La historia ya les ha absuelto: los represaliados por el franquismo han tenido en el Parlamento catalán un reconocimiento total y absoluto. Pueden haber sido condenados por el régimen, pero han sido absueltos por la posteridad, con la visión panorámica que da la distancia en el tiempo. Una iniciativa que partió de la comisión de la Dignidad y que ha llevado a un posicionamiento unánime de la Cámara catalana, que por un momento dejó de lado la polémica del referéndum y el ‘procés’ y aprobó la Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo.
La iniciativa anula los casi 64.000 consejos de guerra celebrados entre abril de 1938 y diciembre de 1978 “por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista”.
El texto autoriza también al Archivo Nacional de Cataluña para que elabore una lista pública de los procesos, las sentencias y las personas encausadas, así como las condenas impuestas en el periodo citado. Esa lista será publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).
En realidad, la presentación de la iniciativa tenía un doble sentido: en el actual momento del ‘procés’, los independentistas asimilan los conceptos de ‘Estado español’ con ‘franquismo’, en un intento maniqueo de presentar sus reivindicaciones como las positivas ante la sociedad. En esta coyuntura, esperaban, en realidad, al menos, la abstención del PP para seguir jugando la misma carta.
Pero, sorpresivamente, el PP votó a favor del proyecto de ley. Montserrat Palau, representante de Junts Pel Sí (JxS) y encargada de defender el texto, fue taxativa al señalar que “ya no valen excusas de no abrir heridas porque estas heridas jamás se han cerrado”. Subrayó la diputada independentista que la Transición fue un engañabobos y que “es preciso asumir la memoria histórica y reparar los crímenes de la dictadura. La Ley de Amnistía no fue el punto y final y la Transición no fue modélica, sino que escondió la memoria republicana”. Asimismo, destacó que los juicios que se quieren anular se celebraron “sin garantías ni fundamentos jurídicos”.
El texto fue transaccionado entre JxS, PSC, CSQEP y la CUP, y la ley final fue aceptada por los otros dos partidos de la oposición, Ciudadanos y PP. Todos los intervinientes (Matías Alonso, de Ciudadanos; Ferran Pedret, del PSC; Joan Josep Nuet, de CSQEP; Fernando Sánchez, del PP, y Mireia Boya, de la CUP) siguieron parámetros similares a los de Montserrat Palau, tachando a los tribunales franquistas de “ilegales” y reclamando la reparación de las víctimas.
Condenas sin paliativos
Matías Alonso, militar de profesión, dejó claro el alcance de la iniciativa: “Esta ley no es solo un instrumento de justicia y reparación, es también una nueva condena desde una institución democrática del levantamiento militar y del golpe de Estado de julio de 1936 contra la Segunda República y el ordenamiento democrático entonces vigente”. Y recordó que “en el bando sublevado” hubo “violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales” que quisieron revestirse “de apariencia de legalidad y de legitimidad”. Y clamó por una “condena taxativa e inequívoca del golpe de Estado fascista y del régimen dictatorial totalitario y corrupto que no dudó nunca en pisar los derechos humanos fundamentales para imponer su voluntad por la vía del terror”.
De manera similar se postuló el socialista Ferran Pedret, que subrayó que “los diferentes métodos de represión y los órganos que la vehicularon durante la Guerra Civil y el franquismo fueron una actuación de hecho de un poder omnímodo y autocrático que solo intentaban revestir de una apariencia de legitimidad y de juridicidad". Más cáustico fue el comunista Joan Josep Nuet (es líder de EUiA, además de diputado de CSQEP): “Ayer, en el Congreso de los Diputados, se otorgaba una medalla al líder de la Falange Rodolfo Martín Villa, y hoy el Parlamento de Cataluña honra a las víctimas del franquismo retornando parte de la dignidad robada”, dijo en su alocución. Y sentenció que “ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica del Parlamento de Cataluña ante las víctimas de aquellos procesos, reparando los abusos cometidos por el régimen franquistacontra la legalidad judicial y procedimental y haciendo la reparación exigida por las personas represaliadas, la sociedad catalana y las instancias internacionales”.
La ‘cupera’ Mireia Boya fue detallista: hubo 63.961 procesos de consejos de guerra en Cataluña y 3.358 personas ejecutadas (3.341 hombres y 17 mujeres). “Esta fue la venganza de Franco con Cataluña entre 1936 y 1975”, enfatizó. A ello hay que añadir “la falta de derechos y libertades, la tortura, la persecución, el terror, el hambre, secuelas físicas y psicológicas que nos han perseguido durante generaciones”. Y bordó la intervención señalando: “Hoy hacemos un acto jurídico de enorme simbolismo”. Criticó, eso sí, que nadie haya hablado hasta ahora de “reparación histórica ni de justicia”, sino de “ley de punto final, pacto de silencio en el búnquer del 78, maquillaje y olvido, oídos sordos a las peticiones de familiares, silencio, amnesia”. Y terció: “Lo hacemos tarde. Pero lo hace el Parlamento de Cataluña en un acto de soberanía, de ruptura con un régimen totalitario que todavía está vivo, que se ha perpetuado, que hizo un cambio de nombre en la mal llamada Transición, que continúa bien vigente (…) Lo hace el Parlamento de Cataluña porque el Estado nunca lo ha hecho ni lo hará. Lo hacemos porque ellos nunca pedirán perdón: ni el Estado ni el Rey, ambos herederos y colaboracionistas con la dictadura franquista”.
La atención estaba focalizada en la intervención del representante popular, que se sumó a la condena generalizada
Pero la atención estaba focalizada en la intervención del representante popular, que se sumó a la condena generalizada. El diputado Fernando Sánchez fue directo y conciso: “Han pasado 80 años del golpe de Estado, un golpe de Estado que nosotros condenamos, un levantamiento militar que nosotros rechazamos; rechazamos y condenamos el golpe de Estado del general Franco, como rechazamos y condenamos cualquier dictadura”. Y sorprendió a los independentistas metiéndose en su terreno: “Constatamos la nulidad del juicio a Companys, entre otros. Nosotros pensamos que Companys no fue un buen presidente. Fue un presidente de un bando, no de todos los catalanes, pero su detención, su condena a muerte y su ejecución no se deberían haber producido nunca”. Luego, zanjó: “Hay un principio que siempre querríamos seguir: trabajar por la reconciliación. Y este principio se expresa de maneras muy diferentes en cada territorio y en cada circunstancia. Hoy, aquí y ahora, pasa por apoyar esta ley y declarar y reconocer nulos los juicios de la dictadura”.
“Nuestro discurso está basado en tres premisas: la primera es la condena de la dictadura; la segunda es la reivindicación del espíritu de la Transición. Queremos mantenernos fieles a este espíritu de concordia y diálogo. Pero, al mismo tiempo, pedimos el respeto a la verdadera memoria histórica y que seamos respetuosos no solo con los hechos históricos, sino con la pluralidad de memorias y experiencias. Queremos pasar página de una vez por todas. Y la tercera premisa es un tema más técnico: no es que el Parlament declare nulos los juicios, sino que son nulos ‘de acuerdo con las leyes vigentes’. La propia Ley de Memoria Histórica los declara contrarios a derecho en la forma y en el fondo. Y lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Los órganos institucionales dicen que han sido expulsados del derecho jurídico”, explica a El Confidencial Fernando Sánchez.
El representante popular señala también que “en la Transición, mucha gente fue valiente y los más maximalistas los llamaban traidores. Y, ante las circunstancias políticas de hoy, nos gustaría pedir a los cargos políticos de Cataluña, incluyendo al propio vicepresidente del Govern, que tengan la valentía de transitar por los senderos del consenso, a pesar de las críticas que puedan tener. Ya lo hicieron otros en la Transición y ahora tienen la oportunidad histórica de hacerlo ellos”.
Asturias sigue perdiendo población mientras que el conjunto del país consigue, por primera vez romper con la caída que se inició en 2012. Así, mientras España suma habitantes (88.867) y lleva el total de la población a la cifra de 46.528.966, en el Principado la tendencia sigue a la baja, con casi 6.500 habitantes menos, una reducción del 0,62%, que deja a la región, con 1.034.449 habitantes.
El Principado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), experimenta la tercera caída de población en términos porcentuales y la sexta mayor bajada en números absolutos. Las cifras del inicio de este año dejan, además, una disminución que roza los cuarenta mil habitantes en una década en la región. Datos todos que dejan muy lejos el récord de 1.130.500 habitantes en la región, alcanzado en diciembre de 1981.
Y baja la población en Asturias a pesar de que se recuperan algunos índices, como el saldo migratorio con el extranjero, que vuelve a ser positivo, algo que no sucedía desde 2011. Pero que no es capaz de frenar la caída en el número de habitantes al contrario de lo que sucede en el conjunto del país.
En España, el saldo migratorio con el exterior aumentó en 89.126 personas a lo largo del año pasado, un dato en positivo por primera vez desde 2009. Un total de 417.033 personas procedentes del extranjero establecieron su residencia en España mientras que fueron 327.906 las que abandonaron el país con destino al extranjero. La inmigración aumentó un 21,9% y la emigración se redujo un 4,6%. Se invierte una situación en números negativos desde que la crisis empezara a afectar al día a día de los residentes en España.
En Asturias, este movimiento dejó un saldo positivo de 1.345 personas en Asturias el año pasado. En 2015, el saldo era en negativo, de 1.104, y en 2014 aún era mayor la cantidad (cerca de 2.600 en negativo). La última vez que este índice dio positivo en el Principado fue en 2011.
Este saldo positivo, en la región y en el conjunto del país, se debe principalmente a la llegada de extranjeros en contraste con la salida de españoles. Y es que la emigración de españoles al extranjero apenas se redujo un 9%. Reino Unido, a pesar del 'brexit', se mantiene como el principal destino al que emigran los españoles, por delante de Francia, Alemania y Estados Unidos.
Volviendo a Asturias, no mejoran los datos cuando se observa el saldo migratorio con el resto de las comunidades autónomas, que fue negativo, de -970 personas, y supone además el sexto peor registro entre las distintas regiones.
Además de Asturias, pierden población Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Cantabria y La Rioja. Bajada en el número de habitantes que se achaca, principalmente, al envejecimiento, aunque también afectan las migraciones interiores. Madrid (16.519), Baleares (5.287)y Cataluña (3.306) son las regiones que más se benefician de ese trasvase de población.
En cuanto al saldo vegetativo, los datos tampoco son optimistas en la región. Durante al año pasado se registraron 13.198 defunciones y 6.347 nacimientos, es decir un saldo en negativo de 6.851 habitantes. El Principado, de mantenerse estas tendencias, perderá el 11 % de su población de aquí a 2031.
Unidos Podemos agotará todas las vías posibles para tratar de frenar el Tratado de Libre Comercio con Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés, que consideran inconstitucional y que este jueves ya fue aprobado en el Congreso con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT. La pelota ahora está en el tejado del Senado, donde está prevista su ratificación el próximo 13 de julio. En la Cámara Alta se presentará un recurso previo de inconstitucionalidad, como ya se intentó en el Congreso, y ante la evidencia de que el pleno vuelva a rechazarlo y se apruebe definitivamente el tratado, Unidos Podemos dará el paso de elevar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
Para presentar el recurso ante el TC son suficientes 50 diputados, pero desde el grupo confederal tratarán de revestirlo con el apoyo de otros grupos parlamentarios. Una puerta que los socialistas ya han cerrado, pues pese a reconocer ciertos indicios de inconstitucionalidad en algunos puntos, tienen dudas jurídicas a este respecto y descartan tanto acudir al TC como apoyar a Unidos Podemos en el trámite del control previo en el Senado, según fuentes de la dirección parlamentaria del PSOE.
El diputado y portavoz del área internacional de Podemos, Pablo Bustinduy, volvió a dirigirse ayer desde la tribuna del hemiciclo al PSOE para pedirle que se sume al recurso de inconstitucionalidad en el Senado, asegurando que no hay dudas sino certezas a este respecto. Su abstención, les afeó, “es insuficiente” para frenar un tratado que han calificado como un ataque a la soberanía nacional, que quedaría en manos de “poderes que nadie ha elegido”. Se sume o no el PSOE a esta cruzada contra el CETA, que secundan también los sindicatos UGT y CCOO, Bustinduy concluyó: “Vamos a seguir peleando para que este tratado no vea la luz”.
Más allá de las críticas al tratado por no salvaguardar derechos laborales, sociales o medioambientales, como también sostienen los socialistas, en lo referente a su inconstitucionalidad Podemos se centra en dos capítulos del tratado: el referente al Sistema de Tribunales de Inversiones (STI), el más polémico, y el que establece cómo la UE y Canadá organizarán los diferentes comités establecidos por el acuerdo y la naturaleza jurídica de sus decisiones. En total, según el borrador del recurso al que ha tenido acceso este diario, Unidos Podemos considera que el CETA contraviene seis artículos de la Carta Magna (9.3, 23, 24, 93, 117.5 y 119).
Se trata de los relacionados con el principio de unidad jurisdiccional (117.5), con el derecho a la tutela efectiva de los jueces y tribunales (24.1), así como al juez ordinario predeterminado por la ley (24.2), a la gratuidad de la justicia (119), la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3) o el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes electos.
En línea con lo defendido por las organizaciones sociales y sindicales que se oponen al CETA, desde Podemos ponen el foco en el capítulo ocho del tratado, que establece el mencionado STI (Sistema de Tribunales de Inversiones) para que “los inversores puedan resolver las diferencias con los gobiernos en materia de inversiones de manera rápida e imparcial”. Asimismo, entienden que confirma el derecho a regular en todos los niveles de la Administración.
El responsable de la secretaría para Europa y europarlamentario de Podemos, Miguel Urbán.
El responsable de la secretaría para Europa y europarlamentario de Podemos, Miguel Urbán, apuntaba tras la ratificación del CETA en el Congreso una serie de consecuencias tanto económicas como jurídicas que menoscabarían la protección de los consumidores, la salud pública y el medio ambiente. El tratado también limitaría “la capacidad de gobiernos para regular los servicios públicos y revertir privatizaciones fallidas”, además de reducir puestos de trabajo: “La ganancia en ingresos iría a pocas manos y aumentaría la desigualdad”. Con todo, los servicios sanitarios y la educación han sido excluidos finalmente del acuerdo ante las reticencias generadas, además de mantenerse los estándares alimentarios de la UE, por lo que la carne canadiense tratada con hormonas no podrá importarse, como hasta ahora.
El eurodiputado de Podemos añade que el acuerdo, tal y como está redactado, “autorizaría a miles de empresas extranjeras a demandar a los países donde tienen pensado invertir o han invertido por medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta”. En este sentido, critica que establece "un sistema legal paralelo que autoriza a los inversores a eludir los tribunales".
La vieja generación de dirigentes que vivió en primera persona el nacimiento de CCOO se jubila. El próximo secretario general, Unai Sordo (Bilbao, 1972), pertenece a una nueva hornada de dirigentes que solo conoce la mina La Camocha —donde nacieron las primeras comisiones obreras— por tradición oral o por haber leído sobre su existencia en periódicos y libros de texto. De aquello hace 60 años, y 40 desde que los sindicatos fueron legalizados. Y ayer, en la jornada inaugural del XI Congreso de CCOO, se pudo escuchar una autocrítica impensable hace pocos años.
No fue la célebre autocrítica de Kruschov, probablemente porque no era necesaria. Pero Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952) —dos mandatos al frente de CCOO— no se mordió la lengua. Admitió sin tapujos ante los 751 delegados que “las tarjetas 'black' son una mancha en nuestra historia”. Justo el mismo día en que el exsecretario de CCOO en Andalucía Francisco Carbonero era investigado en el caso de lo ERE, lo que removió ayer algunos cimientos del congreso.
“No vale decir que no lo sabíamos, y no lo sabíamos... Pero mirar para otro lado no sirve, hay que tomar el toro por los cuernos”, aseguró Toxo después de reconocer que “el sindicalismo confederal y de clase no pasa por el mejor momento de su historia, y sería estúpido no reconocerlo”.
El análisis de Toxo, recogido en el informe general presentado al congreso, parte de una idea: “Las causas y la manifestación de este debilitamiento en una parte de los países europeos son anteriores al estallido de la gran recesión”. Es decir, que la pérdida de afiliación —y CCOO se ha dejado 100.000 afiliados en los últimos cuatro años— no solo tiene que ver con la crisis, sino con causas “endógenas” y “exógenas” que han “minado” la credibilidad de los sindicatos.
Expresado en términos más concretos: la crisis y las políticas económicas tomadas con posterioridad, particularmente las reformas laborales de 2010 y 2012, han generado “profundos cambios y mutaciones en el mercado de trabajo que han erosionando los tradicionales procesos identitarios de los trabajadores”. Es decir, los sindicatos son ahora menos útiles para la sociedad —principalmente para los jóvenes— por la puesta en marcha de determinadas políticasque buscaban, precisamente, eso.
Pérdida de confianza
Según la información que maneja CCOO, entre las causas de baja del sindicato la más frecuente es la pérdida del puesto de trabajo o el temor a perderlo, frente a otros motivos, como la “mala atención”, la “pérdida de confianza” o las “discrepancias político-ideológicas”.
Los errores propios, según la dirección saliente de CCOO, tienen su origen en la manera de enfrentarse los sindicatos a los “cambios evidentes” que venían produciéndose en la sociedad española y, en particular, en el mundo del trabajo. Pero también a decisiones tomadas cuando la economía crecía con fuerza antes de la crisis, como la gestión de los expedientes de regulación de empleo (ERE), los cursos de formación o la presencia de dirigentes del sindicato en la antigua Caja Madrid, cuya “expresión más grosera”, en palabras de CCOO, derivó en el “escándalo de las tarjetas”.
El resultado es que, en los últimos cuatro años, la afiliación “se ha resentido significativamente”, aunque no se trata de un fenómeno singularmente español. La propia socialdemocracia, como sostiene el documento, está en declive. E incluso, como dijo ayer Toxo en su intervención, bajo la mirada atenta del presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, “es curioso que nos tengamos que alegrar del triunfo de alguien como Macron, un ultraliberal”.
El resultado es que, en los últimos cuatro años, la afiliación “se ha resentido significativamente”, pero no se trata de un fenómeno singularmente español
La causa de esta pérdida de hegemonía de la izquierda tiene que ver, según CCOO, con que se ha quebrado el pacto social entre capital y trabajo surgido tras 1945 y que colocaba a los sindicatos en el centro del tablero político a través de diversos instrumentos.
Eran los tiempos en que estados fuertes eran propietarios de las industrias estratégicas o dirigían políticas industriales; servicios públicos universales y sistemas de protección social avanzados, y políticas económicas que incentivaban la demanda interna para lograr situaciones de pleno empleo o cercanas al mismo, como sostiene CCOO. Y la mayor productividad de la economía estaba ligada a un reparto de la riqueza más equilibrado a través de la negociación colectiva de los sistemas impositivos.
Ahora todo es distinto. Y la estrategia de CCOO para recuperar posiciones pasa por recuperar la unidad de la izquierda. Precisamente en línea con la nueva orientación del PSOE tras el regreso de Pedro Sánchez, lo que justifica una primera reunión que ya se ha celebrado en Ferraz. Algo que también supone reforzar la unidad de acción con la UGT de Pepe Álvarez, que es, según Toxo, “una pieza básica de la estrategia de CCOO”.
A las doce del mediodía de hoy Unicaja debutará en Bolsa, convirtiéndose en el octavo banco nacional cotizado. Finalmente las acciones se van a colocar en la parte baja de la horquilla de precios manejada, a 1,10 euros, es decir, valorando el banco en unos 1.700 millones, lo que supone un PER de 11 veces sobre el beneficio neto de 2016, por debajo de la actual media del sector.
El proceso de demanda institucional por parte de los colocadores ("book-building") ha superado dos veces la oferta, lo que, en principio, es una noticia positiva para antes de su debut bursátil. El responsable de Renta Variable de Orey Financial de España, Borja Rubio, ha explicado que el precio de salira de Unicaja es razonable, pero es escéptico porque sigue viendo reisgos dentro de la industria bancaria.
El ratio de cobertura de la cartera hipotecaria de Unicaja se sitúa en el 55%, superior a la media del sector (45%). El ratio de solvencia CET1 se sitúa en el 11,8%. La tasa de mora se sitúa en el 9,8%, sobre la media del sector.
Unicaja fue fundada en 2011, tras la integración de las Cajas de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén. En 2014 completó la adquisición de España Duero (Caja España + Caja Duero), controlando el 69% de la entidad, el resto de la participación es propiedad del FROB e inversores privados.
Actualmente su estructura accionarial se compone de un 86,7% (Fundación Unicaja) y un 13,3% (inversores privados). Su negocio está centrado en el cliente minorista y su área de acción es de carácter doméstico. Cuenta con más 3 millones de clientes y más de 1.200 oficinas, representados principalmente en Andalucía y Castilla y León (82% de las oficinas).
Lo más normal es que veamos una continuación de los descensos hasta el nivel de los 10.377 puntos
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Catalana Occidente parece que se sujeta en las inmediaciones de los 36 euros y es probable qe acabemos viendo un ataque a la resistencia de los 37,77 euros, máximos anuales. Estaremos muy pendientes de un cierre por encima de este nivel de oferta ya que dejaría al valor en subida libre sin resistencia alguna en su camino. Esto propiciaría el comienzo de un nuevo impulso alcista que podría catapultar la cotización del valor hasta el nivel de los 42 euros.
BMEcontinúa cotizando por encima del soporte de los 31 euros y mantiene sus buenas perspectivas técnicas del medio y largo plazo. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 32,40 euros. Atentos a un cierre por encima de este nivel de precios ya que nos haría pensar en una toma de posiciones. No la perdemos de vista.
IAGsigue siendo uno de los valores que tendremos de en punto de mira tras confirmar, esta misma semana, el final de la corrección del corto plazo. Para las próximas jornadas lo más normal es que acabemos viendo una continuación de las subidas hasta los máximos anuales que dibujara en los 7,18 euros. La superación de este nivel de oferta nos haría pensare en una continuación de las subidas hasta el nivel de los 7,50 euros.
Fluidrasigue con su escalada alcista tras la magnífica figura realizada este miércoles. El valor cotiza si resistencia alguna en su amino por lo que es bastante probable que acabemos viendo una continuación de las subidas hasta el nivel de los 7 euros.
San José ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones y parece que el aumento del volumen negociado en las últimas subidas nos invita a pensar en una continuación de las subidas. El primer nivel de resistencia se encuentra en los 3,94 euros. Este nivel de precios será clave para su evolución técnica. Si consiguiera superarlo podríamos acabar viendo una continuación de las subidas hasta el nivel de los 4,32 euros.
