El sociólogo argentino José Seoane. / Foto cedida por el entrevistado
El sociólogo argentino José Seoane. / Foto cedida por el entrevistado En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí Las penas son de nosotros, las leyes son ajenas, podríamos decir parafraseando una de las canciones más famosas del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui. Porque la letra de “El arriero va” resume bien la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) publicada el viernes 23 de agosto en el Boletín Oficial del Gobierno argentino. Para la Administración de Javier Milei y los gobernadores que ya se sumaron a la norma, se trata de una oportunidad de progreso; para las comunidades, las organizaciones sociales y los especialistas en el asunto, significa la entrega de los recursos naturales del país así como la contaminación de la tierra, el agua y el aire y la afectación de la vida en los territorios. En esta entrevista, el sociólogo José Seoane, profesor e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Tricontinental de Investigación Social, detalla las razones de por qué no hay nada qué festejar y profundiza en la importancia de las resistencias. Al cierre de esta conversación, las provincias de Tierra del Fuego, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Santiago del Estero y La Rioja no habían asumido el RIGI, mientras que Catamarca, Córdoba, San Luis y Neuquén estaban en discusión; Salta, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Santa Cruz tenían pendientes sus aprobaciones legislativas y Jujuy, Tucumán, San Juan, Mendoza, Río Negro y Chubut ya habían aprobado su adhesión al régimen. ¿Se puede poner fechas a la historia del extractivismo en Argentina? Sí, claro, podemos identificar cuatro momentos importantes. Primero, con la última dictadura militar de 1976 a 1984 se llevó adelante un plan de desindustrialización y reprimarización de la estructura productiva de nuestro país que sentó las bases del extractivismo. Luego, en la década de los 90 con el menemismo y las políticas dictadas por el Consenso de Washington se privatizaron las empresas del sector y se aplicó una reforma legislativa pro mercado. Así, en 1996 comenzó el boom de la soja transgénica y un año más tarde, en 1997, llegó la primera megaminera al Bajo de la Alumbrera en Catamarca que, bajo el postulado del progreso, sólo trajo contaminación y saqueo. Posteriormente, en la década de los 2000, con el incremento de precios y demandas de los bienes naturales, mal llamados commodities, el modelo extractivo se amplió y profundizó en todo el continente. Y en 2015, con la llegada de una nueva ola neoliberal se impulsó otro ciclo de políticas proextractivistas. Hoy, con el gobierno neoliberal de Javier Milei asistimos a una nueva ofensiva. Las olas neoliberales –con la presente, cuatro– han significado siempre el avance brutal del extractivismo, y son justamente estos sectores económicos del agronegocio, la megaminería, los hidrocarburos, los principales sostenes de los gobiernos de derecha en la región. La megaminería a cielo abierto que funcionó en Catamarca por casi dos décadas dejó una provincia con uno de los peores índices de pobreza ¿Cuáles serían las consecuencias de este modelo? ¿Es cierto que son actividades que traen progreso y desarrollo? Para responder con un ejemplo, la megaminería a cielo abierto en el Bajo de la Alumbrera que funcionó en la provincia de Catamarca extrayendo oro y otros minerales por casi dos décadas dejó una provincia con uno de los peores índices de pobreza e indigencia a nivel nacional. Y mientras estuvo abierta consumía una y media veces el total del consumo eléctrico del resto de la provincia, era el principal usuario eléctrico privado del país. Utilizaba más de 1.100 litros de agua por segundo, casi cuatro millones de litros por hora, en una zona semidesértica; siendo que el agua utilizada es irrecuperable y no hay tratamiento posible para que vuelva a ser consumible. Pero además contaminó el aire con nubes de polvo que llueven sobre los pueblos cercanos debido a que los vientos llevan los elementos dinamitados como parte del proceso de extracción. Se removían 340 toneladas de roca por día que, mezcladas con sustancias tóxicas, se depositaban en un dique de colas que puede filtrarse y contaminar las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero volviera a él. Ahora que la empresa dejó de operar y se retiró de la zona, toda la afectación socioambiental queda ahí, el bombeo cesó y las filtraciones continúan. Se ha denunciado la contaminación del río Vis a Vis y de otros en la zona que han obligado al desplazamiento de pobladores. Y ha habido reiteradas rupturas y pérdidas del mineraloducto. Y todo esto con una legislación que le permitió y permite una tributación mínima sobre un material que se exporta a simple declaración de la propia empresa. Lo que se dice un despojo mayúsculo acompañado de la destrucción socioambiental del territorio. Esta ola extractivista actual cristalizó en la aprobación del RIGI. ¿Qué establece? El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones es uno de los corazones de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos que se aprobó en junio pasado, que abarca también otros temas como la declaración de la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año; la reforma del Estado; las privatizaciones; la llamada modernización laboral y la reforma energética. En particular, el RIGI comprende 12 capítulos y 65 artículos, el 27% del total. El objetivo declarado es atraer inversiones de un mínimo de 200 millones de dólares (al menos el 40% invertido en los dos primeros años) con fines de exportación a través de una serie de beneficios aduaneros, tributarios, cambiarios y regulatorios que son en definitiva privilegios para las corporaciones. Entre otras cuestiones, otorga estabilidad fiscal, tributaria, cambiaria y jurídica por un período de 30 años a escala nacional, provincial y municipal, limitando a las tres jurisdicciones en su capacidad de realizar modificaciones sobre los beneficios mencionados. Reduce la parte alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25% y permite desgravar inversiones en ganancias e IVA [Impuesto de Valor Agregado], convirtiendo la tributación en prácticamente inexistente y a partir del tercer o cuarto año, según el caso, les asegura la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por las exportaciones y también de las que ingresen para la inversión. Pero además, las exportaciones de estas empresas quedan excluidas de los derechos de exportación [tributos por los productos vendidos al exterior] a partir del segundo o tercer año. También permite a las empresas importar máquinas e insumos sin pagar aranceles ni priorizar proveedores y empleo locales y asegura las divisas para ello. Unas concesiones absolutas en desmedro de la sociedad y las comunidades. El objetivo del RIGI es atraer grandes inversiones con fines de exportación a través de una serie de privilegios para las corporaciones ¿Permite el arbitraje internacional por sobre el nacional? También, establece el arbitraje internacional para los litigios, incluyendo la opción del CIADI [institución del Banco Mundial con sede en Washington], con la sede de arbitraje fuera de Argentina. Y aún más, asegura el acceso a los insumos que se requieran para el desarrollo del proyecto, lo que podría abarcar la provisión de agua en zonas semidesérticas afectando el consumo doméstico. Además vulnera las autonomías provinciales y las regulaciones sobre los bienes naturales obtenidas a partir de la lucha de décadas de los movimientos sociales. Así, en el artículo 165 se establece que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”. ¿Qué sectores de la economía busca beneficiar? En el artículo 167 se señala que “el RIGI resultará aplicable a las Grandes Inversiones en proyectos de los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas que cumplan con los requisitos previstos en el presente título” y el plazo para adherirse al RIGI será de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia del presente régimen. Y en el 191 se lee: “Las exportaciones para consumo de los bienes obtenidos al amparo del proyecto promovido, realizadas por los VPU adheridos al RIGI se encontrarán exentas de derechos de exportación, luego de transcurridos tres años contados desde la fecha de adhesión al RIGI”. Y por si todo esto fuera poco, en el Artículo 200 se le otorga a esas empresas “la plena disponibilidad sobre los productos resultantes del proyecto, sin obligación de comercialización en el mercado local. La exportación de productos provenientes de tal proyecto no estará sujeta a ningún tipo de restricción o traba a la exportación” y en el 225 se deja “establecido que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que adhieran al RIGI no podrán imponer a los VPU nuevos gravámenes locales, salvo las tasas retributivas por servicios efectivamente prestados”. ¿De qué manera han luchado las comunidades contra estas políticas neoliberales? Hay toda una larga historia de lucha contra el extractivismo en el país. En ese recorrido, un hito es la movilización y triunfo de los vecinos y comunidades de la ciudad de Esquel, en el sur del país, contra la megaminería en 2003, que dio la vuelta al mundo; y luego las protestas en Gualeguaychú (centro del país) contra la instalación de la pastera Botnia, en 2005. Todas esas luchas convergieron en el nacimiento de la coordinación nacional llamada Unión de Asambleas Ciudadanas en 2006. Entre 2008 y 2010 fue notable la conflictividad en Pascua Lama y Andalgalá, así como en Chubut y Río Negro (sur), La Rioja, Tucumán, Mendoza, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. Producto de esas luchas populares se consiguieron legislaciones a nivel provincial que prohibían o regulaban la megaminería contaminante e, incluso, a nivel nacional, como la Ley de Bosques en 2007 y la Ley de Glaciares en 2010. En el marco de una renovada ofensiva extractivista que pretendía derogar esas legislaciones provinciales, estallaron el Mendozazo y el Chubutazo, enormes protestas que impidieron en esas provincias en 2019 y 2020 el desmantelamiento de esas conquistas. Ahora vuelven por lo mismo, de la mano, en este caso, de esta legislación nacional del RIGI. Los proyectos extractivos intentan justificarse desde esta falaz oposición entre el progreso y el cuidado del medio ambiente ¿Qué sectores de la población llevan adelante esas resistencias? Los movimientos socioterritoriales como los campesinos e indígenas, las asambleas ciudadanas en los centros urbanos, con participación de vecinos y trabajadores, sindicatos, comunidades científicas, educativas y culturales, ambientalistas. Lejos de lo que se quiere hacer creer, la resistencia es amplia y articula demandas sociales y ambientales en defensa de la vida en los territorios. No se trata de la negativa de ambientalismo naif, sino de la protesta de las comunidades y pueblos que afirman que es más importante el agua que el oro, y que no es no. Habitualmente los proyectos extractivos intentan justificarse desde esta falaz oposición entre el progreso y el crecimiento económico versus el cuidado del medio ambiente o construyendo una imagen de que esos territorios están vacíos y que son solo pura naturaleza. Se intenta oponer así la pretendida resolución de las demandas sociales de los centros urbanos al deterioro de la naturaleza entendido como un costo aceptable. Pero ello es una falacia: en los territorios donde se realiza la extracción se afectan comunidades y naturaleza y luego nada derrama en las barriadas populares de las grandes ciudades ni en su ambiente; es solo saqueo y deterioro ambiental. Por eso es tan importante y tiene carácter estratégico la articulación entre la justicia social y la justicia ambiental y el poner de relieve que la contradicción es entre las hiperganancias de unos pocos, el 1%, y las condiciones y posibilidades de una vida digna de muchos, el 99%. Autora > Inés Hayes Ver más artículos Suscríbete a CTXT Orgullosas de llegar tarde a las últimas noticias Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad. ¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? 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