Una pugna eterna.

RTVE, las privadas y las ‘telecos’: la pelea que no cesa

Parecía que la Ley de Financiación de RTVE, si bien había enfadado y mucho a las compañías de telecomunicaciones, había dejado contentas a las teles privadas que consideraban que el porcentaje sobre ingresos que se les pedía para financiar la nueva RTVE, quedaba compensado con creces con la desaparición de la publicidad en la cadena pública. Bueno, pues el contento ha durado poco. La patronal que defiende los intereses de Antena 3, Telecinco, Cuatro y La Sexta, UTECA, ha acusado a los responsables de RTVE de estar bordeando el fraude de ley en el asunto de la publicidad. Su explicación es que RTVE, aprovechando que su Ley de Financiación fue sancionada por las Cortes Generales el 29 de julio y que, sin embargo, no se publicó en el BOE hasta un mes después, el 31 de agosto (Ley 8/2009, de 28 de agosto), con entrada en vigor el 1 de septiembre, han concertado en agosto publicidad para el último cuatrimestre, amparándose en una transitoria de la Ley que permite que sean válidos los contratos firmados antes del 1 de septiembre y siempre y cuando la publicidad no se emita más tarde del 31 de diciembre de 2009.

Uteca exige que como la Ley establece que serán legales los contratos fehacientes firmados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, RTVE justifique que toda la publicidad que emite desde el 1 de septiembre está amparada por contratos vinculantes para todas las partes y no mediante órdenes de publicidad o simples propuestas que solo uncen a una parte.

Y, ya puestos, recurren a palabras mayores y señalan que con esta conducta, los máximos responsables de RTVE, han pisado la frontera del fraude de ley, puesto en mal lugar al Gobierno y al poder Legislativo, y distorsionado en su inicio un sistema de financiación.

Exigencia, crítica y por último amenaza velada porque aseguran que este comportamiento le obligara a cuestionar las aportaciones con las que contribuirán este año al sostenimiento de la Corporación pública. Lo cierto es que no han concretado más cuánto de rebeldes se piensan poner, pero parece que no van a cejar en defender lo que consideran su terreno. Eso sí, lejos de sentirte intimidada, RTVE se ha mostrado ofendida y en un comunicado de prensa señala que cumple “escrupulosamente” con la Ley de Financiación de RTVE y considera “inadmisibles” los “reiterados” ataques de las televisiones comerciales (UTECA) contra el Ente. Tras señalar que UTECA no tiene ninguna legitimidad para controlar ni determinar el camino que debe seguir RTVE, considera “gravísimo” que las televisiones comerciales lancen “una acusación totalmente infundada, de fraude de ley, contra RTVE”. Por último, apunta que esta Corporación “no va a ceder ante las presiones de UTECA para privar a todos los españoles, auténticos propietarios de esta Casa, de la radiotelevisión pública que merecen: fuerte, respetuosa, independiente y de calidad”. La guerra está servida y para aderezarla, los terceros en discordia: las telecos. Mientras los que parecían contentos se ha demostrado que no lo están tanto, los que siempre se manifestaron en contra, demuestran un malestar en aumento. Las compañías de telecomunicaciones a las que se les ha requerido que pongan un 0,9% de sus ingresos a modo de tasa para ayudar a la financiación de RTVE, bajo el argumento de que ellos de alguna manera también son operadores de la televisión privados, puesto que puede verse a través del móvil. En el XXIII encuentro de telecomunicaciones de celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo hace sólo unos días, tanto el consejero delegado de Telefónica, Julio Linares, y el presidente de Vodafone España, Francisco Román, se quejaban y mucho delante de la ministra de Innovación, Cristina Garmendia, sentada en primera fila, argumentando que si bien esta medida no va a “acabar” con el sector si va a “quitarles la oportunidad de construir un futuro”. El nuevo modelo de financiación de RTVE está bajo la lupa de Bruselas.

La cosa está por ver como acaba porque Telefónica, Vodafone y Orange preparan sus denuncias a la ley ante Bruselas. En el argumentario, las compañías denuncian además de la injusticia que supone la tasa en sí, la desproporcionalidad, que no sólo grava los ingresos que perciben por los servicios audiovisuales que prestan, sino la totalidad de su facturación, incluyendo la voz, alejada totalmente del negocio audiovisual. Todo parece indicar que la Comisión Europea prepara la apertura de un procedimiento formal contra España para investigar si el nuevo modelo, que compensa la eliminación de los ingresos por publicidad con el cobro de tasas a las cadenas privadas y a las operadores de telecomunicaciones, puede suponer un caso de ayudas ilegales de Estado.