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UGT y CCOO acusan a Zapatero de echar una mano a la banca y a los promotores
El desencuentro entre Zapatero y los secretarios de UGT y CCOO es evidente (Efe).
@Daniel Toledo.- 21/12/2009
Lo habían evitado hasta ahora. Sin embargo, según consta en un documento remitido el pasado viernes a la vicepresidenta Elena Salgado al que ha tenido acceso El Confidencial, los sindicatos critican abiertamente la Ley de Economía Sostenible, iniciativa estrella del Gobierno en su intento por cambiar el modelo productivo. Insuficiente, carente de reformas estructurales, sin un calendario de actuaciones a largo plazo, llena de dificultades de comprensión, generadora de inseguridad jurídica y, lo que es peor, incapaz de garantizar la financiación privada que quiere movilizar. Y eso sólo son las valoraciones genéricas.
UGT y CCOO cuestionan también la moratoria en la entrada en vigor de la nueva valoración del suelo urbanizable. Según la Ley de Suelo de 2007, los promotores tenían tres años para actualizar el valor de los terrenos urbanizables delimitados, esto es, listos para construir. Si no se acometían las promociones en los plazos recogidos por la planificación urbanística, tenían que ajustar la valoración a la baja en tres años. La Ley de Economía Sostenible eleva a seis años el plazo para echar cuentas, lo que supone un alivio para las cuentas de resultados de la banca y los promotores, que ya en junio de 2010 tendrían que retocar el valor de solares que con la debacle del sector constituyen un activo fuertemente depreciado.
“Esta medida concede un plazo a los afectados (propietarios del suelo y entidades financieras) para poder esquivar en unos casos o periodificar en otros las pérdidas derivadas de la depreciación de sus activos de suelo. (…) Esta medida retrasa y aminora los necesarios ajustes a la baja de los precios de la vivienda, tanto actuales como futuros, al conceder una prórroga a los agentes que han obtenido beneficios desmesurados con la materia prima sobre la que se edifican las viviendas”, apuntan los sindicatos en sus observaciones al anteproyecto.
También tiene sus propias recetas UGT y CCOO sobre los problemas de los mercados financieros. En este sentido, consideran que el Estado ha de fijar objetivos concretos de recapitalización de entidades, pero sin recurrir a la deuda pública. Es más, estiman que “cuando estas medidas no sean suficientes, el Estado debiera recapitalizar directamente entidades para garantizar su viabilidad”. También subrayan que las ayudas públicas deben condicionarse a que el sector haga “el máximo esfuerzo” en reforzar sus reservas y a la “promoción de sistemas de cooperación o integración estables” entre las cajas de ahorros.
¿Quién paga la fiesta?
Lo más inquietante es que los sindicatos no ven claro cómo se financiará la iniciativa de Zapatero. Primero, en lo que toca al sector privado. “Se desconoce cuál será el mecanismo por el que, en un escenario de recorte de crédito y falta de liquidez para el funcionamiento de la economía real, aportará los 10.000 millones que, según la propuesta del Gobierno, le corresponden”, reza el documento. En cuanto a la parte pública, los agentes sociales lamentan que no se hayan concretado las características del Fondo para la Economía Sostenible que anunció el Gobierno y que financiaría las propuestas recogidas en la ley. De hecho, apuntan que “se dotará, en lo que respecta a recursos propios, reordenando las partidas no consumidas de la actuales líneas” del ICO.
Peor si se tiene en cuenta que se desarrolla en un marco de inseguridad jurídica. “El anteproyecto recoge principios económicos conjuntamente con principios normativos, lo que genera inseguridad jurídica”, se expone. Los sindicatos inciden igualmente en el olvido del sector sanitario en la ley y denuncian que el reciente Consejo Estatal de Medios Audiovisuales no se incluye en la reforma planteada de los organismos reguladores, en los que la norma genera “una situación de prolongación en la transitoriedad”. En algunos ha pasado más de un año desde que se tenían que haber renovado sus consejeros.
Finalmente, aprovechan para pedir mayor presencia sindical en la toma de decisiones socioeconómicas, precisamente en el día en que arranca de nuevo el diálogo social, tras su ruptura a finales de julio. “El diálogo social no debe, no puede, quedarse en los estrechos márgenes de la información y consulta”, aseveran, pidiendo que se dé continuidad a los ámbitos del diálogo social reforzado, como las políticas de infraestructuras, industriales y energéticas, o educativas y sanitarias.
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