Las medidas sobre inmigración que tomará un Reino Unido después del Brexit por fin están sobre la mesa. Londres aplicará restricciones para frenar la entrada de trabajadores de la Unión Europea, con excepción de los altamente cualificados, y pondrá trabas para que se establezcan en el país a largo plazo, exigiendo unos ingresos mínimos anuales de 20.274 euros para que los comunitarios puedan llevar a Reino Unido a sus familiares. También restringirá a dos años los permisos de residencia para trabajadores comunitarios no cualificados.
Un documento elaborado por el Ministerio del Interior, marcado como extremadamente sensible y fechado en agosto de 2017, se centra en una política que dará prioridad a los trabajadores británicos. Entre las medidas se incluye reducir el número de inmigrantes comunitarios menos preparados, a los que se les ofrecería la residencia por un máximo de dos años. Aquellos con una alta cualificación se les concederá un permiso de trabajo de entre tres y cinco años.
Las medidas también incluyen dar prioridad a los trabajadores británicos, obligar a los empleadores a revisar el estatuto de residencia de los trabajadores e imponer sanciones a las compañías que tengan empleados ilegales, señala el informe, filtrado por el diario 'The Guardian', que apunta que el documento pone de manifiesto la posición del ministerio del Interior sobre el debate migratorio, la cuestión primordial en el referéndum del Brexit. El rotativo destaca que el fin de la jurisdicción de la justicia europea debilita el derecho a la reunificación familiar de los comunitarios residentes en Reino Unido.
“El Gobierno tendrá en cuenta las necesidades económicas y sociales del país al abordar la inmigración (...) Esto no significa que, para sr considerado valioso para el país en su conjunto, la inmigración debe beneficiar no solo a los propios inmigrantes sino también a los actuales residentes”, sostiene el informe, titulado "Fronteras, inmigración y ciudadanía después de que Reino Unido salga de la Unión Europea".
El documento también sugiere que únicamente podrán cruzar la frontera aquellos europeos que cuenten con una oferta de trabajo firme, para impedir que los comunitarios busquen empleo. Asimismo, “se dará preferencia en el mercado laboral a los trabajadores que sean residentes”. Esto significa que se implementa una política de “británicos primero” dado que solo se aceptarán inmigrantes para un trabajo en caso de que ningún británico opte al puesto.
Tras conocerse la filtración, el ministro de Defensa Michael Fallon ha asegurado a la BBC que Reino Unido no cerrará las puertas a la inmigración comunitaria tras el Brexit. “No puedo establecer las propuestas todavía (…) se está trabajando en ello. No estamos cerrando las puertas a la futura inmigración, pero tiene que ser gestionada adecuadamente y la gente esperará ver una reducción del número”, ha declarado.
El documento recalca el interés del Gobierno de Theresa May en "asegurarse de que los comunitarios que llegaron y se hicieron residentes antes de una determinada fecha podrán continuar viviendo aquí y optar a la residencia permanente". En este sentido, el ministro británico para el Brexit, David Davis, aseguró ayer en la Cámara de los Comunes que en las negociaciones con Bruselas se han logrado "avances significativos" sobre los futuros derechos de los comunitarios. Sus declaraciones chocan con la frustración expresada por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, quien tras la tercera ronda de contactos afirmó que "no se ha logrado ningún progreso decisivo sobre las cuestiones fundamentales".
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