Una Ley que liquida la sostenibilidad Ambiental....El Parragués al mando.

ACTUALIDÁTEMESCULTURESMEMORIAOPINIÓNGALERÍESXENTEHAZTE SOCIA DE NORTES ACTUALIDÁDESTACAESTEMES Sobre la futura Ley de Calidad Ambiental asturiana La nueva regulación está únicamente prevista para aumentar el beneficio de un sector del empresariado, y nos hace retroceder a los años 70. Por Ovidio Zapico Nuria Rodríguez Xabel Vegas 8 enero 2023 Juan Cofiño, vicepresidente asturiano y promotor de la Ley de Calidad Ambiental. Foto: Iván G. Fernández El futuro gobierno progresista de Asturies tendrá que cambiar la Ley de Calidad Ambiental que está a punto de aprobarse por empecinamiento del gobierno. Esta norma, cuyo trámite en la Junta General del Principado terminará al filo de su disolución, es la peor expresión del retroceso que las políticas públicas pueden sufrir cuando se produce una colusión entre el responsable político y el empresariado más descomprometido con el interés público. La norma no elimina burocracia, tal y como se intenta explicar sin apoyar esos argumentos en análisis jurídicos o administrativos. Es significativo que todavía no hayamos visto a nadie con prestigio en el campo legal demostrar técnicamente que esta ley mejorará la gestión pública. Y es que el objetivo de la ley es eliminar controles y garantías de salud pública que, hasta ahora, tiene la ciudadanía. La nueva regulación está únicamente prevista para aumentar el beneficio de un sector del empresariado y, por eso, supone llevar a Asturias a la situación de prevalencia de la que gozaban algunos empresarios al comienzo de la democracia. Asturies, uno de cuyos distintivos de calidad es el medio ambiente, sufrirá un retroceso en este capital de suma importancia y,verá amenazada la salud de las personas. De manera muy especial, en la salud de nuestros niños y nuestras niñas, de nuestras ancianas y ancianos y en definitiva de toda la ciudadanía. Este gobierno hace tabla rasa de las políticas ambientales democráticas y nos sitúa en los años 70. La burocracia ni se crea ni se destruye en sí misma ya que es una función dependiente de los derechos de los que una sociedad quiera dotarse. Es decir, la burocracia hace real un estado de derecho. Se puede hacer más eficaz o sus patologías se pueden trasladan de ubicación. Esta última es la decisión que ha tomado el gobierno asturiano. Si hasta ahora son las empresas las que tienen que demostrar que no van a contaminar antes de instalarse, tras la aprobación de esta Ley serán las personas afectadas las que tendrán que acudir a los tribunales para demostrar que padecen una actividad nociva o insalubre. La administración del Principado se desentiende, es decir, ciertamente aligera burocracia, pero le empaqueta esa responsabilidad a las personas afectadas y a los ayuntamientos que carecerán de los medios eficaces, en el caso de los más pequeños incluso de los necesarios, para controlar ciertas actividades. Por ejemplo, los vecinos y vecinas padecerán actividades que se instalen en los bajos comerciales y que puedan provocar ruidos, emisiones, olores, insalubridad y todo un elenco de grandes molestias. La indeterminación jurídica de la Ley, redactada de forma ambigua para proteger más a los intereses económicos que los de la salud pública, provocará una gran litigiosidad, que es la forma de burocracia más cara que se pueda dar. Es difícil analizar por qué un ejecutivo socialista se ha empeñado en pactar con ciertos empresarios una ley tan desequilibrada. En primer lugar, se rompe con toda una trayectoria de anteriores gobiernos del mismo signo que tenían una perspectiva ambiental que pivotaba sobre la idea de equilibrio, aunque los encontronazos con sus políticas fueron grandes: la incineradora y Caleao son grandes exponentes de muchas controversias ambientales entre los socialistas y el ambientalismo sociopolítico. Sin embargo, nunca se produjo un sometimiento del gobierno al empresariado tan fuerte y excluyente como el que ahora observamos. Esta situación genera una grave consecuencia: el desprestigio del Principado ante el propio empresariado. Mal va luego la administración a ejercer su labor inspectora ante un empresariado enseñoreado. Nunca había sucedido y es un legado del que hay que librarse lo antes posible para recuperar la dignidad de la función pública. Ya tenemos desagradables ejemplos de esta disfunción que apuntamos, un sector empresarial que pretende dictarle a un gobierno las reglas del juego, que denuncia a alcaldes en el occidente porque estos se niegan a prevaricar, un empresariado que manifiesta con soberbia que serán esas oscuras filiales de apellido “energy” quienes van a planificar la invasión eólica en nuestro territorio. Les estorban nuestros ganaderos y nuestro modelo familiar y sostenible, les molesta la gente que quiere vivir de y en el occidente asturiano, el turismo rural, la pesca tradicional de nuestras costas, les molesta todo aquello que no puedan explotar económicamente. Toda la izquierda, el movimiento ecologista y el sector productivo asturiano han sido obviados tanto de la preparación como de la tramitación parlamentaria de esta ley. Con los empresarios y empresarias se realizaron jornadas de discusión y elaboración conjunta. Además de inaceptable, este trato de favor es revelador de qué intereses se pretenden proteger a toda costa. “Un gobierno de cambio que proteja los valores ambientales no puede coexistir con esta ley” Un gobierno de cambio que proteja los valores ambientales no puede coexistir con esta ley que habrá que cambiar en los acuerdos políticos que a partir de mayo de este año pudieran darse. Se tendrá que elaborar una nueva legislación equilibrada, que no excluya al empresariado pero que le haga dialogar. Que mejore la gestión burocrática sin someter el control público al beneficio económico. Las empresas son indispensables para que una legislación sea realmente de calidad ambiental pero una parte de la sociedad, en este caso la que más poder económico tiene, no puede manejar a las autoridades públicas ni imponerles su agenda. Central Térmica de La Pereda (Mieres) FOTO: Iván G. Fernández No se entiende que un gobierno socialista se empeñe en legislar de una forma tan agresiva contra el ecologismo, las concepciones ambientalistas y progresistas y en perjuicio objetivo de las personas. Hacerlo tan sólo a tres meses de la convocatoria electoral y a seis de un nuevo gobierno es una decisión que está por explicar. Desde luego esas urgencias no están determinadas por el interés público. Parece más prudente esperar unos meses a obtener un parlamento con una renovada legitimidad para generar un amplio consenso ya que esta norma afectará a un área muy delicada y a la que la ciudadanía otorga la máxima importancia porque afecta a su salud y al futuro económico de Asturias. La transición ecológica y la lucha contra el cambio climático son los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Y en Asturies ya llegamos tarde, lo que resulta particularmente grave en un territorio que tiene como mayor patrimonio su entorno natural. Por más que se empeñen las voces conservadoras, no existe contradicción alguna entre la defensa del medio ambiente y el crecimiento económico. La sostenibilidad no es solo un compromiso de las generaciones presentes para con las futuras. Es también una obligación para el mantenimiento de la salud y del bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas. Asturies duplica hoy el número de decesos causados por la contaminación con respecto a la media nacional. Más de 800 muertes prematuras se producen cada año en el Principado por este motivo. Y para combatir esa realidad necesitamos instrumentos legislativos a la altura que sitúen el bien público por encima del interés privado. Un gobierno progresista tiene la obligación de situar entre sus prioridades la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático. No es solo necesario. Es también urgente. Nunca la política autonómica trató tan mal al Medio Ambiente y lo situó en una zona de crispación y enfrentamiento, pero se superará esta etapa conflictiva. Sin duda este mal hacer provocará que la cuestión ambiental sea uno de los asuntos centrales de la discusión política en esta época electoral. Esto es positivo ya que no hay política de cambio sin una avanzada y buena política ambiental. Asturies puede ser, porque siempre lo ha sido, ejemplar para el resto del país en materia ambiental y, desde luego, las fuerzas políticas que aspiramos a gobernar para cambiar haremos lo posible para que el nuevo gobierno sea líder en políticas ambientales que, para ser útiles, han de ser fruto de grandes acuerdos y pactos porque están destinadas a construir un futuro común. De ahí saldrá la futura ley de Calidad Ambiental que verdaderamente responda a su título.