¿Debe la Junta General reducir su presupuesto?
"La propuesta de Podemos podría resultar peligrosa por lo que supone de utilización de la indignación ciudadana, sin duda justificadísima, como arma política"
XABEL VEGAS
MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2015
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Aún no han empezado los trabajos parlamentarios y ya tenemos el primer motivo de discordia en la Junta General del Principado de Asturias. Los diputados de Podemos, con Emilio León a la cabeza, han formulado una propuesta de ahorro que ha levantado ampollas entre el resto de grupos parlamentarios de la cámara autonómica.
La propuesta de Podemos se propone reducir el gasto del parlamento asturiano en un 25% a base de recortar en sueldos, empleos y asignaciones a los grupos políticos. A la proposición de la formación asturiana de los círculos se le supone la buena fe, de eso no cabe duda, pero conviene analizar sosegadamente sus pros y sus contras y valorar, si los hubiera, sus efectos secundarios.
Parece sensato señalar que ni la manera de formular la propuesta por parte de Podemos ni la respuesta desproporcionadamente beligerante por parte del resto de los grupos parlamentarios son el mejor modo de abrir un debate razonable y calmado sobre los gastos del parlamento asturiano. En ese sentido no parece insensato pensar que la propuesta de Podemos tiene más de escenificación de las diferencias entre ellos y el resto de la clase política que de verdadera preocupación por las cuentas de la Junta General. En caso contrario hubieran planteado la propuesta en forma de debate abierto, manejando información más detallada y con un tempo más pausado. La formulación a modo de “cuestión de principios” no contribuye al debate sosegado ni al entendimiento entre los distintos grupos políticos que pueda conducir, efectivamente, a una revisión del presupuesto del parlamento asturiano.
Eliminar empleos
La propuesta de ahorro en la JGPA formulada por Podemos pasa, entre otras cosas, por eliminar empleos. Despedir a trabajadores del parlamento, incluso aunque estos fueran exclusivamente asesores, no parece la mejor medida en una época en la que el desempleo es un problema de primer orden. Pero sobre todo resulta tremendamente difícil desentrañar qué criterios, si es que los hubiera, han manejado los diputados de Podemos para considerar que tanto los empleados como las asignaciones económicas a los grupos parlamentarios son excesivas y, por tanto, en parte prescindibles. Parece razonable pensar que Podemos no ha tenido aún una experiencia parlamentaria que le permita calibrar si los medios de los que disponen los grupos políticos (tanto humanos como económicos) son excesivos o por el contrario son escasos para ejercer la tarea de representación que les han encomendado los ciudadanos.
Los que no conocemos con precisión cuál es la mecánica parlamentaria y cómo se manejan los grupos políticos en la trastienda de la cámara tenemos pocos elementos de juicio para valorar si la asignación de medios es escasa, suficiente o excesiva. Al fin y al cabo el estudio de los textos legales sometidos a aprobación y las reuniones para escuchar a los colectivos afectados por ellos requieren de unos medios que son difícilmente cuantificables sin tener una información detallada de lo que hacen los parlamentarios.
Otro tanto ocurre con los asesores. Siempre resulta más fácil vender el discurso de que el papel que desempeñan en la tarea parlamentaria es prescindible, sobre todo teniendo en cuenta los excesos que se han producido en ese terreno, que explicar por qué los grupos políticos necesitan asesores para hacer bien su trabajo. Algunos discursos sobre este tipo de asuntos apelan a una opinión pública que puede ser fácilmente seducida por planteamientos no suficientemente elaborados y que carecen de un cálculo preciso de los riesgos y las consecuencias de las propuestas políticas que se formulan.
Prueba de que la propuesta de Podemos tiene más de estrategia comunicativa y de apelación a la ciudadanía indignada que de política concreta y eficaz es la manera de formularla en su propia página web. “La reducción del gasto de la Junta que pide Podemos costearía cada año 793.357 comidas escolares, 132 plazas del ERA o la rehabilitación de 238 viviendas” reza la noticia en el sitio de internet de Podemos Asturies. Sin negar que tales datos sean ciertos, cuantificar cada gasto que hacen las instituciones públicas de ese modo nos puede llevar a un terreno ciertamente peligroso, donde además no se contemplen suficientemente los efectos perversos que podría tener una debilitación de las instituciones políticas representativas por la vía del recorte de sus presupuestos. Pero además traducir las asignaciones a los grupos parlamentarios en gasto social no nos indica que las primeras sean prescindibles o excesivas. Sugiere más bien la intención de hacer la propuesta aún más atractiva para la opinión pública, sin que ello suponga una mayor elaboración o un razonamiento de la misma.
La democracia
El debate que puede surgir de un análisis más detallado de la propuesta de Podemos no es anecdótico ni coyuntural. Afecta a la concepción misma de la democracia. En los estados modernos, en los que la complejidad normativa es creciente, parece necesario disponer de unos parlamentos fuertes, con una dotación presupuestaria y humana suficiente que permita a los diputados y las diputadas abordar cada reto legislativo que se plantea y no dejarlo al albur de los técnicos o de las formaciones políticas que disponen de más medios, de origen no público, para dedicarlos a estos asuntos. Del mismo modo el fenómeno del declive de los parlamentos y de la sustitución progresiva de sus tareas por parte del ejecutivo, de sobra estudiado por la ciencia política, merece ser tenido en cuenta a la hora de formular propuestas que podrían conducir a una debilitación del legislativo.
Desde luego no parece que el gasto de la JGPA pueda tener un gran impacto en el bienestar de los asturianos y las asturianas. Sin dejar de reconocer que en términos relativos el monto de ahorro que propone Podemos es significativo, conviene no perder la perspectiva de que se trata de apenas un 0,06% del presupuesto autonómico. No obstante eso no quiere decir que la cantidad exacta de euros que se dedica a nuestro legislativo autonómico no pueda ser excesiva ni merezca ser repensada. Pero en todo caso habrá que plantear no sólo el “cuánto” sino sobre todo el “porqué”. De lo contrario cabría preguntarse que es lo que conduce a reducir la asignación presupuestaria en un 25% y no en un 50% o un 75%. En último término parece tan injustificado, a falta de criterios, exigir una reducción del presupuesto de la JGPA que reclamar su aumento. Y es que aún nadie, ni de Podemos ni de las formaciones políticas que se oponen a su propuesta, ha explicado con claridad para qué sirve la asignación presupuestaria a los grupos parlamentarios y si esta es suficiente o no.
Es justo reconocer que el ambiente social es más propicio a los recortes en este apartado que a lo contrario. Pero precisamente por eso la propuesta de Podemos, a falta de una explicación más exhaustiva y de un debate en profundidad con el resto de grupos, podría resultar peligrosa por lo que supone de utilización de la indignación ciudadana, sin duda justificadísima, como arma política sin que existan motivos sólidos que la sustenten. Un arma, además, de doble filo que en cualquier momento podría volverse en contra de la formación de los círculos.
Devaluar la institución
No es descabellado pensar que una propuesta como la de Podemos, si no descansa sobre una reflexión sólida y consistente, puede conducir a la devaluación de una institución tan fundamental para el funcionamiento de la democracia como es el legislativo. Podría irse aún más allá y proponerse que los grupos parlamentarios no tuvieran asignación económica alguna, más allá del sueldo de los diputados, ni dispusieran de empleados que facilitaran el trabajo de los grupos parlamentarios. Pero cabe preguntarse si aquello que les exigimos a los políticos –que escuchen a los ciudadanos- no se vería afectado en una situación en la que los grupos parlamentarios no dispondrían de los medios necesarios para atender a los distintos colectivos que componen la sociedad, para canalizar sus demandas o para estudiar detenidamente todas y cada una de las leyes que aprueban las cámaras legislativas.
Hay que reconocer que la exigencia de que existan unos partidos políticos que sean independientes de los poderes económicos casa mal con un recorte de la asignación a los grupos parlamentarios que podría conducir a una mayor dependencia de los créditos de las entidades financieras o, peor aún, de las donaciones privadas con sus correspondientes corruptelas. Resolver esa paradoja de un plumazo no parece lo más inteligente, salvo que se busque el aplauso fácil de la ciudadanía indignada. Esa fue, precisamente, la estrategia a la que recurrió María Dolores de Cospedal cuando eliminó la retribución fija de los diputados del parlamento castellano-manchego. En una época en la que el fenómeno de la antipolítica está ganando enteros, jugar con ese tipo de cosas puede resultar peligroso. Sin quererlo podríamos estar fomentando una sociedad en la que sólo se dediquen a la política aquellos con recursos suficientes como para no necesitar trabajar para ganarse la vida. Un modelo de democracia devaluada en absoluto deseable.
Todo esto no quiere decir que no haya que revisar el gasto de la cámara legislativa asturiana. Más bien todo lo contrario. Es necesaria una mayor fiscalización de la que ya existe y resulta imprescindible para la higiene democrática que los ciudadanos conozcan cuánto reciben los grupos parlamentarios para desempeñar su trabajo y en qué lo gastan. Y con esa información tendremos que valorar si las asignaciones económicas y humanas del parlamento asturiano son suficientes, insuficientes o excesivas.
Se echa de menos una actitud más prudente por parte de Podemos. Sería deseable que hubiesen dedicado unos meses a valorar cuál es el trabajo de los parlamentarios antes de formular una propuesta que puede ser entendida como un ataque por parte de los grupos políticos de distinto signo. Pero también se echa en falta una actitud menos conservadora por parte de aquellos que conocen lo que es una cámara legislativa y como se trabaja en ella. Deberían ser conscientes de que todo es discutible y que, quienes son nuevos en estas lides, tienen derecho a cuestionar las inercias parlamentarias. Tratar a los diputados de Podemos como intrusos en su propio cortijo, además de reforzar las posturas que pudieran ser más intransigentes de la formación violeta, demuestra una escasamente democrática concepción patrimonial de las instituciones políticas. Ambos, unos y otros, deberían tener una actitud más predispuesta al debate y menos lastrada por la opinión pública, que no siempre dispone de toda la información necesaria para elaborar detenidamente un criterio sensato y razonable.
La política asturiana, con propuestas como la de Podemos y con respuestas como la del resto de los grupos parlamentarios, corre el riesgo de hacerse a golpe de titulares y sin mayor elaboración que la de la consigna o la de la descalificación al adversario. Necesitamos más negociaciones y más consensos y menos gestos destinados a la opinión pública pero con escaso recorrido en el terreno de la transformación de la política. Se trata de utilizar las instituciones públicas como instrumentos para mejorar la vida de los ciudadanos y no como altavoces para arengar a las masas a través de la simplificación de lo que es complejo.
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