La Cajas de luto...

Réquiem por las cajas de ahorros

Juan Carlos Escudier - 19/02/2011

Llevaba razón el director general de la CECA, José Antonio Olavarrieta, cuando denunciaba esta semana una campaña de desprestigio contras las cajas de ahorros que no tiene precedentes. No hay político, gurú o aficionado a los toros que, preguntado por los agujeros negros de la economía española, no apunte hacia las cajas, como si fueran ellas las únicas responsables del estrangulamiento del crédito que venimos sufriendo en los últimos tres años. De los evidentes problemas de solvencia de algunas de las entidades, se pasó rápidamente a la descalificación global de las instituciones, ya fuera por su politización, su exposición al ladrillo -como si los bancos se hubieran dedicado a la jardinería- o por su inapropiado tamaño para afrontar la crisis financiera.

Más que la campaña, lo que sorprende es la fortaleza que todavía conserva el sector. A juzgar por los datos que aportó el propio Olavarrieta, esas cajas que, como algunos vociferan, nos están llevando a la ruina por el mero hecho de existir conservaban a finales de 2010 cerca del 52% de la cuota de mercado del sistema financiero y sus depositantes seguían sin huir pese a las reiteradas invitaciones para que lo hicieran. “¿En qué entidad financiera o país, con una décima parte de lo que ha aparecido en los medios habría ese saldo?”, se preguntaba el ejecutivo de la CECA.

Al descrédito han contribuido últimamente las estimaciones de diferentes bancos de negocios sobre las necesidades de financiación del sistema, que en el mejor de los casos situaban el montante en torno a los 60.000 millones de euros, una cifra disparatada si los datos que maneja el Banco de España son ciertos. Bancos y cajas tienen comprometido más de un billón de euros en el sector inmobiliario, pero de esta cantidad habría que descontar los más de 600.000 millones de créditos hipotecarios, cuyo riesgo es mucho menor ya que el préstamo de la vivienda es lo último que una familia deja de pagar. La morosidad en estos créditos no pasa del 2,5%, nada que ver con el 5,8% para el conjunto de las operaciones que alcanzó en diciembre.

El problema está en los 440.000 millones de euros concedidos a promotores y constructores. De ellos, 180.000 millones se han calificado como activos de riesgo. Sobre ellos, se habían realizado provisiones por un tercio a julio de 2010 (60.000 millones) a las que habría que sumar las realizadas con cargo a reservas (26.000 millones) y contra resultados (10.000 millones). En definitiva, se han provisionado ya en torno a 100.000 millones, algo más del 55% del total. Elevar este ratio hasta los dos tercios (algo valdrán los solares y los edificios), representaría algo menos de 20.000 millones, que es la cifra que maneja el Gobierno, bastante modesta en relación a la alarma generada.

Por ello, resulta un tanto de locos el proceso vertiginoso al que se ha sometido a las cajas, que ha desembocado el decreto que este viernes aprobaba el Consejo de Ministros con nuevas exigencias sobre las inicialmente impuestas cuando se inició el proceso de restructuración, entre ellas la de disponer de un capital básico del 10%, o del 8% si se convierten en bancos. Tras las intensas negociaciones mantenidas en los últimos días, el sector ha conseguido al menos retrasar hasta 2012 la exigencia de salir a los mercados, aunque en septiembre hayan debido completar los trámites necesarios para asegurar su recapitalización privada o disponerse a recibir fondos públicos.

De lo que parecía ser un camino acordado por el Gobierno y el PP, los populares no han tardado en apartarse al comprobar que las entidades con más probabilidades de ser intervenidas son las implantadas en los territorios que gobiernan
De lo que parecía ser un camino acordado por el Gobierno y el PP, los populares no han tardado en apartarse al comprobar que las entidades con más probabilidades de ser intervenidas son las implantadas en los territorios que gobiernan. No será el caso del SIP de Cajamadrid y Bancaja -el Banco Financiero y de Ahorros-, aunque sus problemas financieros no son pequeños. Para confirmarlo, basta con tomar como referencia a la Caixa, que ha valorado CaixaBank en el 80% de sus fondos propios. La entidad de Rato cuenta con 8.600 millones de fondos propios y, según se presume, precisaría de 3.000 millones para cubrir el porcentaje exigido de capital básico. Ello obligaría a sus gestores a poner en el mercado más del 45% del nuevo banco, salvo que comience a vender las joyas de la corona, como ha anunciado que hará Bancaja con su 5% de Enagás.

Las exigencias de Santander y BBVA

En las prisas y el cambio de las reglas del juego para acelerar la recapitalización de las cajas han sido determinantes las exigencias del Santander y del BBVA, que vieron en enero como debían de pagar hasta 2,25 puntos sobre el nivel de referencia en sus operaciones de deuda cuando otros bancos europeos consiguieron lo mismo con un sobreprecio inferior al medio punto. Se ha urgido, por tanto, a las cajas para hacer la vida más fácil a los dos grandes bancos, especialmente al de Botín, que se enfrenta este año y el próximo a vencimientos que superan los 63.000 millones de euros.

Como las cosas se han hecho rematadamente mal, es muy posible que ni siquiera la recapitalización obtenga los resultados esperados porque de nada sirve inyectar fondos si persisten las dudas sobre el saneamiento. Y de ello habría que responsabilizar al oscurantismo de las entidades y a una creatividad contable consentida por el Banco de España y certificada por unos auditores que se califican por sí mismos. Que a estas alturas todas y cada una de ellas estén en beneficios es un milagro, y hay gente que no cree en la gracia divina.

La alocada carrera de las cajas para convertirse en bancos y captar financiación del mercado ya ha comenzado. Banca Cívica (CajaSol, Caja Navarra, Caja de Burgos y Caja Canarias) y el citado Banco Financiero y de Ahorros se preparan para seguir los pasos de La Caixa. La idea extendida es que no hay dinero para tanta gente y que sólo las primeras que lleguen a la ventanilla de la Bolsa obtendrán los recursos suficientes para evitar una nacionalización que hubiera tenido sentido al principio de la crisis para conformar una banca pública que facilitara crédito, pero que ahora sería la antesala a su liquidación.

En realidad, la transformación de la que serán objeto implica ya una liquidación del modelo que conocemos actualmente, que con todas sus deficiencias y servidumbres, especialmente las políticas, ha funcionado bien en su más de 150 años de historia. Es inimaginable que nada vuelva a ser lo mismo, sobre todo en lo tocante a la obra social, cuando las cajas sean penetradas por fondos de inversión o bancos, tanto extranjeros como nacionales, que deben de estar frotándose las manos ante la eliminación de su principal competencia. Se impone para ellas un sentido réquiem.