El panorama político municipal experimentó un vuelco hace ahora un año. Lasplataformas municipalistas y partidos no tradicionales se hicieron con el poder en las principales plazas de la geografía española como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, A Coruña, Cádiz o Santiago de Compostela -cuatro de ellas se incluyen entre las cinco ciudades más pobladas- contra el pronóstico de las encuestas. El asalto institucional de los 'indignados', el cambio de caras o el maximalismo de sus propuestas atrajeron el foco mediático desde el primer momento, no solo nacional, sino también de los medios internacionales ante lo que se consideró un fenómeno político sin antecedentes y, por tanto, cargado de incertidumbres.
La minuciosa fiscalización de su gestión ha revelado luces, sombras y, sobre todo, grandes polémicas. Un año que bien podría parecer una legislatura, no tanto porque se hayan producido grandes transformaciones, sino por la intensidad informativa, el auge de la política de gestos y porque han despertado pasiones y odios a partes iguales. Los candidatos “alternativos” a las alcaldías eran unos grandes desconocidos cuando tomaron el bastón de mando. Hoy se les conoce por el nombre del pila e incluso por el apodo: Ada, Manuela, Xulio, Kichi…
La falta de experiencia se ha dejado notar, al igual que el exceso de ambición, que con el tiempo se ha rebajado en una suerte de pragmatismo cuya máxima expresión es la entrada de los socialistas en el Gobierno municipal de Barcelona y que también se plantea a corto plazo en Madrid. Conseguir el necesario apoyo del PSOE para sacar adelante los presupuestos es una de las razones para su entrada en el caso de Barcelona. Para los defensores de la coalición, esta salva la falta de experiencia -evitando caer en polémicas innecesarias- y evita los bloqueos de un Gobierno en minoría, mientras que para sus detractores traiciona la voluntad de cambio real.
La herencia recibida se convirtió en la norma durante los primeros meses para justificar la lentitud a la hora de cumplir con las promesas electorales
Las diferencias son notorias entre los denominados “Ayuntamientos del cambio”, con una gestión que ha obtenido más o menos respaldo desde las filas socialistas, una política más o menos rupturista, con más o menos errores y aciertos o polémicas. Centrándose en las políticas concretas, este es el balance de los nuevos gobiernos municipales durante su primer año de gobierno.
Deuda, sueldos y códigos éticos
La herencia recibida se convirtió en la norma durante los primeros meses para justificar la lentitud a la hora de cumplir con las promesas electorales. Estratégicamente se decidió abandonar este discurso victimista, aunque se sigue rescatando en los momentos de mayores aprietos y es una constante en el caso del alcalde gaditano, quien descarga responsabilidades constantemente en la figura de su antecesora popular Teófila Martínez.
La reducción de la deuda ha centrado parte de los esfuerzos de estos ayuntamientos, con resultados desiguales. Precisamente, se trata de una de las banderas que ya está enarbolando Pablo Iglesias en precampaña como ejemplo de su capacidad de gestión. En Madrid se redujo en 871 millones al cierre de 2015, situando los números rojos en 4.766 millones de euros, aunque el concejal del ramo, Carlos Sánchez Mato, ya ha adelantado que se priorizará el gasto social al pago de la deuda. De este modo, si en el anterior presupuesto el pago de la deuda suponía el 27%, en el proyecto de 2016 no llegará al 14%. Por otra parte, el Ayuntamiento rompió con las agencias de calificación evitando renovar sus contratos, lo que para PP y Ciudadanos podría tener “consecuencias muy dañinas”.
En Cádiz la reducción de la deuda en el pasado ejercicio fue de 10 millones, dejándola por encima de los 250, mientras que en Valencia se sitúa en los 700 tras reducirla en 36. La cantidad amortizada en Barcelona fue 34, hasta dejarla en 682, mientras que en Zaragoza siguió aumentando y se disparó hasta los 1.070 millones, en parte por el pago de sentencias acumuladas y por agujeros negros como la hipoteca por la construcción del tranvía. El alcalde había amenazado con una auditoría, poniendo a los bancos en el punto de mira, y planteó un plan de renegociación, pero en los presupuestos se mantuvo el cumplimiento de las obligaciones que suponen un mayor gasto en intereses y amortizaciones. Además, la deuda con los proveedores ha aumentado un 9%. Con todo, estos Ayuntamientos han aumentado el gasto social entre un 15% y un 30%. En A Coruña, la amenaza de quiebra del Ayuntamiento obligó al alcaldeXulio Ferreiro a solicitar un crédito de 11 millones de euros tras asumir el cargo.
Los 'concejales del cambio' reciben su sueldo íntegro y después deciden a qué destinar la parte sobrante, generalmente a proyectos sociales o al partido
Los códigos éticos que previamente a las elecciones firmaron todos los candidatos de estas fuerzas políticas establecían una limitación salarial muy por debajo de las disfrutadas por los anteriores representantes públicos. El sueldo medio de estos concejales se estableció, de media, entre tres y cuatro veces el salario mínimo interprofesional, pero finalmente estas limitaciones no fueron aprobadas en el pleno o ni si quiera se plantearon, como en el caso de Madrid, ante la negativa de la oposición, según explicaron. Los 'concejales del cambio' reciben su sueldo íntegro y posteriormente deciden individualmente a qué destinar la parte sobrante, generalmente a proyectos sociales o al propio partido. La alcaldesa de Madrid se ha saltado estos topes salariales, donando 13.000 euros menos de lo prefijado. Su homólogo José María González 'Kichi' decidió cobrar lo mismo que como profesor, unos 1.800 euros mensuales.
Operaciones urbanísticas, huelgas y desahucios
Junto a la errática aplicación de la ley de memoria histórica y otras polémicas culturales -como la cabalgata de los Reyes Magos o el 'titirigate' en los Carnavales- la paralización o modificación de las grandes operaciones urbanísticas pendientes en Madrid ha acaparado la mayor parte de las críticas al nuevo Gobierno. La operación Chamartín, rebautizada como Madrid Puerta Norte, en un nuevo proyecto que reduce su ámbito de actuación y no contempla levantar rascacielos, ha motivado esta misma semana que elMinisterio de Fomento amenazara a Carmena con tomar acciones legales si no sale adelante. Desde la entrada en el Consistorio de Ahora Madrid también ha sido aparcada la operación Mahou-Calderón y se ha paralizado el proyecto de viviendas sobre las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. Frentes abiertos que han sacado a relucir diferencias internas en el seno del Gobierno municipal.
En Barcelona, el nuevo Gobierno municipal liderado por la exportavoz de la PAH ha puesto su punto de mira en los alojamientos turísticos, luchando contra los ilegales y desarrollando un plan especial urbanístico de alojamientos turísticos mediante el que no se otorgan más licencias en el centro de la ciudad. A su vez se ha sancionado a entidades bancarias por acumulación de viviendas vacías y se ha amenazado a las eléctricas por realizar cortes de luz a familias sin recursos.
Ada Colau y Pedro Santisteve han sufrido huelgas de transporte. En el caso de la Ciudad Condal, Colau vivió sus semanas más complicadas con la huelga de metro, tren y autobuses, que no logró evitar los paros durante el Mobile World Congress. En el caso de la capital maña, la huelga de autobuses llegó al interior del Ayuntamiento centrando los choques políticos del regidor con la oposición.
En materia de vivienda, los 'alcaldes emergentes' han abierto mesas de negociación con las autoridades judiciales para paliar el drama de los desahucios
En materia de vivienda, todos los nuevos 'alcaldes emergentes' han abierto mesas de negociación con las autoridades judiciales para encontrar puntos de encuentro que ayudasen a paliar el drama de los desahucios, con oficinas de intermediación hipotecaria como en el caso de Madrid. Los desahucios que no han podido pararse, que los sigue habiendo hasta el punto de provocar un cisma en la PAH madrileña entre los partidarios de aumentar la presión sobre Ahora Madrid y los que no lo son.
En A Coruña, la plataforma Stop Desahucios tampoco escondió su beligerancia durante los primeros meses de mandato de Xulio Ferreiro por considerar que las medidas adoptadas eran insuficientes. Por otro lado, todos estos gobiernos están cumpliendo la promesa de ofrecer alternativas habitacionales a aquellas familias desahuciadas, mediante diferentes fórmulas que van desdela cesión de viviendas vacías por parte de los bancos al pago de alquileres. Acciones enfocadas a garantizar el derecho a la vivienda que se han complementado con otras para luchar contra el chabolismo o la pobreza energética. Los ensayos de democracia directa han sido constantes, destacando los presupuestos participativos, aunque con cuotas de participación marginales hasta el momento.
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