lunes, 14 de diciembre de 2020

Que dolor!!!1

La crisis se convierte en una sangría laboral para los mayores de 55 años Cuatro de cada 10 trabajadores se jubilan antes de los 65 años. La crisis ha acelerado la tendencia a despedir en función de la edad. Principalmente, en las grandes empresas Foto: Foto: EFE. Foto: EFE. Por Carlos Sánchez 14/12/2020 - 05:00 Actualizado: 14/12/2020 - 08:37 Las crisis, como se sabe, golpean a todos, ya sea de forma directa o indirecta, pero a unos más que a otros. Este es el caso de los mayores que han perdido su empleo en los últimos años de su vida laboral, y cuyas probabilidades de recolocación son sustancialmente menores que las del resto. Lo que reflejan los datos, a la luz de la EPA, es que hoy 496.600 trabajadores con una edad comprendida entre 55 y 64 años están en paro, lo que supone el 12,5% de la población activa. La tasa, sin embargo, se sitúa cuatro puntos por debajo del conjunto de los parados, como consecuencia de la dualidad que existe en el mercado laboral entre fijos y temporales, los mayores están más protegidos por las leyes, pero la diferencia estriba en que a partir de una cierta edad encontrar un puesto de trabajo es significativamente más difícil para ese colectivo. De hecho, el 43% de esos trabajadores lleva en paro dos o más años. Es decir, son desempleados de muy larga duración con unas probabilidades de reinserción en el mercado laboral muy reducidas. No solo por razones de cualificación profesional en plena transformación de la economía hacia un nuevo entorno digital, sino porque en España prendió la cultura de hacer ajustes en función de la edad. O lo que es casi lo mismo, en función del salario, ya que normalmente las nóminas de los mayores son más elevadas y por eso muchas empresas se fijan en esos colectivos para ahorrar costes. Un dato lo corrobora. Aunque el desempleo entre los jóvenes con edades entre 25 y 34 años es mayor, casi el doble (21,4%), solo el 15% lleva en paro dos o más años. Es decir, muy lejos del 43% en el caso de los mayores. La cultura de despedir en función de la edad se ha instalado en el conjunto del sistema productivo, pero es especialmente relevante en las grandes empresas, donde se ha convertido en una práctica habitual, con el beneplácito de los comités de empresa. El último caso es el de Banco Santander, donde se han diseñado bajas específicas en función de al menos tres grupos de edad: entre 50 y 54 años, entre 55 y 61 años y entre quienes tengan más de 62 años. Reconversiones industriales Airbus, Indra o Banco Sabadell, igualmente, han cerrado acuerdos con los sindicatos para despedir en función de la edad, lo que de alguna manera inculca la filosofía de las jubilaciones anticipadas, que en origen —durante las reconversiones industriales de los años ochenta— se pensaron como una herramienta extraordinaria para resolver situaciones complejas, como una reestructuración por obsolescencia de la capacidad instalada, pero nunca como un mecanismo permanente de ajuste laboral. De hecho, el reciente Pacto de Toledo recomienda que “la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida”, aunque con una salvedad no relacionada necesariamente con la edad. “Respetando”, se dice “los casos de jubilaciones anticipadas por actividad penosa y de personas con carreras de cotización precarias”. Por lo tanto, sin tener en cuenta si el trabajador tiene 55, 61 o 63 años. El caso del sector financiero es especialmente significativo. Su plantilla global, según un informe de CCOO, ha pasado desde 2009 de 276.497 empleados a 173.447, con una reducción de 103.050 en términos absolutos y de un 37% en términos relativos, duplicando el porcentaje de ajuste del conjunto de la eurozona, y muy por encima de las magnitudes de Alemania (-15,6%), Francia (-5,9%), Italia (-17,1%) o Portugal (-18,1%). Las cifras de la propia Seguridad Social corroboran este ajuste permanente en función de la edad, pese a que el discurso oficial pasa por prolongar la edad de jubilación. Coeficiente reductor Entre enero y agosto de este año, según los datos manejados por el Pacto de Toledo, se han jubilado en España 171.517 personas, pero de ellas 65.629 lo hicieron de forma anticipada. Por lo tanto, algo más de uno de cada tres trabajadores (el 38%) abandonó su empresa sin haber llegado a la edad legal de jubilación. Y lo que no es menos significativo, el 71% lo hizo sufriendo un coeficiente reductor, que es el mecanismo que utiliza la Seguridad Social para penalizar las jubilaciones anticipadas. Las jubilaciones anticipadas involuntarias, como dice la ley, son aquellas que se producen a una edad inferior a la legal como consecuencia de una reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral, como un despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El número de años de anticipación sobre la edad ordinaria puede ser, como máximo, de cuatro, y cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación lleva aparejado un coeficiente reductor que disminuye la cuantía de la pensión. Se exige una carrera de cotización de, al menos, 33 años para tener derecho a este tipo de jubilación. La casuística que explica los ajustes laborales en función de la edad es muy amplia. Pero hay una especialmente significativa: los salarios. O expresado de otra forma, las empresas optan por despedir a quienes tienen nóminas más elevadas, normalmente con contrato indefinido, y, en su lugar, optan por contratar a jóvenes que entran en la parte baja del convenio colectivo y, en muchos casos, con contrato temporal. En el sector financiero, por ejemplo, se ha contratado en la última década a 26.294 personas, mientras que, en paralelo, se ha despedido a 120.311 empleados. Lo que muestran los datos de la 'Encuesta de estructura salarial', que elabora el INE (Instituto Nacional de Estadística), es que el salario bruto de los trabajadores con una edad comprendida entre 55 y 59 años era en 2018 equivalente a 27.948 euros de media, mientras que quienes tenían entre 20 y 24 ganaron 12.914 euros. La literatura económica ha evidenciado que esta estrategia de despedir en función de la edad para ahorrar costes produce enormes distorsiones en el mercado laboral, ya que desincentiva la inversión en capital humano. Es decir, se produce un efecto sustitución que margina factores como la experiencia o, incluso, la lealtad a la empresa. La solución que se apunta en unos momentos de disrupción tecnológica es el diseño de programas específicos de cualificación profesional para mayores de 55 años, pero eso cuesta recursos y muchas empresas, sobre todo las que integran sectores de bajo valor añadido, prefieren competir vía salarios. Los despidos en función de la edad producen un efecto sustitución que margina factores como la experiencia o la lealtad a la empresa La sangría no solo afecta individualmente a cada uno de los trabajadores expulsados del mercado laboral en edades avanzadas de difícil recolocación, sino que perjudica a la propia Seguridad Social. Como reconoce el reciente acuerdo sobre la renovación del Pacto de Toledo, “pueden considerarse cargas financieramente impropias del sistema contributivo las ayudas a sectores productivos concretos a través de la anticipación de la edad de jubilación en determinadas actividades”. Es decir, que, en un contexto de extrema debilidad del sistema público de protección social por razones financieras, se le imputan costes basados en una discriminación por edad. Aunque lo que sorprende es que quienes hacen las leyes, los diputados, reconozcan que la jubilación anticipada “sigue utilizándose a menudo como una fórmula de regulación del empleo”. Y con luz y taquígrafos, habría que añadir.

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