La Sabatína de A.Papell....

Líderes en Europa: de Casado a Calviño Antonio PapellPor ANTONIO PAPELL 18 horas 0 Nadia Calviño Desde que José María Aznar calificase a Felipe González de “pedigüeño” por reclamar y conseguir para España aquellos apetitosos fondos de cohesión y crecimiento que sirvieron a este país para dar el gran salto desarrollista hasta le futuro, y organizase con ello un gran revuelo, el PP había ido con cuidado a la hora de graduar la tarea de oposición referente al papel del Gobierno en la política europea, en la que además la adscripción partidaria es secundaria (la amistad entre González y Kohl fue intensa, por ejemplo, y desde ángulos ideológicos bien distintos). Ser oposición incluye un quehacer simétrico de ser poder, y se basa —según la politología clásica— en dos funciones políticas esenciales: la contradicción y el control. En democracia, los problemas tienen siempre muchas soluciones, tantas como opciones ideológicas compitan en el tablero político, y a la oposición le corresponde mostrar a los ciudadanos que, además de la fórmula adoptada por la mayoría, hay otras que las minorías intentarían implementar si consiguiesen la confianza suficiente del electorado. Todo ello además de escrutar la acción gubernamental, denunciar los abusos, poner de manifiesto las carencias, etc. En otras palabras, en democracia, la oposición no es el enemigo, no es el lobby que ha de desempeñar el encargo de destrozar al adversario, no es portavoz de un discurso mesiánico que compendie siempre algo así como la verdad revelada. Entre otras razones, porque si las ideologías adquieren una densidad religiosa, será imposible la democracia plena: si alguien está tan convencido de sus ideas que no es capaz de ponerlas en la balanza frente a un antagonista que se las discuta, es que no es un demócrata. Si el actual presidente del PP estuviera a la altura, no habría prestado oídos a los consejeros que le malaconsejan y que le hacen dudar en público de la legitimidad del gobierno actual Casado no parece haber interiorizado estos criterios, que hasta el radical Aznar terminó entendiendo y que por supuesto Rajoy practicó con elegancia todo el tiempo que permaneció al frente del Gobierno. Porque si el actual presidente del PP estuviera a la altura, no habría prestado oídos a los consejeros que le malaconsejan y que le hacen dudar en público de la legitimidad del gobierno actual, elegido en las urnas, entronizado por un parlamento impecable. Una duda muy grave que desacredita a quien la exhibe. En su viaje a Europa para despedir junto a sus correligionarios a la canciller Merkel —un magnífico espejo en el que el líder español debería mirarse más a menudo—, Casado ha mantenido un discurso indecente que no tiene justificación. En el disenso judicial que estamos padeciendo, muchos pensamos que a causa precisamente de la actitud del Partido Popular, Casado ha comparado la situación de la Justicia en España con la de Hungría o Polonia, países cuyos poderes ejecutivos han interferido de tal modo en la independencia judicial que han sido ya privados de beneficiarse de importantes fondos comunitarios en tanto no corrijan sus crasas desviaciones. En esta especial coyuntura, las palabras de Casado sugerían a las autoridades comunitarias que han olvidado incluir a España en el paquete de democracias imperfectas que no guardan el criterio de la división de poderes. Y ello, además de ser falso de toda falsedad, nos desacredita. A él y a todos sus compatriotas, que estamos orgulloso de haber construido una democracia de calidad. Se da, además, la paradoja de que quienes con más énfasis critican a la justicia española y le atribuyen supeditación al poder político son los soberanistas catalanes. Curiosa confraternidad intelectual. Casado ha culpado también al Gobierno de falta de voluntad a la hora de negociar la renovación de los cargos institucionales, cuando es patente que es él quien supedita el cumplimiento de las leyes —de una ley de 2015 aprobada por el propio PP, con las firmas de Rajoy y Gallardón al pie— a una reforma del sistema de elección de dichos cargos que implante un método que no es ni mucho menos el más utilizado en Europa: tan solo en Italia una mayoría de jueces elige a sus cargos de gestión y representativos. Finalmente, Casado ha lanzado sobre sus congéneres europeos la duda sobre la habilidad del Gobierno español para gestionar los fondos de Recuperación. De ahí a reprochar a Sánchez su condición de pedigüeño no ha habido más que un paso. Pues bien: si Casado tuviera dos dedos de frente, se abstendría de sacar a colación este argumento sabiendo como sabe que la vicepresidenta económica del Gobierno español es Nadia Calviño, exdirectora general de Presupuestos de la Comisión, sin duda una de las mejores expertas económicas de la UE, quien ha contribuido personalmente con sus ideas a edificar el sistema europeo de salida de la crisis sanitaria. Dudar de España en este sentido es, pues, ponerse simplemente en ridículo. Finalmente, el PP, para redondear la faena semanal, ha desbarrado en el Parlamento Europeo: no ha votado afirmativamente a la propuesta de que los matrimonios de personas del mismo sexo tengan la misma consideración jurídica en toda la UE, ni se ha adherido a la europeización de la lucha contra la violencia género instada por la cámara europea. En ambos casos, el Partido Popular Europeo se mostró a favor. El atavismo más incomprensible se ha cernido sobre nuestra principal oposición Calviño: en pos de la regla de oro verde Este pasado fin de semana se reunieron los ministros de Economía de los 27, encuentro precedido por el de los ministros del Eurogrupo que forman los 19 países que comparten moneda. Y las reuniones, aunque muy técnicas, abordaron asuntos de gran interés relacionados con la pospandemia. En concreto, ya es conocido que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue suspendido (mediante una Cláusula General de Escape) al asomar la crisis sanitaria para que los países pudieran manejar la deuda y el déficit conforme reclamaban las condiciones excepcionales que vivíamos. Pero ahora, sin prisas, es momento de comenzar a abordar la pospandemia, la vuelta a la normalidad, a la sostenibilidad. Y aunque se da por hecho que las condiciones actuales —esa especie de barra libre— no cambiarán al menos hasta 2023, los países del Norte no dejan de llamar la atención sobre lo acentuado de los desequilibrios acumulados, y los ocho ‘halcones — además de Austria y Holanda, los países nórdicos (Suecia, Dinamarca y Finlandia) y varios socios del Este (Letonia, Eslovaquia y la República Checa)— han presentado un documento en el que fijan su posición ante la evidencia de que la deuda pública de la UE ha pasado del 79% en 2019 al 94% en 2021 (el déficit, por su parte, ha pasado del 0,5% al 7,5%); el umbral del 90% es sagrado para los más ortodoxos. La vuelta a la normalidad pasa por el levantamiento de la mencionada Cláusula General de Escape, que, como se ha dicho, no llegará al menos hasta 2023, y por la revisión de las cláusulas fiscales, y en concreto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya inflexibilidad produjo grandes daños y víctimas en la primera crisis del siglo. La reforma del Pacto, de la que ya se hablaba intensamente antes de la pandemia, debe mantener la inexorable disciplina fiscal, que sostiene la estabilidad de la moneda única, pero ha de ser lo suficientemente flexible para que la política monetaria pueda ser una útil herramienta de política económica. Se trata de recuperar las esencias de Keynes, de utilizar la inversión pública en la fase descendente de los ciclos económicos para cebar la bomba de la inversión privada y revertir la recesión, y de ahorrar en la medida de lo posible en los periodos expansivos. Lo que sucede es que el cambio de postulados tras la recuperación de la pandemia podría desencadenar una recesión. La OCDE ha sido bien explícita en el informe ‘Estudio económico de la UE y la eurozona‘, publicado el 10 de septiembre, en el que alerta de que los países no deben plantearse todavía retirar los estímulos económicos a empresas y familias porque ello podría traer consecuencias negativas a nivel económico y fiscal. Y pone el ejemplo de los países que tras la pandemia alcanzan una deuda cercana al 130% del PIB: si se aplicaran las reglas fiscales actuales, sería necesario que se redujera esta ratio en 3,5 puntos al año, lo que obligaría a un gran esfuerzo de consolidación fiscal que podría llevar al país a otra recesión. Podría ser el caso de España, que al finalizar el segundo trimestre cuenta con una deuda pública del 122% del PIB. Se adivinaba una pugna sobre el particular entre las dos alas mencionadas de la UE, que se habría plasmado en una propuesta examinada en Eslovenia, pero una vez más ha asomado la audacia en el seno de la Comisión: el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha anunciado una encuesta para examinar esta cuestión y ha distribuido entre los asistentes un documento del instituto de pensamiento Bruegel, Un pacto fiscal verde: inversión climática en tiempos de consolidación presupuestaria. En él, Zsolt Darvas y Guntram Wolff piden algo más que un aterrizaje suave tras los estímulos del coronavirus: “Un ritmo de consolidación fiscal demasiado rápido, como el aplicado tras la crisis financiera mundial de 2007 y la posterior crisis del euro”, argumentan, podría “desencadenar una nueva recesión, por lo que debe evitarse”. Y para ello, reclaman que los líderes políticos aumenten “de forma significativa” el gasto “orientado al futuro, como las inversiones en mitigación y adaptación al clima”. Es decir, aquellas dirigidas a cumplir con los ambiciosos objetivos europeos de reducir el 55% de las emisiones de CO2 en 2030 y de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y recomiendan introducir una “regla de oro verde”. Esto es: un mecanismo “que excluya la inversión pública verde neta del cálculo del déficit y de la deuda”. No en vano Nadia Calviño ya había recomendado a poco de llegar a Eslovenia “adecuar” las normas fiscales “a las necesidades de inversión derivadas de una recuperación verde y digital”. Todo cuadra desde hace tiempo en el proceso económico.