Ligeramente apretado, coge aire energético.
Zapatero rectifica y permite que las nucleares operen más de 40 años
Publicado el 24-12-09 , por Miguel Á. Patiño
El consejo de ministros aprobó ayer una reforma radical para la energía nuclear en España con la que el Ejecutivo da un giro de 180 grados en su política antiatómica. Además, se abre la puerta a que las eléctricas reconfiguren el mapa empresarial de estas instalaciones.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había hecho bandera electoral de su “nuclear, no gracias”. En julio, anunció el próximo cierre de Garoña, en Burgos, el primero de los ocho reactores que hay en funcionamiento que superará los 40 años, un límite preestablecido.
El Gobierno cambia la ley ahora para que las instalaciones puedan superar esa edad. Además, y tal como adelantó EXPANSIÓN el 9 de noviembre, normativamente se forzará a las eléctricas para que reordenen los activos atómicos bajo sociedades anónimas.
Transparencia
Para “establecer un marco transparente, estable y predeterminado”, dijo ayer el Gobierno, el consejo de ministros ha aprobado un paquete de medidas para “clarificar los criterios de renovación de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares”.
Las centrales dispondrán de un periodo de funcionamiento ordinario de 40 años, previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Después, el consejo de ministros podrá autorizar la renovación de licencias que excedan ese plazo “atendiendo a consideraciones de interés general y a las directrices y objetivos de la política energética, y la seguridad del suministro energético”, entre otros aspectos.
Serán renovaciones “de carácter extraordinario”, dice el Gobierno, que ya abrió esta posibilidad en la aprobación de la Ley de Economía Sostenible a comienzos de mes, pero de forma ambigua. Ahora se concreta. El Gobierno también define qué es “vida de diseño” y “vida útil”, una de las polémicas en torno a Garoña, diseñada un par de años antes de que empezara a verter electricidad a la red.
El Gobierno alega ahora que puede haber razones de interés general y seguridad energética
Habrá dos procedimientos para la renovación de licencias. Uno será el ordinario, cuando la licencia no agote los 40 años de vida. Se seguirá el esquema actual. En España, las renovaciones se suelen conceder por diez años.
Otro será el extraordinario, cuando esa licencia supere los 40 años de vida útil. Entonces, el consejo de ministros podrá dar una renovación extraordinaria por un plazo determinado, no necesariamente los diez años.
Todas las nucleares que operan ahora, salvo Garoña, estarán sujetas, al menos, a una renovación ordinaria más. Una renovación extraordinaria no tendrá lugar hasta 2021. La primera en pasar ese test será Almaraz I. El Gobierno también cambiará la ley nuclear de 1964 para exigir que el titular de las centrales “sea una persona jurídica cuyo objeto exclusivo sea la gestión de las nucleares”.
Se persigue así “incrementar la transparencia de las cuentas e inversión de las instalaciones”. Las compañías eléctricas deberán constituir sociedades donde ubicarán sus activos. La sociedad anónima es la fórmula ideal. La mayor parte de los reactores nucleares son ahora comunidad de bienes. Por encima hay una Agrupación de Interés Económico (AIE). Bajo este modelo, las responsabilidades se diluyen.
Se saca a concurso entre municipios un almacén de residuos con una inversión de 700 millones
La reconfiguración nuclear bajo sociedades anónimas dará pie a que las eléctricas puedan canjear participaciones, a modo de intercambio de cromos, para que un reactor pertenezca en exclusiva a una sola empresa. El consejo de ministros autorizó ayer también a Industria a publicar la convocatoria para la selección de los municipios candidatos a albergar un Almacén Temporal Centralizado (ATC).
Cementerio nuclear
En algunas localidades se ha creado gran contestación social por considerarlo un gran cementerio nuclear, aunque en algunos ámbitos se ha creado gran expectativa económica.
La construcción del ATC se hará en 5 años, por una media de entre 300 y 500 trabajadores, y una inversión de 700 millones. El Foro Nuclear, asociación vinculada a las empresas atómicas, valoró ayer positivamente esta normativa.
El precio regulado de la luz sube el 2,64%
La tarifa eléctrica de último recurso (TUR), la única que fija el Gobierno y a la que actualmente se acogen 22,7 millones de clientes, subirá el 1 de enero el 2,64%, dijo ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Según el Ministerio de Industria, la subida de la TUR sin discriminación horaria supondrá un incremento mensual de 89 céntimos para un consumidor tipo (293 kilovatios hora al año).
La TUR con discriminación horaria –antigua tarifa nocturna– no se encarecerá, al igual que las tarifas del gas natural para uso doméstico, que se congelan. La vicepresidenta primera del Gobierno recordó que los beneficiarios del bono social (4,2 millones de hogares) tampoco sufrirán incrementos en la luz. Lo que está por ver es cuánto sube la luz a los clientes que están en el mercado liberalizado (sin TUR), ya que el Gobierno fijó subidas de entre el 14% y 26% para los costes fijos de la luz (peajes), que podrían ser repercutidos en sus contratos.
El Ejecutivo quiere gravar el carbono en Europa
Más impuestos a las empresas. Esto es lo que España quiere llevar a la presidencia europea durante la primera mitad de 2010. En este caso, la propuesta del Gobierno español es impulsar la fiscalidad ambiental a través de un impuesto europeo sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que penalice a los más contaminantes y una tasa que grave las transacciones del mercado de derechos de emisión, al modo de la Tasa Tobin.
Además, España pretende que el 10% de los ingresos fiscales de cada país miembro se destine a la eficiencia energética y de recursos, según el informe Presidencia española de la UE en 2010: Prioridades para el cambio climático y una economía baja en carbono, presentado ayer en el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
La propuesta también pretende que el Gobierno español lidere en Bruselas un incremento del 10% en los objetivos europeos de reducción de emisiones contaminantes, eficiencia energética y uso de renovables para el año 2020.
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