Una más de menos..Una Institución Langreana..." Casa Isaac "

Casa Isaac, el bar más antiguo de todo Langreo, echa el cierre El establecimiento hostelero abrió sus puertas en la plaza de La Pomar en 1949, regentado por la familia de Isaac Sánchez Isaac Sánchez Coto escancia un culín para Javier Fernández, uno de sus clientes habituales. / J. C. ROMÁN M. VARELA LANGREO. Lunes, 31 mayo 2021, 06:52 La hostelería langreana pierde hoy su gran referente. Su establecimiento más antiguo, Casa Isaac, cierra sus puertas después de 72 años al servicio de sus clientes. Desde hace unos meses el bar está regentado por Isaac Sánchez hijo, de 84 años, al que el peso por la reciente pérdida de su hermano César, con quien regentaba el establecimiento, le ha pesado más que los años detrás de la barra y ha desembocado en un cierre que se materializará está tarde. «Cierro porque es la hora y porque murió mi hermano», cuenta Isaac sin dejar de atender a los clientes habituales. No hace falta preguntar qué van a tomar, se conocen muy bien. Sus clientes son históricos, como el escultor José Luis Iglesias Luelmo, al igual que el establecimiento, pero a pesar de ello Isaac quiere irse sin hacer ruido, haciendo gala de la discreción que siempre ha caracterizado a los dos hermanos. Casa Isaac deja huérfanos a clientes y tertulianos que llevan años encontrando un refugio en el local. Y entre culetes de sidra escanciados con la maestría de manos añejas, pero firmes los vecinos entablan tertulias por las que el tiempo no pasa. El felguerino Fernando Ruiz Menéndez, cliente del día a día desde hace más de medio siglo, asevera que «somos como familia, son muchos años y muchas vivencias, toda una vida». Hablar de Casa Isaac, es hablar de la historia de la hostelería felguerina. El establecimiento abría sus puertas en la plaza de La Pomar en 1949 de la mano de Isaac Sánchez Prieto, que inculcaría su amor por las cosas bien hechas a sus hijos, Isaac y César, que tomaron el testigo y se pusieron al frente del negocio familiar. Carteles y fotografías Una barra amplia, para dar cabida a vecinos y clientes, siempre ha dejado ver su amplia oferta de vinos y sidras, a la que se unen conservas selectas y embutidos de primera calidad. Porque en Casa Isaac el beber y el picar se unen de forma inescrutable. Y todo perfectamente ordenado sobre una estructura de madera. En sus paredes siempre ha estado reflejado el mundo taurino, con carteles que hoy bien podrían estar en un museo, y fotografías que se han convertido en apuntes perfectos de la historia de este arte. Isaac y César siempre han tenido hueco para las expresiones artísticas, así en sus paredes se puede disfrutar de pósteres del pintor Macario Burón Arias, que en blanco y negro retrató a personajes ilustres como Unamuno, Gandhi o Einstein. También hubo espacio para exposiciones esporádicas, nunca hubo un 'no' a la cultura. Cierra Casa Isaac y Langreo queda un poco más huérfano de sus raíces hosteleras. Hoy todo serán recuerdos y sus clientes no faltarán a la última cita, sabedores de que no habrá un mañana para Casa Isaac.

Un Mundo de tañídos...." La Wamba "

El sonido de la historia: así es la "Wamba", la emblemática campana de la Catedral de Oviedo La pieza, la que más tiempo lleva en uso en todo el mundo, protagonizará el concierto de Llorenç Barber Llorenç Barber, bajo la “Wamba”, durante su visita del viernes a la torre de la Catedral. Franco Torre Oviedo | 31·05·21 | 04:01 0

Aquellos Cielos!!!

El cielo por asalto José Pablo Feinmann Por José Pablo Feinmann 30 de mayo de 2021 El 18 de marzo se cumplieron 150 años de un hecho memorable: la Comuna de París de 1871. Fue la primera revolución hegemonizada por la clase obrera. En 1789, el pueblo bajo acompañó a la burguesía en ese acto insurreccional y fundante que fue la Revolución Francesa. Pero no fue el protagonista de esa gesta que habría de culminar en el Terror de Robespierre y Saint-Just, y en la dictadura imperial de Napoleón Bonaparte. La Comuna de París tuvo un arco de posibilidades que la hicieron posible. Francia estaba en guerra con la Prusia de Bismarck y Guillermo II. Y no sólo estaba en guerra sino que la estaba perdiendo sin apelación alguna. El “canciller de hierro” (Bismarck) era un gran estratega y sabía mover sus tropas mejor que Napoleón el pequeño (Napoleón III), cuya gloria se agotaba en llevar el nombre de Napoleón Bonaparte, aunque sólo eso, ya que no había heredado su genio militar ni sus aptitudes políticas. Napoleón III es hecho prisionero de los generales prusianos que inclinan, así, la guerra en su favor. Queda al frente de la República francesa el mínimo, aunque colérico y sanguinario, Thiers. La Guardia Nacional se niega a hacer fuego contra los comuneros insurrectos y más aún: se pone de su lado. Ahora la Comuna tiene en su poder la gran ciudad del país. Tiene el fervor, tiene las armas y un vibrante plan de Gobierno. Que es el siguiente: - El Ejército y la Policía fueron reemplazados por la Guardia Nacional, integrada por ciudadanos comunes, como artesanos, jornaleros y otras profesiones. - Se estableció la separación entre la Iglesia y el Estado. - Los cargos públicos eran sometidos a elección popular y se regirían por el principio de revocatoria de mandato. - Dejaron de impartir clases de religión en los colegios, por tratarse de un tema de decisión personal. - Las fábricas abandonadas fueron ocupadas por los trabajadores. - París se dividió en quartiers, localidades con cierta autonomía que cooperaban con la organización central. Los funcionarios recibían un sueldo similar al de los obreros. - El precio de los alquileres fue controlado por la Comuna. - Las viudas y huérfanos de la Guardia Nacional fueron reivindicados con pensiones. ¡Qué plan magnífico! En ningún país de los tiempos pandémicos que corren podría aplicarse. Las mujeres tienen un papel preponderante y hasta prepotente en la lucha. La Comuna, como dice Karl Marx en célebre frase, quería tomar “el cielo por asalto”. Pero no lo tomó. De un modo acaso inexplicable no irrumpieron en el Banco Nacional de Francia, donde se acumulaban las riquezas del país. Esas riquezas se las llevaba Thiers para rearmar su ejército. Thiers había huído a Versalles, refugiándose en el en el que supo ser el corazón de la aristocracia monárquica, gozosa y despilfarradora. Hasta que se le acabó la fiesta con las multitudinarias masas rebeldes de 1789. Y con la guillotina de Robespierre, que no tuvo piedad con nadie y menos con Luis XVI Ahora, en Versalles, estaba Thiers. Y entonces sucede un acontecimiento insólito. Francia y Prusia suspenden la guerra entre naciones porque la “hidra internacionalista” (como llamó Nietzsche a la Comuna) se había apoderado de una de ellas. ¡Ah no, eso no, de ninguna manera! Marx se deleita con este hecho. La lucha interburguesa se deja de lado cuando el proletariado se insurrecta. Bismarck le devuelve a Thiers sus prisioneros. Ahí los tiene, disponga de ellos, primero hay que aniquilar a la hidra internacionalista después seguimos nuestra guerra. Francia y Prusia guerreaban por sus conquistas imperialistas. Alemania había llegado tarde al reparto del mundo entre las grandes naciones europeas. Necesitaba su “espacio vital”. Necesitaba, en suma, replantearlo todo. Con la guerra de 1870 no sólo logra su tardía unidad nacional, sino también entrar a discutir los anhelados territorios de Africa y Asia, especialmente. Pero, ante el proletariado en armas, la tarea de discutir el “espacio vital” queda de lado. Ahora deben ayudar a Francia a derrotar a la chusma roja, la chusma anarquista y comunista, esa peste. Nada distinto ocurre hoy con los países “civilizados” de Occidente. Forman un bloque ante el avance de la”barbarie” terrorista y populista. Así, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Israel (fundamental para frenar la “barbarie terrorista” en el Oriente Medio, siguiendo, siempre, los intereses del Imperio “americano) y, en menor medida Italia y España están artillados hasta los dientes para preservar la “democracia” en el mundo. Volviendo a la Comuna. Con la ayuda prusiana, Thiers formó un ejército poderoso. Derrotó a los comuneros y el “orden burgués” se estableció otra vez en el país. La Comuna duró apenas dos meses. Durante su transcurso se soñaron nuevos horizontes, nuevas hermandades. Pero los sueños revolucionarios suelen pagarse caros. La fuerzas armadas de Francia y Prusia mataron treinta mil comuneros. Querían un castigo ejemplar. ¿Cómo se habían atrevido a hacer lo que hicieron? Nunca más debía ocurrir algo así. Fueron despiadados. Se hartaron de fusilar obreros y profesionales. Esa cifra de muertos (treinta mil) nos remite al terrorismo de Estado en la Argentina. ¿Así terminan los sueños? Así, sobre todo, se mantiene el capitalismo en dominio de las estructuras de un sistema que ya lleva varias centurias y ha ganado todas sus batallas. No sé si el precio de los sueños es siempre cruento, pero creo (o aún me atrevo a creer) que los sueños abren un horizonte que aún no se ha cerrado.

( Vacuna ) Cuba el º Mundo...colapsados....

Cuba: desarrolla cinco antídotos distintos contra el Covid-19 y el bloqueo impide que pueda administrarlos El gobierno de Miguel Díaz Canel necesita unos 20 millones de jeringas para completar la vacunación de su población Por Javier F. Ferrero -31 mayo 2021 07:30 Parece que el cambio de presidencia entre Joe Biden por Donald Trump en Estados Unidos no modificó la política hostil hacia Cuba y en detalles como el que hoy contamos puede verse la crueldad de un bloqueo que ya dura demasiado: 60 años. Tal y como relata Página 12, el viernes pasado el director adjunto del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), Yuri Valdés Balbi, dijo en una sesión del Parlamento realizada en el Capitolio del centro habanero: “Hay que decir que nosotros no hemos vacunado a más cubanos porque no hemos tenido los recursos para hacer más vacunas, para que el mundo esté claro”. Balbi denunció que la campaña para inmunizar a la población no avanzó lo deseado “porque no hemos tenido los recursos, porque esos recursos han sido bloqueados”. El histórico y lamentable bloqueo impide a La Habana obtener insumos básicos para hacer más vacunas para avanzar con mayor rapidez en la inmunización de sus 11,33 millones de habitantes. Las jeringas para aplicar las vacunas son imposibles de conseguir ya y Cuba necesita unos 20 millones para completar la vacunación de su población. Lo paradójico es que el país socialista desarrolló cinco vacunas distintas hasta ahora sin poder hacerse de ese insumo básico para aplicarlas. Son las Soberana 01, 02 y Plus, producidas por el IFV y también las llamadas Abdala y Mambisa, concebidas en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Pese a todo Cuba prevé vacunar al 70 por ciento de sus habitantes para agosto, cerca de que finalice el verano en el hemisferio norte. «El bloqueo mata» «El bloqueo mata, tu solidaridad mata al bloqueo», es el lema de una campaña internacional que ya organizó la ayuda para conseguir las jeringas. Incluso las organizaciones estadounidenses Saving Lives Campaign, Global Health Partners y US Women and Cuba Collaboration se propusieron recaudar dinero para enviar más de tres millones de inyecciones. Donald Trump tomó más de 240 medidas contra Cuba durante sus 4 años de mandato, entre ellas: Eliminó los cruceros a Cuba por parte de compañías norteamericanas. Restringió los vuelos de las aerolíneas norteamericanas a solamente el Aeropuerto Internacional «José Martí» de La Habana. Cesó las operaciones de la Western Unión. Restringió las remesas a Cuba (todas estas medidas también afectaron a los cubanos residentes en EE.UU. o ciudadanos cubano-norteamericanas) Sancionó a empresas cubanas en el exterior. Persiguió a cualquier tanquero que transportara gas licuado o petróleo a Cuba Los principales pretextos fueron que el dinero «sostenía» a los militares cubanos y el apoyo del gobierno cubano al gobierno venezolano. Se calcula que estas medidas afectaron por primera vez en más de 5.000 millones de dólares a la economía cubana. Los Estados Unidos de Biden mantienen la misma cantidad de sanciones que había aplicado Trump durante su mandato (1917-2020). El gobierno demócrata de Estados Unidos repite con papel calcado las injerencias históricas en los asuntos internos de Cuba y sin embargo, Cuba, desde que el virus se expandió, destinó a 1.238 profesionales de la salud en 21 países de América Latina, el Caribe, África, Asia e incluso Europa. Porque Cuba cumple con el mundo, aunque el mundo abandone a Cuba.

Feito ( un tío muy listo ) lleva razón en esto....

Belarmino Feito: «Los fondos europeos no van a ser el bálsamo que lo cure todo, por lo menos no en Asturias» El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) analiza la gestión que ha hecho el Principado de la pandemia y explica los principales retos a los que se enfrenta la comunidad autónoma Belarmino Feito, presidente de FADE LUIS FERNÁNDEZ REDACCIÓN 31/05/2021 05:00 H Ahora que parece que empieza a verse la luz al final del túnel de la crisis sanitaria, llega el momento de impulsar la recuperación económica. El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, analiza la gestión que ha hecho el Principado de la pandemia, los principales retos a los que se enfrenta la comunidad autónoma y la situación interna de la patronal. En su opinión, es el momento de recuperar la agenda y volver a buscar soluciones a los problemas endémicos de la región. -¿Qué balance hace de la gestión de la pandemia por parte del Principado?-Es un poco prematuro porque la pandemia no acabó, aunque los datos invitan al optimismo y parece ser que con la vacunación se ve luz al final del túnel. Estamos en plena pandemia, no había precedentes en el último siglo y había mucha incertidumbre, que sigue habiendo. No existe ningún manual para manejar la situación y a esto se sumó la situación presupuestaria del Principado, que no disponía de grandes recursos. Entendemos que se ha hecho un esfuerzo por todo esto que comento, pero el secreto era buscar el equilibrio entre salud y economía. Sin salud no hay economía y sin economía no hay salud, y ese es el binomio que tenían que manejar, con las dificultades comentadas. Desde el principio dijimos, y seguimos diciendo, que cuando a un sector se le impongan restricciones, estas deben ir inmediatamente aparejadas a medidas de apoyo encaminadas a ser un respirador económico. No pedimos que compensen la cuenta de resultados, pero sí que permitan que sigan con vida. Ahí es fundamental la agilidad y esa es la mayor debilidad de la gestión del Principado. Sí que se adoptaron medidas sobre el papel con cierta eficacia, pero cualquier medida que se diseñe, por buena que sea, si llega tarde pierde su eficacia. Este es el mayor problema, el retraso en la llegada de las ayudas. Quizá se podía haber diseñado de otra manera, haber previsto ciertas exoneraciones o aplazamiento de impuestos y tasas que se cobraron a empresas que estaban cerradas. Hay luces y sombras pero todo hay que enmarcarlo dentro de la incertidumbre y el límite presupuestario. -Con la perspectiva que da el paso del tiempo. ¿Qué cree que se podía haber hecho de otra manera?-Sobre todo la agilidad y haber aplicado una exoneración temporal en el pago de ciertos impuestos y tasas. No hay que olvidar que hubo algunos sectores que incluso se beneficiaron de esta situación de pandemia, pero hay otros muy perjudicados en beneficio de la salud de todos los asturianos, y a esos hay que apoyarlos de forma inmediata. -Ahora que parece que la situación mejora, ¿qué medidas se deben aprobar para impulsar la actividad económica de Asturias?- Es algo que viene de atrás. Hay una nueva situación, la pandemia que agrava el escenario que ya vivíamos y teníamos encima de la mesa. Para impulsar la activad económica, como resumen diría que hay que hacer de Asturias un territorio más atractivo. Ya lo poníamos encima de la mesas cuando presentamos las «22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias». Tenemos carencias como la fiscalidad, la conectividad, la formación... que es vital abordar con urgencia para mantener, retener e impulsar la actividad, que es el remedio de muchos males. Lo primero es eso, retomar lo que había. Con la pandemia nos hemos olvidado de lo que había y ahora todo eso cobra más fuerza y más valor. Es importante el aprovechamiento de los fondos de la UE, de los fondos de transición, que son vitales para esa transformación del tejido productivo. Tenemos que impulsar nuevos sectores, pero el pilar de la economía sigue siendo la industria y llevamos tiempo denunciando las amenazas que está sufriendo. Un ejemplo es el estatuto electrointensivo, una herramienta que era para apoyar al gran consumidor y resulta que al final entra en vigor, con mucho retraso, y no da soluciones a los problemas para los que fue diseñado. También tenemos encima de la mesa la compensación por los derechos de emisión. En principio, se reclamó que fuésemos a los máximos de UE, después de que dijeran que sí, luego resulta que otro ministerio dice que no hay fondos y quedamos como estábamos. Con la industria llueve sobre mojado y se trata de un pilar de la economía que genera empleo estable y de calidad. -¿Qué puntos fuertes tiene Asturias para atraer empresas e inversores?-Tiene muchos puntos fuertes. Es una región cuyo pilar es la industria, que es pasado y presente, pero tiene un sector agroalimentario muy potente, con peso importante dentro PIB. Tiene todos los ingredientes para ser un destino turístico basado en la calidad, para lo que es necesario disponer de un plan a medio-largo plazo basado en la calidad. La «materia prima» está ahí: paisaje, cultura, producto, gastronomía...y el carácter de la gente, que siempre valoran los que vienen de fuera. -¿Son optimistas los empresarios a corto-medio plazo?-Los empresarios son optimistas por naturaleza, pero luego hay que ser realistas por necesidad. La realidad es un poco la que traduce la encuesta que acaba de publicar FADE y que dice que el optimismo no es el que preside el ánimo de los empresarios. La esperanza es otra característica necesaria, es lo último que se pierde y esto hace ver que se puede reconducir la situación, sobre todo porque hay mimbres para hacerlo. Necesitamos darle una vuelta, impulsar esa actividad económica, eliminar barreras, hacerlo con urgencia y tener un proyecto de región aplicable a todo. -Usted que está acostumbrado a viajar por España por motivos laborales. ¿Hay más libertad en Madrid que en Asturias?-Últimamente no he viajado tanto. Antes viajaba una o dos veces a Madrid por temas de la CEOE pero ahora es todo telemático. Dicho esto, no tengo esa percepción. Creo que cada comunidad gestionó a su manera la pandemia, con las directrices del Ministerio de Sanidad y con ese marco del estado de alarma y toque queda, y luego cada uno actuó de forma diferente. En Asturias hemos sido conservadores en cuanto a las restricciones. Es cierto que no hay un manual y nosotros desde FADE hemos repetido en muchas ocasiones que no somos epidemiólogos ni virólogos y, por tanto, no tenemos capacidad para valorar si las medidas fueron adecuadas o no. En este momento, entramos fase 1, a las puertas del verano, lo que invita al optimismo y significa que las medidas no fueron del todo desacertadas. ¿Se podían haber evitado ciertas restricciones? Otras comunidades lo han hecho. De momento no podemos juzgar si aquí fueron más o menos efectivas. Sanitariamente estamos en buena posición. Económicamente fuimos de las regiones con más restricciones. Cuando esto acabe, valoraremos. -¿Qué opinión tiene FADE sobre el céntimo verde que propone el Gobierno central?-Al final es lo que se llama impuesto sobre hidrocarburos, que está en fase de aprobación. Cada día hay un nuevo globo sonda, un impuesto, otra reforma laboral... Igual es un nuevo estilo de gobernar: lanzar globos sonda y ver lo que pasa. Nosotros lo analizaremos cuando sea firme. -¿En qué proyectos debe centrar Asturias sus esfuerzos para captar Fondos Europeos?-Cada vez que se habla de futuro se habla de fondos de transición y recuperación y quizás se están poniendo demasiadas expectativas. No va a ser el bálsamo que lo cure todo, por lo menos en Asturias, y no debemos fiarlo todo a los fondos. Van a ser una herramienta importante si la sabemos aprovechar, pero hay problemas estructurales previos y somos una región que tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. -¿Cuáles son esas debilidades?-Somos fiscalmente poco atractiva, todas las de nuestro entorno son más atractivas. Tenemos muchos problemas de conectividad y un problema demográfico importante, ya que somos de las más envejecidas de Europa. La prueba es la vacunación. Somos los que más porcentaje de población mayor tenemos vacunada porque somos los que más población de avanzada edad tenemos. No es casualidad. Tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil y hay una incongruencia: la gente joven sale fuera en busca de empleo y las empresas, incluso la administración, tienen problemas para encontrar ciertos perfiles. Algo estamos haciendo mal en este sentido. La solución es generar actividad económica y acompasar oferta y demanda, formar lo que necesitamos y ser atractivos. Esto evitaría la sangría demográfica y podríamos atraer gente. Todos estos problemas, por muchos fondos europeos que lleguen, o se les da solución o seguirán ahí.-Volviendo a los fondos europeos. ¿En qué debe invertirse ese dinero? -Los fondos se centran en cuatro ejes: digitalización, impulso a la economía verde, cohesión territorial e igualdad. Los resultados de la encuesta de FADE dicen que una de las cosas más demandadas por parte de las empresas es el apoyo a la digitación. En cualquier caso, Asturias debe transformar y modernizar su tejido productivo. Otro reto es la descarbonización. En FADE no discutimos si hay que ir hacia ahí o no, pero hay que hacerlo con una transición justa, no exprés. Esto quiere decir que en Asturias, que fuimos exportadores de energía, hay que mantener ese suministro y la competitividad de los costes energéticos como una de las bases de la competitividad de esas empresas. Y hay que mantener la actividad económica en torno a las térmicas. No se ha hecho ninguna de estas cuestiones. Ya hemos escuchado que no se garantiza el suministro y el Ministerio ya habla de, como apoyo, mantener algún grupo. Bienvenida sea esa reflexión, pero se podía haber hecho de mano y evitado problemas. El tema de los costes también sigue sin solucionarse y a lo que menos atención se pone es a que podemos cesar una actividad pero hacen falta alternativas. Un ejemplo es el cierre de Soto de la Barca o Lada. Tras meses sin actividad, los trabajadores en casa y no hay ni un solo proyecto generador de actividad para recuperar ese empleo. -Las compañías están presentando algunos proyectos…-Podemos hablar de muchos proyectos eólicos, pero eso genera actividad cuando se hace la obra civil. Luego mantenimiento y el empleo que genera es prácticamente nulo. Las empresas asturianas que se dedican a la fabricación trabajan con contratos programa para todo el mundo, no es que genere más actividad aquí. A la hora de hablar de actividad hay que tener esto en cuenta. Debemos apostar por las infraestructuras de almacenamiento energético. -¿Cómo se hace frente al declive demográfico y la cohesión territorial?-De declive demográfico se habla en campaña electoral, pero solo ahí. A la vista está que no hay encima de la mesa acciones efectivas de cara a atajar el problema de la cohesión. Un ejemplo es el argayo de Salas y la situación que viven las empresas de la zona, que siguen manteniendo el respirador para la comarca y a las que no se les presta atención. Es un problema que en 30 días podía estar solucionado y dos meses después estamos como estamos. Eso no es prestar atención a la España vaciada. Además, están los problemas de conectividad digital. Hasta en lugares turísticos, como en Llanes, tienen problemas en este sentido. Hay muchas previsiones, pero hoy por hoy, con el teletrabajo como oportunidad para Asturias, el hándicap es que no hay conectividad. Tenemos que centrarnos en estas cosas. -El Principado acaba de flexibilizar restricciones al ocio nocturno. ¿Son las medidas acertadas?-Toda medida en dirección a recuperar actividad, es bienvenida. El ocio nocturno es el más castigado, así que está bien que coja aire. Ahora podrá abrir hasta la 1, no sé si debe ser la hora o no, pero en cualquier caso se mantienen las restricciones, aunque se abre la puerta, y esto debe ir aparejado a una ayuda económica. Es un sector que se sacrifica por todos. La salud de las personas lleva a que el ocio esté más castigado, si esto es así, hay que darle aire. -¿Cuáles deben ser las próximas medidas?-Los próximos pasos deben ser en todo donde las restricciones siguen vigentes, sobre todo de cara al verano, donde los más castigados tienen puestas las expectativas. Hablo de albergues, visitas guiadas, agencias de viajes, guías turísticos… -En cuanto a la situación interna de FADE. ¿Está la organización más unida que cuando accedió al cargo?-Accedí con un objetivo y lo dije el primer día. FADE es la casa de todos los empresarios. Creo que, afortunadamente, hubo unas elecciones y al día siguiente todos estábamos en el mismo barco. Se ha demostrado que hay una FADE más unida y más cohesionada, no hay fisuras. Somos una organización que da respuesta a los problemas de los empresarios y somos el interlocutor que necesitan las empresas ante las administraciones para resolver todas las cuestiones que se plantean. En un momento tan delicado se necesita un sector empresarial más cohesionado que nunca y creo que es lo que hay. Estoy satisfecho con eso. -¿Cómo es su relación con José Luis Álvarez Almeida y qué papel juega Otea dentro de FADE?-Otea es una asociación que representa a un sector importante como la hostelería y la hotelería y está donde debe estar, que es en FADE. A veces ocurren cosas y, en un momento dado, hubo una remodelación de un órgano de gobierno de FADE. No se le apartó, el asiento de Otea en el consejo ejecutivo siempre estuvo ahí y ellos momentáneamente tomaron la decisión de abandonar la mesa de turismo. Pero un año después volvió a sumarse y en este momento la mesa de turismo está más cohesionada que hace dos años porque, con la reincorporación de Otea y la asociación de camping y turismo rural, ahora hay más colectivos representados que nunca. A los que ya había se incorporaron otros como las agencias de viaje. En ese aspecto no hay problemas. -Las elecciones de FADE están a la vuelta de la esquina. ¿Va a presentar candidatura?-Es un tema que no toca. Con la que está cayendo, tenemos un montón de trabajo y ese es un asunto que habrá que abordar en su momento. Hay cuestiones mucho más urgentes que ese. -¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la organización en los próximos años?-Hay uno inmediato que es gestionar y apoyar a las empresas en un momento delicado después de sufrir el mayor batacazo desde la Guerra Civil. Lo inmediato, lo urgente, es ayudar a las empresas en esa situación. Por otra parte, debemos retomar todo lo anterior a la crisis. Es necesario concienciar a la opinión pública del momento que vive la región. Nos corresponde, en la línea que habíamos iniciado con el tema de las «22 acciones ineludibles» poner estos temas encima de la mesa. Esa presentación fue el acto con mayor presencia de empresarios en la historia de FADE. Hubo 700 empresarios y eso deja claro el interés que despertó. Era necesario un baño de realidad a todo el mundo: a la sociedad civil, a la administración, a las empresas... Después, todo se vio empañado por los diferentes procesos electorales y, cuando se formó gobierno, llegó la pandemia y se quedó ahí. Tenemos que retomar los problemas endémicos que se denunciaban ahí y concienciar a la opinión pública de la realidad que vivimos. A veces tengo la sensación que la sociedad civil está adormecida, anestesiada. Con el cierre de la minería llegaron fondos, que fueron mal aprovechados, pero fue un río de dinero que tapó los problemas que había encima de la mesa. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. La falta de alternativas aflora y sigue ahí.

Lo apuntamos no hace mucho...

¿Pueden ser las cercanías de Asturias una alternativa al peaje de las autovías? Aunque la región cuenta con una importante red ferroviaria, la falta de inversiones desde hace más de 20 años hace que no sea un transporte eficaz, eficiente y fiable para los viajeros Cercanías Asturias CARMEN LIEDO REDACCIÓN 31/05/2021 05:00 H La propuesta del Gobierno central de implantar a partir de 2024 (fecha orientativa supeditada a la recuperación económica) peajes en las vías de alta intensidad, como pueden ser las autopistas o autovías, tiene como argumento principal ser una fórmula para financiar el mantenimiento de las carreteras. Otra interpretación es que con esta medida se pretende promover el uso de los medios de transporte públicos, sobre todo, de los que puedan tener un menor coste medioambiental, como pueden ser los medios ferroviarios. En muchas zonas del país, el metro puede es un importante valor para la movilidad para evitar la utilización del vehículo particular y, si el planteamiento del Ejecutivo sale adelante, puede serlo mucho más, al igual que los trenes urbanos. En el caso de Asturias lo más parecido a una red de metro es la red ferroviaria de cercanías, ante lo que surge la pregunta: ¿puede ser esta red una alternativa al peaje de las autovías? Un ejemplo puede desvelar la respuesta a dicha pregunta. Desde la madrileña localidad de Getafe hasta la de Cantoblanco, donde se ubica el campus principal de la Universidad Autónoma de Madrid, hay una distancia de entre 33 y 39 kilómetros según la carretera que se utilice y en coche se tardaría una media hora en llegar son unas condiciones de tráfico óptimas. En un tren de cercanías, el tiempo de trayecto sería de 42 minutos y en una hora puede haber entre seis y diez frecuencias, puesto que en las primeras horas del día se incrementa el número de trayectos. El precio del billete sencillo para este trayecto de tres zonas es de 1,85 euros y el del bono mensual de 36,70 euros. Desde Oviedo hasta Gijón, uno de los recorridos que más usuarios realizan, hay entre 31 y 35 kilómetros dependiendo de la carretera elegida para ir de una ciudad a otra y en tiempo se tarda, al igual que en el ejemplo madrileño, una media hora, también condicionado por el tráfico de cada momento. En tren, el viaje entre la estación ovetense hasta la de Sans Crespo en Gijón el tiempo de viaje es de entre 34 minutos y cerca de una hora si hay que realizar transbordos y las frecuencias pueden ser de dos o tres trenes a la hora. El precio del billete sencillo entre Oviedo y Gijón es de 2,70 euros y el bono mensual para tres zonas se eleva hasta los 64,80 euros. Las frecuencias y los tiempos de trayecto en tren pueden complicar más la movilidad cuando el origen o el destino son localidades como Pola de Lena, Collanzo o Pola de Laviana, con no más de un frecuencia por hora y viajes que más bien se acercan a la hora y media de tiempo de duración. Francisco Barros, presidente del Comité de Empresa de Renfe en Asturias asegura que Asturias tiene una de las mejores redes ferroviarias del país, pero ante la pregunta de si las cercanías de la región pueden ser una alternativa al peaje que el Gobierno central plantea imponer al uso de las vías de alta intensidad, tiene claro que hoy por hoy no ofrece ni las frecuencias ni la velocidad adecuada para el transporte de viajeros. La razón, según apunta, que esa red «está abandonada» porque «hace más de 20 años que no se hacen inversiones en ella. Es un problema de infraestructura», señala. Así, añade que «no se puede obligar a usar algo que está en deterioro». «No tenemos medios alternativos adecuados» «El gran hándicap de un impuesto a las autopistas y autovías aquí en Asturias es que no tenemos los medios de transporte alternativos adecuados a esa necesidad, con lo cual una medida impositiva así va a generar un tapón o ser una penalización porque no hay un transporte eficaz y eficiente por falta de inversión», manifiesta Francisco Barros, que añade que ese deterioro del ferrocarril «no surge de un día para otro» y que tampoco se van a poder solventar las deficiencias y carencias de aquí a 2024, año para el que se plantea el cobro de peaje si se produce la recuperación económica del país. «No vamos a ser capaces de actualizarnos tanto como para que en 2024 la estructura ferroviaria sea acorde a un movilidad eficaz», indica el presidente del comité de empresa de Renfe en Asturias. Además, tiene en cuenta que cada año que se pierde en realizar las inversiones supone un encarecimiento de las mismas, por lo cual «habría que poner un proyecto enorme encima de la mesa» para poner al día la red ferroviaria de Asturias. No obstante, no pierde la esperanza de que esas inversiones lleguen y confía en «ver unas cercanías eficaces, eficientes y fiables en ocho años porque son el futuro». En esa actualización de las infraestructuras ferroviarias, Francisco Barros ve oportuno que se valore un proyecto lanzado desde hace más de 20 años, el de crear una vía circular que aproveche el túnel de La Grandota para mejorar las comunicaciones entre las distintas poblaciones de la región, una vía «que podría modificar notablemente la movilidad de Asturias», apostilla, porque «las cercanías son las que tienen la posibilidad de vertebrar un territorio pequeño». Es por ello, que asegura que con inversiones en la infraestructura se pueden mejorar los tiempos de trayecto y hacer el tren más atractivo para la ciudadanía. El peaje en las autovías, problemas grandes y resultados dudososFermín Rodríguez Gutiérrez, catedrático de Geografía en la Universidad de Oviedo y director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial (Cecodet), asume que el anuncio del Ejecutivo central de cobrar peaje en las vías de alta intensidad está relacionado «con los compromisos que el gobierno de España debe asumir ante la Unión Europea para ajustar sus indicadores macroeconómicos y garantizar la devolución de los préstamos». Sin embargo, el mismo basándose en la experiencia de Portugal, que también decidió cobrar por el uso de las autovías e instalación, considera que «no fue un buen sistema» en tanto que «fue de complicado el montaje y mantenimiento y resulta más costoso de aplicar que de explotar». Así, opina que «su aplicación en el caso de España plantea problemas técnicos grandes y resultados dudosos. Hay demasiadas incertidumbres», manifiesta Fermín, que teniendo en cuenta el perfil geográfico de Asturias, apostilla que «la cosa aquí se complicaría más» al ser el centro de la región «una gran ciudad, un área metropolitana». En lo que respecta a las dos alas de la región, señala que «aparentemente son más fáciles de controlar», pero tiene en cuenta que son zonas en las que «hay multitud de carreteras nacionales, y de otras categorías, que sirven a una red muy densa de villas y pueblos, que las pueden utilizan como alternativa y que es impensable que se graven con una carga por su eso. Serían multitud de portazgos para un tráfico local», concluye el director del Cecodet poniendo en duda que la imposición de peajes sirva para revitalizar la economía de España.

Manualillos de Inversión ( 1 )

Tres razones por las que JP Morgan sigue recomendando comprar 'telecos' Las bolsas encontrarán "catalizadores" para rubricar su siguiente tramo "al alza" Virginia Mora Bolsamania 31 may, 2021 06:00Actualizado: 11:17 Tiempo de lectura: 6min telecomunicaciones JP Morgan ha decidido actualizar su postura sobre las 'telecos' de cara al segundo semestre del año, y sus expertos siguen aconsejando sobreponderar sus títulos. ¿Por qué? Como dicen, se trata del único sector de 'baja beta' que "supera al mercado", al subir un 14% frente al 11% de media de las bolsas en lo que va de año. Estas son sus tres razones para recomendar a los inversores comprar telecomunicaciones. Los estrategas del banco estadounidense han revisado su opinión positiva sobre las 'telecos', un sector que ya han mejorado dos veces desde principios de este 2021 tras su prolongada postura de infraponderar. Noticia relacionada Leer más Barclays sigue 'colgando' a Telefónica pese a sus buenos resultados El motivo no es otro que su buen desempeño en lo que va de año, en contraste con su pobre rendimiento en 2020. "Las telecomunicaciones se están comportando mejor", remarcan los analistas de JP Morgan, que creen que hay diversos "aspectos positivos" para el sector de cara al segundo semestre que los inversores no deben obviar. En concreto, el banco da tres razones para seguir añadiendo acciones de este sector a las carteras: 1. Las telecomunicaciones están baratas, son poco apreciadas y han tenido un rendimiento inferior durante mucho tiempo. 2. La monetización de los balances de las empresas de telecomunicaciones está en curso y la de capital privado está presente. El sector está muy apalancado, pero el mercado de crédito está resistiendo bien. 3. Hay una mejora en el crecimiento y los precios, y el sector es una operación de reapertura indirecta dado el apalancamiento a la itinerancia, la publicidad y los deportes. JP Morgan no se 'moja' con ningún título en particular, sino que su consejo de sobreponderar va dirigido a todo el sector de las telecomunicaciones, al que augura un buen desempeño en la segunda mitad del año. Además, los estrategas de la entidad financiera dicen que la renta variable seguirá encontrando "catalizadores" para rubricar su siguiente tramo "al alza" en lo que resta de 2021. LOS CATALIZADORES QUE VIENEN En su opinión, aunque habrá un "rendimiento de beta más bajo" en las bolsas, con ciertos valores tradicionales defensivos y algunos cíclicos "estancados", también auguran que los bancos "continuarán superando a las empresas tecnológicas debido a los elevados temores de inflación". En este sentido, reconocen que "en efecto, la renta variable ha hecho una pausa durante el último mes", con algunos cíclicos registrando importantes pérdidas. Se refiere a los semiconductores, que se han dejado casi un 7% respecto a los máximos del primer trimestre, a los automóviles, que han perdido otro 7%, y a los bienes de capital, que han retrocedido un 3%, en contraste con sectores como el de los productos básicos y la sanidad, que han cotizado "mejor". Aunque esto no significa que no haya catalizadores que vayan a seguir apoyando el avance de las bolsas. En concreto, JP Morgan apunta que "más allá del reajuste de los indicadores tácticos, para el próximo tramo significativo de subidas en las acciones la clave es que se confirme el punto óptimo del binomio crecimiento-política, después de la incertidumbre que se ha ido arrastrando recientemente". Por el lado del crecimiento, dicen los expertos del banco, lo importante es que el mercado "se dé cuenta de que el pico de impulso no tiene por qué conducir a una desaceleración significativa, y que el nivel de actividad seguirá siendo robusto en el segundo semestre". Creen que esto podría confirmarse a medida que avanza el verano, especialmente "si el consumo y la inversión siguen aumentando". Y en lo que respecta a la política económica, creen importante que los bancos centrales aseguren a los inversores que "no van a cambiar de rumbo a corto plazo y que mantendrán la opinión de que el aumento de la inflación es solo transitorio". "El crecimiento continuará por encima de la tendencia en el segundo semestre, y los bancos centrales probablemente seguirán siendo cautelosos. Esas dos cosas deberían ayudar a impulsar el siguiente tramo al alza de las acciones hasta finales de año".

En defensa de los " Chiringuitos "

Los chiringuitos históricos de San Mateo anuncian batalla: «No nos vamos a rendir» El colectivo exige al bipartito que los mantenga dentro de la oferta lúdica en el Antiguo y aseguran que no son competencia sino «complemento» a los bares Representantes de los Chiringuitos de San MateoEUROPA PRESS LA VOZ OVIEDO 28/05/2021 16:33 H Los colectivos agrupados en la asociación los Chiringuitos Históricos de San Mateo han instado este viernes al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP), a reconsiderar el modelo de fiestas que plantea su gobierno para 2021, defendiendo que ellos son «la esencia» de San Mateo. De este modo, confían en que el alcalde, que el año pasado calificó precisamente a los chiringuitos de «esencia» de San Mateo, recapacite y apueste por retomar unas fiestas «alegres y diversas». «La hostelería con chiringuitos, no a costa de los chiringuitos», han argumentado los representantes de las asociaciones que los regentan desde hace décadas, José Fernández y Jaime Campillo. Así, además de presentar un escrito en el Ayuntamiento como parte interesada para conocer en detalle el proyecto de fiestas y no descartar acciones legales, confían en hacerse «fuertes» con el «apoyo popular» para que el Gobierno municipal de PP y Ciudadanos los mantenga dentro de la oferta lúdica de San Mateo en el Antiguo. «No nos vamos a rendir», sostienen, avanzando que iniciarán una campaña en redes sociales para que los ovetenses, asturianos y visitantes cuenten sus vivencias en los casi 40 años de historia de los Chiringuitos. Igualmente, pondrán mesas de recogidas de firmas de apoyo a su permanencia. Para los Chiringuitos Históricos de San Mateo es importante que Canteli entienda que representa a todos los ovetenses y no solo a un grupo de presión, en referencia a la asociación de hostelería Otea. De hecho, remarcan que los bares del Antiguo están con ellos porque no los consideran competencia sino «complemento», informa Europa Press.

La Aldea Asturiana del Futuro...

Así se está diseñando el prototipo asturiano de aldea rentable El Principado pone en marcha un grupo de trabajo para ensayar un nuevo modelo económico y ecológico que ponga freno al declive demográfico del medio rural de Asturias E. G. BANDERA Tienen escasa densidad de población, una elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial. Es la parte del medio rural asturiano con los territorios más despoblados. Aldeas y otras entidades de poblamiento disperso que, en la aplicación de la ley para el desarrollo sostenible del medio rural en Asturias, se denominarán zonas rurales de naturaleza campesina. Suponen el 68% del medio rural asturiano. Otro 20% son zonas de intensificación agraria y, un 10%, zonas rurales periurbanas. En las que más superficie ocupan, las de naturaleza campesina, es donde el Gobierno asturiano quiere activar una nueva economía para que las aldeas, en lugar de seguir despoblándose y matorralizándose, sean lugares atractivos para vivir y trabajar. De mano, en esa nueva economía para la aldea, el requisito previo es que tenga un conjunto de infraestructuras y servicios, preferentemente públicos, como accesos rodados, conexión a internet o servicios sociales, educativos y sanitarios. O que los tenga relativamente accesibles. Pero también se necesita que exista en la aldea una asociación, u otra organización local comunitaria, que esté dispuesta a ensayar esas nuevas formas de organización que se concitan en esa nueva economía para que, si funcionan y tienen éxito, puedan iniciarse los procesos que den paso a las reformas legislativas y el diseño de nuevas políticas para el medio rural acordes con este siglo y con las oportunidades emergentes. El Gobierno asturiano ya tiene un grupo de trabajo, del que forman parte precisamente tres comunidades vecinales de las aldeas de Moal (Cangas del Narcea), Asiegu (Cabrales) y Porrúa (Llanes), que tiene como objetivo poner en práctica prototipos de esta nueva economía en la aldea del siglo XXI que tendrá que acabar surgiendo para frenar el declive demográfico en lo rural. Prototipos integrales o parciales de los tres sistemas locales que, desde el punto de vista económico, debería tener esa aldea rentable para poder hacer vida en ella: agroecológico, energético y de empresas. «Los tres sistemas y la nueva economía para la aldea que generan se apoyan en las tecnologías, principios agroecológicos y formas de organización social que proceden bien del conocimiento local actualizado, la cultura del territorio, o bien se incorporan a la aldea en forma de nuevas tecnologías», explica el comisionado para el reto demográfico del Gobierno de Asturias, Jaime Izquierdo, que coordinará ese grupo de trabajo, o comité de pilotaje, que pretende contribuir a esa transición de la actual aldea, a un paso de extinguirse, a una que pueda funcionar, como ocurría antaño, pero ahora, en el siglo XXI. Izquierdo explica que vendría a ser como recuperar la lógica de la casería histórica a través de cooperativas vecinales que operen siguiendo el mismo planteamiento y organización, «y no en términos de especialización productiva encarnada por la explotación agraria intensiva, especializada y en monocultivo propia del pensamiento industrial». La aldea del siglo XXI, el mismo de la transición ecológica y el desarrollo sostenible a los que obliga la crisis climática y de una pandemia globalizada que ha puesto de manifiesto más aún la necesidad de alternativas en la proximidad, debe por tanto combinar esa reactivación de su cultura como gestora del territorio y de sus recursos locales con la incorporación de las nuevas tecnologías. «La recuperación y la actualización de las antiguas prácticas biotecnológicas, de la cultura histórica de la aldea, y de sus valores y capacidades como organización comunitaria, servirán ahora para reconectar a la aldea con la tierra -y su entorno local- y a la vez, las nuevas tecnologías y las nuevas oportunidades harán posible, como posibilidad hasta ahora inédita, que la aldea se conecte con la Tierra -y su mercado global-, la calidad de vida y la economía del bienestar», indica Izquierdo, que explica que el comité de trabajo se concibe como una estructura «horizontal, desburocratizada y organizada» en la que el Principado participa con otras direcciones generales y entidades de cinco consejerías (Medio Rural y Cohesión Territorial, Industria, Empleo y Promoción Económica, Hacienda, Educación y Ciencia, Innovación y Universidad). La Fundación CTIC, a través del centro de innovación rural Ruraltech de Peón (Villaviciosa), se encargará de los desarrollos tecnológicos que hagan falta para poner en marcha los prototipos o proyectos piloto y, aparte de las comunidades vecinales de las tres aldeas que ya tienen interés en formar parte de esta transición, también participan en el comité otras entidades colaboradoras como la Universidad de Oviedo a través del departamento de Geografía, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea-Muniellos, la Fundación Asturiana de la Enería (Faen), la Fundación Centro Tecnológico y Forestal de la Madera (Cetemas) y la Fundación para el Fomento de la Economía Social. La primera de las reuniones que se celebrarán periódicamente será en julio y, entre sus primeros trabajos, se encuentra el diseño de iniciativas de formación y un plan de ordenación del territorio en Porrúa. En enero de este año se presentaban, tras la propuesta hecha por la comunidad vecinal de Moal, los trabajos de ordenación y recuperación de un sistema agroecológico local para reactivar esta aldea de Cangas del Narcea a través del cultivo de las tierras, el manejo sostenible de los montes, el aprovechamiento de sus recursos, energéticos incluidos, y la comercialización de producciones. Con anterioridad a la creación de este grupo de trabajo, el Comisionado para el reto demográfico del Gobierno de Asturias y la Sociedad de Estudios Vascos (Eusko Ikaskuntza) habían elaborado un documento titulado ¿Qué economía para los pequeños pueblos?, en el que definían las bases conceptuales sobre las que se debería asentar ese nuevo modelo económico que ayude a repoblar las aldeas y frenar su abandono. Un documento al que se han ido suscrito como firmantes entidades de otras comunidades autónomas y de Portugal con el mismo problema de despoblación rural.

Adenda a los anteriores-...

El monopolio del PP en el Supremo: 25 años de bloqueos para controlar la Justicia INFORME ESPECIAL — Los tres bloqueos del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial han servido para que la derecha decidiera la mayoría de los nombramientos de jueces en el Supremo En 1995, la Sala de lo Penal del Supremo, la que sentencia sobre los casos de corrupción, estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas Ignacio Escolar @iescolar Gráficos: Raúl Sánchez. Ilustración: David Velasco. Gráficos: Raúl Sánchez. Ilustración: David Velasco. 21 de septiembre de 2020 22:54h 85 Los jueces llegan a su primera plaza por oposición. Pero para ascender al Tribunal Supremo no basta con estudiar. La decisión es política. La toma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano que teóricamente se renueva cada cinco años a partir de las mayorías parlamentarias y que decide buena parte de los nombramientos claves en la Justicia. Todos los vocales del CGPJ son elegidos por los partidos. Y todos los nombramientos del Supremo y otros ascensos los decide el CGPJ. Entre esos nombramientos, hay unos que destacan sobre los demás. Son los que más preocupan a los políticos corruptos: los de los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la todopoderosa Sala de lo Penal. Los jueces de la Sala de lo Penal son quienes juzgan a los aforados en todos aquellos casos que les pueden llevar a prisión. Son los únicos que pueden abrir una investigación penal contra un diputado, un ministro o un senador. También tienen la última palabra sobre las sentencias penales más relevantes. Son jueces con el poder de meter a un ciudadano en la cárcel, o salvarlo de entrar en prisión. Son jueces en la práctica vitalicios, como todos los del Supremo. Una vez nombrados, son irrevocables. Salvo que decidan irse, mantienen el puesto hasta la edad máxima de jubilación: hasta que cumplan 72 años. Son los jueces que tendrán la última palabra sobre la Gürtel, sobre los ERE; sobre el rey Juan Carlos, sobre la Púnica, sobre la Kitchen… sobre todos los grandes casos de corrupción. Son también los jueces que decidirán si imputan al Gobierno de coalición por su gestión de la pandemia, como ha pedido Vox. En los últimos 25 años, la derecha se ha empleado a fondo para garantizarse el monopolio conservador de la Sala de lo Penal. Ha sido un trabajo lento, metódico y eficaz, que inició el exministro Federico Trillo y que después otros continuaron, como Ángel Acebes, Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalá. Les ha llevado años de movimientos judiciales en la oscuridad, pero su triunfo ha sido arrollador. En 1995, la Sala de lo Penal estaba formada por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. En el año 2020, son 11 conservadores frente a dos progresistas. En esa Sala de lo Penal, faltan tres magistrados más por nombrar. Tres jueces para el Supremo que un CGPJ con el mandato caducado pretende decidir dentro de apenas una semana. ¿Cuántos jueces conservadores y progresistas hay en la Sala Segunda del Supremo? Evolución del número de magistrados progresistas y conservadores en la Sala de lo Penal del Supremo, según los acuerdos anuales de composición de las salas del tribunal a fecha 1 de enero Flourish logoA Flourish chart En el último cuarto de siglo, el porcentaje de jueces progresistas en la Sala de lo Penal del Supremo ha menguado paulatinamente, casi con una única excepción: 1997. Ese año coincide la jubilación de dos magistrados conservadores con la vuelta a su plaza en el Supremo de dos progresistas que estaban en comisión de servicios. Fuente: BOE Estas etiquetas pueden parecer reduccionistas. Ni todos los progresistas ni todos los conservadores son iguales: hay buenos jueces y malos jueces, sin importar el color. También los hay más independientes y más serviles a quien los nombró. Cuando los clasifico como conservadores o progresistas no me refiero a su ideología, aunque suele coincidir. Sino a quién decidió e impulsó sus nombramientos: qué vocales, de un partido u otro en el CGPJ, los colocaron allí. Quién es quién en la Sala de lo Penal Julián Sánchez Melgar. Es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación conservadora. Llegó al Supremo en diciembre de 1999, aupado por un CGPJ conservador durante el Gobierno de Aznar. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, donde trabó relación con el entonces alcalde de la ciudad, Ángel Acebes (PP). Según distintas fuentes, fue Acebes quien lo avaló para el Tribunal Supremo, donde llegó con solo 44 años. Sánchez Melgar ascendió hasta el Olimpo del Supremo cuando Acebes era ministro de Administraciones Públicas. Unos meses después, Acebes fue nombrado ministro de Justicia con Aznar. Melgar fue el ponente de la ‘doctrina Parot’ para alargar las condenas por terrorismo y que los etarras estuvieran más años en prisión; una medida ilegal que años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló. En 2017, Mariano Rajoy lo nombró Fiscal General del Estado. Tras la moción de censura, fue cesado y regresó al Supremo. Lleva allí 20 años. Le quedan seis más hasta su jubilación, aunque es probable que pronto cambie de destino. Se ha presentado como candidato a la presidencia de la Sala de lo Militar del Supremo. Juan Ramón Berdugo. Miembro de la APM, la asociación conservadora. Llegó al Supremo en 2004, ascendido por el CGPJ que nombró el PP de la mayoría absoluta de Aznar. Junto con Colmenero, Llarena y Marchena, fue uno de los jueces que condenaron al cantante César Strawberry a un año de cárcel por sus tuits, una sentencia que después anuló el Tribunal Constitucional. Berdugo va a ser el ponente de la sentencia del Supremo sobre la Gürtel, que está a punto de salir. De esa sentencia dependen todas las penas de cárcel definitivas: a Correa, a Bárcenas, a su mujer, que aún sigue en libertad… Y también si se mantiene la condena a título lucrativo al PP, o si se declara como probada la existencia de una caja B. Antonio del Moral. Miembro del Opus Dei, participó en un acto por el centenario del fundador de esta prelatura católica con la conferencia “Referencias jurídicas en la vida y enseñanzas del beato Josemaría”. Llegó al Supremo en 2012, bajo la presidencia en el CGPJ de Carlos Dívar, muy religioso como él. Del Moral firmó un voto particular en contra de la sentencia al juez Francisco Serrano, que fue condenado como prevaricador por cambiar el régimen de visitas de un niño para que su padre lo pudiera llevar a una procesión de Semana Santa. Según Antonio del Moral, el juez Serrano debería haber sido absuelto. El Tribunal Constitucional después enmendó la sentencia del Supremo y rebajó la pena de inhabilitación, aunque confirmó la condena por prevaricación. Años más tarde, Serrano fue candidato a la presidencia de Andalucía por Vox. Del Moral fue también el juez que archivó una investigación penal contra la exalcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (PP), en contra del criterio de la Fiscalía. El argumento para dar carpetazo a esa causa fue cuando menos peculiar: que la alcaldesa no sabía lo que firmaba. Concretamente, según el juez, la alcaldesa García-Pelayo no sabía que firmaba los contratos fraudulentos que su ayuntamiento adjudicó y pagó a la trama Gürtel. Hoy García-Pelayo sigue siendo diputada por Cádiz, como cabeza de lista del PP. Pablo Llarena Conde. Conservador, fue presidente de la APM. Fue el instructor del 'procés' que defendió a capa y espada que había un delito de rebelión, algo que sirvió para que la competencia sobre este juicio recayera en el Supremo y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La asociación Juezas y Jueces para la Democracia denunció en su momento toda una serie de irregularidades en su nombramiento por el CGPJ, un recurso que fue archivado por la Sala de lo Contencioso del Supremo también de mayoría conservadora. Vicente Magro Servet. Al igual que Llarena, Magro también fue presidente de la APM. Además de juez, fue senador del PP por Alicante en 1996. Tras su paso por la política, en 2001, el CGPJ dominado por el PP le nombró presidente de la Audiencia Provincial de Alicante. Magro Servet renunció a esa presidencia a finales de 2016 para venir a un puesto menor en la Audiencia Provincial de Madrid. Era una estación intermedia, como pronto se vio. Apenas un año después, la mayoría conservadora en el CGPJ le ascendió a la Sala de lo Penal del Supremo. En el año que pasó en la Audiencia Provincial de Madrid formó parte del tribunal que admitió a trámite la denuncia contra Dani Mateo y el Gran Wyoming por un chiste sobre el Valle de los Caídos. Estará en el Supremo por mucho tiempo. No le toca jubilarse hasta 2032. Ana María Ferrer. Es la primera mujer que llega a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en toda su historia –fue hace relativamente poco, en 2014–. Pertenece a Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista. Ferrer estuvo en el tribunal del procés, una sentencia que se aprobó por unanimidad. Su nombramiento formó parte del cambio de cromos de la minoría progresista en el actual CGPJ, a cambio de los votos que faltaban para escoger en esta Sala a otro magistrado conservador, Andrés Palomo. Andrés Palomo. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Segovia, nombrado por otro CGPJ conservador, el de la primera legislatura de Aznar. También firmó la sentencia del 'procés'. No es miembro de ninguna asociación judicial y en algunas cuestiones se ha separado de la mayoría conservadora, como en el voto particular que recientemente firmó contra la condena al grupo de rap ‘La Insurgencia’ por apología del terrorismo. Miguel Colmenero. Fue presidente de la Asociación de Fiscales, la asociación conservadora. Llegó al Supremo en 2002, durante el segundo Gobierno de Aznar y con un CGPJ donde el PP también tenía la mayoría absoluta. Como gran parte de los jueces y fiscales españoles, viene de una familia de juristas. Su padre, Odón Colmenero, fue fiscal en los sesenta. Su abuelo, Odón Colmenero, fue nombrado juez del Tribunal Supremo en 1946. Ha participado en varios cursos de la FAES, aunque también ha sido crítico con Aznar, al que acusó de querer instrumentalizar a la Fiscalía a su favor. Andrés Martínez Arrieta. Fue fundador de la Francisco de Vitoria, otra asociación de jueces mayoritariamente conservadora, aunque más moderada que la APM. Llegó al Supremo en 1998, con solo 43 años, durante el primer gobierno de Aznar. Es uno de los jueces que controla la actividad del CNI. Formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas a los cabecillas de la Gürtel cuando estaban en prisión, y también del tribunal que sentenció el 'procés'. Eduardo de Porres Ortiz. Miembro de la APM, la asociación conservadora. Antes fue presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, donde llegó promocionado por otro CGPJ conservador. Forma parte de la Junta Electoral Central, donde entre otros asuntos lideró el expediente sancionador contra Pedro Sánchez por hacer durante la campaña una entrevista desde La Moncloa –igual que habían hecho antes otros presidentes del Gobierno, sin merecer sanción–. Carmen Lamela. Fue nombrada en 2018, recién llegada de la Audiencia Nacional. Allí fue la jueza que inició el juicio contra el 'procés' catalán. La que encarceló a 'los Jordis', acusados de sedición. O la que decidió investigar cuando no le correspondía el llamado caso Altsasua bajo el paraguas de que se trataba de terrorismo, cosa que después la sentencia negó. Entre sus casos más polémicos está también el que afectó a Sandro Rosell, expresidente del Barça. Lamela, con el respaldo de la Fiscalía, lo encerró en prisión preventiva durante casi dos años. Repito: casi dos años de cárcel antes del juicio. Después la sentencia absolvió a Rosell. Fue declarado inocente. Rosell ha recibido una indemnización de 25 euros por cada día que injustamente estuvo encerrado en prisión. En total, unos 16.000 euros, por 22 meses de cárcel. Esa pequeña indemnización la paga el Estado. No la jueza ni el fiscal que encarcelaron durante casi dos años a un inocente. Susana Polo. Con Ferrer, es la única de la Sala que forma parte de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. Llegó al Supremo en el cambio de cromos que permitió nombrar para el Supremo a otros dos conservadores: Carmen Lamela y Eduardo de Porres. De su carrera previa destaca su papel en el caso de los correos de Blesa. Fue la jueza que escribió en un auto que esos mensajes del expresidente de Caja Madrid publicados por elDiario.es y que permitieron conocer varios delitos, "afectaban a la intimidad del señor Blesa". Polo intentó blindar el contenido de esos correos, pero no lo consiguió. Gracias a que en elDiario.es publicamos los mensajes, destapamos el escándalo de las Tarjetas Black. Manuel Marchena. Es el presidente de la Sala y quien presidió también el juicio del procés. Fue nombrado en enero de 2007, por un CGPJ en funciones –el de la mayoría absoluta de Aznar– que el PP prolongó artificialmente durante casi dos años al bloquear su renovación para mantener su control sobre la cúpula judicial. En 2014, el CGPJ actual, con mayoría conservadora, le nombró presidente de la Sala de lo Penal. Marchena es fiscal de carrera y su primer valedor fue otro fiscal canario como él, Eligio Hernández, en su época como Fiscal General del Estado durante un gobierno de Felipe González. Pero la mayor parte de su carrera en la Fiscalía la hizo durante el gobierno de Aznar, como uno de los hombres de confianza del fiscal general del Estado nombrado por el PP, Jesús Cardenal. Fue el sector conservador quien después le avaló para la Sala de lo Penal y más tarde le ascendió a la presidencia. En el acta del pleno del CGPJ que decidió en 2007 el nombramiento de Marchena como juez del Supremo se puede comprobar quién le respaldó con mayor efusión. Fue Adolfo Prego: otro exjuez del Supremo, después vocal del CGPJ nombrado por el PP y más tarde abogado del PP en varios casos de corrupción. Prego es también colaborador de la hermandad del Valle de los Caídos y patrono de la Fundación en Defensa de la Nación Española, que fundó Santiago Abascal. Una vocal del CGPJ nombrada por el PSOE, María de los Ángeles García García, presentó un voto particular contra el nombramiento de Marchena en 2007 al que he logrado acceder. Es este documento. Explica bien la arbitrariedad con la que se suelen decidir estos nombramientos, que poco tienen que ver con criterios objetivos de méritos o experiencia. También es clave para entender por qué no llegó una sola mujer a la Sala de lo Penal del Supremo hasta el año 2014. Marchena entró en el Supremo en otro cambio de cromos: una parte del sector progresista permitió su nombramiento a cambio de ascender en la misma Sala a Luciano Varela, de Juezas y Jueces para la Democracia. La diferencia es que la derecha fue más previsora. Hace años que promociona a jueces relativamente jóvenes para los puestos del Supremo, y así se garantiza más tiempo de poder. Varela se jubiló el año pasado. A Marchena le quedan diez años más. Marchena fue el candidato de consenso entre PSOE y PP para presidir el CGPJ en el penúltimo intento para la renovación, que fracasó. A pesar de que fue nombrado por la mayoría conservadora, Marchena también tiene sus partidarios en el Gobierno. Mantiene buena relación con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. En el PSOE muchos lo defienden. En el PP también. Marchena es también el principal protagonista de ese famoso whatsapp del entonces senador del PP Ignacio Cosidó –director general de la Policía en los años de la cloaca policial– donde pronosticaba que este juez ayudaría al PP a "controlar la Sala Segunda (la Sala de lo Penal) desde detrás". Tras conocerse ese whatsapp, Marchena comunicó su renuncia a presidir el Poder Judicial. Así ha cambiado la Sala de lo Penal del Supremo en los últimos 25 años Listado de jueces que han ocupado una plaza en la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo desde 1995 hasta la actualidad, según el periodo de actividad. Se han agrupado según el magistrado al que sustituye cada uno por jubilación o servicios especiales. En rojo, los jueces progresistas, y en azul, los jueces conservadores. Destacado en amarillo la mayoría del CGPJ Mayoría del CGPJ 2000 2010 2020 CGPJ 2013-20 CGPJ 2008-13 CGPJ 2001-08 CGPJ 1996-01 CGPJ… Presidencia 2000 2010 2020 Manuel Marchena Juan Saavedra Ruiz Luis Román Puerta José Ji… Jo… Fern… Magistrados 2000 2010 2020 Andrés Martínez Arrieta Ramón Montero Ferná… Julián Sánc… Julián Sánchez Melgar Luis Román Puerta Miguel Colmenero Roberto García-Calvo Montiel … Juan Ramón Berdugo Gómez Cándido Conde Pumpido Manuel Marchena José Antonio Martín Pallín Antonio del Moral García Enrique Bacigalupo Zapater Andrés Palomo del Arco Perfecto Andrés Ibáñez Joaquín Martín Canivell Pablo Llarena Conde Joaquín Giménez García Eduardo Móner Muñ… Vicente Magr… José Ramón Soriano Soriano Gregorio García Ancos Carmen L… José Manuel Maza Martín Adolfo Prego Eduardo… Cándido Conde Pumpido Susana Polo García Ana María Ferrer García Carlos Granados Pérez Luciano Varela Siro… Juan Saavedra Ruiz José Manuel Martínez-Pereda… Alberto Gumersindo Jorge Barreiro Joaquín Delgado García Francisco Monterde Ferrer José Antonio Marañón Chávarri José Augu… Francisco Soto Nieto Fernando Cotta Márquez de Prado Fuente: BOE La Justicia emana del pueblo Si el CGPJ decide los nombramientos y es el Parlamento quien decide el CGPJ, ¿cómo es posible que en el tribunal más importante de España el dominio de la derecha sea tan apabullante? No es algo que se explique por el voto de los españoles. La alternancia política ha sido muchísimo mayor. En las últimas dos décadas, el PP ha gobernado 10 años y el PSOE, otros 10. Es verdad que el PP, en ese periodo, ha tenido cuatro años de mayoría absoluta, pero ni siquiera así se explica un desequilibrio tan brutal. Los 14 años de mayorías socialistas de Felipe González no dejaron una Sala de lo Penal tan descompensada. Una de las causas ya la he explicado: la edad. La derecha nombra a magistrados más jóvenes, que duran en el Supremo mucho más. Otra razón es que la gran mayoría de los jueces suelen ser conservadores, tanto en España como en otros países. Pero la principal razón está en el filibusterismo parlamentario del Partido Popular: en los bloqueos que ha aplicado el PP en la renovación del CGPJ, en contra del mandato constitucional, para prolongar su control del Poder Judicial. Unos bloqueos para controlar esa Justicia que "emana del pueblo", según la Constitución. Cronología de los bloqueos del PP a la renovación del CGPJ Comparación entre el tiempo en el Gobierno de cada presidente con la duración del mandato del CGPJ con mayoría progresista o conservadora mapa Fuente: BOE En las últimas dos décadas, el PSOE y el PP han gobernado 10 años cada uno. Pero los CGPJ con mayorías del PP han durado 15 de esos 20 años. Si ampliamos el foco a las últimas tres décadas, desde 1990, el PSOE ha gobernado 16 años, frente a los 14 del PP. Pero los CGPJ nombrados durante mayorías conservadoras han controlado 19 de esos 30 años. Fue una estrategia, también una necesidad. Al Partido Popular, asediado por los casos de corrupción, no le bastaba con utilizar a la cloaca policial para tapar sus presuntos delitos. La clave está en la Justicia. Y es ahí donde el PP se empleó a fondo, como expliqué con más ejemplos en un artículo anterior. Desde 1995, el PP ha bloqueado la renovación del CGPJ en tres ocasiones. Las tres por la misma razón: para controlar la Justicia y colocar a jueces afines en todos los tribunales por los que sus dirigentes podrían desfilar. En 1990 se pactó la renovación del Congreso General del Poder Judicial durante un momento en el que PSOE casi tenía la mayoría absoluta en el Congreso: 175 de 350 diputados. Esto se tradujo en una mayoría progresista en el CGPJ: diez vocales más el presidente fueron nombrados por el PSOE. El mandato de este Consejo vencía en 1995. El primer bloqueo llegó en 1995. EL CGPJ cumplía cinco años y tocaba la renovación, como manda la Constitución. Pero el PP se negó para así retrasar el acuerdo hasta después de las elecciones de marzo de 1996, que esperaban que ganase José María Aznar. La renovación no se desbloqueó hasta el verano de 1996, tras la victoria de Aznar, y así el PP pudo garantizarse un CGPJ más conservador. Los progresistas perdieron su mayoría en el consejo. El PP se quedó con 8 vocales, los mismos que el PSOE, pero también nombró al presidente, que tiene voto de calidad en caso de empate: el conservador Javier Delgado Barrio. Si esta renovación hubiese hecho en tiempo y forma, en 1995, el PSOE habría tenido un CGPJ de mayoría progresista hasta el año 2000. En 2001, tras la mayoría absoluta de Aznar, la renovación sí se hizo en tiempo y forma. El PSOE no bloqueó. Esa mayoría parlamentaria se convirtió en una mayoría en el CGPJ: 10 vocales del Partido Popular, más el presidente, también conservador. Mariano Rajoy perdió las elecciones en 2004. En 2006 tocaba la renovación del CGPJ, pero el PP se negó. Bloqueó el acuerdo durante casi dos años, y así prolongó en el Poder Judicial una mayoría absoluta que había perdido en las urnas. Durante esos dos años, el CGPJ nombró a varios jueces vitalicios en el Tribunal Supremo. El PP se negó a la renovación del CGPJ hasta la segunda victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2008. A pesar de su derrota en las urnas, la derecha no salió de esa renovación demasiado mal. Este Consejo equilibraba la presencia de PP y PSOE en la cúpula judicial: 9 vocales para cada uno. El presidente, Carlos Dívar, fue nombrado por consenso y era también conservador. Acabó dimitiendo por un escándalo de corrupción. En 2013, tras la victoria de Mariano Rajoy, llegó una nueva renovación. Se hizo en tiempo y forma. A pesar de su derrota electoral, el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba no bloqueó. El PP logró una mayoría conservadora apabullante: 10 vocales más el presidente, Carlos Lesmes, exdirector general de Justicia con Aznar. El tercer bloqueo es el que vivimos hoy. Este Consejo dominado por los conservadores debería haber terminado su mandato en 2018, pero todavía se mantiene en funciones. Desde entonces, el PSOE ha encadenado dos victorias electorales consecutivas. Hoy el PP solo cuenta con 90 escaños en el Congreso pero mantiene artificialmente la mayoría absoluta en el Poder Judicial. El próximo 30 de septiembre, el actual CGPJ en funciones pretende nombrar a tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando su mandato y su legitimidad están fuera del plazo constitucional. Tres nuevos jueces de por vida. EL CGPJ está en funciones, pero mantiene todo su poder. Esto es posible por la reforma de la ley orgánica que lo regula, y que aprobó el PP sin consenso durante la mayoría absoluta de Rajoy. Ya entonces blindaron el CGPJ para que mantuviera plenas funciones incluso con el mandato caducado. En la derecha argumentan que el bloqueo en la renovación no puede dejar a tribunales importantes sin jueces suficientes, y que por eso el CGPJ tiene que aprobar los nombramientos, aun estando en funciones. Es una explicación falaz porque el CGPJ podría nombrar jueces temporales de refuerzo en aquellos destinos que así lo requieran, y dejar el nombramiento definitivo de esas plazas para un Poder Judicial que responda a las actuales mayorías parlamentarias: a lo que los españoles votaron, que es de donde emana su legitimidad. Nombrar a jueces de por vida con el mandato caducado rompe el contrato constitucional, que dice que "la Justicia emana del pueblo". En democracia, tan importante es votar a los representantes del pueblo como que los electos se renueven, una vez terminen el plazo para el que fueron nombrados. Y esto sirve para el Parlamento –donde sería impensable que un Congreso legislara con el mandato caducado– y también para el órgano de gobierno de los jueces. Cuando el Congreso de los Diputados acaba su mandato, una pequeña parte de sus funciones las asume la Diputación Permanente. Pero este órgano temporal no puede, ni mucho menos, legislar. Que un CGPJ en funciones apruebe nombramientos es aún más grave que si a un Parlamento en funciones le diera por legislar. Las leyes se pueden cambiar, pero los nombramientos al Supremo no se pueden revocar. No es un riesgo abstracto. Está pasando ya. En el año 2019, estando en funciones, el CGPJ aprobó 43 nombramientos. Entre ellos, los de 10 jueces de otras salas del Tribunal Supremo –de por vida, hasta su jubilación– y dos presidencias de Sala. En enero de 2020, tras la investidura de Sánchez, el CGPJ decidió parar. Y publicó esta nota argumentando que no seguían "temporalmente" con más nombramientos por estar en funciones, mientras pedían a los partidos que pactaran la renovación. Esa renovación es imposible mientras el PP no la permita: hace falta una mayoría de tres quintos del Parlamento. Con este bloqueo, Pablo Casado se niega a cumplir con la Constitución, que obliga a renovar los órganos constitucionales cada cinco años. No pasa solo con el CGPJ: también el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo tienen su mandato caducado. Casado argumenta que no renovará estos órganos mientras Podemos siga en el Gobierno. Es una falsa excusa, la razón es otra. El bloqueo sirve para mantener la mayoría conservadora en el Poder Judicial y así controlar más nombramientos. La próxima semana se deciden tres jueces del Supremo más Todo apunta –así lo ha anunciado el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes– a que el CGPJ aprobará tres nuevos nombramientos en la Sala de lo Penal. Será el miércoles 30 de septiembre. Ese día se reúne el pleno del CGPJ y entre otros nombramientos judiciales probablemente acordará un '2 a 1' en la Sala de lo Penal: dos conservadores, frente a un progresista. Eso dejaría esta Sala del Supremo con un '13 a 3' conservador. Mayoría absolutísima de la derecha por al menos una década más. Entre los candidatos favoritos del sector conservador para estas plazas se encuentran Jesús Barrientos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que condenó a Artur Mas, Concepción Espejel, la jueza recusada por su cercanía del PP, Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que pidió la absolución del PP, y José Ramón Navarro, el presidente de la Audiencia Nacional que se cambiaba mensajes con Francisco Martínez, el exnúmero dos de Interior imputado por la cloaca policial. Por el lado progresista suena Javier Hernández, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona. Es el candidato que promueve Mar Cabrejas, una de las vocales progresistas, que es clave en esta votación. Cabrejas fue escogida por el PSOE de Rubalcaba, pero ahora es muy cercana al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que la llevó a la comisión permanente hasta 2018, y después la nombró en la comisión de asuntos económicos. Dato importante: los vocales que Lesmes nombra en la comisión permanente tienen sueldo y chófer. Los otros, no. Esa diferencia es una enorme zanahoria que permite a Lesmes dirigir el Poder Judicial con mayor comodidad –esto antes no ocurría, fue otro de los cambios que metió en la ley orgánica Gallardón–. Un vocal del CGPJ en la comisión permanente cobra entre 6.000 y 6.500 euros netos al mes, igual que un juez del Tribunal Supremo. Un vocal de los de segunda, los que no están en esa comisión, solo cobra dietas, unos mil euros al mes. Porque solo con los votos conservadores no es suficiente para que un CGPJ en funciones cometa el atropello democrático que supone nombrar jueces de por vida con una mayoría absoluta caducada, la de Rajoy de hace casi una década. Durante la época del PP –gracias a la reforma que hizo Gallardón–, bastaba con una mayoría absoluta en el CGPJ para aprobar un nombramiento en el Supremo: 11 votos. Con la caída de Rajoy, en enero de 2019, esa ley se modificó. Hoy es necesaria una mayoría de tres quintos para aprobar determinados nombramientos, como los de jueces del Supremo. 13 votos, del total de 21 miembros del CGPJ –veinte vocales más el presidente, que tiene voto de calidad en caso de empate–. El sector conservador, nombrado por el PP, hoy tiene 12 votos en el Consejo General del Poder Judicial: los diez vocales que negoció durante la renovación de 2013, más el presidente, Carlos Lesmes, más otro puesto que logró a través de una extraña carambola. En 2013, la vocal nombrada por CiU, Mercè Pigem, fue sorprendida por la Guardia Civil llevando 9.500 euros en efectivo a Andorra, un dinero de su hermana, que le acompañaba en el viaje con otros 10.600 euros en billetes. Aunque este comportamiento era solo una infracción administrativa, no un delito, Mercè Pigem fue forzada a dimitir. Fue sustituida por uno de los suplentes, un vocal que había sido propuesto por el PP. El sector conservador tiene 12 votos. Necesita 13. Les falta un voto más para la mayoría de tres quintos. Si todos los vocales progresistas en el CGPJ se negaran, estos nombramientos serían imposibles de realizar. Me temo que eso no va a pasar. SEGUNDA PARTE DE ESTE INFORME ESPECIAL: Quién es quién en el Consejo General del Poder Judicial que ocupa el PP Este periodismo es posible gracias al apoyo de los socios y socias de elDiario.es. Si te gusta nuestro trabajo y crees que merece la pena, apóyanos tú también. ETIQUETAS Política / Manuel Marchena / Carlos Lesmes / Justicia / CGPJ - Consejo General del Poder Judicial

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El Tribunal Supremo entra de nuevo en política con los indultos En su informe sobre los indultos, el Supremo va más allá de lo que debería ser su papel. Se extralimita. Y excede la que debería ser su función, que no es valorar la conveniencia política de una medida de gracia — El Supremo se opone al indulto a los condenados por el procés Ignacio Escolar @iescolar El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, junto a otros magistrados del tribunal en un acto oficial El presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, junto a otros magistrados del tribunal en un acto oficial EUROPA PRESS 26 de mayo de 2021 23:06h 117 Hay un problema en España con la separación de poderes. Pero no es el Gobierno quien está invadiendo competencias que no le corresponden. Es el Poder Judicial el que pretende ejercer funciones que no son suyas, quien está haciendo política, quien está excediéndose en su papel. Es natación sincronizada. O uno de esos bailes de salón. O un mecanismo de relojería donde cada pieza se mueve con exacta precisión. Tic, tac. A las nueve de la mañana, el PP y Vox cargan duramente contra el Gobierno por no descartar –aún no han sido aprobados– los indultos del procés. Y apenas un par de horas después, es el politizado Tribunal Supremo quien les da más munición. Hace tiempo que la derecha política actúa coordinada con la derecha judicial. Los seis jueces que firman este informe, denegando los indultos del procés son Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio García del Moral, Andrés Palomo del Arco y Ana María Ferrer. En este artículo explico en más detalle quiénes son. Un 'spoiler': de los seis, cinco fueron elegidos por los vocales del CGPJ aupados por el PP. Solo hay una que fue ascendida al Supremo por los vocales del PSOE. Uno de los seis es también miembro del Opus Dei. Con este tribunal de absoluta mayoría conservadora –había otro magistrado de la asociación progresista, pero ya se jubiló–, estaba cantado el 'no' a los indultos del procés. Nadie esperaba que el Tribunal Supremo diera su aprobación. Y no porque no hubiera precedentes de informes favorables ante delitos aún más graves: el Supremo sí respaldó los indultos de los golpistas del 23F o al terrorismo de los GAL. El informe negativo estaba cantado. Pero no así los argumentos que ha empleado el Supremo. Ni el modo en que los despacha. Ni los razonamientos que da. La primera anomalía es que el Supremo agrupe 12 peticiones de indultos a 12 condenados en una sola tacada. En un solo informe. Algo que no debería ser lo normal. Porque la Constitución prohíbe los indultos generales. Porque el indulto es una medida de gracia individual. Porque cada caso es diferente y sus circunstancias también lo son: no es lo mismo Santi Vila que Oriol Junqueras que Jordi Cuixart. Y por tanto el Supremo también debería haber informado sobre cada caso de forma individual. No son un pack. La segunda anomalía es que el Tribunal Supremo considere la falta de "arrepentimiento" y la "contumacia del penado en su desafío" como "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable". Aunque en el Supremo lo plantee de ese modo, como si el arrepentimiento fuera un requisito imprescindible y obligado, ni la ley ni la jurisprudencia lo consideran así. Tejero nunca se arrepintió, pero el Supremo sí se mostró favorable a indultar a este golpista. En ese informe a favor del perdón para Tejero, que el Supremo firmó en 1993, se defendió la medida de gracia por "conveniencia pública" y para contribuir "al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado". La tercera anomalía es que el Supremo reescriba su propia sentencia del procés. Que fue una condena por sedición, no por rebelión, porque el propio tribunal consideró que aquello no fue un golpe de Estado, que no se usó la violencia como parte del plan. Según la propia sentencia, "todos los acusados eran conscientes" de que la independencia era inviable y solo buscaban "presionar al Gobierno para la negociación de una consulta popular". Fue sedición, no rebelión. Pero cuando el Supremo argumenta en este informe que las penas a la que los líderes del procés fueron condenados son equivalentes a las de otros países europeos, las compara con los delitos de rebelión o alta traición de Alemania, Francia o Italia. Todos estos países ponen un requisito para los delitos que cita el Supremo que en el procés no se dio: la violencia. Basta con repasar esta detallada comparativa sobre las penas que tiene la sedición en el resto de Europa para ver la trampa y el cartón. La cuarta anomalía es ese peligroso argumento –más político que judicial– que desliza el Supremo y también el fiscal al considerar que esta medida de gracia podría ser "un autoindulto", al ser ERC un partido que en ocasiones apoya al Gobierno en el Parlamento. Por las mismas, también lo serían los indultos a los condenados del PSOE de los GAL por parte del PP, puesto que es el PSOE quien ha pactado con el PP todas y cada una de las renovaciones del Poder Judicial. O cualquiera de los muchos indultos que se han aprobado, por parte de sus propios partidos, a condenados por corrupción. El Tribunal Supremo, en este informe, va más allá de lo que debería ser su papel. Hace política. Se extralimita. Y excede la que debería ser su función, que no es valorar la conveniencia política de una medida de gracia. Nada nuevo bajo el sol. Porque casos como éste son la verdadera razón por la que el Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano constitucional que nombra a todos y cada uno de los jueces del Tribunal Supremo de forma casi discrecional. Como decía un portavoz del PP: "Controlar la Sala Segunda desde atrás". Cada vez que el PP pierde las elecciones, bloquea la renovación del Poder Judicial. Y así alarga su control sobre la justicia, y puede nombrar a más jueces afines en los puestos clave: en todas las salas del Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, en las presidencias de la Audiencias Provinciales, en las presidencias de sala de la Audiencia Nacional… En 1995, la Sala de lo Penal o Sala Segunda del Supremo –la que juzgó el procés– estaba compuesta por 13 jueces: siete progresistas, seis conservadores. Hoy el dominio de la derecha en los tribunales claves, empezando por el Supremo, es abrumador. ¿Cuántos jueces conservadores y progresistas hay en la Sala Segunda del Supremo? Evolución del número de magistrados progresistas y conservadores en la Sala de lo Penal del Supremo, según los acuerdos anuales de composición de las salas del tribunal a fecha 1 de enero Flourish logoA Flourish chart En el último cuarto de siglo, el porcentaje de jueces progresistas en la Sala de lo Penal del Supremo ha menguado paulatinamente, casi con una única excepción: 1997. Ese año coincide la jubilación de dos magistrados conservadores con la vuelta a su plaza en el Supremo de dos progresistas que estaban en comisión de servicios. Fuente: BOE El camino de los indultos del procés por el Tribunal Supremo solo acaba de empezar. Porque después de este informe, si es que el Gobierno finalmente aprueba algún indulto, será otra Sala del Supremo, la Tercera, la que se tenga que pronunciar. Los puede anular. El Gobierno corre un serio riesgo: el del desastre total. Que apruebe los indultos y que después la Sala Tercera del Supremo los tumbe. No es descartable: en esa Sala la derecha también tiene la mayoría absoluta. Como en todas las demás. Esta derechización de la Justicia no es fruto de la coincidencia o del azar. Es el resultado del filibusterismo del PP con las renovaciones del Poder Judicial: bloquear el acuerdo cuando pierden las elecciones, y así alargar su dominio sobre los jueces unos añitos más. En las últimas dos décadas, el PP y el PSOE han gobernado casi el mismo tiempo: unos diez años cada uno. Pero el CGPJ ha mantenido una mayoría conservadora 15 años de esos 20. Quien controla el Poder Judicial decide los nombramientos. El resultado a la vista está. En el colmo del cinismo, el PP argumenta ahora que será "casi imposible" renovar el Poder Judicial si el Gobierno sigue adelante con los indultos. Porque así funciona el "constitucionalismo" de quienes

Alto y claro...

De indultos y amnistía: La alianza del aparato judicial con las derechas extremas españolas Daniel Raventós Miguel Salas 30/05/2021 Print PDF COMPARTIR:Facebook Twitter Telegram Son muchos las personas, desde los ámbitos más diversos de la teoría, el activismo, la política, que a lo largo del siglo XX han alertado de la incompatibilidad del capitalismo y la democracia. Y la connivencia de los distintos poderes con el fascismo para aplastar a la democracia. Un ejemplo, mero ejemplo, el moderadísimo Karl Polanyi explicaba ante el ascenso de los fascismos de los 20 y 30 del siglo pasado que su avance no era tanto debido a su base social de apoyo como, por un lado, al apoyo que recibía de capitalistas, la judicatura, el ejército y cuerpos policiales. Por el otro lado, este avance era debido al debilitamiento del movimiento obrero y ciudadano. Dejemos aparcado este lado. Vayamos al primero: Capitalistas, judicatura, ejército y cuerpos policiales. En este reino, el de España, cabría añadir aunque no en exclusiva la iglesia católica. Y la monarquía borbónica, claro está. Hemos tenido un gran ejemplo estos últimos días por parte de la judicatura, nido de reaccionarios sin parangón. Para ello tenemos que hablar de indultos. Y de la calaña judicial que está en la cúspide de este poder. Desde 1996 los diferentes gobiernos del PSOE y del PP han concedido miles y miles de indultos. Unos informados positivamente por los jueces y otros no. Mencionemos algunos de los políticamente importantes: se indultó a Tejero el golpista (sin arrepentimiento) y también a Armada, el otro compinche golpista; se indultó a los que desde el gobierno organizaron los GAL (que tampoco se arrepintieron); se ha indultado a banqueros, a políticos corruptos, a policías torturadores y hasta a los médicos que falsificaron los restos de los fallecidos en el accidente del avión Yak-42. Indultos tan espectaculares apenas merecieron algunos editoriales de prensa y poco más. El escándalo organizado por la alianza entre los jueces del Tribunal Supremo y las derechas extremas y extremísimas fascistas por los posibles indultos a los dirigentes sociales y políticos catalanes tiene unos objetivos claros: debilitar al gobierno actual y continuar presentándolo como ilegítimo y seguir abriendo trincheras para evitar que pueda abrirse un intento de diálogo y de resolución democrática del conflicto catalán. Porque detrás de esa campaña de odio político no solo se persigue seguir castigando a los presos políticos sino levantar todos los muros posibles para evitar el ejercicio de derechos democráticos. Algo muy propio de los antecedentes fascistas del siglo XX a los que se refería el autor citado que tan de cerca vivió el ascenso de esta barbarie. No podía sorprender el informe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo contraria a los indultos. No se podía esperar otra cosa de los mismos que con espíritu personalmente vengativo y políticamente ultrareaccionario los juzgaron y condenaron. La particularidad, y no es la primera vez, es que la resolución entra directamente en consideraciones políticas y da el pitido de salida para que las derechas más o menos extremas (todas las de ámbito territorial del reino: PP, Ciudadanos y Vox) continúen su demagogia y deriva antidemocrática, por decirlo con diplomacia, sobre todo lo que tenga que ver con el conflicto catalán y, más en general, con los ya más que agredidos derechos en el reino de España. Añadamos que a ese coro se han sumado los González y Guerra y los barones socialistas habituales, los de Extremadura y las dos Castillas. Estos dinosaurios del PSOE no han sorprendido a nadie, salvo a algún incauto que pueda seguir viendo “diferencias substanciales” entre esta banda fósil del PSOE y la derecha. Los une la razón de estado, de la unidad del estado, como han demostrado reiteradamente. Esta vez ha sido de momento la última. Pronto habrá nuevos ejemplos. La técnica y la política del informe judicial Numerosos juristas han explicado con todo detalle la barbaridad judicial de la resolución del Supremo. Pero esto es una parte del grave problema. El otro: su carácter extremamente derechista. La resolución, que técnicamente ha sido ridiculizada por especialistas jurídicos, no se limita a su cometido, dar una opinión favorable o contraria a los indultos, sino que se mete hasta el cuello en un ataque al gobierno y a quien defienda los indultos. Como si fuera la Santa Inquisición, por decirlo en términos católicos cuya iglesia tanto sabe en este reino de represión desde hace siglos, coloca fuera de la ley y como antidemócrata (sic) a quien tome decisiones contrarias a dicha resolución. Según el Supremo los condenados no han mostrado "el más débil indicio de arrepentimiento". Es repugnante desde un punto de vista jurídico y, más importante, amenazante políticamente exigir arrepentimiento de acciones políticas democráticas y pacíficas. Lo que ellos pretenden es la sumisión. Afean, especialmente al presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, que “lo volverían a hacer”. En un sistema que se pretenda democrático, todo y toda dirigente político y social está obligado (en todo caso jamás obligado a no hacerlo) a seguir luchando, a seguir intentando conseguir los objetivos sociales y democráticos que pretende. ¿Es por eso que están en prisión y se les quiere que sigan encerrados? A la venganza se le suma la amenaza política de extrema derecha que la envuelve. La resolución se dedica a autodefenderse –¿quizás pensando en que todas sus decisiones acabarán viéndose en los tribunales europeos?– y hace un recorrido que va hasta el código penal alemán para seguir confundiendo rebelión con sedición; dedica continuas referencias relativas a que la única interpretación democrática (resic) es la suya; a que el castigo, este es el término que les complace, es lo que se merecen por haber intentando cambiar las leyes “apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores”. Pasa cuentas con quienes solicitaron el indulto (no la amnistía, precisemos), como el sindicato UGT, contra las prisiones catalanas que conceden permisos de tercer grado (que luego los tribunales suspenden) y hasta con los dos magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron un voto particular por considerar "desproporcionadas" las altas penas de cárcel. La guinda final consiste en atacar al gobierno por el supuesto autoindulto. Según el tribunal, el indulto a dirigentes de partidos, en referencia a ERC, sería un autoindulto ya que "hoy por hoy garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio de la medida de gracia". O sea, el Supremo se opone a los indultos y además le echan en cara al gobierno los apoyos parlamentarios. Solo falta que dijeran, lo que seguramente piensan, que el gobierno es ilegítimo, como machaconamente repiten el PP y Vox. Partidos que junto a Ciudadanos volverán a manifestarse con miles de banderas monárquicas españolas el 13 de junio contra el posible indulto. Ciudadanos también, claro. Interesante será un día saber qué opina aquella izquierda gran española que miró con mucha simpatía a Ciudadanos porque se oponía al “nacionalismo burgués” (reresic) de las movilizaciones catalanas por el derecho a la autodeterminación. Quizás veían en Ciudadanos una muestra de internacionalismo proletario ejemplar. Mientras no fuera “nacionalismo burgués catalán”, todo valía. La alianza entre jueces y derechas extremas (todas las españolas) es tan evidente que pocas horas después de conocerse la resolución el PP ya repetía los mismos argumentos. Según Casado, el gobierno pretende un “autoindulto secesionista para seguir en el poder”, lo considera “inaceptable” y se autoproclama el único defensor de la Constitución y la justicia. Esos que se llenan la boca de la necesaria separación de poderes no pueden imaginar que una cosa es la opinión judicial y otra cosa es la decisión política que un gobierno puede y debe tomar. Como las derechas han subcontratado a los jueces para tomar decisiones políticas sobre derechos y libertades y especialmente sobre Cataluña, les va bien todo lo que salga desde los tribunales, con la excepción de lo que tenga que ver con su probada corrupción. El periódico El Diario ha publicado un estudio en el que muestra el enorme peso de jueces conservadores, volvamos a ser diplomáticos, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La supuesta división de poderes se ha unificado en una: todas las derechas españolas detrás de las togas. Una razón más que evidente para seguir manteniendo bloqueada la renovación del Poder Judicial que ya lleva varios años fuera de plazo y que si tuvieran una mínima decencia democrática, por decir algo retórico, deberían dimitir. El enfrentamiento institucional es grave y tiene pocos precedentes. Los jueces y las derechas proponen un desafío al que hay que responder. Amnistía El debate se ha concentrado en los indultos, pero si se llegan a aplicar solo serán una pequeña decisión en el camino de resolución del conflicto. Los indultos solo afectarán a nueve personas que están en la cárcel, que no podrán ejercer sus derechos políticos porque con la resolución del Supremo quedarán inhabilitados y seguirá pendiente el tema de los exiliados y alrededor de 3.000 personas encausadas. Además, ninguno de los afectados considera que hayan cometido ningún delito, sencillamente se sienten acusados por ejercer sus derechos democráticos. Por eso la amnistía es la respuesta política y democrática. En unas declaraciones desde la prisión Jordi Cuixart decía: “Ni renuncias ni arrepentimientos, ni tampoco reformas parciales del Código Penal, ni los indultos son la solución a la situación que estamos sufriendo. Nuestra causa es una causa global y necesita una respuesta global, por eso seguimos defendiendo la amnistía como el inicio para la solución de un conflicto político”. Y la alianza de la judicatura gran española y la extrema derecha no puede soportar algo así. Es su esencia: la lucha contra las libertades democráticas. La amnistía es una decisión política, no judicial, y no hay ninguna referencia explícita en la legislación española que la prohíba. Así se hizo con la amnistía de 1977, independientemente de nuestra opinión sobre aquella amnistía que incluyó a probados fascistas y torturadores franquistas, es una mayoría parlamentaria que puede decidir aplicarla. En realidad, existiría esa mayoría parlamentaria si el PSOE la apoyara, sin embargo, prefirió votar en contra, junto al PP y Vox, cuando se presentó ante la Mesa del Congreso el pasado mes de marzo. Algún día pueden arrepentirse. El “a por ellos” empieza a dirigirse también al gobierno “ilegítimo”. Que vayan con tiento. Como queda dicho, las derechas han convocado movilizaciones en la calle y anunciado mociones en ayuntamientos y parlamentos autónomos. Este desafío necesita respuesta. El gobierno debe indultar a los presos, pero hay que ir más allá para defenderse de las derechas y para buscar una salida democrática al conflicto. No es un problema catalán, sino un problema democrático que afecta al conjunto del Estado. Si avanza el discurso, las amenazas y la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado -ejército, iglesia, jueces, monarquía, cuerpos represivos- con las derechas, serán los derechos y libertades quienes se verán (más aún que ahora) afectados y entonces perderemos todos. Hay que reunir las fuerzas democráticas y de las izquierdas, en la calle y en las instituciones, quienes solo apoyan los indultos y quienes proponen una amnistía, porque todos y todas debemos defender una respuesta democrática a una crisis política. Daniel Raventós Es editor de Sin Permiso. Doctor en Ciencias Económicas, profesor titular del departamento de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, y miembro del grupo de investigación GREECS. Su último libro es "La renta básica: ¿Por qué y para qué?" (Catarata, 2021). Miguel Salas Es miembro del consejo Editorial de Sin Permiso.

Cuidadín, cuidadín!!!

Las presuntas estafas con criptomonedas inundan la Audiencia Nacional EFE 30 MAY. 2021 - 11:03 DREAMSTIME EXPANSION Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados que han visto evaporarse cientos de millones de euros mediante esquemas piramidales. Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que se basan en códigos encriptados de seguridad para certificar transacciones electrónicas de compra y venta de bienes y servicios, y de ellas existen ya cerca de 5.000, aunque sólo 40 de ellas presentan liquidez dentro del mercado. En septiembre de 2020, la capitalización total de este mercado era de 336.000 millones de dólares. De momento, en España el mayor presunto fraude por volumen defraudado es el de Algorithms Group, empresa de inversión en bitcoin radicada en Londres que podría haber defraudado más de 280 millones de euros a cerca de 3.000 inversores y que ya investiga la Audiencia Nacional. La querella, presentada por Zaballos Abogados, enumera una serie de presuntos delitos como estafa, intrusismo, blanqueo de capitales, delitos societarios, apropiación indebida y asociación ilícita, y se dirige contra Javier Biosca -en busca y captura desde el pasado 10 de mayo-, su mujer Paloma Gallardo, y su hijo Javier. La abogada Emilia Zaballos, presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Bitcoins, aboga por la creación de tribunales especializados en estas operativas, y lamenta la desidia que, a su juicio, han mostrado tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España, que advierten sobre estos chiringuitos financieros pero no les impiden operar. Estafa piramidal Por debajo del volumen presuntamente defraudado por Algorithms figura Nimbus, que según un informe forense de la Guardia Civil habría estafado cerca de 136 millones de euros. Tras una denuncia en un juzgado de Huelva del despacho Aranguez Abogados, la Audiencia Nacional debe pronunciarse sobre su competencia, después de que el juzgado se inhibiera. El cerebro de la trama es Andrea Zanon, que entre 2009 y 2016 fue responsable del área de riesgos de Oriente Medio del Banco Mundial; en 2020 creó Nimbus en Malta, y en octubre de ese año la sociedad ya dejó de hacer frente a los compromisos con sus inversores, alrededor de 4.000. Según consta en la denuncia, Nimbus seguía un esquema de estafa piramidal o de Ponzi, mediante el cual en vez de comprar y vender criptoactivos, en realidad no desarrolló ningún tipo de actividad financiera sino que se limitó a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital ofertado por los siguientes. La operativa de Nimbus, que garantizaba retornos de entre el 7 % y el 15 % mensuales, podría ser constitutiva de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. Blanqueo Otro de los casos que ya investiga la Audiencia Nacional es el de Arbistar 2.0, cuyo perjuicio económico supera actualmente los 41 millones de euros pero podría ascender hasta los 100 millones. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, aceptó la inhibición de un juzgado de Tenerife al entender que los investigados, dirigidos por Santiago Fuentes Jover, podrían haber incurrido en presunta estafa agravada, organización criminal y un delito continuado de falsificación en documento mercantil. Arbistar habría urdido presuntamente una trama defraudatoria prometiendo a los inversores rentabilidades de entre el 8 % y el 15 % mensual, pagándoles semanalmente -siempre los sábados- y dándoles la opción de sumarlo a las cantidades iniciales invertidas o bien optar por el reembolso. Al igual que en el caso de Nimbus, lo que presuntamente ocurrió fue que utilizaron una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos, señala el juez. También en la Audiencia Nacional, el juez de apoyo del juzgado central de instrucción nº 6, Elías Gadea, abrió a finales de abril diligencias tras una querella presentada contra la plataforma de criptomonedas Kuailian, fundado en septiembre de 2018 por Cristian Carmona, David Ruiz de León, Javier Hermosilla y Miguel Tello. Según el auto del juez, los inversores cambiaban euros por Ethereum a través de un monedero virtual con un contrato de 1.000 días de duración. El juez tiene indicios de que, además de la operativa piramidal con las criptomonedas, Kuailian podría haber cometido fraude fiscal, al estar domiciliada en Estonia aunque opera en España, así como blanqueo de capitales, si bien todavía no ha cuantificado el volumen de la presunta estafa.