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Juan Carlos I paga más de cuatro millones al fisco en una segunda regularización El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros Juan Carlos I, durante los actos de conmemoracion del 40 aniversario de la Constitucion en el Congreso de los Diputados.CARLOS ROSILLO 161 JOSÉ MARÍA IRUJO | MIGUEL GONZÁLEZ Madrid - 25 FEB 2021 - 21:21 CET Juan Carlos I ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie, por los que ha abonado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria, según han explicado a EL PAÍS fuentes conocedoras de la operación. El rey emérito, expatriado en Emiratos Árabes Unidos desde agosto, ya abonó el pasado 9 de diciembre al fisco 678.393 euros, correspondientes a una deuda tributaria de 2016 a 2018, cuando había abdicado y perdido la inviolabilidad. Con este pago, Juan Carlos I reconocía el fraude pero, al adelantarse a presentar la regularización antes de que se le comunicara la apertura de la investigación, intentaba eludir el delito fiscal. IN ENGLISH Juan Carlos I makes second payment in a bid to regularize tax affairs La defensa del rey emérito ha presentado una declaración voluntaria a la Agencia Tributaria por los ocho millones de euros que Juan Carlos I recibió en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, según señalan a EL PAÍS fuentes cercanas al caso. El disfrute de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda. La fundación Zagatka se constituyó en Liechtenstein el 1 de octubre de 2003. Su primer beneficiario es Álvaro de Orleans, un ingeniero y empresario de 73 años, primo lejano del rey emérito. Según sus estatutos se creó para ayudar al entonces jefe del Estado en reconocimiento a su contribución a la democracia en España. El segundo beneficiario era un hijo de Orleans; el tercero era Juan Carlos I y el cuarto, Felipe VI, en el supuesto del fallecimiento de los Orleans. En quinto lugar figuraban Elena y Cristina de Borbón. El pasado mes de junio, la fundación Zagatka modificó sus estatutos y suprimió a Juan Carlos I y a sus tres hijos como beneficiarios de la misma. Desde entonces solo figuran como únicos beneficiarios de sus fondos Álvaro de Orleans y su hijo Andrés. Y su objetivo estatutario es “garantizar la asistencia financiera a la familia del fundador”. En marzo del pasado año, la cuenta de Zagatka acumulaba alrededor de 10 millones de euros, según Orleans. “He pagado muchos vuelos al rey emérito, pero no soy su testaferro”, declaró Álvaro de Orleans en febrero de 2020 a EL PAÍS durante una entrevista en Ginebra. El primo y amigo del rey emérito aseguraba que lo hizo para proteger la vida privada de Juan Carlos I y continuar con la tradición familiar de los Orleans de ayudar a la monarquía española. Contactos con Hacienda Javier Sánchez Junco, abogado de Juan Carlos I, ha mantenido contactos con el Ministerio de Hacienda para esta nueva regularización fiscal del anterior jefe del Estado que se estudiaba desde hace meses y que hasta ahora no se había ejecutado. El atraso se ha debido a la dificultad del rey emérito y de sus asesores para aflorar la millonaria cantidad que ha tenido que abonar. Juan Carlos I deberá demostrar el origen del dinero con el que ha pagado a Hacienda. La cuota defraudada a Hacienda que admite ahora Juan Carlos I supera con mucho la regularizada en diciembre pasado y también los 120.000 euros anuales que establece la ley como límite para el delito fiscal. La legislación prevé que cualquier contribuyente pueda evitar ser acusado de delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifiquen el inicio de actuaciones. El artículo 305.4 del Código Penal considera “regularizada la situación tributaria” cuando se haya procedido por el contribuyente al completo reconocimiento y pago de la deuda, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o [...] antes de que el ministerio fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el ministerio fiscal o el juez de instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. El mismo artículo del Código Penal añade que la regularización “impedirá que se le persiga [al defraudador] por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización”. No obstante, la ley exige que la regularización sea “completa y veraz” para que las autoridades tributarias y la Fiscalía del Tribunal Supremo la consideren correcta, a efectos de aplicar el artículo 305.4 y exonerar al rey emérito de un posible delito fiscal. El hecho de que se presente una segunda regularización fiscal podría llevar a cuestionar que la primera fuera completa, pero la respuesta dependerá del análisis de si se trata de los mismos ejercicios fiscales o de las mismas materias. La Fiscalía del Tribunal Supremo está todavía analizando si es correcta la regularización que el anterior monarca realizó hace dos meses y medio con el pago de una deuda tributaria de 678.393 euros, a través de su abogado, Javier Sánchez-Junco. Entonces, se trataba de regularizar los fondos opacos que, entre 2016 y 2018, le suministró el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, con intereses en España. Anticorrupción, que ya estaba investigando estos pagos aunque no se lo había notificado al padre del Rey, interrogó en torno a los mismos al propio empresario y a Nicolás Murga Mendoza, un coronel del Ejército del Aire y ayudante de campo de Juan Carlos I durante más de una década, que actuó supuestamente como testaferro. Según la investigación de la Fiscalía, las tarjetas que pagaba Sanginés-Krause sirvieron para abonar gastos diversos del rey emérito y sus familiares (entre los que no figuran los Reyes actuales), como viajes, regalos, hoteles y restaurantes. Tres investigaciones Un equipo de cuatro fiscales investiga al rey emérito en tres causas distintas. Por el supuesto cobro de comisiones ilegales en las obras del AVE a La Meca adjudicadas por 6.500 millones a un consorcio español. Por la disposición de dinero de un empresario mexicano por parte del rey emérito. Por la supuesta posesión de sociedades en paraísos fiscales con fondos millonarios. La defensa de Juan Carlos I confía en que la primera se archive porque los hechos se refieren a la etapa en que este aún era jefe del Estado y gozaba de inviolabilidad; la segunda, por la regularización fiscal; y la tercera, porque niega la existencia de tales cuentas. Ninguna de las tres se ha archivado aún, pero el fiscal tampoco ha dado el paso de presentar querella ante la Sala de lo Penal del Supremo, a la que el rey emérito está aforado. La nueva regularización sale a la luz después de que Juan Carlos I fuera el protagonista ausente del acto de conmemoración del 40º aniversario del 23-F, celebrado el martes en el Congreso. Felipe VI, que había evitado mencionar expresamente a su padre desde que se marchó de España, en medio del escándalo provocado por la investigación de su fortuna en paraísos fiscales, aseguró que “la firmeza y autoridad” de Juan Carlos I “fueron determinantes para la defensa y triunfo de la democracia” frente a la intentona golpista. En su discurso de Navidad, el pasado 24 de diciembre, Felipe VI fue menos explícito, pero nadie dudó de que se refería al rey emérito cuando dijo que los principios morales y éticos “obligan a todos sin excepciones” y “están por encima de cualquier consideración, incluso de las personales o familiares”. Posible declaración voluntaria ante el fiscal El pasado 3 de agosto, cuando se marchó a Abu Dabi, el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, difundió un comunicado en el que aseguraba que su cliente estaría “a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos”, dejando claro que no pretendía en ningún caso sustraerse a la acción de la Justicia. Juan Carlos I está aforado ante el Supremo (igual que las reinas Letizia y Sofía y la Princesa de Asturias), en virtud de una reforma legal aprobada en junio de 2014, tras su abdicación. Solo un juez del Supremo podría citarle a declarar como investigado, si se presenta la correspondiente querella y se admite a trámite. No obstante, la Fiscalía podría, según fuentes jurídicas, ofrecerle la posibilidad de declarar voluntariamente, para aclarar el origen de las rentas que quiere regularizar. Eso permitiría acelerar su regreso a España. 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