martes, 10 de enero de 2023
Debe de salir....sí o sí!!!!
Las dudas del PNV y del PDeCAT elevan la incertidumbre sobre la futura ley de vivienda
Las reservas de los nacionalistas vascos (6 diputados) y de los nacionalistas catalanes (4) anticipan un escenario en que formaciones minoritarias serían decisivas, siempre y cuando ERC y EH Bildu lleguen a un acuerdo
Más País, Compromís o Teruel Existe, a pesar de la alta probabilidad de ese escenario, siguen esperando la llamada del Ejecutivo o del PSOE
Los diputados del PNV, Aitor Esteban y Mikel Legarda, en una sesión plenaria del Congreso
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Aprobar una ley en el Congreso es, en el fondo, un ejercicio matemático. Sumas y restas. A veces, sumas y restas muy ajustadas. Que se lo digan a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y a los artífices de la reforma laboral.
En este comienzo de 2023, el Gobierno está cocinando en la Cámara Baja una ley que puede tener un desenlace similar. Si llega al pleno para aprobarse, habrá hecho antes un ejercicio matemático meticuloso, consecuencia de negociaciones aún más meticulosas. Hablamos de la ley de vivienda.
Empecemos: en la hipótesis ahora mismo más probable de que PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu se pongan de acuerdo, habría un total de 171 diputados y diputadas votando a favor. Podría ser suficiente porque el sector parlamentario de la derecha, el que en las normas más ideológicas suelen forjar PP, Vox, Cs, los dos representantes que fueron de UPN y el de Foro, se detiene en los 152 votos. Casi imposible que dichas siglas se escabullan del 'no'.
Ahora bien, si al previsible bloque de los de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y compañía se empiezan a agregar otras formaciones, el panorama se le oscurece al Gobierno. Y es el caso de este proyecto de ley, que se llama oficialmente "proyecto de ley por el derecho a la vivienda".
Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.
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Podría unirse al 'no' el PNV, pues a los nacionalistas vascos la redacción les genera muchas dudas. "El Gobierno sabe que la ley nos supone problemas", dice una fuente del grupo parlamentario. Podría unirse el PDeCAT, ya que si los de Ferrán Bel tuvieran que decidir ahora, decidirían entre el rechazo y, siendo muy generosos, la abstención. "Las diferencias –con la formación catalana– son de calado, en cuanto al contenido y en cuanto a la ideología", sostiene una fuente de la negociación parlamentaria. En el sector del voto en contra habría, por tanto, 10 diputados más (seis vascos y cuatro catalanes).
Por regla general, cuando la derecha y las formaciones nacionalistas coinciden en el rechazo a una norma, suele ser por razones diferentes. Sin embargo, respecto de la ley de vivienda, una crítica es común, y no es menor. Según PP y Cs, PNV y PDeCAT, el proyecto que salió del Consejo de Ministros hace poco menos de un año linda con los ámbitos competenciales de una manera que, más que lindar, invade.
No es baladí que ERC, la propia PNV y los mismísimos PP y Cs, entre otras formaciones, presentaran en marzo del año 22 sendas enmiendas a la totalidad del texto, y por tanto, sendas peticiones de devolución. Todos estos partidos recalcaron entonces, según recoge el diario de sesiones de aquella sesión plenaria, 10 de marzo, que la norma choca con la Constitución y con la jurisprudencia del Constitucional. La conclusión es inequívoca: la competencia exclusiva en materia de vivienda es de las comunidades autónomas. Un partido nacionalista o unas siglas independentistas jamás aceptarán injerencias competenciales. El PP ya ha anunciado que si la ley llega al BOE, acudirá al máximo órgano de garantías.
Volvamos a la hipótesis mencionada. En el voto en contra figurarían ya 162 diputados, a los que se puede añadir Pablo Cambronero, del Grupo Mixto, ex de Ciudadanos. Y no sólo. A Coalición Canaria, dos representantes, no le agrada el proyecto ni un poco siquiera. Ahora mismo, al 'no'. El total sube ya a 165. Esto empieza a ser un thriller, ¿verdad? Pues esperen.
A tenor de lo que declaró su representante en el pleno de marzo de 2022, JxCat, que también registró una enmienda a la totalidad, no está para nada de acuerdo con los planteamientos de la norma. Vulneran el autogobierno catalán, y eso es una línea roja. Y tal y como señaló esa misma mañana su diputado, Albert Botran, la CUP tampoco está encantado con el documento. Seis votos más al hipotético bloque del “no”.
Y así es: empate a 171.
La modificació de l’article 27 de la Llei de residuos impulsada pel @Pdemocratacat , que permet la crema de restes vegetals a les petites explotacions agràries ja està al BOE #politicautil pic.twitter.com/htAPJWw20G
— Ferran Bel i Accensi 🎗 (@Ferran_Bel) 28 de diciembre de 2022
Saltan las alarmas. En una tesitura así, el Gobierno no se atrevería a tramitar la norma. Nada presagia en una situación como ésta que la ley de vivienda sea aprobada, a no ser, claro, que los negociadores socialistas y morados busquen cinco diputados para garantizarse la mayoría absoluta y disolver temores. La mayoría absoluta, hay que recordar, está en los 176 diputados.
En descargo del Ejecutivo, puntualizar que en el Mixto está Meri Pita, diputada canaria que salió del grupo de Unidas Podemos por desavenencias constantes con su dirección. Es probable que vote a favor.
Roto el empate, aunque por los pelos, hacen falta al menos cuatro síes. Cuatro. Es entonces cuando los focos apuntan a Más País (dos diputados), Compromís (1), BNG (1), Teruel Existe (1) y PRC (1).
“SIN NOTICIAS”
Las fuentes parlamentarias consultadas subrayan a este medio que ni Moncloa, ni el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (es el que lleva las políticas de vivienda en el Gobierno), ni el grupo socialista se han puesto en contacto con el líder de Más País, Íñigo Errejón, muy interesado en que haya nueva ley de vivienda. Las fuentes, de hecho, remarcan que difícilmente votará en contra. Ahora bien, las fuentes también saben que Errejón algo pedirá si su voto se vuelve indispensable.
Como pedirá algo Joan Baldoví, el único parlamentario de Compromís. Con la formación valenciana tampoco ha habido contactos. “Sin noticias”, dicen las fuentes.
“Sin noticias”, de hecho, es la expresión más reiterada por los diputados consultados. Ni el Gobierno ni el PSOE han hablado aún con Más País o con Compromís, en teoría aliados, al menos aquí. Pero tampoco han hablado con la formación que disiparía los nubarrones de un plumazo, el PNV. Ni con el partido que ayudaría mucho a disiparlos, el PDeCAT.
El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en el pleno del Congreso de este miércoles
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Es rara la sensación que empieza a propagarse en el Congreso con la ley de vivienda. Reina el desconcierto, desde luego. Una fuente al tanto de las negociaciones indica, como paradigma, que mientras un colega de la bancada socialista le dijo antes del parón navideño que no se le pediría a la presidenta de la Cámara la habilitación de enero para seguir negociando la norma, apenas unos días después la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que dirige Rafael Simancas, pidió habilitar enero para seguir negociando la norma. “Ha habido varios episodios de descoordinación”, afirma una fuente que habla a menudo con el PSOE.
Lo que tienen claro las fuentes de la negociación es que si se consolida el bloque PSOE-Unidas Podemos-ERC-EH Bildu es poco probable que se unan PNV y PDeCAT, lo que exigirá un esfuerzo extra de negociación con formaciones y plataformas minoritarias. Según informa Efe, a finales de semana habrá reuniones, aunque no la ponencia, que creen las fuentes que se convocará la semana que viene.
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La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, sostuvo en una entrevista en este medio que el futuro de la ley de vivienda dependerá de la izquierda, de las “fuerzas progresistas”, según sus palabras. No se espera que haya llamada a la desesperada a Cs, por ejemplo, que con nueve diputados podría ser clave. No se espera ni mucho menos diálogo con el PP. Tendrá que salir con ERC y EH Bildu, y quizá con Más País, Compromís, BNG o Teruel Existe, bien porque votan a favor, bien porque alguno se abstiene.
Siguen flecos abiertos, sobre todo cómo limitar los precios de alquiler en zonas tensionadas, el plazo que se dará a los fondos para aplicar las medidas (18 meses en la redacción registrada) y qué número de viviendas determinarán la definición del gran tenedor. Las fuentes creen que la solución a ambas cuestiones es extremadamente compleja, pero no imposible. Lo dicho: se avecina una nueva ley en la que habrá que contar cada voto de cada diputado.
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