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Escándalo de corrupción en el Principado Renedo sale en tercer grado tras pasar tres años y cuatro meses en la cárcel Cumplió la privación de libertad en Álava y ahora vive controlada con una pulsera en Asturias. Los dueños de Igrafo y APSA, los únicos aún en prisión RAMÓN MUÑIZ GIJÓN. Lunes, 1 agosto 2022, 09:44 Marta Renedo, la exfuncionaria cuyas irregularidades detectó la Policía Nacional en 2010, está de nuevo en Asturias, en régimen de semilibertad y con su ubicación controlada por medio de una pulsera telemática. La junta de tratamiento de la cárcel de Álava en la que cumplía condena acordó en mayo su progresión al tercer grado por buen comportamiento y después de que acumulara tres años y cuatro meses entre rejas. Renedo fue condenada a nueve años de prisión por delitos continuados de falsificación en documento oficial, malversación y cohecho. Su primer contacto con la cárcel lo tuvo como presa preventiva en la cárcel de Asturias en 2011, donde se la adscribió a una Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), es decir, un módulo en el que se trabaja para salir de la drogodependencia. En doce meses había pasado de ser una jefa de servicio apreciada por sus compañeros y superiores a verse despedida primero, detenida después y coprotagonista del mayor escándalo de corrupción en el Principado. Respondió a esa caída en desgracia acatando la disciplina penitenciaria de horarios y encierro, participando de los cursos y dinámicas terapéuticas. En septiembre de 2019 una vez confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo optó por ingresar voluntariamente en la prisión de Zaballa (Álava), asumiendo un mayor alejamiento de su familia a cambio de estar en un centro más moderno y menos masificado. Evaluación semestral El reglamento penitenciario establece que cada seis meses «como máximo» la junta de tratamiento debe evaluar la evolución del reo y decidir si cabe su reclasificación. En su último examen la junta de tratamiento valoró el apoyo que había prestado a otros reos, los cursos que aprovechó y que se había atenido a las condiciones de regreso bajo las cuales se le dieron seis permisos de salida. Una vez clasificada en tercer grado solicitó continuar el programa de tratamiento que le impone la administración penitenciaria en Asturias, y accedió a estar vigilada con la pulsera. «En casos de corrupción y una vez cumplido un cierto tiempo de condena, los informes para el progreso a tercer grado suelen ser favorables», explica Javier Fernández Teruelo, catedrático de Derecho Penal. «Pesa mucho que el pronóstico de reincidencia es bajo; un violador puede volver a violar, pero un concejal o funcionario suele tener una condena que incluye su inhabilitación, por lo tanto no van a estar en contacto con el ámbito en el que se produjo el delito», señala el también decano de la Universidad de Oviedo. Los de corrupción pertenecen a los denominados como «delitos de ocasión, es decir, ilícitos que se producen porque el sujeto aprovecha una oportunidad en la creencia de que no va a pasar nada, no será descubierto», ilustra Teruelo. Mandar a prisión a este tipo de delincuentes tiene «un impacto importante en la sociedad; no es lo mismo que entre un adicto a las drogas que Mario Conde». Los estudios realizados apuntan a que se da un efecto disuasorio: «Cuando se empezó a condenar a gente en Marbella por corrupción se vio una reducción de la tasa delictiva», indica el profesor. La instructora mantiene que hay que juzgar de nuevo a Riopedre y Otero Efecto disuasorio En el caso del Principado el ingreso en prisión de un exconsejero (José Luis Iglesias Riopedre), una ex directora general (María Jesús Otero) y una alta funcionaria (Marta Renedo), así como la comisión de investigación que organizó la Junta General, tuvo consecuencias. Es lugar común entre los empleados de la Administración autonómica que desde entonces se aplican los controles internos con más rigidez, sacrificando si es preciso la agilidad de la tramitación. También y a la hora de seleccionar a los jefes de servicio se ha ido reduciendo los casos de libre designación con los que Renedo fue haciendo carrera. El Principado hoy no es el mismo que había cuando en febrero de 2010 una vecina de Gijón acudió a la Comisaría con la denuncia que iniciaría el 'caso Renedo'. Aquel hilo del que tiraron los agentes terminó con siete condenados a penas de prisión y a todos se las hizo entrar. La Audiencia Provincial y fiscalía apelaron al escándalo social que había supuesto la trama para ordenar el ingreso en prisión también de los empresarios Maximino F. y Antonio José A., los que se llevaron la pena más leve. Les habían caído doce meses de privación de libertad y ocho meses, respectivamente, y carecían de antecedentes, circunstancias que normalmente llevan a suspender el ingreso en prisión a condición de que no vuelven a delinquir. Ocho personas entraron aquí en la cárcel y a estas alturas solo permanecen en ella Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, los exdueños de Igrafo y Apsa. En sus casos a la condena por el procedimiento principal se le sumaron otras por delito fiscal. Optaron por cumplir condena en el centro penitenciario de Asturias, donde también se les tiene en modulos de la UTE, en segundo grado. Sus penas, como la de Renedo, no quedarán canceladas hasta el año 2027. TEMASCaso Renedo