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UE: ¿Proteccionismo o protección?

■ Beatriz Manrique

En estos tiempos de vacas flacas, el comercio para la Unión Europea es fundamental. Especialmente, si conlleva más exportaciones y precios más favorables para el consumidor. Actualmente, los Veintisiete trabajan por potenciarlo, eliminando los aranceles comerciales con terceros países, con el fin de lograr mercados más competitivos. No obstante, esto conlleva que haya más importaciones y más competencia para los productores europeos. De ahí que las negociaciones encuentren sus obstáculos.

En este escenario figura ahora Marruecos. La UE negocia con esta potencia un acuerdo comercial que potenciaría el comercio agrícola y pesquero entre ambas. Sin embargo, los eurodiputados de la comisión de Agricultura acaban de rechazar el borrador de este acuerdo que liberalizaría el intercambio de estos productos, por temor a que los agricultores europeos, especialmente los españoles, se vean perjudicados con la 'invasión' de hortalizas y productos pesqueros marroquíes. El ponente de la comisión de Agricultura, el italiano Lorenzo Fontana, ha argumentado que "a la luz de la grave crisis que afecta al mercado de las frutas y hortalizas, incluso unas modestas cantidades de productos procedentes de terceros países podrían representar un nuevo elemento de inestabilidad".

Además, los eurodiputados argumentan que existe "especial preocupación ante la capacidad del sistema comunitario para controlar y hacer cumplir los plazos y las cuotas, a menudo ignorados por los socios marroquíes, según han denunciado diferentes asociaciones profesionales en 2009 y 2010". En esta línea, los agricultores españoles han afirmado estar satisfechos por que la comisión parlamentaria haya tumbado el texto. Al igual que los eurodiputados, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) se han mostrado preocupados por la capacidad del sistema comunitario para supervisar y hacer cumplir los calendarios y contingentes arancelarios a las importaciones de Marruecos. Otra de las cuestiones que argumenta el sector para rechazar el acuerdo es que los requisitos que deben cumplir los agricultores europeos en materia de exigencias fitosanitarias, protección del medio ambiente, condiciones de los trabajadores, protección sindical, legislación antidumping y seguridad alimentaria son mucho mayores en el caso de los europeos. Consideran que hay una "falta de reciprocidad entre los productos europeos y marroquíes" en dichas cuestiones. Asimismo, han criticado la falta de transparencia del acuerdo respecto a los territorios del Sáhara Occidental, cuestión que actualmente está en proceso de revisión por parte de las instancias comunitarias.

Raül Romeva y Rueda, vicepresidente de los Verdes, ha criticado que el acuerdo "se negoció en la mayor de las opacidades por parte de los servicios de la Comisión Europea y el Reino de Marruecos". Romeva ha concluido que el texto es "totalmente desequilibrado" y ha lamentado que "básicamente sirva a los intereses de las grandes empresas de la agroindustria, dejando de lado a los pequeños productores, ya sean marroquíes o europeos". El partido ha alertado de que muchos inversores europeos se han anticipado a la apertura de este mercado y que han trasladado su producción a Marruecos. "Tienen la esperanza de que podrán exportar frutas y verduras a precios inferiores a los costes de producción de los productores europeos (…). La llegada de miles de toneladas adicionales de tomates, melones, fresas o cítricos puede conducir a más quiebras", han señalado en un comunicado. Asimismo, varios eurodiputados han advertido de que el acuerdo podría tener consecuencias muy negativas en la agricultura familiar marroquí, por la competencia de la carne y los cereales europeos. Estiman que, a través del acuerdo, se produciría una afluencia de las importaciones de alimentos procesados, libres de impuestos, lo que podría perjudicar la industria local marroquí de alimentos.

De momento, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo lo ha echado para atrás, a la espera de que se pronuncie el Pleno del Parlamento Europeo después del verano; lo que dará más margen de tiempo para las negociaciones.

Sin embargo, la cuestión plantea dos debates que están ahora sobre la mesa: ¿debe la UE abrir más sus fronteras en estos tiempos de crisis? Y, en segundo lugar, ¿debe la UE continuar protegiendo su sector agrícola si no es competitivo? Sobre este último punto han hablado los eurodiputados cara a cara con Dacian Ciolos, el comisario europeo de Agricultura. En concreto, han abordado si la financiación para el período 2014-2020 será suficiente para el sector. El Ejecutivo comunitario ha propuesto que se congelen los fondos con respecto a los niveles de 2013, ya que el sector se hace con casi la mitad de las arcas comunitarias. Sin embargo, tanto los agricultores como la Eurocámara se han mostrado contrarios a esta postura por considerar que así se verán perjudicados los intereses de diez millones de agricultores y, también, "los de todos los ciudadanos de Europa". Bruselas se defiende asegurando que sí habrá más dinero para los agricultores, pero bajo otros conceptos como la investigación. En total, ha asegurado Ciolos, la agricultura se hará con 435.500 millones de euros.

Aún y todo, los eurodiputados insisten en que este montante no es suficiente. El parlamentario alemán del grupo popular Albert Dess explica que no puede aceptar que la Política Agrícola Común (PAC) vaya a ser "el único sector" que tenga recortes. El liberal británico, George Lyon, ha señalado que el recorte afectará a los agricultores, que verán disminuir los pagos directos en 40.000 millones de euros.