Todo sigue pendiente tras el rescate bancario
Julio Rodríguez López es miembro de Economistas Frente a la Crisis
La dimisión de Rodrigo Rato en mayo de 2012 como presidente de Bankia/BFA coincidió con uno de los momentos más complicados para la economía española desde que se inició la crisis financiera y económica en el verano de 2007. Para impedir la quiebra de Bankia eran necesarios unos 19.000 millones de euros adicionales a los ya aportados a dicha entidad de crédito por parte del Frob (4.500 millones).
Los dos “Decretos Guindos” establecidos en 2012 por el nuevo gobierno provocaron un fuerte aumento de las provisiones y de las necesidades de capital que deberían de llevar a cabo los bancos españoles. Se pretendía con los mismos clarificar la realidad de los balances activos de la banca española, efectuando con dichas nuevas normas un fuerte ajuste a la baja del valor de los activos relacionados con la actividad de promoción inmobiliaria.
Las mayores provisiones provocaron que alguna entidad que presentó unos modestos beneficios en 2011 se situara en 2012 en una posición de quiebra técnica tras la puesta en marcha de las nuevas normas citadas. La nueva situación era, pues, una consecuencia abrupta del impacto negativo sobre los resultados de las mayores exigencias legales derivadas de una normativa introducida de una forma a todas luces abrupta.
La prima de riesgo de la deuda española alcanzó por aquellos días los niveles más elevados (unos 650 puntos básicos). Coincidiendo con el inicio de la Copa de Europa de selecciones nacionales de futbol, el presidente del gobierno aludió, casi de pasada, a que el 25 de junio de 2012 se había solicitado al Eurogrupo abrir una línea de crédito con de 100.000 millones de euros.
El comentario del presidente del gobierno se hizo de forma tan enfática que, más que indicar que se trataba de resolver una situación delicada, parecía que hacia un favor a la Unión Europea al acceder a efectuar la demanda de financiación en cuestión. El 9 de julio el Eurogrupo aprobó la concesión de la citada línea de crédito, por la cuantía citada y a un tipo de interés del 0,5%, a 12 años de plazo y con una importante carencia.
El 20 de julio de 2012 Gobierno y Eurogrupo firmaron el “Memorándum de entendimiento” (MoU). Dicho documento incluía un compromiso de asistencia financiera para recapitalizar y reestructurar a las entidades de crédito españolas que lo precisasen. Se establecía toda una “hoja de ruta” para capitalizar a las entidades de crédito más afectadas.
En segundo lugar, el MoU incluía un conjunto de compromisos concretos de modificación de la normativa española. Se creaba con dichos cambios un marco jurídico para gestionar crisis bancarias, se alteraban las competencias del Banco de España y del Frob, y se obligaba a crear en España un “banco malo” (Sareb), o sociedad de gestión que adquiriese los activos problemáticos de los bancos. Las adquisiciones de activos por parte de Sareb serían obligatorias para los bancos que recibiesen ayudas para su capitalización.
El trabajo previo de un consultor externo independiente, Oliver Wyman, apoyado en los datos aportados por las cuatro firmas auditoras más importantes, así como por el Banco de España sobre 36 millones de créditos, junto a los servicios de seis empresas tasadoras, permitió estimar las necesidades de capital del sistema financiero español. Dichas carencias de capital oscilaban entre 25.900 millones y 53.745 millones de euros según se tratase del escenario “básico” o del “problemático”..
Al final, y tras un amplio conjunto de actividades compensatorias de carácter “desapalancador”, las necesidades de apelación a los fondos del Eurogrupo quedaron por debajo de los 40.000 millones. Se emplearon unos 38.000 millones en capitalizar los bancos de los grupos 1 y 2 precisados de aumentar el capital y también se usaron 2.500 millones de dicha “línea de crédito” para aportar capital a Sareb, el banco malo.
Este último adquirió a los bancos que necesitaban capitalizarse con ayudas públicas un amplio conjunto de activos por un valor próximo a los 60.000 millones de euros. Los recursos empleados para dichas compras procedían de de emisiones de títulos garantizados por el Estado, títulos que podían servir para conseguir financiación en el Banco Central Europeo (BCE).
El origen real de dichos recursos ha sido, pues, el BCE. A fines de 2012 el Frob capitalizó los bancos del Frob (Bankia, NCG Banco y Cataluña Caixa) y en febrero de 2013 hizo lo mismo con tres de los bancos del Grupo 2 (BMN., Liberbank y Caja 3). Los informes derivados de las visitas a España de la troika (BCE, Comisión CE y FMI) para comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno español en el Mou han considerado como “estabilizado” al sistema bancario español.
Dicha estabilización se ha apoyado en la recapitalización de bancos que suponían el 20% del sistema bancario, en la transferencia de activos de tales bancos a Sareb y en las mejorías de la rentabilidad y de la solvencia del conjunto de entidades. El que en 2013 no se hayan efectuado unas provisiones del calibre de las efectuadas en 2012 reduce los meritos de la mencionada mejoría de las cuentas de resultados, en las que los márgenes siguen siendo muy ajustados.
Como temas pendientes aparecen, entre otros, la persistente e intensa reducción del crédito al sector privado de la economía española, el aumento de la morosidad bancaria, generalizado a todos los sectores productivos, el excesivo apalancamiento del sector privado no financiero y la falta de un proceso claro de ajuste en el mercado de vivienda..
Junto a lo anterior, los resultados de numerosas entidades de crédito proceden sobre todo del arbitraje efectuado con la deuda pública española. Existen dudas sobre la fuerte dependencia de dichas entidades respecto de los mercados mayoristas de dinero. La ultima encuesta del BCE sobre la de financiación a las pymes en la eurozona en el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2013 confirma que las condiciones crediticias de las pymes españolas siguen siendo más gravosas que en el resto de la Eurozona y que persiste asimismo una situación de restricción crediticia para las mismas más acentuada en España.
En última instancia, la supuesta mayor credibilidad de la economía española descansa en el hecho de que se ha aportado capital a las entidades de crédito que revelaron carencias en el test de esfuerzo que efectuó la consultora Oliver Wyman. La mejora de solvencia no implica que esté garantizada la rentabilidad de dichas entidades de crédito.
El cumplimiento real de las exigencias del MOU solo podrá comprobarse cuando haya pasado más tiempo. Después de aparecer como uno de los sistemas financieros más variados en el tipo de entidades que actuaban en el mismo, en 2013 solo quedan 14 bancos que controlan el 90% de los activos bancarios de España, de los que los tres primeros (Caixabank, Santander y BBVA) se aproximan al 70%.
Las citadas visitas de inspección de la troika (BCE, Comisión europea y FMI) también han llamado la atención sobre la dificultad de Sareb de competir con los bancos accionistas que están también tratando de vender como sea activos inmobiliarios. La morosidad, que suponía en septiembre de 2013 el 18,5% del PIB previsto para este ejercicio, el elevado desempleo, la presión de la Comisión Europea para seguir acentuando los recortes, la persistente restricción crediticia, son todos ellos elementos que complican la salida definitiva de una crisis que aun no ha superado el sistema financiero español.
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