Llega la tercera amnistía fiscal de la democracia

31.03.2012 Madrid Mercedes Serraller

El Gobierno lanza una amnistía fiscal indiscriminada que atribuye a las “circunstancias extraordinarias” que atraviesa España, con el fin de asegurar las Cuentas de 2012 y garantizar los servicios a los ciudadanos sin tener que subir el IVA.

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Sin embargo, esta medida excepcional, que el PP ha criticado con dureza en varias ocasiones, sólo pretende recaudar 2.500 millones de euros. Así lo decidió ayer el Consejo de Ministros, que dio luz verde al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que sufren un “drástico” ajuste de 27.300 millones de euros con el que reducir el déficit público del 8,5% de 2011 al 5,3% que exige Bruselas.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró que este gravamen es “necesario para atraer más recursos a la Hacienda pública y para financiar los servicios”. Montoro se escudó en la OCDE, que “recomienda utilizar este tipo de medidas en estos momentos, obviamente impulsando la lucha contra el fraude”, cuyo plan –anunciado en el Consejo de Ministros del 5 de enero–, ya había mencionado ayer que se aprobará en las próximas semanas.
El gravamen especial, que también denominaron “regularización extraordinaria”, pretende aflorar las rentas no declaradas por contribuyentes del IRPF, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. El Gobierno ultima un protocolo de afloramiento que detallará el próximo martes, aunque es previsible que los interesados tengan que acudir directamente a la Agencia Tributaria. Ya se ha decidido que el plazo de presentación y su ingreso finaliza el 30 de noviembre. A continuación, Hacienda endurecerá el régimen en 2013.
Montoro mencionó a otros países que han tomado medidas semejantes (ver información de la página 4). Sin embargo, algunos Estados han realizado regularizaciones, es decir, han impuesto algún tipo de límite o sanción, como admitir sólo repatriaciones de empresas o a topos más elevados.
En cambio, el Gobierno se acoge ahora a una fórmula indiscriminada y pretende aflorar todo tipo de dinero negro. Eso sí, sólo de periodos impositivos que hubieran fuinaklizado cuando erntre en vigor el Decreto, previsiblemnte, hoy. Por lo tanto, sólo hasta 2011, por lo que no se incentivarán las operaciones opacas durante los próximos meses.
El marco vigente ya permite las regularizaciones de dinero negro antiguo a un 10% o, incluso, en condiciones más ventajosas. Pero se trata de periodos ya prescritos a los que Hacienda no puede atacar. Ahora se pretende aflorar el dinero negro de los últimos cuatro años. Además, el Ejecutivo destacó ayer que los contribuyentes podrán presentar una declaración confidencial dentro del nuevo protocolo que se prepara, distinto al de las declaraciones complementarias.
“La idea me podrá gustar más o menos, pero tengo que hacerla porque en el país hay que ingresar sin subir los impuestos indirectos, que perjudicarían la economía. Son medidas difíciles para tiempos difíciles y si se consigue recaudar más, será positivo para todos”, indicó Montoro, que animó encarecidamente a los contribuyentes a que se acojan a esta regularización “lo más pronto posible” porque luego se van a encontrar con un plan de lucha contra el fraude “muy severo”.
Además, reiteró que el Gobierno no ha tenido más remedio que adoptar una medida de este tipo porque el Ejecutivo anterior no corrigió suficientemente el fraude. “Se trata de que el incumplidor tributario sea una clase a extinguir”, recalcó. La medida fue recogida ayer con críticas de la oposición y de colectivos como la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que se declaró “absolutamente en contra de una amnistía fiscal, en la cual se libere al contribuyente del régimen sancionador de la Ley a cambio de una pequeña sanción del 10% independiente del volumen defraudado”.
Los inspectores creen que la medida iría frontalmente en contra del artículo 31 de la Constitución, que establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.
Ven paradójico que “a los que pagan impuestos se les suban” y “a los que no, se les perdonen” y alertan de que esta medida “dificultará enormemente la lucha contra el fraude fiscal”. Para los Técnicos de Hacienda (Gestha), la fórmula supone un “agravio comparativo para los contribuyentes que cumplen, a los que se grava hasta el 52% en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán pagar un 10% y evitar recargos y sanciones”.