Famosos bajo el cerco de Hacienda
La noticia de que el presidente del bufete ibérico Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Emilio Cuatrecasas ha sido citado a declarar como imputado por un presunto fraude de 3,7 millones de euros a Hacienda ha devuelto a la actualidad la lista de nombres de personajes relevantes que han estado bajo la lupa de la Agencia Tributaria.
Sin duda el primer caso de presunto delito fiscal de un personaje conocido que fue replicado en todos los medios de comunicación se produjo en marzo de 1987 cuando la Fiscalía de Madrid presentó ante en el juzgado de guardia una querella por posible delito fiscal contraLola Flores, y su marido, Antonio González, “El Pescaílla”.
El que para muchos fue un claro caso ejemplarizante ante la sociedad de la importancia de declarar correctamente el Fisco, se saldó finalmente en 1991 con una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que condenaba a la artista por cuatro delitos fiscales a dos penas de un mes y un día de arresto y otras dos de siete meses de prisión y aplicándosele la mínima cuantía posible, 28 millones de las entonces pesetas. Casualmente el fiscal que redactó la querella contra Flores, Luis Jordana de Pozas, actúa ahora como uno de los abogados defensores de Cuatrecasas, ante la querella recibida.
En 1989 se acusó al presentador y humorista Pedro Ruiz de un presunto fraude fiscal, pero finalmente el juez Fernando Valle, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, dictó auto de archivo de la querella presentada por la fiscalía de Barcelona, considerando que la deuda que el actor mantenía con el fisco no era constitutiva de delito.
Los noventa
Pero fue en la década de los 90 cuando se recrudecieron las investigaciones de Hacienda antes presuntos delitos económicos. En 1994 el economista y corredor de comercio Manuel de la Concha, que fuera presidente de la Bolsa de Madrid, fue detenido junto al ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, acusados de delito fiscal y falsedad.
Pero fue en la década de los 90 cuando se recrudecieron las investigaciones de Hacienda antes presuntos delitos económicos. En 1994 el economista y corredor de comercio Manuel de la Concha, que fuera presidente de la Bolsa de Madrid, fue detenido junto al ex gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, acusados de delito fiscal y falsedad.
En 1998 el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid (condena que aumentó el Supremo un año después) por estafa y delito contra la Hacienda Pública, además de otros delitos como cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos o estafa. También había sido condenado antes por el llamado "caso Urralburu" por la Audiencia de Navarra, donde también fue condenado el expresidente de Navarra, Gabriel Urralburu por tres delitos, entre ellos dos de fraude fiscal.
Un año después en 1999 la Fiscalía pidió 20 años de prisión para el financiero Jacques Hachuel por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El ex socio de Mario Conde fue condenado posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid por alzamiento de bienes.
La llegada del nuevo siglo también ha traído algunos casos de transcendencia pública. En el año 2003 el presentador y cantante Bertín Osborne fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a un año de cárcel y 900.000 euros por un delito de alzamiento de bienes.
Dos años más tarde, en 2005, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al abogado Emilio Rodríguez Menéndez a seis años de cárcel e inhabilitación como letrado por un delito fiscal por el que defraudó a Hacienda 1,8 millones de euros.
Ruiz-Mateos y los Botín
Y el año pasado también ha trascendido a los medios de comunicación que el patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y su hijo Javier fueron citados a declarar en marzo de 2011 como imputados en la investigación del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid contra el Rayo Vallecano por tres presuntos delitos fiscales.
Y el año pasado también ha trascendido a los medios de comunicación que el patriarca de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, y su hijo Javier fueron citados a declarar en marzo de 2011 como imputados en la investigación del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid contra el Rayo Vallecano por tres presuntos delitos fiscales.
Sin duda una de los casos más sonados vio la luz en junio de 2011 cuando el juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional decidió investigar al presidente de Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime Botín, y otros diez familiares por presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental. La familia Botín regularizó su situación de forma voluntaria dos meses antes y pagó 200 millones de euros, pero el Ministerio Fiscal afirmó que “no había podido determinar si las regularizaciones realizadas habían sido completas y veraces”.
El mes pasado, el Tribunal Supremo ordenó que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fuera imputado por cinco delitos fiscales. Tras la decisión del Supremo Fabra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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