Los fondos que recibe Asturias a cargo de los programas comunitarios de cohesión regional corren un grave peligro de desaparecer después del brexit. Todo dependerá de cómo maneje Bruselas la situación después de la salida británica de la Unión Europea y de los cambios que la pérdida de un socio importante conlleve para el presupuesto que estará en vigor a partir del año 2021. De momento, la Comisión Europea imagina tres escenarios posibles. En dos de ellos, Asturias perdería hasta el último céntimo de las ayudas que recibe para proyectos de infraestructuras, desarrollo rural, políticas de empleo y el sector pesquero, que suman unos 750 millones de euros para el periodo 2014-2020 y que, unidos a las cofinanciaciones del Gobierno central o de la comunidad autónoma, permitirán abordar en este septenio actuaciones que suman más de 1.000 millones de euros de inversión. En el tercero, no cambia nada. Lo malo es que no hay ninguna indicación de cómo podría llevarse a la práctica la hipótesis que contempla: nada cambia y el presupuesto se mantiene en su nivel actual porque, gracias a alguna solución no especificada, se encuentra la manera de compensar los 10.000 millones de euros anuales que dejará de aportar el Reino Unido.
las grandes damnificadas del brexit tiene en alerta a las autoridades territoriales de la Unión desde hace meses. Las que forman parte del Arco Atlántico, Asturias entre ellas, ya debatieron esa posibilidad el pasado marzo y acordaron una posición común para defender las ayudas. También el Comité de las Regiones, el foro que reúne a representantes de todas ellas, ha pedido garantías. Su presidente, el belga Karl-Heintz Lambertz, mostró su preocupación durante una visita a Oviedo, donde asistió a unas jornadas organizadas por el Parlamento asturiano, a finales de julio. Pero la situación se ha agravado desde aquellas semanas de la primavera y el verano porque lo que entonces eran temores, rumores y especulaciones ahora aparece plasmado en un documento (elaborado por los departamento de empleo y política regional de la Comisión Europea) que circula por los despachos de las instituciones comunitarias en Bruselas. En él, la secretaría general de la Comisión pide a los departamentos que manejan los mayores presupuestos que calculen cómo afectaría a la distribución de sus recursos en el nuevo presupuesto estas tres hipótesis: el mantenimiento de la financiación actual, un recorte del 15% y un tijeretazo aún más salvaje del 30%.
Hipótesis intermedia
La Comisión considera como su escenario de referencia la hipótesis intermedia, es decir, un recorte del 15%, que es una cifra sospechosamente parecida al peso de la aportación británica al actual presupuesto. Algunos observadores veteranos del funcionamiento de la Unión han explicado a la prensa económica del continente que rodear esa hipótesis plausible de otras dos más extremas ayuda a presentarla como una idea moderada y conciliadora. El problema para España, y para Asturias, que se ve afectada de lleno, es que salen perdiendo en cualquier reorganización que no mantenga las cosas como han venido funcionando hasta ahora. En el caso de la reducción más severa, la del 30%, España perdería los 38.000 millones para la cohesión que le han correspondido en el septenio actual y ninguna de sus 17 comunidades autónomas cumpliría los requisitos para acceder a ellos. Las ayudas para reducir las disparidades regionales entre los territorios de la Unión estarían solo a disposición de los países del Este y de algunas partes de Portugal y Grecia.
15% de su nivel actual (fijado en el 0,98% del producto interior bruto total de la Unión), España lo perdería casi todo. Le corresponderían solo unos 1.500 millones de euros para la cohesión y nada más que cuatro comunidades tendrían derecho a esa financiación: Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia. Ni las más avanzadas, las que ya convergen o superan en renta a la media comunitaria, ni las que están en desarrollo hacia ese objetivo, como es el caso de Asturias, acompañada en el grupo por Galicia, Cantabria, La Rioja, la Comunidad Valenciana o Baleares, podrían presentar proyectos como hasta ahora. El golpe a la forma de planificar y pagar inversiones cuantiosas sería muy doloroso para los gobiernos regionales, como lo demuestra el hecho de que la presidenta andaluza, Susana Díaz, a pesar de todas las informaciones inquietantes que llegan desde Bruselas, haya decidido esta misma semana seguir adelante con la reclamación de 7.500 millones de euros, pendientes desde el periodo 2007-2013, de los que, a su juicio, se privó sin razón a su comunidad.
En el tercer escenario, el único favorable para los intereses de Asturias y de España en su conjunto, no cambiaría nada y todas las comunidades mantendrían su nivel actual de fondos de cohesión, pero en la capital comunitaria nadie cuenta con que eso sea lo que finalmente suceda. El brexit va encaminado a dejar un agujero en las cuentas de la Unión justo cuando se avecina el momento de hacer desembolsos importantes en seguridad, inmigración y defensa, que acapararán mucha atención cuando se elabore el escenario económico 2021-2027. Eso abrirá la oportunidad de que los detractores de las políticas de cohesión y las ayudas al campo, quienes recelan de esas subvenciones directas, planteen el debate acerca de si merece la pena mantenerlas. Dado el elevado número de países perjudicados, también es posible que a la reducción de los fondos de cohesión se sume algún cambio en los criterios de reparto para que haya más regiones con opciones de solicitarlos. En Bruselas todo puede proponerse y negociarse. Pero lo que parece improbable es que sea posible salvarlo todo. Asturias necesita prepararse para un recorte y buscar aliados para minimizarlo.
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