendiendo y otras sirenas se harán oír para alertar sobre la vulnerabilidad de ciertos países al temporal económico. Los expertos lo advierten y las agencias de rating también. El mapa de riesgos está cambiando y algunos Estados de dentro y fuera de la Eurozona se ven más expuestos. Así, Grecia, Austria e Irlanda son los países del euro que más próximos estarían, según los expertos. También algunos del centro y este europeo tienen muchas papeletas. Así, los bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- junto con Hungría, Rumanía y Ucrania presentan un perfil de riesgo creciente.
¿Cómo ocurre?
Resumiendo el proceso, una insolvencia de un Estado se produce del siguiente modo: incurre en un déficit público cada vez mayor, para financiarlo necesita deuda externa y no tiene suficiente divisa para pagarla, con lo cual llega a la situación denominada default, o suspensión de pagos.
Al precisar cada vez más financiación, cada vez las condiciones de los créditos que consigue son más duras, como consecuencia de la redefinición de su riesgo, y llega un momento en que no sólo nadie le presta dinero sino que, si coincide con una crisis de liquidez, puede que nadie se anime a adquirir los bonos de ese Estado.
Llegada la suspensión, los países obtienen normalmente una mora para pagar su deuda e, incluso, en ocasiones, se les concede una quita. También pueden recibir préstamos de algún organismo supranacional, que suele estar condicionado al inicio de reformas estructurales o ajustes macroeconómicos.
En el caso de los países del Este, se dan circunstancias específicas, explica el director del Servicio de Estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo: estos países han vivido una fuerte recepción de capitales, mucha inversión exterior generadora de prosperidad, pero han incurrido en déficit fiscal exagerado y en cuanto afrontan dificultades en el sector exterior, tienden a endeudarse en moneda extranjera.
En ese momento, cuando ya no pueden con todo, con el servicio de la deuda y con sus desequilibrios, tienen dos opciones: devaluar o no. Ahí está la cuestión. Si devalúan, se desborda su deuda, al actualizar la deuda extranjera a su moneda devaluada. El coste financiero se dispara. Si no devalúan, les crecen los problemas del sector exterior.
¿Qué haría la UE?
Tras estos dos casos: el general y el particular de los países del centro y este europeo, la pregunta es: ¿puede quebrar un estado de la zona euro? O más bien, ¿puede permitirse la Unión Europea que un país miembro quiebre? Aquí los expertos son claros y siguen la estela de las recientes declaraciones del ministro de Finanzas alemán, Peer Steinbrück, quien advirtió que, si se diera el caso, la UE acudiría en auxilio del país afectado.
En este punto, el profesor del IESE Business School, José Ramón Pin Arboledas, no tiene ninguna duda, "ante todo está la solidaridad entre todos" y, apunta, la Comisión Europea "establece una serie de condiciones como que la deuda pública no supere el 60% del PIB o el déficit el 3% del mismo", que solamente dispensa de forma transitoria. Esa disciplina comunitaria dificulta que la situación se dé en un estado miembro de la Unión Europea.
Y... ¿quién lo paga?
Ahora bien, esto no ocurre gratis. Lo explica Pin Arboledas. La UE acudiría al rescate del país que eventualmente llegue a esa difícil coyuntura, "pero el país sufriría en bienestar". Lo pagarían los ciudadanos, que verían recortado su horizonte de bienestar a futuro. Además, apunta Pin, "aunque nominalmente se mantuvieran las prestaciones, en términos reales serían inferiores". En cuanto a los del Este, explica otro experto consultado por elEconomista, quizá todo acelere su "eurización", para sumergirlos en la disciplina presupuestaria. "No se les puede dejar a su suerte, más cuando tienen derecho de veto de la legislación comunitaria".
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