La economía europea se recupera, pero en varios países, entre ellos España, el endeudamiento tiende a hacerse crónico. Esto es lo que sugiere el último informe de la Comisión Europea sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas en un contexto macroeconómico muy favorable en el conjunto de la región.
Según sus estimaciones, la deuda pública española representará un 95,6% del PIB en 2020, pero es que, en 2028, dentro de una década, seguirá en los mismos niveles. En concreto, se situará en el 95,1% del producto interior bruto. Para hacer estos cálculos, a legislación constante, la UE ha estimado un crecimiento del PIB potencial del 1,2% en el periodo 2020-28 y una tasa de inflación media del 1,9%.
Este alto endeudamiento es lo que explica que, según las proyecciones de Bruselas, el coste del servicio de la deuda se situará por encima del 3% del PIB hasta finales de la próxima década, después de haberse producido un significativo descenso en los años actuales debido al desplome de los tipos de interés, lo que ha provocado una caída en picado de las rentabilidades. Cada punto de PIB destinado a pagar los intereses de la deuda son unos 11.500 millones de euros.
Cada punto de PIB destinado a pagar los intereses de la deuda son unos 11.500 millones de euros
Para los técnicos de la UE, en concreto, en varios países los niveles de deuda pública “o no han disminuido o lo han hecho a un ritmo lento”. Hasta el extremo de estar muy cerca de sus máximos históricos. Y en este sentido, se señala a Bélgica, España, Francia y Chipre, con una deuda que representa más del 90% del PIB, mientras que en Italia, Portugal y Grecia supera el 130%.
Un total de 10 países, según la Comisión, se consideran con alto riesgode sostenibilidad fiscal en el medio plazo como resultado de la alta carga de deuda heredada después de la crisis, lo que, unido a que su posición fiscal de partida es débil —por ausencia de superávits primarios (sin el coste de la deuda)—, hace que su situación ante un hipotético 'shock' negativo sea “desfavorable”. Y, en particular, se cita a Bélgica, España, Francia, Croacia, Italia, Hungría, Portugal, Rumanía, Finlandia y el Reino Unido. En la mitad de estos países, entre ellos España, el riesgo es elevado.
Cambio de coyuntura
El informe sobre la sostenibilidad de la deuda, cuya función es monitorizar la vulnerabilidad de los países ante un cambio en el ciclo económico, considera que España debería tener una posición fiscal más sólida, en coherencia con los altos niveles de crecimiento. Y, en este sentido, recuerda que es muy vulnerable a cualquier cambio de coyuntura debido a su elevado déficit estructural primario, lo que contribuye, sostiene Bruselas, a una “desfavorable tendencia”. El déficit estructural, como se sabe, elimina factores vinculados al ciclo económico, lo que permite un análisis más riguroso de las cuentas públicas.
El informe de Bruselas va más allá e incluso estima que España, Italia, Portugal, Francia y Bélgica son considerados países de "alto riesgo"
El informe de Bruselas va más allá e incluso estima que España, Italia, Portugal, Francia y Bélgica son considerados países de “alto riesgo” en función de una serie de indicadores. Y su conclusión es que en estos cinco países se requiere “un ajuste fiscal significativo” para garantizar la sostenibilidad a medio plazo y poder alcanzar el objetivo de situar la deuda pública en el 60% del PIB en 2032. En el caso de España, el ajuste fiscal estructural que se exige es del 0,5% en 2018.
La parte positiva, dice la Comisión, es que gracias a los ajustes fiscales llevados a cabo en los últimos años y, sobre todo, a la mejora de las proyecciones en el gasto en pensiones, debido también a los recortes, la sostenibilidad de la deuda en el conjunto de la UE ha tendido a mejorar en el largo plazo.
La UE incluye a España entre los países con menores riesgo a largo plazo pese al envejecimiento de la población. Precisamente debido a que las últimas reformas de las pensiones han incidido en dos componentes básicos del gasto: la edad de jubilación (que pasará progresivamente de 65 a 67 años), la revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta variables demográficas. Es decir, el problema no es a largo plazo, sino, sobre todo, a medio plazo.
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