Los Catalanes dan......la nota.

Cataluña responde a la reforma de la Constitución con una ley propia de estabilidad

31.08.2011 Madrid/Barcelona M.Tejo/J.M.L. Agúndez/ A.Zanón 18

Anuncia una ley propia que regule sus números rojos. El objetivo: torpedear la reforma constitucional que ayer salvó el Congreso,con el aval de PP, PSOE y UPN. El conflicto puede llegar al TC.
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Jornada de felicidad efervescente en el Congreso. PP y PSOE no podían ocultar ayer la euforia por la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución –gracias a sus votos, más los de UPN–, que permite fijar por ley el límite de déficit para el Estado y las comunidades.

Sin embargo, el sosiego no tardó en rebajarse. A la salida del Hemiciclo, unos y otros se echaban a temblar. El anuncio de que el Gobierno catalán lanzará una ley propia de estabilidad presupuestaria no sólo evidencia la falta de unidad política, sino que abre una pelea legal con Cataluña, que podría acabar en el Tribunal Constitucional.

El portavoz del Gobierno autonómico, Francesc Homs, explicó que antes de que Las Cortes “dicten” a Cataluña cómo debe actuar, aprobarán una norma propia El anuncio, que estuvo precedido por un gesto histórico de CiU – se ahorró la molestia de votar el cambio de la Carta Magna–, plantea dos tipos de problemas constitucionales.

El primero, de Cataluña con el Estado. A priori, la futura ley catalana no podría colisionar con la nueva regla del déficit. “Esta reforma, aunque tardía, tiene la virtud de que embrida a las autonomías”, matiza el profesor de Constitucional, Manuel Sánchez de Diego.

Ahora bien, no se descarta que CiU plantee un conflicto bajo el argumento de que su ley antidéficit, que emana de su Estatut que sí tiene rango formal de ley orgánica, entra en colisión –o un “choque de trenes”, en palabras del portavoz de CiU, Duran i Lleida– con otra norma orgánica, la que se aprobará próximamente para fijar la cifra de déficit estructural en España.

Se trata, según señalan los expertos consultados por EXPANSIÓN, de “una motivación posible en un Tribunal lleno de interferencias políticas”. Con esta maniobra política, Cataluña ganaría ante todo tiempo. Al estar extinguida la vía de recurso previo (que obligaba al Tribunal a poner en cuarentena una ley en estudio), se daría el caso de dos leyes solapadas (si bien es cierto que la estatal sólo regula el déficit estructural, no el cíclico, una fisura que CiU no ha dejado pasar de largo).

Y la segunda fuente de controversia sería doméstica. La nueva Ley catalana va contra el propio Estatut. Las fuentes consultadas ven muy claro que la medida de presión de Cataluña tiene visos de ser inconstitucional per se. El propio Estatut obliga en esta cuestión a ajustarse a la Constitución.

Como explica Gerardo Ruiz-Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén, “la aprobación de una ley catalana sobre estabilidad presupuestaria es una competencia que reconoce el Estatut a la Generalidat. Sin embargo, esta facultad no está exenta de límites.

El propio Estatuto los reconoce en sus artículos 213 y 214, al condicionar la posibilidad de emitir deuda pública y la estabilidad presupuestaria de la comunidad a los principios y normativa estatal y de la UE”