La banca perderá 46.000 millones de capital de máxima calidad en diez años
Sede del Banco de España.
PABLO MONGE
Las nuevas provisiones que exigirá a la banca el deterioro de la economía y el requerimiento del Banco de España de reclasificar con más dureza sus créditos refinanciados son la última amenaza sobre el sistema financiero español, que acaba de apuntalar sus niveles de solvencia cuando ya surgen nuevos nubarrones en el horizonte. Y el más importante no llegará desde el frente de las provisiones sino de la puesta en marcha a partir de 2014 de la nueva normativa Basilea III, que va a traer relevantes novedades en materia de capital.
En virtud de esta nueva normativa, la banca española ya no podrá computar como recursos propios de primera categoría –core capital– sus activos fiscales diferidos. Es decir, todo el volumen de provisiones no deducidas pero que el sector sí prevé deducirse en el futuro junto con los créditos fiscales por pérdidas que podrán compensarse con beneficios venideros. En total, una cuantía que supera los 46.000 millones de euros solo en la banca cotizada y que el sector había apuntado en su contabilidad con la idea de deducirlo a futuro.
El nuevo escenario que impone Basilea III inquieta al sector y es ya un asunto que cotiza en el mercado. La nueva regulación no se implantará al cien por cien hasta dentro de diez años, de modo que los bancos deberán ir restando cada año de su core capital el 10% de sus activos fiscales diferidos, en una cuenta atrás que comienza en 2014. Pero los inversores ya se anticipan a Basilea III en su totalidad, juzgando de antemano qué entidades salen peor paradas con la nueva regulación. Así, por ejemplo, el ratio de core capital con que Sabadell prevé cerrar 2013, del 9,9%, quedaría recortado al 4,9% en el caso de que tuviera que deducir de una sola vez los activos fiscales diferidos, conocidos en la jerga financiera como DTA.
El volumen neto de estos activos asciende en Sabadell a 4.800 millones de euros; en BBVA, a 7.752 millones; en Santander, a 16.900 millones; en Popular, a 3.300; en CaixaBank, a 4.500 millones; en Bankia, a 8.900 millones y en Bankinter, la cifra es prácticamente insignificante, apenas 13,9 millones.
En una modificación que afecta sobre todo a la banca española e italiana, España intentó que Basilea III fuera más flexible. Pero no hubo éxito y lo acordado ya se ha convertido en directiva europea, la denominada CRD IV.
El sector tantea ahora con Hacienda nuevas fórmulas en clave doméstica, como la pactada en Italia con el visto bueno de Basilea, donde el Estado será quien avale esos activos fiscales y quien, en caso de quiebra o insolvencia de una entidad, asuma el coste en términos de capital. Este compromiso ha necesitado de un cambio de la legislación italiana, un extremo que no se contempla para España. De hecho, el ofrecimiento de tal garantía pública es de gran complejidad técnica y encierra la paradoja de que el Estado, que es quien concede el crédito fiscal, actuaría de avalista de un préstamo para sí mismo. Además, en caso de que fuera necesario responder por él, computaría como déficit.
Desde la AEB defienden que se establezcan ciertas excepciones y fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan la voluntad de seguir negociando.
Fuentes financieras reconocen que la gran parte de esos DTA corresponden a provisiones no deducibles. Y esto bien puede condicionar futuras operaciones corporativas, como ya sucedió con Catalunya Banc. El FROB se negó a dar incentivos para el comprador: ni esquema de protección de activos ni tampoco garantías fiscales. Y los DTA de alrededor de 3.000 millones de la entidad catalana se habrían sumado a los 4.800 millones de candidatos como Sabadell o los 16.900 de Santander, con el consiguiente lastre de cara a la nueva regulación.
En virtud de esta nueva normativa, la banca española ya no podrá computar como recursos propios de primera categoría –core capital– sus activos fiscales diferidos. Es decir, todo el volumen de provisiones no deducidas pero que el sector sí prevé deducirse en el futuro junto con los créditos fiscales por pérdidas que podrán compensarse con beneficios venideros. En total, una cuantía que supera los 46.000 millones de euros solo en la banca cotizada y que el sector había apuntado en su contabilidad con la idea de deducirlo a futuro.
El nuevo escenario que impone Basilea III inquieta al sector y es ya un asunto que cotiza en el mercado. La nueva regulación no se implantará al cien por cien hasta dentro de diez años, de modo que los bancos deberán ir restando cada año de su core capital el 10% de sus activos fiscales diferidos, en una cuenta atrás que comienza en 2014. Pero los inversores ya se anticipan a Basilea III en su totalidad, juzgando de antemano qué entidades salen peor paradas con la nueva regulación. Así, por ejemplo, el ratio de core capital con que Sabadell prevé cerrar 2013, del 9,9%, quedaría recortado al 4,9% en el caso de que tuviera que deducir de una sola vez los activos fiscales diferidos, conocidos en la jerga financiera como DTA.
El volumen neto de estos activos asciende en Sabadell a 4.800 millones de euros; en BBVA, a 7.752 millones; en Santander, a 16.900 millones; en Popular, a 3.300; en CaixaBank, a 4.500 millones; en Bankia, a 8.900 millones y en Bankinter, la cifra es prácticamente insignificante, apenas 13,9 millones.
En una modificación que afecta sobre todo a la banca española e italiana, España intentó que Basilea III fuera más flexible. Pero no hubo éxito y lo acordado ya se ha convertido en directiva europea, la denominada CRD IV.
El sector tantea ahora con Hacienda nuevas fórmulas en clave doméstica, como la pactada en Italia con el visto bueno de Basilea, donde el Estado será quien avale esos activos fiscales y quien, en caso de quiebra o insolvencia de una entidad, asuma el coste en términos de capital. Este compromiso ha necesitado de un cambio de la legislación italiana, un extremo que no se contempla para España. De hecho, el ofrecimiento de tal garantía pública es de gran complejidad técnica y encierra la paradoja de que el Estado, que es quien concede el crédito fiscal, actuaría de avalista de un préstamo para sí mismo. Además, en caso de que fuera necesario responder por él, computaría como déficit.
Desde la AEB defienden que se establezcan ciertas excepciones y fuentes del Ministerio de Hacienda apuntan la voluntad de seguir negociando.
Obstáculo para las futuras subastas
La consideración de los activos fiscales diferidos (DTA) de la banca a efectos de capital ha sido uno de los puntos que terminó por malograr, ya por segunda vez, la subasta de Catalunya Banc y apunta a ser un condicionante importante de cara a próximas operaciones. Estos activos fiscales diferidos engordaron considerablemente como consecuencia de la aplicación de los dos decretos de provisiones del pasado año: la banca contabilizó esas provisiones como no deducibles, lo que daría lugar a un derecho fiscal a futuro. Bien porque se recuperarían con el tiempo o porque derivaran en una pérdida real que sí sería deducible. Por ejemplo, los activos fiscales diferidos de Bankia pasaron de los 6.250 millones de 2011 a los 8.909 millones de euros de 2012.Fuentes financieras reconocen que la gran parte de esos DTA corresponden a provisiones no deducibles. Y esto bien puede condicionar futuras operaciones corporativas, como ya sucedió con Catalunya Banc. El FROB se negó a dar incentivos para el comprador: ni esquema de protección de activos ni tampoco garantías fiscales. Y los DTA de alrededor de 3.000 millones de la entidad catalana se habrían sumado a los 4.800 millones de candidatos como Sabadell o los 16.900 de Santander, con el consiguiente lastre de cara a la nueva regulación.
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