Alfredo Sá caso
El indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, concedido hoy por el Gobierno, pone fin a un caso que se remonta diecisiete años.
El caso comenzó en 1994, cuando Banesto presentó ante los juzgados de Barcelona una querella criminal contra los empresarios Pedro Olabarría, Luis y José Ignacio Romero, y Modesto González Mestre, a quienes el banco reclamaba una deuda de 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros), por las empresas del grupo Harry Walker que representaban.
El caso le correspondió temporalmente al juez Luis Pascual Estevill, que instruyó esta querella y decretó medidas de prisión preventiva contra los acusados.
Por la instrucción de esta querella, el exjuez fue condenado por prevaricación y detención ilegal por el Tribunal Supremo en 1996.
Tras ser archivada la causa contra los empresarios, estos y Rafael Pérez Escolar -que había sido consejero de Banesto durante la etapa de Mario Conde- presentaron querellas por supuestas denuncias y acusaciones falsas contra el presidente de Banesto, Alfredo Sáenz, otros tres exdirectivos de la entidad -José Angel Merodio, Miguel Angel Calama y Carlos Ruiz- y el abogado Rafael Jiménez de Parga.
Alfredo Sáenz había llegado a la cúpula del Español de Crédito tras la intervención de la entidad por el Banco de España y la destitución de Mario Conde el 28 de diciembre de 1993.
La demanda de los empresarios y Pérez Escolar contra Saénz y los otros directivos no prosperó inicialmente, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió archivarla por entender que los hechos habían prescrito -como sucedió con Miguel Angel Calama- o simplemente no existían -como ocurrió en los casos de Sáenz y Merodio-.
Sin embargo, los demandantes recurrieron y el 30 de mayo de 2006 el Supremo anuló la resolución del Tribunal Superior de Justicia catalán y ordenó que continuara la tramitación de la querella contra Sáenz y los otros demandados.
El Supremo aseguró en su resolución que "de ser ciertos los hechos imputados (...) existió una actuación jurisdiccional en contra de los querellantes", pues "alguno de ellos sufrió medidas cautelares de carácter personal y la investigación duró casi dos años, durante los cuales los perjudicados sufrieron las consecuencias de un procedimiento penal de investigación".
La Audiencia de Barcelona dejó visto para sentencia el caso el 15 de mayo de 2009, cuando la Fiscalía rebajó de nueve a tres años y medio su petición de cárcel para Sáenz, Calama y Jiménez de Parga, y retiró la acusación contra Merodio.
El 28 de diciembre de ese año, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Sáenz, Calama y Jiménez de Parga a seis meses de prisión por los delitos de acusación y denuncia falsa. Y les impuso también una sanción económica.
La sección tercera de la Audiencia de Barcelona absolvió asimismo en esa sentencia al cuarto acusado, Miguel Ángel Merodio.
De cualquier forma, Banesto recurrió la decisión judicial ante el Tribunal Supremo al considerar injusta esa condena a sus directivos.
El 10 marzo de 2011, el Supremo condenó a Alfredo Sáenz, Miguel Angel Calama y Rafael Jiménez de Parga a tres meses de prisión y les impuso la inhabilitación durante el período de condena, así como una multa de 400 euros a cada uno.
Pero la ejecución quedó en suspenso al solicitar Saénz el indulto y recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
De cualquier forma, el Banco de España tenía la potestad de inhabilitarle para su cargo de consejero delegado del Santander antes de resolverse el recurso.
El 26 de octubre, el Banco de España informaba que, en el caso de Alfredo Sáenz y por sus antecedentes penales, estaba analizando "las medidas que puedan resultar procedentes con arreglo a la normativa aplicable, a la vista de las decisiones adoptadas" recientemente por la Audiencia de Barcelona de inscribirle en el Registro de Penados.
El real decreto de 1995 sobre Creación de bancos y Otras Cuestiones Relativas al Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito estable que carecen de honorabilidad exigida para ejercer la actividad bancaria "quienes tengan antecedentes penales por delitos dolosos" y, entre otros, los "inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras".
Hoy, el Gobierno ha indultado al consejero delegado del Banco Santander y expresidente de Banesto, Alfredo Sáenz, con lo que se paraliza la ejecución de la sentencia del Supremo y podrá ejercer la dirección de la entidad financiera.
(Agencia EFE)Temas relacionados
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