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El Gobierno, abocado a subir los impuestos
A pesar de lo impopular de la medida, con un déficit que se acerca al 10% y la deuda desbocada, prepara una reforma tributaria
El Gobierno se ve obligado a elevar los impuestos si no quiere que el déficit público se dispare más allá del 10% del PIB. Hacienda habla ya de un 9,5% del producto interior bruto (a final de 2009, una cifra fácilmente superable por la realidad. Y a pesar de que pocos analistas creen que la recuperación se palpe claramente el año próximo, el Gobierno cuenta con mejorar el nivel de déficit hasta el 7,9% en 2010.
El Ejecutivo abrió el melón antes del verano, al subir los tributos especiales sobre hidrocarburos y tabacos, con una incidencia recaudatoria corta. Se trata de incrementos “limitados o temporales”, tal y como los calificaba el propio presidente del Gobierno quien ha excluído que afecten a la actividad de las empresas, es decir, no se tocará Sociedades, es más, “puede bajar algún punto más”.
El impuesto que parece más inmune a los cambios es el de sociedades, especialmente tras las pinceladas esbozadas el viernes por Zapatero. El Gobierno ya redujo entre 2007 y 2008, del 35% al 30%, 25% para las pymes, lo que pagan las empresas por sus beneficios. En un momento en que las ganancias empresariales adelgazan, el impacto recaudatorio sería más tímido.
En cuanto a las rentas del trabajo señalan los expertos que hay cierta contradicción porque aunque no se suban los tipos del IRPF, el gravamen real sí aumentará si se limita o desaparece la deducción de 400 euros, a la manera de lo ya anunciado respecto a la inversión en vivienda.
En este sentido, despúes del Debate del Estado de la Nación en mayo pasado, la documentación oficial del Gobierno indicaba que se iba a “suprimir la desgravación por hipoteca a las rentas más altas”, y ponía como referencia unos ingresos anuales a partir de 24.000 euros.
La izquierda y los sindicatos han pedido que este límite se lleve hasta los 60.000 euros, lo que dejaría a 614.867 contribuyentes con una aligerada cuenta corriente, según los cálculos sindicales. De todos modos, el impacto real que tendría esta medida es relativo.
Desde la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), destacan que una subida de impuestos de este calibre tendría “poca potencia recaudatoria”, ya que afectaría a sólo el 3,7% de los contribuyentes. Se trata de un impacto muy bajo para una decisión de tan alto coste político.
Lo que si parece garantizado son los aumentos impositivos sobre el alcohol y el Ejecutivo no descarta de antemano tocar el IVA, cuyo tipo medio es sensiblemente inferior al europeo, y, muy probablemente, las rentas del capital.
La última vez que el Ejecutivo se decidió a plantear la progresividad en los impuestos, para lo que tuvo el apoyo de IU, tras el Debate del Estado de la Nación, salió bastante mal parado. Fue entonces cuando la postura de CiU pudo frenar la iniciativa. Convergencia y Unión ha hecho ya un aviso a navegantes: votará en contra de unos Presupuestos que acarreen subidas de impuestos. Pero en esta situación la soledad parlamentaria del Gobierno, que se ha hecho todavía más evidente, puede tomar otro camino.
Por ahora, los expertos prevén que la Ley de Economía Sostenible, proyecto estelar del curso que se avecina, parece que va a incluir una importantísima carga fiscal. Desde Gestha, por ejemplo, temen que en este punto esté el peaje político que tiene que pagar Zapatero para garantizarse el apoyo al Gobierno de IU y sus aliados en el tripartito catalán, ICV y ERC.
Lo que estos partidos han hecho hasta el momento es presentar en julio una Proposición de Ley sobre Fiscalidad Ambiental, en la que pretendían endurecer el marco normativo fiscal introduciendo criterios ambientales. Entre otras cuestiones, se crearían nuevos impuestos y tasas y se reformarían los existentes.
Se trata de un modelo impositivo aun por explorar ya que existe una infinidad de actividades contaminantes y explotación de recursos por gravar. Y no sólo en España. Un estudio de Eurostat sobre tendencias fiscales en la Unión Europea asegura que apenas uno de cada 15 euros de los ingresos de los países comunitarios proviene de los impuestos medioambientales. La situación ha cambiado desde 2006, año de publicación de ese documento, pero la tributación medioambiental sigue siendo incipiente en la mayor parte de los países, especialmente los mediterráneos.
Presión fiscal del 37%
Aseguran los analistas que si se compara con la fiscalidad europea, la economía española aún tiene margen para aumentar la presión fiscal, es decir, el peso de los ingresos impositivos sobre el total de la economía. España alcanzaba el 37% sobre el PIB en 2007, según datos de Eurostat, la oficina estadística comunitaria, frente al 40% de media de la eurozona. Y el año pasado, la crisis relajó la presión fiscal española casi cinco puntos, hasta el 32,8%.
Con este argumento el Ministerio de Economía y Hacienda tiene la intención de suprimir aquellas medidas, calificadas por la mayoría y en años de vacas gordas, como electoralistas.
Se trataría, en primer lugar, de retocar o en su caso suprimir,la deducción de 400 euros en el IRPF. Esta medida supone cada año 4.000 millones de las arcas del Estado, el 50% de lo que el Ejecutivo pretende no gastar el año que viene. Algo similar se planteó el ministerio con los 2.500 euros por nacimiento de hijo, aunque de este asunto todavía no se “ocupa el Ejecutivo” tal y como ha señaldo recientemente el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
Hay que recordar que los dos sindicatos mayorítarios, UGT y CCOO, siempre se han mostrado en desacuerdo con ambos incentivos. En declaracionesa a los medios durante el pasado mes de agosto, representates de la Unión General de Trabajadores explicaban que hay que buscar una política fiscal equitativa, “cosa que no se ha producido con determinadas rebajas fiscales de los últimos años".
Ambas organizaciones piden recuperar el impuesto del patrimonio, eliminado el año pasado: Recuperar patrimonio y sucesiones sería lo más inmediato. Insisten, además en que habría que revisar todas las demás figuras impositivas.
Lo que parece poco probable es que el Gobierno, en circunstancias políticas poco favorables y con la tramitación de los Presupuestos a las puertas, se planté rescatar un impuesto eliminado hace apenas doce meses.
La subida fiscal no afectará a las Sicav
3 Las Sociedades de Inversión de Capital Variable, Sicav, se han visto en el ojo del huracán tras anunciar el Gobierno subidas impositivas.
El anuncio ha hecho que muchos pidan que este vehículo para grandes fortunas sea penalizado. Sin embargo, la vicepresidenta Elena Salgado reconoció que el Ejecutivo no ha cuestionado la regulación sobre su tributación. Eso sí, recordó que fue determinada durante el mandato del PP.
De este modo, se aleja de la petición realizada por varios de sus socios de Gobierno. El Ejecutivo destaca que en general estas sociedades en Europa no tributan o lo hacen a niveles muy bajos, mientras que las plusvalías presentan tipos reducidos. Desde Economía pusieron los ejemplos de Alemania, Austria, Francia, Países Bajos, Italia, Irlanda y Reino Unido. Además, incidió en que el Gobierno no ha cuestionado esta regulación, aunque recordó que trabaja en la revisión de todas las figuras impositivas, si bien aseguró que la mayoría no se modificarán. En cualquier caso, señalaque las modificaciones se sabrán cuando se elaboren los Presupuestos. Pero recordó la intención de subir las rentas de capital y bajar Sociedades.
La vicepresidenta señaló que “el capital va a la velocidad de la luz”, dando a entender que si se sube la tributación de las sicav el dinero se iría a otros países. La vicepresidenta subrayó que el PP adolece de falta de memoria, ya que olvida que la normativa fiscal en vigor para las sicav fue regulada por ese partido en 2003.
En este sentido ICV avisa de que para negociar los Presupuestos es “indispensable” la reforma de las sicav.
El portavoz socialista en el Congreso, Joan Herrera, replicó a Salgado que “para entenderse con la izquierda es una condición indispensable” cambiar las sicav “en la negociación de los Presupuestos”. “Sólo pagan el 1% de Sociedades, contra el 35% de tipo que se aplica de manera general a las empresas”.
Las Sicav, siglas de Sociedad de Inversión de Capital Variable, son sociedades anónimas cuyo objeto social es la inversión en activos financieros, muy utilizadas por personas con grandes fortunas.
Además de estar exentas del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados, sus beneficios tributan al 1% en el impuesto de sociedades, en tanto que las plusvalías retiradas por los partícipes pagan un 18% en el IRPF.
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