Un informe encargado por el PSOE de Oviedo insta a la reapertura del expediente de Villa Magdalena
Desmonta las tesis de la instructora que propuso el cierre del procedimiento, que buscaba reclamar 45 millones a De Lorenzo y otros ediles
Los cuatro concejales del Grupo Municipal Socialista -todos menos el alcalde- registraron ayer un informe, contratado por el propio grupo a la Fundación Universidad de Oviedo, en el que se concluye que existe base para incoar un nuevo expediente de responsabilidad patrimonial por la expropiación de Villa Magdalena. El informe, del que los socialistas no facilitaron copia a la espera de que se aborde su contenido en junta de gobierno, concluye que las apreciaciones que llevaron a la instructora del anterior procedimiento, Mercedes Díaz Amodia, a proponer su cierre, no son correctas. En rueda de prensa, los ediles socialistas evitaron enmendar directamente la plana a la funcionaria. La portavoz, Ana Rivas, se limitó a señalar que «vimos que había algunas cuestiones que se habían pasado por alto o no habíamos sabido explicar correctamente» y que ello motivó que el grupo municipal pidiera este nuevo informe, «una valoración jurídica externa, que no estuviese mediatizado por cuestiones políticas, que fuese objetivo», adujo.
Las aclaraciones pedidas desmontan los argumentos de la funcionaria para cerrar el expediente de responsabilidad abierto en mayo por el alcalde para reclamar los 45 millones de euros pagados de más por el palacete a quienes fueran alcalde o concejal de Economía y Urbanismo durante la tramitación de la expropiación. La primera, que «no se trata de una cosa juzgada», como argumentaba Amodia, porque, detalló el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, el informe concluye que se produjeron «hechos reseñables» con posterioridad a las dos resoluciones del Tribunal de Cuentas (de 2011 y 2012) y que en estas «no se entraba en el fondo del asunto».
No se entraba, porque el órgano de fiscalización se limitaba a señalar que el dinero abonado hasta entonces eran «pagos debidos», estos es legales y ajustados a derecho.
Lo eran, parte se correspondían a sentencias judiciales y parte al justiprecio original de 1998. Fernández insistió en ello al señalar que en el informe de la instructora existió «una confusión entre lo que es responsabilidad patrimonial y responsabilidad contable». El informe concluye que «falta la consignación» del justiprecio, que esta es «causa» del posible daño patrimonial y que supuso el incumplimiento de «una obligación que se autoimpuso» la comisión de gobierno, que, como marca la ley, acordó consignar el valor de la finca para poder recurrir la tasación, pero solo hizo lo segundo. «Ese órgano de gobierno no hizo la consignación y no hay un informe jurídico que avale el motivo por el cual no se hizo. Además, existe una relación de causalidad entre el daño y la causa del daño», sostuvo Fernández.
El informe también rechaza la validez del expediente informativo de 2010, por haber sido encargado por la junta de gobierno a una concejala del propio gobierno, detalló el edil.
Los concejales entregaron después el informe al alcalde, como si no lo conocieran de nada, para que el Ayuntamiento lo tome en consideración y «se adopten las medidas necesarias para exigir legalmente cuantas responsabilidades procedan en el expediente de Villa Magdalena», expuso Rivas. La portavoz desvinculó el encargo de este nuevo dictamen a través del grupo municipal a las amenazas de denuncias por prevaricación y malversación vertidas por algunos de los investigados, Gabino de Lorenzo entre ellos, contra el alcalde por haber encargado y pagado desde Alcaldía el anterior dictamen que dio pie a la apertura del expediente.
Con el informe en Alcaldía deberá ser la junta de gobierno la que decida si confía de nuevo en los técnicos de la casa aclarar por qué Villa Magdalena ha costado 62 millones de euros.
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