Una preocupación....y gorda.

El Pacto de Toledo deberá de actualizarse necesariamente. Además, el seguimiento debe ser plenamente consensuado y público.

El sistema de pensiones, con Fondo de Reserva incluido, se agotará en 2030


Celestino Corbacho y Octavio Granado, al informar de la reunión que celebraron con sindicatos y empresarios. Foto: EFE
El Pacto de Toledo o consenso sociopolítico para reformar el sistema de pensiones, cuya convocatoria urgente pactaron el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, en su última entrevista, tendrá como plato fuerte qué hacer a partir de 2030. A partir de ese año se habrá agotado el actual sistema de reparto, Fondo de Reserva incluido.

Éste, que alcanza en la actualidad casi los 60.000 millones de euros, empezará a utilizarse para completar el pago de las pensiones contributivas en 2023 y la previsión es que, al ritmo actual, siete años después la Seguridad Social tenga que recibir dinero del Estado, vía impuestos, y deje de ser autónoma económicamente.

El superávit de que goza la Seguridad Social (previsto en el 0,8 por ciento del PIB en 2009) finalizará en torno a 2023 y entonces habrá equilibrio presupuestario. Esta situación es la que hará necesario recurrir al Fondo de Reserva hasta que se llegue al déficit en 2030.

Esta proyección supera en diez años la última realizada por la Seguridad Social en 2005, según el informe presentado ayer por el Ministerio de Trabajo y que se elabora periódicamente para ser remitido a la Comisión Europea. Hace tres años, el sistema actual tenía la fecha de caducidad en 2020.

Proyecciones de la bonanza
La bonanza económica de los últimos años, que ha disparado la afiliación a la Seguridad Social; la mejora en el número de años cotizados; la incorporación de mujeres, hasta llegar a la paridad con los hombres en edades jóvenes, al mercado laboral; la mano de obra inmigrante; la aproximación de la edad real de jubilación -ahora en 63,5 años- a la edad legal; o el aumento de las bases de cotización son las causas principales del "respiro" para las pensiones públicas.

Aunque esos años de más que poyecta el informe, presentado también ayer a los agentes sociales, lo único que otorgan es "más holgura para hacer reformas", según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado.

Esas reformas se tienen que abordar en el Pacto de Toledo, suscrito por todos los grupos políticos en 1995 y renovado en 2003 en algunas de sus recomendaciones.

La convocatoria del Pacto, en el que también intervienen los sindicatos y los empresarios, parecía inminente tras la reunión entre Zapatero y Rajoy del pasado 14 de octubre, pero hasta el momento no hay ninguna fecha.

Octavio Granado afirmó ayer que este marco, donde se discutirá cualquier reforma relacionada con la Seguridad Social, tiene que alcanzar el mayor consenso posible, "y especialmente con el Partido Popular". Desde la entrevista en el Palacio de La Moncloa entre Zapatero y Rajoy, han menudeado los contactos informales entre dirigentes socialistas y populares para concretar cuándo y de qué hablar en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Todos los implicados están de acuerdo en que la reforma del sistema de pensiones es prioritaria y debe hacerse por consenso. Pero, lógicamente, empiezan a aflorar las diferencias.

Primeras críticas
Tras la reunión de ayer del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en la que estudiaron el informe citado que el Gonierno remitirá a Bruselas, ya aparecieron las primeras críticas. La delegación de CCOO, la única en hacer declaraciones, se mostró conforme con "las líneas de tendencias que se apuntan en el estudio", señaló Salvador Bangueses, secretario de Política Institucional del sindicato.

Acto seguido, arremetió contra el Gobierno por "la incongruencia" de sus acciones. La "indignación" del sindicato es patente a propósito del pacto del Gobierno con el PNV para lograr el apoyo de esta formación a los Presupuestos Generales del Estado de 2009. Uno de los puntos de este pacto es el adelanto de la edad de jubilación de los miembros de la policía autónoma vasca, la Ertzaintza. Este acuerdo vulnera las intenciones del Gobierno respecto a la reforma del Pacto de Toledo, en cuanto a adecuar la edad real de jubilación con la edad legal, fijada en los 65 años.

Para Bangueses, "el Parlamento no podrá soportar el clientelismo político al que se le quiere someter". "No queremos el cortoplacismo imperante", afirmó Bangueses tajante. Si el Pacto de Toledo sirve para discutir la globalidad del sistema, "los dos grandes partidos tienen que ser coherentes", declaró.