Ambos líderes exigen a Papandreu el cumplimiento estricto del ajuste
Berlín y París se comprometen a mantener Grecia a flote
La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, reiteraron ayer al primer ministro griego, Yorgos Papandreu, su disposición a seguir adelante con el rescate de Grecia. Pero el eje germano-francés exigió a cambio el cumplimiento a rajatabla del plan de ajuste previo, aunque condene al país a una profunda recesión.
Atenas confía en que el segundo rescate se resuelva antes de finales de octubre para despejar las dudas sobre su solvencia
B. de Miguel - Bruselas - 15/09/2011 - 07:00
La zona euro vivió ayer otra frenética jornada, con los mercados bursátiles pendientes de la posible quiebra de Grecia y de las dificultades de las autoridades políticas para gestionar esa amenaza. El foco de atención se centró, como cabía esperar, en la teleconferencia celebrada al cierre de los mercados (hacia las seis de la tarde) entre la canciller alemana, Angela Merkel, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y el primer ministro griego, Yorgos Papandreu.
París y Berlín se mostraron "convencidos" de que el futuro de Grecia está en el euro pero reiteraron al término de la teleconferencia que "más que nunca es indispensable aplicar las decisiones pactadas en julio", en referencia al segundo rescate del país por valor de 109.000 millones de euros. Pero subrayaron, como condición imprescindible para conceder esos préstamos, "la aplicación estricta y efectiva del programa previsto para sanear la economía griega". Papandreu había ofrecido durante la entrevista el compromiso inequívoco de llevar a cabo el ajuste.
La conversación tenía lugar después de una semana de tensión entre Atenas y los representantes de la troika (FMI, CE y BCE) encargados de supervisar el cumplimiento del plan de ajuste exigido a Atenas. El Gobierno de Papandreu había reclamado una relajación de los objetivos de déficit públicos exigidos para este año (7,5%) como compensación a la caída del crecimiento que están provocando los ajustes (una recesión del 5,5% frente al 3,5% previsto por la troika). Pero los organismos internacionales se mostraron inflexibles y exigieron que Atenas cumpliese lo pactado so pena de cancelar la operación de rescate y condenar al país a la suspensión de pagos.
El ultimátum logró que el ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, reconociese el pasado domingo un retraso en el plan de ajuste y anunciase un nuevo impuesto sobre las s propiedades inmobiliarias para captar los 2.000 completar el objetivo de recaudación exigido por la troika (54.000 millones durante este año).
El anuncio de esa medida debe permitir al FMI y a la zona euro la liberación del sexto plazo, de 12.000 millones de euros, de la primera operación de rescate, valorada en 110.000 millones de euros en total.
Pero el gesto de obediencia de Atenas persigue también un objetivo más ambicioso: facilitar la aprobación en los parlamentos de la zona euro de la ampliación del fondo de rescate (Facilidad Europea de Estabilidad Financiera), el organismo que se encargará de la segunda oleada de préstamos para Grecia (109.000 millones de euros), pactada el pasado 21 de julio.
Tensión creciente
El proceso de ratificación de esa reforma tropezó ayer mismo en Austria, donde la Comisión de Economía votó en contra de conceder más recursos y poderes a la FEEF, o que puede retrasar la aprobación del Parlamento austriaco al menos hasta octubre. En otros países, como Alemania, Holanda, Finlandia y Eslovaquia, la ratificación también está rodeada de incertidumbres. Y cualquier percance parlamentario podría dejar en el aire los 109.000 millones de euros prometidos a Atenas, imprescindibles para llevar a cabo la reestructuración parcial y voluntaria de su deuda con una quita para los acreedores privados del 21%.
Atenas confía en que la reforma de la FEEF esté concluida antes del 31 de octubre, para despejar los rumores sobre su inminente suspensión de pagos y encarar 2012 con una mejoría de la confianza y la inversión privada. Pero la mayoría de los análisis coinciden en que la continuación del primer rescate y la puesta en marcha del segundo solo servirán para prolongar la agonía de un país incapaz de afrontar una deuda que supera el 150% de su PIB. El propio Gobierno griego reconoce que su principal meta es aguantar hasta marzo o abril del año que viene con la esperanza de alcanzar entonces un superávit fiscal primario (descontados los intereses de la deuda) que le permita cierto margen de maniobra frente a sus acreedores. "Si lo conseguimos, estaremos blindados política, económica, diplomática y financieramente", señaló el pasado domingo Venizelos.
El blindaje de Venizelos parece anticipar una primavera muy tensa, porque durante el primer trimestre de 2012 Grecia deberá hacer frente al vencimiento de bonos por un valor cercano a los 22.000 millones de euros y la hipótesis de una reestructuración radical de la deuda griega (se habla de hasta el 80%) ganará muchos enteros tan pronto como Atenas logre su ansiado superávit primario. Pero la táctica de Atenas y del resto de la zona euro de ir ganando tiempo empieza a agotar la paciencia de los principales socios internacionales. El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, arremetió ayer contra "la irresponsabilidad" de los países europeos, "que juraron lealtad a una unión monetaria y ahora no son capaces de aceptar la integración presupuestaria necesaria para hacerla viable o las consecuencias que supone para sus socios más endeudados".
Austeridad y contagio
Más comprensivo se mostró el actual secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, quien aseguró que "se equivocan quienes piensan que Europa no tiene capacidad para hacer frente a los retos actuales". Geithner, que mañana tiene previsto llegar a Polonia para participar en una reunión informal de los ministros de Economía de la Unión Europea, descartó una implosión de la zona euro, aunque urgió a los líderes comunitarios a "fortalecer sus compromisos", en una clara alusión al debate sobre la posible ampliación de los fondos de rescate (dotados ahora medio billón de euros).
En el seno de la zona euro, Roma y Lisboa continuaban ayer luchando contra el contagio creciente de la crisis griega. El Parlamento italiano aprobó un voto de confianza al Gobierno y el plan de austeridad por valor de 54.000 millones de euros. Y en Portugal, el Gobierno prepara un ajuste adicional de 1.000 millones de euros que, según el Banco de Portugal, debería lograrse con recortes de gasto en lugar de subir impuestos.
Barroso calienta los eurobonos
El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, confirmó ayer ante el Parlamento Europeo su intención de presentar próximamente un estudio sobre la posible emisión de deuda pública de la zona euro.
Barroso adelantó que alguna de las fórmulas podría llevarse a cabo sin necesidad de reformar el Tratado de la UE. Pero reconoció que los eurobonos en ningún caso servirán para solucionar de manera inmediata los actuales problemas de la Eurozona. "Debemos ser honestos (...) y no confundir estos proyectos de integración con nuestras necesidades más inmediatas", señaló el portugués.
Entre las opciones posibles figura desde la más sencilla, que pasaría por coordinar o armonizar el calendario y condiciones de las emisiones de todos los socios de la zona euro hasta la emisión centralizada a través de un Tesoro comunitario. La agencia Standar & Poor's ya ha advertido que si los países de la zona euro se limitan a agrupar sus emisiones y cada uno avala una parte, el eurobono tendrá el rating del país más frágil, es decir, la temible CCC (bono basura) que en estos momentos soporta Grecia.
Alemania, de todos modos, repitió ayer su rechazo a la mutualización de la deuda mientras no se avance en la integración fiscal y en la disciplina presupuestaria del club.
Ajuste del 1%
El ajuste pendiente para que Atenas cumpla su objetivo de déficit este año equivale al 1% del PIB del país, unos 2.000 millones de euros que Atenas intentará cubrir en parte con un nuevo impuesto sobre todas las propiedades inmobiliarias, que oscilará entre 0,5 y 10 euros por vivienda.
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