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El Gobierno prohibirá la privatización de las viviendas públicas destinadas al alquiler Blindará en la ley de vivienda las 290.000 existentes y las que están construyéndose Estudia cómo hacerlo sin chocar con la competencia autonómica PABLO SEMPERE Viviendas en construcción en la Comunidad Valenciana. GETTY Compatir en FacebookCompatir en TwitterCompatir en LinkedinEnviar por correoIr a comentarios Madrid 25 JUN 2021 - 07:45 CEST El Gobierno central pretende blindar la poca vivienda pública dedicada al alquiler asequible que queda en España y hacer lo propio con las decenas de miles de inmuebles destinados al mismo fin que están proyectados o ya en fase de construcción. Para ello, en el marco de la futura ley estatal por el derecho a la vivienda, el Ejecutivo contempla medidas que impedirían a las comunidades autónomas y gobiernos locales vender o enajenar las casas de su titularidad, como ya ha sucedido en varias ocasiones en regiones como Madrid. “Estamos buscando cuál es la fórmula jurídica adecuada. Tiene que haber sensibilidad porque la competencia final es de las comunidades autónomas”, confirman a este diario fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La idea del Gobierno, tal y como explican estas fuentes, es establecer un mecanismo legal para blindar las viviendas que ya existen –casi 300.000 en toda España– y que las que hoy están desarrollándose con fórmulas de colaboración público-privadas no puedan ser vendidas una vez que la titularidad de los inmuebles sea 100% pública. El conocido como Plan 20.000, por el que se construirán unas 24.000 viviendas para el alquiler asequible en toda España, ilustra cuál sería el funcionamiento en el segundo de los dos casos. MÁS INFORMACIÓN El Gobierno permitirá que los inquilinos reciban ayudas a la rehabilitación de vivienda España sigue teniendo más vivienda vacacional que pública en alquiler pese a la caída del turismo Por este plan, varias promotoras y constructoras privadas levantarán en suelo público los inmuebles con la condición de que también gestionen su alquiler social durante un plazo de hasta 75 años. Pasado este tiempo, los pisos pasarían a formar parte del parque público de cada región. La idea es que justo en ese momento comience a funcionar el blindaje, impidiendo la venta en el hipotético caso de que la administración quisiese desprenderse de las casas. Este seguro tendría a su vez carácter permanente. De esta forma, prosiguen estas fuentes, tanto en el caso de las viviendas que ya existen como en el de las que están por construirse, “el Estado no perdería toda la inversión que ha realizado”. Y además, “contribuiríamos a agrandar el parque de vivienda asequible, algo que es muy urgente”, reiteran. Hay que recordar, insisten llegado este punto, en que la mayor parte del parque ya generado, así como el que se está construyendo en estos momentos, ha conseguido ver la luz gracias a la financiación de los diferentes planes estatales de vivienda y también de los fondos europeos. “Es una inversión que no se puede perder. No puede volver a producirse una enajenación como la que hemos visto en algunas ocasiones”, explican las mismas fuentes, que prefieren no señalar a ninguna comunidad en concreto. Uno de los casos más sonados es la venta en 2013 de casi 3.000 viviendas públicas (la mayoría en régimen de alquiler) a Goldman Sachs por parte de la Comunidad de Madrid, presidida entonces por el PP de Ignacio González. Pese a que una reciente sentencia obliga a revertir la operación, el actual Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la ha recurrido, alargando la batalla judicial. El mecanismo del blindaje, enmarcado dentro de la próxima ley estatal de vivienda, tendría el visto bueno tanto del PSOE como de Unidas Podemos, que negocian la futura norma aún con importantes divergencias en lo que se refiere a la regulación de precios del alquiler (ver despiece). A la hora de proteger la vivienda pública, no obstante, los dos socios de Gobierno parecen estar de acuerdo, según fuentes conocedoras de las negociaciones. Según las últimas cifras oficiales, publicadas por Transportes en el Boletín Especial de Vivienda Social 2020, el parque público destinado al alquiler asequible ronda en España los 290.000 inmuebles. De ellos, unos 180.000 son de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otros 110.000 corresponden a los ayuntamientos y sus entidades. Este parque ofrece cobertura a únicamente un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en el país. A las ya existentes se le suman las decenas de miles de casas proyectadas por el Ejecutivo con el objetivo de engordar el exiguo parque. Por un lado están las 24.000 del citado Plan 20.000 y, por otro, las viviendas que se construirán con cargo al fondo de recuperación de la UE, que sumarán otras 20.000 al alquiler social para alcanzar un total de 44.000 inmuebles más antes de que termine la legislatura. El objetivo de Transportes, además, es sacar al alquiler asequible otras 56.000 viviendas, aunque en esta ocasión lo haría mediante acuerdos de cesión temporal con empresas privadas, por lo que no podrían incluirse en el parque público. A VUELTAS CON LA REGULACIÓN DE PRECIOS Si la pasada semana parecía que PSOE y Unidas Podemos habían alcanzado un principio de acuerdo para regular los alquileres –el último escollo que queda para sacar adelante la ley de vivienda–, ahora parece que los avances han quedado en saco roto. Ayer, la formación morada, que en un principio parecía haber aceptado la propuesta de su socio para congelar los alquileres en las zonas tensionadas, volvió a exigir al PSOE cumplir con el pacto que desbloqueó los Presupuestos y fijar un mecanismo que baje los precios en las zonas más caras, un punto que el PSOE ha descartado hasta la fecha. Antes de que termine el mes de junio, según el calendario remitido a la Comisión Europea, la normativa debería llegar al Consejo de Ministros. La regulación de los alquileres, ya sea con bajada o con congelación de los precios, es el último punto que falta por acordar para sacar adelante la ley. Los dos socios, entre otros puntos, han pactado un sistema para dar solución a los afectados por un desahucio en situación de vulnerabilidad, a la vez que han cerrado un recargo en el IBI cuya cuantía todavía tiene que concretarse para penalizar la vivienda vacía.