Hasta cuando esta Impunidad?

Las víctimas del franquismo y el expolio de la memoria La reciente localización de 150 cuerpos en Belchite sigue haciendo sangrar esa herida que el fascismo se empeña en tapar sin curar Por Tania Lezcano -29 octubre 2021 07:30 El 20 de julio de 1936, dos días después de comenzar el golpe de estado, 150 civiles fueron asesinados en la localidad zaragozana de Belchite por parte de miembros locales de la Falange. 85 años después, sus restos acaban de ser localizados. Sin embargo, es solo el principio, ya que gracias al Archivo General de la Guerra Civil Española y el testimonio de Constantino Lafoz Garcés, falangista interrogado por la república en 1937, se sabe que fueron fusiladas unas 400 personas, todas civiles. La localización continua de cuerpos de la guerra civil y la posguerra es una constante en nuestro país. Las víctimas tuvieron que esperar décadas para poder hablar, incluso tras la muerte del dictador. Y, cuando por fin pudieron hacerlo, el franquismo más rancio aún grabado a fuego en las instituciones del Estado se burló de ellas y las instó a olvidar sin más, con esa prepotencia y desprecio del que se sabe a salvo y acunado por un Estado que se hace denominar democrático. Ningún Estado llega a ser completamente democrático arrastrando la impunidad de los crímenes de una dictadura 46 años después de la muerte del dictador y permitiendo que aquella ideología campe a sus anchas incluso en los estamentos del poder. Leyes de memoria En 2007, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la primera Ley de Memoria Histórica que, entre otras cosas, permitió eliminar símbolos franquistas de los espacios públicos. Aunque se estableció un sistema de subvenciones —que desapareció tras la llegada al poder de Mariano Rajoy—, siguieron siendo las familias, a través de asociaciones, las encargadas de abrir las tumbas y de llevar a cabo todo el proceso. Actualmente, la nueva ley que está tramitando el Congreso añade aspectos nuevos e importantes, como la actuación de oficio por parte del Estado para la búsqueda y apertura de las fosas a través de un plan estatal de exhumaciones. Además, por primera vez se crearán un Banco de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura y un Censo Nacional de víctimas de la guerra y la dictadura. Actualmente no existe una lista unitaria y además hay territorios que aún no se han investigado, porque otra de las trabas hasta ahora era que se dependía del gobierno regional. Esto ha impedido que se pudieran realizar búsquedas en muchos territorios gobernados por el PP, un partido que a día de hoy no ha condenado la dictadura. Una ley que obvia al verdugo A pesar de esto, y aun reconociendo los pasos positivos, muchas organizaciones de memoria histórica consideran la ley insuficiente porque sigue ignorando a los verdaderos culpables y mantiene la impunidad. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, la considera «blandita con el fascismo», porque es «una ley sin fascistas» donde «se habla mucho de las víctimas y nada de los verdugos». En 1985, la ONU definió el concepto de víctima de delito y abuso de poder, en el que se incluye también a familiares inmediatos de las víctimas directas. No lo contempla así la Ley de Memoria. Tampoco incluye el resarcimiento, la indemnización por parte del Estado ni la asistencia, como también especifica la ONU. Entre 1979 y 2005, 4.700 personas recibieron indemnizaciones, prestaciones y pensiones, pero por sufrir mutilaciones. En ningún caso se ha compensado económicamente a las familias de personas asesinadas por el franquismo. Foto: rtve.es La Ley de Amnistía Aunque se llegara a elaborar una ley idónea sobre memoria histórica, a la hora de poner en marcha los procesos, las víctimas se seguirían encontrando un obstáculo tras otro especialmente por dos leyes que a día de hoy aún no han sido derogadas, ni siquiera por gobiernos que se hacen llamar «antifascistas» o simplemente «de izquierdas». Ya hace años que la ONU recordó que la Ley de Amnistía de 1977 es incompatible con los compromisos internacionales suscritos por España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que debe ser derogada. La nueva Ley de Memoria contempla la tutela judicial, la creación de un fiscal de sala específico y asegura que se investigarán las violaciones de derechos humanos y las inscripciones en el Registro Civil de las personas desaparecidas. Sin embargo, los apartados e y f del artículo 2 de la Ley de Amnistía impiden expresamente que se investiguen penalmente los crímenes del franquismo. La Ley de Secretos Oficiales Por otra parte, en 1968 el régimen franquista aprobó una ley de Secretos Oficiales que también continúa a día de hoy. Su intención era esconder bajo llave los trapos sucios de la dictadura. Muchos historiadores llevan años reclamando que se abran los ficheros de esa época para poder investigar. La nueva ley autorizará el acceso a los archivos históricos del Ministerio de Defensa anteriores a 1968, pero con la condición de que no se vea «comprometida la seguridad o la defensa del Estado». Por lo tanto, ya se abre la puerta a posibles arbitrariedades y ambigüedades. La ciudadanía de muchos países tiene acceso total a los archivos de sus gobiernos previos a un determinado año. Aquí parece que en 2021 aún hay mucho que esconder sobre los años anteriores a la década de los 60. La Fundación Francisco Franco Afortunadamente, la nueva Ley de Memoria también incluye la extinción de fundaciones franquistas, la más conocida, la Fundación Francisco Franco —que directamente lleva el nombre del dictador sin ningún problema en pleno siglo XXI—. Pero, también aquí, hay trampa. El primer borrador de la ley contemplaba como causa de extinción de una fundación que hiciera apología del franquismo, por ser contrario al interés general. Pero el omnipresente Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tardó en emitir un informe aconsejando que se incluyera la humillación a las víctimas. De no ser así, las fundaciones estarían dentro de la libertad ideológica. Esto muestra de nuevo hasta dónde llegan los tentáculos de la dictadura. Pero lo peor fue que el Gobierno lo aceptó y añadió el menosprecio a las víctimas al entonces proyecto de ley. Naturalmente, muchas asociaciones pusieron el grito en el cielo. Es como decir que el nazismo es libertad de expresión a menos que se pronuncie directamente contra las personas judías o gitanas, por ejemplo, cuando forma parte de la base de su ideología. Franco dejó claro que no tenía problemas en matar a media España y a día de hoy aún hay grupos de Whatsapp de militares hablando de fusilar a 26 millones de personas. Dicho esto, es razonable mostrar escepticismo ante la posibilidad real de la ilegalización de las fundaciones franquistas. Pasar página A nivel internacional se contemplan cinco medidas para resarcir a las víctimas tras una guerra o una dictadura: verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Así, contra la impunidad también se tiene el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho de las víctimas a saber. Los obstáculos constantes de las víctimas del franquismo durante décadas —y que continúan con la presencia de leyes sin derogar—, la ausencia de medidas reales de reparación de las víctimas —extendiéndolas a las familias— y, quizá lo más sangrante a estas alturas, la tolerancia al enaltecimiento de la dictadura y del fascismo demuestran que estamos muy lejos de conseguir superar uno de los episodios más oscuros de nuestra historia. Los que crearon el libro dicen que hay que pasar página sin más, pero, para hacerlo, hay que leerla, comprenderla y, sobre todo, llegar a un punto en común en el que todas las partes condenen lo ocurrido y los verdugos se comprometan a no volver a hacerlo. Ahora miren a su alrededor, escuchen y seguramente verán lo lejos que aún estamos de eso.