Manualillos para una crísis ( 2 )

La Sanidad en prevengan....

Economía de guerra para la sanidad autonómica

Recortes en prestaciones y personal, privatizaciones y copago para reducir
13.000 millones de deuda

Hay que tomar medidas para que la deuda del sistema de salud pública no siga creciendo. Ésa es precisamente la clave que define la situación de la sanidad como la más crítica de su historia y casi, casi de emergencia. La discusión sobre el copago, que de nuevo se pone sobre la mesa, es la antesala que da paso a medidas más drásticas, con efectos cortoplacistas, para cuadrar las cuentas de unas autonomías en crisis y con un abultado déficit. Y es que, el modelo, tal y como se ha desarrollado en los últimos años, es para la mayoría insostenible

■ Ana Sánchez Arjona

Es una mera casualidad que precisamente a finales de este complicado y difícil 2011, se cumplan diez años desde que se completó el proceso de transferencias sanitarias a las comunidades autónomas, a todas ellas, después de haberlo iniciado mucho antes en Cataluña.

Dos factores a tener en cuenta: se ha cerrado una década que coincide con los cambios que se están produciendo ya en la gestión de la salud pública, mientras que un territorio, el catalán, se convierte en el primero en activar un plan de recortes sin precedentes en la sanidad del país.

Y es que, el Sistema Nacional de Salud pasa por uno de las situaciones más críticas de su historia. La controversia sobre el copago es únicamente la punta del gran iceberg que, debido a la crisis económica y al enorme déficit que arrastran las autonomías, pone en tela de juicio el actual modelo y, encima de la mesa, la opción de reestructurar para cuadrar las cuentas, al menos a corto plazo.

Sacrificios y dónde

Coinciden los expertos consultados en señalar que, tras las elecciones del 22 de mayo y, fundamentalmente, después de la generales, se determinará si se mantiene el actual modelo, incorporando los cambios sustanciales que necesita para ser sostenible, trabajando sobre un nuevo esquema, o se impulsa un mix que contemple ambas posibilidades. Pero antes "habría que aclarar cuál es exactamente la salud financiera del sistema, conocer el nivel de deuda, también la oculta, y a que se debe porque está claro que en muchos casos media una mala gestión", explica Marciano Sánchez Vayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública. Entonces es cuando habrá que plantear estrategias para conocer si hay que hacer sacrificios y dónde.

Nadie duda a estas alturas de que, la situación del sistema, afectado por una deuda que los más conservadores sitúan por debajo de los 10.000 millones, y otros elevan a los 13.000 millones exige soluciones urgentes, "casi, casi, de economía de guerra", señala las fuentes a este semanario.

Los cambios de Gobierno tras el 22M conllevarán iniciativas cortoplacistas porque no se puede demorar más el pago a los proveedores mientras la discusión de fondo se mantendrá en compás de espera. "Hay que tomar medidas para que la deuda no siga creciendo, ahí está la clave. Lo más importante dentro de un sector donde participan varios actores es poderlo asumir económicamente o darles a los proveedores, en cada comunidad autónoma un escalonamiento de pago para saber cuándo van a cobrar", señala a El Nuevo Lunes, Julián García Vargas, ex ministro de Sanidad.

No se descarta además que el repunte del gasto obligue a las comunidades a retocar las cuentas públicas si no es así las medidas a adoptar tendrán que tener efecto este mismo año. "Las únicas de efectividad más o menos inmediata", señala Ignacio Riesgo, director responsable de Sanidad de PWC,Gobierno de reducir el 5% el sueldo a los funcionarios y la decisión de rebajar el 7% el precio de los medicamentos. Eso es lo que más impacto económico ha tenido y puede tener además de recortes en prestaciones todavía por definir".

Y es por ahí por donde camina la Generalitat de Cataluña que se enfrenta un déficit oculto, asumido tras las elecciones de noviembre, y está obligada a reducir en un 10%, aproximadamente 4.000 millones, el presupuesto para 2011. Tijeretazo del que, en más de una cuarta parte, irá destinado al gasto sanitario, lo que se ha traducido ya en el primer ERE de la red, en la disminución camas disponibles, en el aplazamiento de operaciones y en listas de espera más largas. "Se está perdiendo ya un 10% de la actividad", nos cuenta Marina Geli, diputada del PSC y consejera de Salud con el tripartito.

Solo Artur Más, hasta el momento, "se ha atrevido a tirar por la calle de en medio y plantear recortes", lo ha tenido que hacer ante la firmeza del Ministerio de Economía, que le amenazó con no dejarle emitir deuda y con exigirle más ajustes su plan de reequilibrio con el objetivo de reconducir unas cuentas autonómicas, cuyo déficit cerró en el 3,4% del PIB cuando el límite fijado era del 2,4%.

Ante la presión de Bruselas por que España cumpla con los objetivos fijados y ante unos mercados implacables, se da por hecho que otras comunidades, en las que afloren déficits ocultos, incluso sin que así sea, adopten medidas de ajuste. Lo que está por determinar aún es su calado.

Mucho menos traumáticas son, sin embargo, algunas alternativas que barajan y aplican ya, en muchos casos, algunos Gobiernos territoriales, como las compras centralizadas de material. "Ocho comunidades se han puesto de acuerdo para comprar de manera conjunta las vacunas antigripales lo que ha supuesto un ahorro superior a los 100 millones de euros. Habría que preguntarse por qué el resto no ha hecho lo mismo", apunta Marciano Sánchez Vayle que se muestra partidario de focalizar el ahorro en el gasto farmacéutico, igual que opina Marina Geli para quién "este es uno de los principales problemas". No obstante, se ha reducido un 18,5% tras las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Sin embargo para Ignacio Riesgo, "esta alternativa tiene, de momento, poco margen de recorrido".

Impuestos finalistas

En este contexto surge otra vez el debate sobre el copago, una herramienta que se califica útil para racionalizar el hábito del consumidor. "Aunque no es la panacea, hay algunas prestaciones que no son vitales en las que se puede establecer una participación para financiarlas", dice Julián García Vargas mientras que la diputada del PSC, partidaria de este sistema, insiste en que "se trata de una reflexión que se tienen que plantear desde el Estado". Lo cierto es que, algunos de los especialistas consultados, señalan que "no hay argumentos firmes a su favor ni desde la óptica financiera ni desde el punto de vista de la eficacia" mientras otros afirman que la universalidad no es una "apuesta por el gratis total sino que está vinculada con la renta personal y también con las necesidades de cada ciudadano".

Se baraja también la creación de un nuevo impuesto finalista similar al céntimo sanitario, cuya recaudación estimada es de 1.300 millones anuales. Hasta la fecha nueve comunidades lo están aplicando.

La conclusión, señalan buen parte de los consultados, es que no hay ninguna fórmula mágica. "Las razonables, las que se aplican en otros países europeos aquí, al calor de la batalla electoral, se han despreciado y se mire por donde se mire, nuestro sistema sanitario, tal y como ha ido evolucionando en los últimos años, es inviable en este momento".

El modelo Alzira, en auge

Mientras se da vueltas al debate sobre el copago y se aplica la tijera con rotundidad en Cataluña, se están consolidando otras fórmulas como los modelos de asistencia de titularidad pública y gestión privada, sin crear apenas reacción en la sociedad. Hoy "prácticamente nadie pone en cuestión" alternativas, utilizadas habitualmente por el Gobierno de Madrid, y que tuvieron su origen en la Comunidad Valenciana. Hablamos del modelo Alzira que asume el nombre de esta localidad donde en 1999, con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat, comenzó a funcionar el primer hospital público español gestionado por una empresa privada. Es una fórmula parecida a la que se emplea para la explotación de autopistas de peaje.

Para los partidarios de este modelo, una cosa es la inversión y otra la eficacia del dinero gastado en cada habitante. Es decir, se intenta rebatir las críticas aduciendo que, en ocasiones, con menos pero bien gestionado, se puede ofrecer la misma o más calidad en la asistencia.

Sus detractores consideran que es 100% más caro. "Eso sí, lo positivo para la Administración autonómica es que la infraestructura se pone en marcha en un plazo corto de tiempo y se aplazan pagos, una receta perfecta, sobre todo en época de crisis, y con claros objetivos electorales".

Darle mayor flexibilidad a la gestión de personal es también uno de sus objetivos "porque el modelo público es excesivamente rígido en este sentido".

Si su implantación aumenta, a finales de 2011, uno de cada siete pacientes estará bajo esta cobertura sanitaria