Con su cuadro ideológico.
El PSOE quiere subir los impuestos a trabajadores de renta media y alta
Publicado el 23-05-09 , por J. J. Marcos
Entre las resoluciones del Debate de la Nación, dos peticiones reclaman una reforma fiscal de carácter "progresivo". Pajín ya lo había avisado: las rentas más altas tendrán que hacer más esfuerzo.
Al PSOE le salen las cuentas parlamentarias para lanzar la reforma fiscal “progresiva” que lleva tiempo buscando. Una reforma que incida con mayor fuerza en el cobro de impuestos a las rentas medias y altas.
Ésta es una más de las conclusiones que quedaron entre los rescoldos del Debate sobre el Estado de la Nación. Hasta en dos de las 45 propuestas que finalmente vieron la luz se reclama una modificación del sistema tributario con este condicionante.
Todo haría indicar, por tanto, que los cambios fiscales que se produzcan en el futuro tendrán un objetivo: castigar a las rentas altas para salvaguardar a las bajas; como proyectan EEUU e Irlanda con el aplauso del Gobierno de Zapatero.
El Congreso reclama al mismo tiempo más medios para atajar el fraude fiscal entre los españoles
Tal como queda la redacción final de las propuestas, hechas públicas ayer, el Congreso solicita “reformar el sistema tributario de manera que se incremente su carácter progresivo y se garantice una recaudación suficiente” (Propuesta 12). Para que no quede lugar dudas, insisten en la 19. “Para asegurar la sostenibilidad financiera y fiscal a largo plazo”, habrá que desarrollar “una reforma fiscal que mejore la suficiencia y progresividad” del sistema impositivo. Para que así el sistema fiscal tenga un componente “anticíclico”.
La soledad parlamentaria en la que se encuentra el PSOE ha hecho que se acerque a postulados de los partidos que le brindan su apoyo de forma recurrente: ERC, ICV-IU y BNG. La número tres del partido socialista, Leire Pajín, se encargó de jalear el ambiente en los días previos al debate, al afirmar: “Lo lógico es que haga un mayor esfuerzo la gente que tiene rentas más altas”. Añadió que el PSOE está “abierto” a este debate en concreto.
A fin de cuentas, la caída en la recaudación y el aumento del gasto tienen a la caja pública en un estado de extrema precariedad. El Ejecutivo tantea diversas opciones de subidas de impuestos. Carburantes y tabacos podrían ser los primeros en arreciar, al tiempo que Economía confía en resucitar el de Sucesiones a medio plazo.
Además, de un tiempo a esta parte, en todos los actos públicos del Ministerio de Economía se destaca el descenso en la presión fiscal española, como un eventual colchón ante futuros cambios. Precisamente ayer el Ministerio de Economía publicó el Avance de Actuación Presupuestaria de las Administraciones Públicas, donde se concretaba que la presión fiscal fue del 32,83% del PIB en 2008, 4,25 puntos por debajo de la del año anterior, gracias, sobre todo, al fortísimo descenso en la recaudación en los impuestos, arrastrados por el declive de la actividad.
De concretarse esa tendencia redistributiva con nuevos impuestos en el Boletín Oficial del Estados, las clases medias tendrán que señalar en el calendario la fecha del último debate de la nación. En ese foro es también donde perdieron la deducción para vivienda a partir de 2011. Las rentas de menos de 24.000 euros, en principio, quedarían exentas.
Por el contrario, cualquier rebaja de impuestos planteada tiende a desaparecer a velocidad de vértigo. Durante el debate se anunció a bombo y platillo una reducción del Impuesto de Sociedades del 5% en las pymes que no realicen despidos.
La posterior negociación parlamentaria fue muy cruel con las propuestas del presidente del Gobierno, y sólo pasaron con fuertes rebajas. Sin embargo, esta propuesta, que tenía un carácter temporal de sólo tres años, se cayó del cartel. No hay alusión a ella en ninguna de las 45 propuestas no de ley que se aprobaron tras el debate. Sólo exhortaciones genéricas al apoyo de las pymes en cuestiones como la I+D.
Especialmente crítico con este anuncio fue CiU, ya que destacaba que rebajaba los impuestos sobre beneficios, un estado contable al que es difícil acceder en la actualidad. Además, al ser una retirada de impuestos temporal, y volver en tres año, afectaría a las empresas justo cuando empezaran a recuperar una normalidad contable, si se cumplen los pronósticos de recuperación.
Del Debate también se puede deducir otra preocupación compartida por sus señorías: la lucha contra el fraude debe arreciar. En concreto, reclaman “medidas que incentiven la cooperación e intercambio de información en una lucha común contra el fraude fiscal”; o la “elaboración de un plan de prevención del fraude fiscal en España”; incluso un “incremento significativo de recursos humanos y económicos”. Los impuestos no sólo serán progresivos, sino que estarán mucho más vigilados.
Doble lenguaje
Esta semana, el Congreso votará dos proposiciones no de ley del PSOE y de ICV encaminadas a reclamar una mejora en la lucha del fraude que se genera en los paraísos fiscales. En el propio debate de la nación también aludían a la necesidad de “contribuir” a la reforma del marco internacional para controlar las zonas ‘offshore’.
Sin embargo, el Ejecutivo tiene en el cajón un real decreto que elimina las trabas a los inversores en Deuda Pública del Estado que residan en paraísos fiscales. El colectivo de inspectores de Hacienda está indignado con esta posibilidad.
UGT y CCOO, siempre
El diálogo social ha quedado reforzado tras el debate. El PSOE apoyó en un primer momento la petición de CiU de dialogar sobre reformas en el sistema laboral. La indignación de IU-ICV y los sindicato llevó al partido en el Gobierno a replantear la decisión pocas horas después. Todo pasará por el diálogo social.
En otra de las propuestas de especifica aún más: “Cualquier reforma de la legislación laboral debe articularse en consenso con las organizaciones sindicales más representativas, tanto estatales como autonómicas”. Esto es, UGT y CCOO como condición.
Zonas deslocalizadas
En otra de las resoluciones que vieron la luz en el último debate del Estado de la Nación, también se aprobaba reclamar la creación en los próximos Presupuestos Generales del Estado un Fondo de ayuda para zonas afectadas por procesos de deslocalización de empresas.
La dotación inicial de este fondo ascendería a 200 millones de euros, según se concreta en la información remitida ayer por el Congreso. Estas ayudas deberían ir destinadas “a inversiones alternativas de reactivación territorial y a políticas de recolocación de los trabajadores afectados”.
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