El informe del letrado tumba la Ley de Reparación de Víctimas del Franquismo de Podemos
Los servicios jurídicos de la Junta General apuntan a que supera las competencias de la autonomía y aplica de forma retroactiva la Constitución
REDACCIÓN
Fue presentada intencionadamente el pasado 18 de julio coincidiendo con la efeméride de la sublevación fascista, y la Mesa de la Junta General le dio paso días después para su tramitación con el apoyo tanto de PSOE como de IU pero finalmente la Ley de Reparación de Víctimas del Franquismo propuesta por Podemos no llegará al pleno después de haber sido descalificada por el informe jurídico de los letrados de la cámara que han señalado que el texto sobrepasa las competencias de la autonomía y conlleva además «una aplicación retroactiva de la Constitución» contraria al ordenamiento jurídico.
La Ley de Reparación de las Víctimas del Franquismo presentada por Podemos Asturies pasaba por declarar ilegales los tribunales de las auditorías de guerra que actuaron en Asturias entre octubre de 1937 hasta diciembre de 1978 «por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo». Para ello la iniciativa autorizaba al Archivo Histórico de Asturias a elaborar una lista de los procesos instruidos y sus sentencias, para ser publicada y declarados sus fallos nulos de pleno derecho.
Sin embargo, el informe del letrado apunta que declarar como ilegales de las resoluciones de los tribunales franquistas «ya resultaría notablemente problemático de hacerlo por ley de Cortes Generales, sería a nuestro entender manifiestamente inviable si, como aquí es el caso, la ley se quiere del Principado de Asturias». Las objecciones del informe jurídico insisten además en que «una anulación del tipo de la que aquí se examina pasaría por dar aplicación retroactiva a la Constitución» y según destaca el Tribunal Constitucional no cabe esa posibilidad por la propia redacción de la Carta Magna. En este sentido, el informe del letrado señala que la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 utiliza los términos de «ilegitimidad» a la hora de referirse a los tribunales franquistas evitando de ese modo declarar la nulidad, y cita como un jemeplo reciente el caso del Supremo denegó en 2011 la revisión de la condena del poeta Miguel Hernández.
El portavoz de Podemos Asturies, Emilio León lamentó el rechazo de los grupos de la Junta de Portavoz a dar paso a la tramitación de la ley después de conocer el informe del letrado y destacó que se propuesta pasaba por un procedimiento de lectura única --lo que sucede en el parlamento cuando hay un amplio consenso o se trata de iniciativas muy simples-- pero el informe jurídico desaconseja esa opción porque la proposición «a pesar de su brevedad es todo menos simple y su naturaleza entronca directamente con cuestiones muy principales de nuestro ordenamiento jurídico».
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Marcelino Marcos, señaló que «podemos estar de acuerdo en la filosofía de la iniciativa pero aquí no estamos para titulares ni filosofías sino para tramitar leyes» y se acogió a las conclusiones de los letrados para rechazar el texto porque su conclusiones «son contundentes en cuanto a la forma en que se contradice el ordenamiento jurídico y vulnera la Constitución».
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