Las claves de la concesión de ayudas a los fondos de formación
Con cifras que oscilan entre los 7 y 8 millones anuales, la mayor parte de las subvenciones se reparten entre los agentes sociales
REDAC
La investigación abierta por la Fiscalía y que derivó esta semana en el registro de la sede de UGT en Asturias parte un presunto desvío de los fondos recibidos para los cursos de formación impartidos por el sindicato, con supuestos sobrecostes en las facturas y también la posibilidad de que se hubiera destinado parte del dinero al pago de nóminas y otros gastos de la central. Pero ¿cómo funcionan la concesión de estas subvenciones, a cuánto ascienden sus fondos?
En su primera valoración, mientras aún continuaba el registro de la sede en Oviedo, el actual secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, reiteraba que todos los cursos del sindicato habían sido impartidos y estaban «justificados» conforme a los requisitos establecidos en los pliegos de los concursos presentados por la administración autonómica. Efectivamente es el Principado el que tramita la concesión de estas subvenciones aunque el importe procede en su mayoría del Ejecutivo Central. Las ayudas a la formación son muy variadas, las hay para trabajadores en activo y también para desempleados, las hay para colectivos especialmente vulnerables o destinadas a la formación en prevención de riesgos laborales. En función de su tipo reciben fondos del Ministerio de Empleo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) aunque también pueden complementarse con montos procedentes de los servicios regionales para programas de carácter autonómico. En algunos casos hay ayudas también procedentes del Fondo Social Europeo y, en el caso de Asturias, ha habido también programas vinculados a los fondos mineros.
A lo largo de las últimas décadas estos cursos han contado con montos que se cuentan por millones, bien para empresas particulares que cumplan los requisitos y opten a los concursos o los derivados a través de los agentes sociales, tanto la patronal como los sindicatos. Son cantidades que varían cada año pero un cálculo aproximado sería de entre 7 y 8 millones de euros en total, anuales, en el caso de las ayudas concedidas en Asturias.
El reparto entre los agentes sociales en Asturias incluye tanto a la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) como a los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, aunque también, pero en mucha menor medida, a USO y al sindicato de funcionarios CSIF. A grandes rasgos, el 50% de los fondos va a la patronal y los sindicatos mayoritarios se reparten, en términos muy generales, un 25% cada uno. De este modo, y siempre hablando grosso modo, la cantidad anual que habría podido recibir UGT de Asturias en estos conceptos rondaría los 2 ó 3 millones de euros.
Cuando se abrió la investigación de los fondos de formación, diversos grupos de la oposición en el parlamento autonómico, singularmente Podemos, reclamaron explicaciones al Gobierno asturiano sobre el control en la concesión de ayudas. El pasado mes de febrero, el consejero de Empleo, Francisco Blanco anunció tras un Consejo de Gobierno que el Ejecutivo Autonómico se personaría en la causa contra el sindicato; y en el debate parlamentario, a preguntas del PP, el consejero señaló que el Principado había perdido pleitos similares contra UGT lo que, en su opinión, demostraba el «celo» del gobierno en la fiscalización de las ayudas.
De hecho, el Gobierno asturiano revocó en el año 2014 ayudas por valor de más de 100.000 euros contra distintas entidades que impartían estos cursos, y entre ellas estaban además de la propia UGT, también la patronal, la Fundación del Metal y varias más que fueron auditadas. En fechas anteriores, la Comisión Europea había solicitado información a las autoridades españolas sobre presuntas irregularidades en la concesión de las ayudas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario