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La situación que se vive en Cataluña ha terminado afectando de lleno la agenda política de la capital. Respecto al acto a favor del derecho a decidir previsto para este domingo en la Nave de Terneras del Matadero —suspendido por el juez José Yusty Bastarreche tras el recurso interpuesto por el PP municipal que dirige José Luis Martínez-Almeida—, se está ultimando la posibilidad de encontrar un lugar alternativo para celebrarlo este mismo domingo. La plataforma que lo promueve, Madrileñ@s por el Derecho a Decidir, así lo anunció tras criticar duramente la prohibición de un auto judicial que ha levantado muchas ampollas.
Uno de los integrantes de la plataforma, el profesor de Ciencia Política de la UNED e impulsor de Podemos Jaime Pastor, insiste a este diario en que el manifiesto que defienden se gestó a principios de julio y lo que recogía era un "emplazamiento al Gobierno español para que permitiera la celebración del referéndum" teniendo en cuenta la situación a la que había llegado Cataluña. "Pensamos que solo se puede solucionar con urnas". En efecto, el manifiesto y la propia solicitud de cesión de un espacio municipal al ayuntamiento para celebrar el acto se produjo antes de que el Tribunal Constitucional cortara de raíz las leyes de desconexión aprobadas en el Parlament. "Ni siquiera estábamos en el escenario de si era ilegal o no, porque todavía no se había producido", explica.
Pastor insiste en todo caso en que el acto que la plataforma impulsa "no es independentista", sino que aboga por que los catalanes puedan decidir sobre su futuro. La idea del derecho a decidir, afirma, "también surgió del 15-M y creemos que conecta con las preocupaciones de muchas gentes que reclaman poder decidir sobre los problemas fundamentales que les afectan". De hecho, las durísimas críticas que está recibiendo el magistrado que ha resuelto el recurso prohibiendo la celebración del acto tienen mucho que ver con esto: es el juez el que interpreta que se trata de un acto secesionista al relacionarlo directamente con los dictámenes del TC.
Es en el quinto fundamento en el que el juez asegura que "los bienes municipales" —en este caso, la nave del Matadero— "tienen como función principal servir a los intereses generales, entre los que puede incluirse la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional, y que atenta directamente contra la unidad de España". De la misma forma, al inicio de la exposición de motivos, el magistrado afirma que el acto "consiste en esencia en un acto de apoyo a la Ley 19/2017, del Parlamento de Cataluña", en referencia expresa a la ley del referéndum con la que la Generalitat pretendía articular la consulta.
"Un exceso absoluto", a ojos de la plataforma, según explica Barrio a este diario, que parece más una "operación orquestada que se salta las reglas de procedimiento mínimas y que nos parece muy grave". Lo que reprochan al juez es que no solo critique la cesión del local (que era lo que solicitaba la parte demandante, el PP municipal que dirige José Luis Martínez-Almeida en su recurso), sino "que critica también el derecho a la libertad de expresión y reunión". En el auto (que se puede leer íntegro aquí), el magistrado concluye con claridad: "Debo ordenar y ordeno la suspensión del acto previsto para el día 17".
Madrileñ@s por el Derecho a Decidir denuncia el "partidismo" desprendido del auto en relación al ayuntamiento y entiende que pretende, "además de coartar el derecho a la expresión, desgastar a Manuela Carmena". La alcaldesa, que hasta el pronunciamiento judicial había defendido la celebración de la reunión en línea con la portavoz, Rita Maestre, y la concejala-presidenta de Arganzuela, Rommy Arce, puso negro sobre blanco que el acto ya no podrá celebrarse en ningún espacio municipal, aunque insistió en que hoy "hay que defender más que nunca las libertades" y reiteró el compromiso de la institución local que dirige con la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
De hecho, Ahora Madrid hará uso del plazo de alegaciones previsto en el auto judicial —que es firme y no cabe recurso contra él— para poder esgrimir los motivos por los que cedió el espacio a la plataforma, ya que que no comparte la decisión emitida por el magistrado y reprocha que el derecho no le ha dado al Gobierno municipal "la oportunidad de explicarse" ni ha escuchado al ayuntamiento, una de las partes, antes de dictar el auto de suspensión.
Por ahora, la plataforma se encuentra ultimando los detalles del local en el que podrían celebrar el acto el domingo a la hora prevista. Sí consideran que el auto del juez supone un antes y un después: "No recuerdo la última vez en la que se prohibió un acto político en Madrid", reitera Pastor a este diario, "y menos en un lugar cerrado donde no hace falta ni hacer comunicación oficial a la Delegación del Gobierno, porque no hay riesgo de alteración del orden público". "Esto es una aberración jurídica", zanja. La plataforma asegura que no dará un paso atrás y reitera que "el referéndum sí ha sido suspendido por el TC, pero eso no quiere decir que en actos públicos no se pueda opinar y decir que esa resolución no es justa".
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