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l Constitucional da su plácet de forma unánime a los nuevos magistrados, cuya toma de posesión asegurará una mayoría progresista El exministro Campo y la exasesora de Moncloa Díez, por parte del Gobierno, completan la renovación del órgano de garantías junto con los presidentes de Sala en el Supremo Tolosa y Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial El Constitucional da su plácet de forma unánime a los nuevos magistrados, cuya toma de posesión asegurará una mayoría progresista 3 Se lee en minutos Cristina Gallardo Ángeles Vázquez MADRID 29 de diciembre del 2022. 13:21 0 Comentarios Como estaba previsto, el pleno del Tribunal Constitucional ha otorgado este jueves su aval a los cuatro magistrados elegidos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya toma de posesión en los próximos días asegura una mayoría de sensibilidad progresista en este órgano hasta al menos junio de 2030. No se han producido sorpresas y todos ellos han obtenido el visto bueno de los once actuales miembros del órgano, que se han limitado a comprobar que los candidatos cumplen con los requisitos legales para ser parte del tribunal. Se trataba de una reunión de carácter gubernativo para verificar que los cuatro nuevos magistrados tienen nacionalidad española y son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Tanto el exministro de Justicia Juan Carlos Campo como la ex asesora Laura Díez, por parte del Gobierno, y los que presidentes de Sala del Tribunal Supremo César Tolosa y María Luisa Segoviano, por el Consejo del Poder Judicial, cumplen con estos requisitos. Eso hacía que la reunión se convirtiera en un mero trámite, aunque en la renovación anterior, en noviembre de 2021, uno de los magistrados, cuya identidad no trascendió, mostró su oposición a los designados entonces (Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez) votando en contra. A este trámite seguirá su toma de posesión, aunque antes deberán publicarse sus nombramientos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y realizarse el acto de jura o promesa ante el Rey. Una vez se solventen todos estos pasos, el Tribunal Constitucional pasará a tener siete miembros en su sector progresista frente a cuatro de sensibilidad conservadora, lo que supone un cambio radical respecto de la situación actual. Ahora solo quedaría pendiente sustituir a otro de los magistrados, Alfredo Montoya, designado en su día a propuesta del PP por el Senado y que en julio dejó el tribunal por cuestiones de salud. No obstante, la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar esta plaza es el mismo que se arrastra para la designación de los nuevos vocales del Consejo del Poder Judicial, caducado hace más de cuatro años, y sin visos de resolución. TEMAS PENDIENTES Este Constitucional de mayoría progresista estudiará recursos pendientes de resolución como son las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial -para prohibir los nombramientos en la cúpula judicial del órgano de gobierno de los jueces que esté caducado y para poner un plazo legal para las renovaciones del propio TC- la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra normas de gran trascendencia social como la ley actualmente vigente del aborto o la ley de Eutanasia. PUBLICIDAD Un TC de mayoría progresista estudiará las reformas del Poder Judicial IMPUGNACIONES Un TC de mayoría progresista estudiará las reformas del Poder Judicial Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra determinadas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, adoptadas tras la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado 'popular', que se sumó por error suyo a los síes. Noticias relacionadas El candidato de Vox en Valencia condenado por violencia machista asegura que el partido lo sabía El Supremo anula una condena de 9 años porque la Guardia Civil accedió a datos sin autorización del juez El TC también ha admitido, pero no resuelto, las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto; así como las impugnaciones contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá --la ministra que la impulsó--. Igualmente, están pendientes los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño.