Tecnócratas versus ¿políticos?
La caída de Papandreu y Berlusconi en Grecia e Italia por la presión de los mercados y su sustitución por dirigentes “tecnócratas” ha suscitado una rara unanimidad en nuestros medios de difusión nacionales y en nuestra clase política: el nombramiento de políticos tecnócratas debe ser algo completamente excepcional, en la medida en que, por apartar a los ciudadanos de las decisiones fundamentales sobre el destino de sus sociedades, socava el fundamento democrático de nuestros sistemas representativos. La conclusión es que su extensión generalizada en el seno dela UE no es algo en absoluto aconsejable.
Sin embargo, el principal enemigo de los sistemas democráticos no es tanto la tecnocracia como la partitocracia. La tecnocracia es la bendición de los afortunados ante el colapso político que se produce cuando los políticos burócratas anteponen sus intereses particulares (de partido o estrictamente individuales como en el caso de Berlusconi) a los intereses generales. Ver una amenaza en la tecnocracia es confundir la quimioterapia con el cáncer, el tratamiento de choque con la enfermedad.
Hay que asumir, además, que la enfermedad tampoco es la inestabilidad política; ésta es simplemente uno de los síntomas. Mariano Rajoy, anticipando ya una holgada mayoría absoluta a su favor, se ha anticipado a reivindicar la política frente a la tecnocracia: “Hay quien dice que los mercados han ganado a la política, que están incluso por encima de la soberanía nacional y que llega la época de los tecnócratas. Pero yo os digo que lo que llega es la época de los buenos gobernantes elegidos por los ciudadanos“. Sin embargo, el que los ciudadanos elijan buenos políticos no depende tanto del apoyo que obtengan como de las limitaciones del sistema político en que se viva: de su ley electoral, de la salud institucional del país, de la independencia de sus medios de comunicación, de la transparencia, de la “accountability” de los representantes y gestores. Y, desde este punto de vista, en España tenemos un sistema político e institucional que dificulta elegir buenos políticos. El PP puede conseguir una mayoría absoluta histórica, pero si no afronta la profunda crisis política e institucional española derivada de que los partidos sigan considerándose a ellos mismos como su principal prioridad, los mercados exigirán el mal menor: el tratamiento de choque de la tecnocracia, por mucha mayoría absoluta que uno tenga.
El argumento decisivo de la política frente a la tecnocracia es el de la participación ciudadana en las decisiones. Si una democracia se integra por hombres libres y responsables, los técnicos están llamados exclusivamente a desarrollar las políticas decididas por aquellos al respaldar una u otra opción política. Por eso, toda tecnocracia presume una minoría de edad en el electorado preocupante y amenazadora.
Sin duda es así, pero también puede ocurrir que los partidos dominantes hurten a la ciudadanía las cuestiones clave sobre las que éstas deben, a la postre, decidir. Toda partitocracia genera ineficiencias de tipo clientelar que a ningún protagonista le interesa airear. Y si bien en épocas de bonanza esas omisiones no generan consecuencias a corto plazo, en un momento de profunda crisis económica como la que atravesamos pueden tener una importancia decisiva. El coste desorbitado y las duplicidades de nuestro sistema territorial, la pérdida de autonomía de las instituciones clave del Estado de Derecho -como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial- las turbias conexiones entre sistema financiero y partidos explicitados en el culebrón de las Cajas de Ahorro, son ejemplos de asuntos sobre los que no se debate y, en consecuencia, sobre los que no interesa un pronunciamiento político de los ciudadanos. Llegados a ese extremo de silencio y de ocultar la evidencia, es normal que los mercados elijan, al menos, la opción más eficiente.
Por eso, si la tecnocracia prescinde de la política, la partitocracia no le va a la zaga. La solución no es, por tanto criticar el tratamiento, sino la enfermedad, lo que pasa por reconocer necesariamente que nosotros, los electores, tenemos también nuestra parte de responsabilidad. Sería terrible asumir sin protestar que los ciudadanos españoles estamos condenados a ser tratados como menores de edad, por una vía o por otra.
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